Categoría: Politica

  • Gobierno propone facilitar nacionalidad salvadoreña a hijos menores de extranjeros naturalizados

    Gobierno propone facilitar nacionalidad salvadoreña a hijos menores de extranjeros naturalizados

    El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley especial de migración y extranjería para facilitar el otorgamiento de la nacionalidad salvadoreña a hijos de extranjeros, menores de edad, que hayan adquirido la ciudadanía por naturalización.

    La iniciativa plantea modificar el artículo 164 con el objetivo de armonizar la legislación migratoria y garantizar el derecho a la unidad familiar, especialmente en el caso de niños y adolescentes nacidos fuera del país cuyos padres obtuvieron posteriormente la nacionalidad salvadoreña.

    La reforma facilitaría la adquisición de la nacionalidad a los hijos nacidos en el extranjero de padres salvadoreños por naturalización o nacionalización, «eliminando barreras procedimentales que dificulten su plena integración».

    Hasta ahora, los hijos de salvadoreños naturalizados, nacidos en el extranjero, debían esperar cumplir la mayoría de edad para iniciar el trámite de nacionalización, a diferencia de los salvadoreños por nacimiento, que se les otorga automáticamente.

    La propuesta solo beneficiaría a los hijos menores de edad, en cambio, los hijos mayores de edad deberán manifestar ante la autoridad competente su voluntad de tener la nacionalidad salvadoreña.   

    Según el documento presentado al órgano legislativo, la reforma tiene como objetivo “garantizar el derecho a la unidad familiar y el interés superior de los niños y adolescentes, es indispensable armonizar la legislación migratoria para facilitar ”.

     

  • Ulloa afirma que en El Salvador hay “pleno respeto a derechos humanos y libertades públicas”

    Ulloa afirma que en El Salvador hay “pleno respeto a derechos humanos y libertades públicas”

    El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseguró que en el país existe “100 % de respeto” a los derechos humanos y a las libertades públicas, al defender las políticas de seguridad del gobierno durante una entrevista con la Televisión Nacional de Chile.

    Ulloa ofreció estas declaraciones durante su visita al país sudamericano para asistir a la toma de posesión del presidente chileno José Antonio Kast, realizada el 11 de marzo de 2026.

    Durante la entrevista, el vicepresidente rechazó las acusaciones de violaciones a derechos humanos y afirmó que el régimen de excepción, vigente desde 2022, solo limita dos garantías constitucionales dirigidas a miembros de estructuras criminales. 

    “Mira, te puedo decir que hay un 100% de respeto a los derechos humanos y libertades públicas. Llevamos casi cuatro años en régimen de excepción y jamás se afectó la libertad de asociación, expresión o movilización. La oposición va a decir mentiras. No hay un solo periodista detenido por su labor, jamás”, sentenció el vicepresidente, quien aseguró que “nosotros somos un Estado de derecho porque cada acción está respaldada por una norma jurídica”.

    La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha denunciado que unos 43 periodistas han tenido que salir de su país por amenazas o persecución política.

    Ulloa también respondió a críticas del expresidente chileno Gabriel Boric sobre una posible “deriva autoritaria” en El Salvador y cuestionó que haya emitido esas opiniones sin haber visitado el país. 

    “Yo creo que el presidente Gabriel Boric lo hizo sin haber puesto jamás un pie en El Salvador. Me parece que un jefe de Estado debió tener más prudencia antes de emitir juicios”, afirmó.

    “Somos la sociedad más libre, tanto que somos el país que más ha crecido en turismo en el continente. Esa realidad habla contra la narrativa de medios tendenciosos”, agregó Ulloa.

    El entrevistador le preguntó a Ulloa ¿Hasta cuándo pretenden estar en el poder? ¿No hay riesgo de entronizarse como en Venezuela o Nicaragua?, a lo que el vicepresidente defendió la posibilidad de que el presidente Nayib Bukele busque un tercer mandato si así lo decide la población en elecciones.

