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Diputados de oposición no votaron por la aprobación de la Ley del presupuesto general del Estado 2026, acusaron de mentirosos a diputados de Nuevas Ideas por la reducción presupuestaria al Órgano Judicial, señalaron el presupuesto de inconstitucional y criticaron que, en su ejecución, el gobierno no revela cómo gasta los fondos.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, calificó el presupuesto de inconstitucional, ya que advirtió que la reforma constitucional que eliminó el mínimo presupuestario para la Corte no está publicado materialmente en el Diario Oficial.

Agregó que el artículo 182 de la Constitución exige consulta a la Corte Suprema de Justicia para modificar el presupuesto del Órgano Judicial. “Estos vicios son graves y este presupuesto es inconstitucional”, indicó.

Según Ortiz, el recorte al Órgano Judicial perjudicará la capacidad de impartir justicia porque “no hay manera que ocurra sin que se afecte el servicio de justicia que se da a la ciudadanía, sin que haya despidos de jueces, de funcionarios judiciales, de servidores públicos”, lo que prevé afectará en materia penal, familia, laboral y civil. Preguntó a Nuevas Ideas si no han pensado que afectará a su “tan famosa estrategia de seguridad”.

Criticó que desde el 1 de enero de 2026 este presupuesto podrá ser modificado, así como el presupuesto de 2025 ha sido modificado 45 veces. No es usado como herramienta de planificación, consideró.

También aseguró falta de transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de los gastos en el presupuesto y ejemplificó las reservas que se han impuesto hasta por siete años a proyectos que actualmente se están ejecutando.

“Muchos de los proyectos que han hablado con gran elocuencia están bajo reserva. Los Chorros, bajo reserva. Programas de agromercados, bajo reserva. Red de hospitales, compra de medicamentos, bajo reserva”. Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

“Aumentar cifras no es ejecutar bien”: Arena

El diputado Francisco Lira, del mismo partido, aseguró que el oficialismo intentará vender el presupuesto como “responsable” ya que han aumentado las asignaciones de Salud, Educación y Agricultura, pero consideró que “aumentar cifras no es lo mismo que ejecutar bien”, ya que los hospitales “siguen con carencias, las escuelas siguen abandonadas y el pequeño agricultor sigue sin apoyo real”.

“Este presupuesto tiene falta de transparencia y uso discrecional de fondos de las instituciones del Órgano Ejecutivo. Este presupuesto continúa la lógica de concentrar recursos en el Ejecutivo”. Francisco Lira, Arena.

“El problema no es cuánto ponen en el papel, el problema es que no ejecutan de forma eficiente ni transparente. Presupuestos inflados que no se cumplen son solo propaganda”, indicó.

“Mentirosos”, dice Arena y Vamos a NI

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que cuatro diputados dijeron que no se iba a disminuir ni aumentar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. “Se los dije en la sesión plenaria en la discusión, por sus obras y sus actos los conoceréis, al día siguiente le estaban quitando $164 millones a la Corte Suprema de Justicia. Con esta gran sonrisa me siento satisfecha de demostrarle al pueblo salvadoreño, que son unos mentirosos, mentirosos, engañaron a la gente con una reforma constitucional”, indicó.

También, la diputada Claudia Ortiz recriminó a Nuevas Ideas que habían dicho que no estaban disminuyendo el presupuesto al Órgano Judicial. “Descaradamente mintieron… Es una vergonzosa y descarada mentira, debería darles vergüenza”, exclamó.

El jueves, la la Asamblea Legislativa aprobó la Ley del presupuesto general del Estado 2026 y su respectiva Ley de salarios por un total de $10,555.5 millones, con una disminución de $164,210,965 en el Órgano Judicial para reorientarlos a Educación, Salud, Agricultura y Obras Públicas.

El 38.5 % de los $10,555.5 millones de fondos públicos que se usarán según la Ley de presupuesto general del Estado 2026 aprobada ayer se destinarían a los ministerios de Educación, Salud, Seguridad Pública y Defensa Nacional.

Con el recorte del presupuesto al Órgano Judicial y la reorientación de $20 millones a Salud y $40 millones a Educación, estas cuatro carteras de Estado sumarían $4,063.3 millones.