    “Uno está en el poder de dos formas: por la fuerza, como las dictaduras, o porque el pueblo te ratifica mandatos, como Felipe González en España o (Helmut) Köhl en Alemania. Nosotros hemos abierto la posibilidad de que el presidente Bukele se presente para un tercer mandato. Si lo logra, será porque el pueblo lo decidió. No depende de él; si el pueblo dice que no, te retiras”, replicó Ulloa.

    El vicepresidente también recordó que “Bukele ha dicho que le da lo mismo que lo llamen dictador porque la única dictadura que vivimos fue la de las pandillas”.

    “Ellos decidían hasta qué zapatos podías usar o te quitaban tu casa en 24 horas. En este periodo hemos devuelto más de 8,000 casas a sus dueños. ¿Qué medio ha publicado eso? No les interesa. Lo que quieren es atacar un modelo exitoso. Pero como digo siempre: dato mata relato”, añadió el vicemandatario.

     

     

     

     

  • Vicepresidente cuestiona a las ONG por no denunciar «genocidio» causado por pandillas

    Vicepresidente cuestiona a las ONG por no denunciar «genocidio» causado por pandillas

    El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, cuestionó este jueves a organizaciones no gubernamentales, juristas y expertos por no denunciar los asesinatos cometidos por pandillas entre 2000 y 2019, período en el que, según afirmó, murieron más de 41,000 salvadoreños.

    Los comentarios de Ulloa fueron difundidos en la red social X luego de que el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) entregara el martes un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El documento sostiene que existe “base razonable para creer” que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad durante el régimen de excepción vigente desde 2022.

    “Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. El genocidio se encuentra tipificado como uno de los crímenes más graves contra la humanidad. En El Salvador se cometió un genocidio entre 2009 y 2019, cuando fueron asesinados más de 41,000 salvadoreños. ¿Por qué los juristas y expertos no lo denuncian? ¿Seguirán ocultando y cohonestando las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de esos años?”, cuestionó Ulloa sobre la ausencia de denuncias internacionales por los homicidios ocurridos durante años de violencia criminal en el país.

    El miércoles, el presidenteNayib Bukele, rechazó las acusaciones presentadas ante la CIDH y aseguró que algunas organizaciones defienden “únicamente” los derechos “de los criminales”.

    Durante la audiencia, organizaciones como Cristosal, Amnistía Internacional y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) denunciaron que el régimen de excepción ha generado persecución contra defensores de derechos humanos, mientras que la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, sostuvo que en el país “impera el principio de igualdad ante la ley» y que ser defensor de derechos humanos no exime a nadie de responder ante la justicia si comete delitos.

     

  • Ulloa dice que la relación de El Salvador con Chile la frenó el expresidente Boric por ideología

    Ulloa dice que la relación de El Salvador con Chile la frenó el expresidente Boric por ideología

    El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa aseguró que el gobierno del presidente Nayib Bukele no logró avanzar en proyectos conjuntos con Chile debido a prejuicios ideológicos durante la administración del expresidente izquierdista, Gabriel Boric, quien el miércoles culminó su mandato.

    En una entrevista con la Televisión Nacional de Chile, a Ulloa se le preguntó que si en la relación bilateral durante el gobierno de Boric prevaleció lo ideológico, a lo que el vicemandatario respondió: “fíjate que lamentablemente sí porque el presidente superó ese tema de la ideologías que son del siglo XX y es un hombre de ideas de fuerza que se pone en práctica, se convierten en políticas públicas que van guiando todo el desarrollo de nuestro país, pero aquí hubo una carga de lo que quedó muy fuerte”.

    El vicepresidente señaló que iniciativas como la homologación de licencias de conducir entre ambos países quedaron paralizadas por falta de interés de la administración saliente.

    “Mucho de los proyectos se quedaron en una especie de Standby. Bueno la homologación de licencia, Por ejemplo, queríamos homologar la licencia de conducir y eso está ahí detenido porque no hubo ese interés de parte de la administración que termina en estos días”, explicó Ulloa.

    El funcionario expresó su expectativa de que la relación bilateral avance con el nuevo gobierno chileno y se retomen iniciativas pendientes en áreas comerciales y de cooperación.

    “Esperamos que con este nuevo gobierno vamos a recuperar algunos de los proyectos que quedaron y nos vamos a acelerar porque tenemos muchos temas que queremos tanto nivel comercial en intercambio y ya tenemos presencia importante de productos sobre ellos. El tema del Tratado de Libre Comercio hay tantas cosas que hubiéramos querido que en este periodo se agilizaran, repetimos ideológico o prevaleció de nuestro lado, así que esperemos que eso sea superado”, agregó Ulloa.

    El vicepresidente salvadoreño ofreció estas declaraciones a la televisión nacional chilena durante su visita a ese país para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente José Antonio Kast. Según explicó, varios planes de cooperación entre ambas naciones quedaron suspendidos durante el mandato anterior.

     

     

  • Acción Ciudadana advierte retroceso en acceso a información sobre proyectos de infraestructura

    Acción Ciudadana advierte retroceso en acceso a información sobre proyectos de infraestructura

    La organización Acción Ciudadana presentó este jueves su informe sobre Transparencia Activa en proyectos de Infraestructura Pública 2025, en el que advierte un retroceso en el acceso a información sobre obras públicas ejecutadas por instituciones del Estado.

    El monitoreo el monitoreo “Transparencia activa en proyectos de infraestructura pública 2025” incluyó el seguimiento a 23 proyectos de infraestructura evaluados desde 2023, con el objetivo de verificar si las entidades responsables cumplen con la obligación de publicar información oficiosa en sus portales de transparencia, según lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

    De acuerdo con el informe, los resultados evidencian bajos niveles de cumplimiento en la publicación de información oficial relacionada con proyectos de obra pública, lo que limita el acceso ciudadano a datos sobre ejecución, contratos o avances de las obras.

    Acción Ciudadana también señaló que las reservas de información continúan vigentes en varias instituciones, lo que impide conocer detalles sobre proyectos emblemáticos financiados con fondos públicos.

    La organización indicó además que identificar información en los portales de transparencia se ha vuelto más complejo, ya que parte de la documentación que estaba disponible en años anteriores ya no se encuentra o resulta difícil de ubicar.

    El informe advierte que, pese a que algunos proyectos presentan inconvenientes en su ejecución o carecen de información pública, y advierte que la Asamblea Legislativa continúa aprobando préstamos para nuevas obras sin que exista claridad sobre la gestión de proyectos anteriores.

    Disminución de transparencia

    Según los datos recopilados, el nivel de transparencia activa disminuyó respecto a evaluaciones anteriores. Mientras que en 2024 se pudo acceder a 26 % de la información que debía estar publicada, en la verificación realizada entre agosto y octubre de 2025 únicamente se encontró 19 % de los datos requeridos.

    En la evaluación, cada proyecto podía obtener un máximo de 23 puntos, de acuerdo con los criterios de información que exige la ley. Sin embargo, el mayor puntaje registrado fue de 16 puntos, lo que refleja que en ningún caso se encontró la totalidad de la información que debía estar disponible al público.

    El informe también advierte que el Ministerio de Obras Públicas (MOPT) concentra una parte importante de los recursos destinados a infraestructura y mantiene una tendencia a declarar bajo reserva información sobre proyectos relevantes, lo que limita el acceso a detalles sobre su ejecución.

    Acción Ciudadana señaló que algunos proyectos nuevos considerados prioritarios por el oficialismo han sido aprobados por la Asamblea Legislativa sin mayor debate ni justificaciones técnicas, y que varios de ellos ya presentan reservas de información.

    Ante este panorama, la organización advirtió que el bajo nivel de transparencia en la gestión de infraestructura pública representa un alto riesgo de corrupción, por lo que recomendó a instituciones contraloras como la Corte de Cuentas reforzar auditorías sobre estos proyectos.

  • Gobierno pide reformar ley de comercialización y registro del café

    Gobierno pide reformar ley de comercialización y registro del café

    El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) entregó el miércoles un proyecto de reformas a la «Ley especial para la comercialización, registro y protección de la propiedad del café» que agrega infracciones, reduce el plazo para los permisos de exportación y establece que el resultado del análisis de calidad no será vinculante.