El destino más grande del gasto presupuestario sigue siendo el pago de la deuda pública, que suma $2,433.6 millones, un 23.1 % del presupuesto.

El Ministerio de Educación concentraría el segundo gasto mayor, con $1,681.1 millones, un 15.9 %; y el Ministerio de Salud, con $1,345 millones, un 12.7 % del presupuesto.

El rubro de transferencias varias ocupa un cuarto lugar en el presupuesto, con $1,127.4 millones.

Después, el Ministerio de Obras Públicas tiene una asignación de $984.8 millones, le sigue el Ministerio de Seguridad y Justicia, con $702.5 millones; el Órgano Judicial, con $369.2 millones luego de la disminución; y después, Defensa Nacional, con $334.5 millones.

A Defensa, le sigue Gobernación, con $280.9 millones; obligaciones generales del Estado, con $215.8 millones; Presidencia de la República, con $190.2 millones; Agricultura, con $188.3 millones; y Hacienda, con $151.6 millones.

La ley de presupuesto para el próximo año fue aprobada el jueves con 57 votos de Nuevas Ideas, Partido de Concertación Nacional y Partido Demócrata Cristiano. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. Rechazó la falta de consulta de los cambios presupuestarios al Órgano Judicial y calificó el presupuesto de inconstitucional porque la reforma constitucional no ha sido publicada, materialmente, en el Diario Oficial. Ortiz prevé despidos en el Órgano Judicial.

Los diputados Francisco Lira y Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista, también rechazaron la reducción presupuestaria del Órgano Judicial. «Hay que quitarle todo ese despilfarro de privilegios que tiene el Gobierno Central con sus descentralizadas, sus autónomas, ellos tienen seguros, vales de gasolina, propaganda», dijo Lira. El diputado prevé que el presupuesto requerirá más deuda y señaló deficiencias en la atención de salud, como la desatención a los enfermos renales.

Villatoro, por su parte, señaló a Nuevas Ideas de «mentirosos» porque cuando reformaron la Constitución y eliminaron el mínimo del presupuesto para el Órgano Judicial los diputados oficialistas argumentaron que no iban a disminuir ni aumentar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. «Al día siguiente le estaban quitando $164 millones a la Corte», reclamó.

La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, aseguró que los «pilares estratégicos» son educación, salud, seguridad y defensa». «Es un presupuesto balanceado. Por segundo año consecutivo se presenta un presupuesto sin financiamiento adicional para gasto corriente. Las obligaciones internas y externas de 2026 están cubiertas con ingresos propios», prometió.

Tomando en cuenta únicamente el recorte al Órgano Judicial, que disminuyó de $533.4 a $369.2 millones; y la reorientación de la diferencia a Educación, Salud, Obras Públicas y Hacienda, en la siguiente tabla se muestran las asignaciones presupuestarias que quedarían en cada institución.

Esta tabla no toma en cuenta ajustes de cuatro plazas el Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda y Presidencia para asignar un presupuesto de $3 millones a la Agencia de Inteligencia Artificial, y a diferentes carteras para aumentar $4.3 millones a las organizaciones no gubernamentales, adscritas en diferentes ramos.

El presupuesto general del Estado 2026 terminó por incluir un total de 57 organizaciones no gubernamentales o fundaciones que reciben un subsidio estatal, según el decreto aprobado en la sesión plenaria del 18 de diciembre de 2025.

Según el dictamen aprobado en el pleno, recibirán fondos públicos 39 organizaciones adscritas al Ministerio de Salud, tres al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), seis al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), dos al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y una al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). El total de fondos destinados a estas organizaciones suma $11,588,281.

Respecto al listado incluido en el presupuesto de 2025, se incluyen nuevas organizaciones como la Asociación El Hogar para el Alcohólico, Fundación Un corazón que ayuda, Fundación para la Cooperación Médico Quirúrgica Miguel Layton, Hogar de Parálisis Cerebral Roberto Callejas Montalvo, Fundación Centro de Capacitación de El Salvador (Fucaes), Parroquia Santa Catarina de Alejandría Usulután, Parroquia Santiago Apóstol Conchagua, La Unión; Asociación Prorrestauración de Catedral de Santa Ana, Asociación Hermandad de Jesús Nazareno de Sonsonate, Asociación Mercedarias de Santísimo Sacramento y Asociación Felicidad.