    El proyecto fue enviado por el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, y fue trasladado a la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, que se reunirá el lunes.

    La reforma agregaría como infracción grave «realizar actividades de procesamiento de café en sus diferentes estados sin estar acreditado en el Instituto» Salvadoreño del Café (ISC); y también agrega como «infracción muy grave» las operaciones de compra o venta de café cuando haya registros vencidos.

    A los beneficiadores, pergamineros, intermediarios y exportadores se agregaría la obligación de informar sobre «los ingresos de café de terceros para su procesamiento como contratación de servicios».

    Si la reforma se aprueba, el servicio aduanero deberá remitir al ISC los permisos de exportación caducados, alterados o con los cuales se busque amparar exportaciones que no corresponden. La ley actual dice que se remite al delegado del Ministerio de Hacienda en el ISC.

    También, se establecería un plazo máximo de dos días hábiles para que la autoridad policial envíe al beneficio más cercano el café decomisado por falta de documentos del origen y destino. La ley actual, que no establece un plazo, indica que el café decomisado debe ser comercializado por el beneficio y el ISC debe custodiar el valor de la venta mientras se determina la responsabilidad.

    El proyecto también agrega a los semilleristas en la cadena productiva del café que debe inscribirse en los registros del ISC.

    Para la exportación: datos, condiciones y plazos

    Con la reforma, los exportadores tendrían un plazo de tres días hábiles para enviar la muestra de café a exportar a la unidad de control del ISC; el plazo cuenta desde la solicitud del permiso.

    En el artículo 38, se agregaría que «el resultado del análisis de calidad no será vinculante para la autorización del permiso de exportación«.

    Se permitiría a los exportadores «omitir provisionalmente» datos sobre mes de embarque, puerto de embarque y puerto de destino, si no tiene dicha información en el momento de inscripción del contrato de exportación. «Debiendo proporcionarlos al Instituto tan pronto como le sea posible obtenerlos», indica.

    También, la modificación reduciría el plazo máximo de cinco a tres días hábiles que tiene el ISC para generar un permiso de exportación luego de la inscripción del contrato.

    Se agregaría también que los permisos de exportación deben contener estado, proceso, tipo de preparación, certificación, empaque y precio FOB por kilogramo; y ya no deberá incluir la fecha de caducidad del permiso. Los permisos de exportación, según la propuesta, tendrían una vigencia de 60 días hábiles renovables a solicitud del exportador.

  • Micro y pequeñas empresas deberán presentar declaración de renta o ingresos para inscribirse en Registro MYPE

    Micro y pequeñas empresas deberán presentar declaración de renta o ingresos para inscribirse en Registro MYPE

    Una de las reformas aprobadas el miércoles a la Ley del fomento de la micro y pequeña empresa obligará a las personas naturales y jurídicas a “presentar declaración de impuesto sobre la renta o declaración jurada de sus ingresos” para inscribirse en el Registro MYPE que administra la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype).

    En la reforma se incorporó un nuevo artículo 20-A que establece que estas declaraciones deben presentarse, además del Documento Único de Identidad o el Número Único de Identificación, y si es persona jurídica, debe presentar el NIT, la matrícula de empresa, personería jurídica y credenciales vigentes.

    Además, las micro y pequeñas empresas (MYPE) deberán “actualizar sus datos cada dos años para efectos de conservar su certificación y con el propósito de constatar su nivel de desarrollo empresarial”.

    Los requisitos actuales son ser persona natural o jurídica, y contar con DUI/NIT, y tener escritura de constitución si es una sociedad. El registro actual se realiza a través de mype.miempresa.gob.sv y requiere una declaración jurada.

    Según la ley, si una MYPE no se inscribe esta no es reconocida por la Conamype como micro o pequeña empresa, y por tanto no accede a beneficios, como costos proporcionales de trámites o acceso a programas de financiamiento de los fideicomisos Progamype y Fecamype.

    El Fideicomiso Fecamype ofrece programas de financiamiento “incluyente” para micros y pequeñas empresas que tengan condiciones de exclusión financiera, es decir, que no tengan acceso a crédito por sobreendeudamiento, falta de garantía suficiente, tasa de interés alta, actividad nueva o poco tiempo de negocio, o por desconocimiento.

    Mientras, el Programa de Garantía para la Micro y Pequeña Empresa (Programype) otorga garantías crediticias a empresarios que no tengan; actualmente, se tramita en el Banco Hipotecario.

    Durante el año 2025, Conamype ha proveído un total de 9,049 servicios de formalización a las mypes; las cifra es un poco menor a las 9,382 formalizadas en 2024 y a las 13,763 formalizadas en 2023, según las cifras compartidas por el presidente de Conamype, Paul Steiner, en la Comisión de Tecnología de la Asamblea Legislativa.

    La institución sostienen que las ventas en las mypes se han incrementado en $36.5 millones y las exportaciones en $5.9 millones en 2025.

    Actualmente están registradas en Conamype un total de 16,916 pequeñas empresas, 289,508 microempresas con 4 a 10 trabajadores y 839,892 microempresas con menos de 4 trabajadores. El 68 % de mypes son lideradas por mujeres.

  • Residentes temporales deberán permanecer un mínimo de 90 días por año en territorio salvadoreño según propuesta de reforma

    Residentes temporales deberán permanecer un mínimo de 90 días por año en territorio salvadoreño según propuesta de reforma

    El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, pidió a la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley general de migración y extranjería, para homologar requisitos de permanencia mínima a las personas extranjeras con residencia temporal, facilitar la nacionalización de hijos de extranjeros naturalizados y definir la pérdida definitiva de la nacionalización por condenas de delitos dolosos.

    Actualmente, la ley de migración establece que un extranjero perderá la residencia temporal si se ausenta más de seis meses consecutivos o acumulados y que se cancelará la autorización cuando se ausente por más de tres meses consecutivos o cuatro meses acumulados en un mismo año, salvo por salud, causales familiares o excepciones de otro orden.

    La propuesta de reforma exige que permanezcan en territorio nacional por un mínimo de 90 días dentro de cada año, ya sea consecutivos o acumulados.

    La modificación facilitaría la nacionalización salvadoreña de los hijos de las personas extranjeras que hayan sido nacionalizadas salvadoreñas.

    Extranjeros con delitos dolosos

    Un tercer cambio planteado en el proyecto establece que quienes pierdan la nacionalidad salvadoreña no podrán recuperarla si han sido condenados por delitos «dolosos».

    La Constitución de la República establece en el artículo 94 que la calidad de salvadoreño naturalizado se pierde por «sentencia ejecutoriada en los casos que determine la ley» –no especifica cuáles delitos– y que «quien pierda así la nacionalidad no podrá recuperarla».

    La propuesta de reforma agrega que los extranjeros perderán la nacionalidad salvadoreña por naturalización «por sentencia ejecutoriada en aquellos casos que se obtenga una condena por la comisión de delitos dolosos» y que en esos casos «no podrá recuperarla».

    La reforma replica la otra causal constitucional de pérdida de nacionalidad salvadoreña para los extranjeros naturalizados, que es residir más de dos años consecutivos en el país de origen o por ausencia del territorio de la República por más de cinco años consecutivos.

    En el proyecto, el Gobierno argumenta que la reforma busca «dotar de seguridad jurídica» los procesos migratorios y «salvaguardar el orden constitucional y la seguridad del Estado», así como dar «certeza jurídica» sobre las causas de la pérdida de la calidad de salvadoreño por naturalización.

    La propuesta ingresó este miércoles al pleno legislativo y será recibida el lunes por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.

  • Bukele rechaza acusaciones sobre violaciones a derechos humanos en El Salvador tras audiencia de CIDH

    Bukele rechaza acusaciones sobre violaciones a derechos humanos en El Salvador tras audiencia de CIDH

    El presidente salvadoreño Nayib Bukele rechazó hoy en X las acusaciones sobre violaciones a derechos humanos realizadas el martes en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en El Salvador en donde un grupo de expertos aseguró que había bases para creer que se han cometido delitos de lesa humanidad durante el régimen de excepción en El Salvador.