Esta vez no fueron incluidas, en el dictamen, organizaciones como la Unidad Nacional de Hispanos Aliados Unisal, Diócesis de Sonsonate El Salvador Centroamérica, Asociación Atrévete Internacional, Fundación Altas Capacidades el Salvador, Asociación Exalumnos del Externado San José y Hospital Divina Providencia Pacientes con Cáncer.

Este es el listado definitivo de las organizaciones mencionadas en el dictamen aprobado en la sesión plenaria del jueves. Los cambios no fueron discutidos. En el dictamen aseguran que decidieron el listado según “criterio de selección basado en la trayectoria institucional, la comprobada ejecución de proyectos y la transparencia en el uso de los recursos públicos”.

La Asamblea Legislativa autorizó la firma de un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $195 millones para la modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

La autorización del empréstito recibió 57 votos y no tuvo votos en contra.

Por otra parte, en la misma sesión plenaria de este 18 de diciembre, los diputados ratificaron otro préstamo del BID por $170 millones para la construcción de los mercados en los distritos del Puerto de La Libertad, municipio de La Libertad Costa; y Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur. El préstamo incluye otras obras en espacios públicos, capacitación para 2,000 comerciantes y programas pilotos de manejo de residuos.

La ratificación del crédito de los mercados recibió 57 votos. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

Con 59 votos, incluidos un voto de Arena y uno de Vamos, la Asamblea Legislativa reformó este jueves la “Ley del registro y control especial de contribuyentes al fisco” para que el número de identificación tributaria (NIT) de los contribuyentes de El Salvador sea «emitido universalmente de forma gratuita y digital».

La votación se dio sin ninguna discusión.

El decreto de reforma establece que el NIT “será emitido universalmente de forma gratuita y digital” y suprime la referencia a la pérdida o extravío de la tarjeta NIT física, estableciendo que, si se requiere la reposición de la tarjeta de NIT digital, el interesado deberá ingresar nuevamente a la plataforma y generarlo nuevamente.

La reforma eliminó los cobros por expedición de la tarjeta NIT, modificación o reposición, que oscilaban entre un sexto y un salario mínimo diario.

Según el decreto, “estarán obligados a generarlo electrónicamente aquellas personas naturales que hubieren llegado a su mayoría de edad y que hubieren obtenido su NIT cuando aún eran menores”.

El Salvador homologó el NIT con el Documento Único de Identidad (DUI) en 2021 y estableció como opcional la generación de una representación digital del NIT que puede ser obtenida de manera electrónica.

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves una nueva reforma al presupuesto general del Estado de 2025 para incorporar $15,950,550 de excedentes de ingresos tributarios de IVA y reforzar con $9 millones el Ministerio de Salud, con $5.4 millones el Ministerio de Relaciones Exteriores y con $1.5 millones la Fiscalía General de la República.

Por la reforma presupuestaria, votaron 57 votos, de Nuevas Ideas y sus aliados, PDC y PCN. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. Ortiz reclamó que el presupuesto votado para 2025 ascendía a $9,663 millones pero a noviembre de 2025 el presupuesto ha sido modificado 45 veces y asciende a $10,395 millones.

Los fondos para Salud servirían para estrategias de modernización y ampliación de los servicios; Cancillería los destinaría a sedes del servicio exterior; y la Fiscalía los destinaría al pago de servicios jurídicos para litigios judiciales, según la explicación verbal del Ministerio de Hacienda a la Comisión de la misma materia.

En la solicitud, Hacienda argumentó que «han surgido necesidades urgentes de funcionamiento durante el último trimestre del presente ejercicio fiscal de 2025 que requieren cobertura presupuestaria”.

Los fondos provienen del cobro del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), ya que es el rubro que se incrementa en la Cuenta 114 del rubro 11 de Impuestos, del apartado de ingresos del presupuesto del Ministerio de Hacienda.

Hasta noviembre, la Asamblea Legislativa ha realizado 47 reformas presupuestarias por $1,990.2 millones, de las cuales Hacienda declaró que $38.7 millones provienen de recursos propios y $348.8 millones de “asignaciones disponibles”. De estas reformas, $740 millones provienen de préstamos y $496.6 millones de títulos valores.