    El mandatario señaló a las organizaciones de defender «únicamente» los derechos «de los criminales».

    «Un buen momento para recordar esto, donde, sin saberlo, respondí al 100% de las acusaciones que hoy hacen quienes ÚNICAMENTE defienden los derechos humanos de los criminales, que no niego que los tengan, pero es extraño que ellos sean la ÚNICA PRIORIDAD de estas organizaciones», expresó el presidente.

    Poco antes, había escrito en X: «Es divertido ver a todas las ONG, tanques de pensamiento, medios y periodistas tarifados de Soros atacando al unísono y de manera evidentemente coordinada. 
Me preocuparía si no fuera así. 
Significa que vamos por el camino correcto.
 Gracias a Dios».

    En el video compartido por Bukele, él asegura que el Estado «prioriza» los derechos humanos de la «gente honrada» y «trabajadora» y acusó a «estos organismos supuestamente de derechos humanos que más parecen un bufete de los delincuentes». «A todas esas denuncias que han hecho estas organizaciones les daría algún valor si hubieran hecho denuncias antes contra los que violaban, mataban, asesinaban, ponían bombas, cortaban manos, cortaban cabezas, pero no lo hicieron y ahora solo se preocupan por los delincuentes», insistió Bukele.

    La CIDH celebró una audiencia el martes en donde organizaciones como Critosal, Amnistía Internacional y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) expusieron que el régimen de excepción, la concentración de poder, la falta de independencia judicial y la Ley de agentes extranjeros han propiciado en El Salvador una «persecución contra personas defensoras» y que en el país hay “un esquema que busca inhibir la participación, desarticular procesos organizativos y castigar la defensa de los derechos humanos”. Citaron que, entre 2019 y 2025, se documentaron 174 casos de persecución y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas; y 55 de hostigamiento contra defensores y periodistas en 2025.

    Las organizaciones señalaron uso automático de la detención provisional, ampliaciones del plazo de la instrucción, limitaciones para acceder al expediente judicial, apertura de múltiples procesos contra una misma persona, hacinamiento grave e incomunicación prolongada de las personas defensoras que están privadas de libertad.

  • Aprueban reforma a la ley de micro y pequeña empresa: los 10 cambios para las MYPE

    Aprueban reforma a la ley de micro y pequeña empresa: los 10 cambios para las MYPE

    La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles un conjunto de reformas a la Ley de fomento, protección y desarrollo para la micro y pequeña empresa, que modifican la estructura de la directiva de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), instruye al sector financiero a flexibilizar requisitos y obliga a las mypes a presentar su declaración de ingresos o renta para su inscripción.

    El proyecto enviado por la ministra de Turismo, Morena Valdez, a la Asamblea Legislativa, no sufrió ningún cambio.

    La reforma fue aprobada con votos de 57 diputados, de Nuevas Ideas y sus aliados. La diputada de Vamos votó en contra. Vamos cuestionó la exclusión de las universidades en la directiva de Conamype y la eliminación de la palabra «mujeres» a lo largo de la normativa.

    Los cambios de la reforma MYPE

    1. Montos para microempresa y pequeña empresa

    Hay un leve aumento en el nivel de ventas brutas anuales que definen a una microempresa, de 482 a 500 salarios mínimos; a una pequeña empresa, el techo pasa de 4,817 a 5,000 salarios mínimos. El piso para la pequeña empresa pasa a ventas mayores a 500. Se mantiene que las pequeñas empresas tienen de 11 a 50 trabajadores.

    2. Tres nuevas subcategorías de microempresas

    Se crean tres nuevas subcategorías de microempresas que no están en la ley actual:

    Microempresas de subsistencia: si el nivel de ventas brutas anuales de bienes o servicios llegan hasta 57 salarios mínimos, y se mantiene que tengan hasta 2 trabajadores.

    Microempresas de acumulación: si el nivel de ingresos por ventas brutas anuales son mayores a 57 hasta 300 salarios mínimos vigentes, y se mantiene que tengan de 3 a 4 trabajadores.

    Microempresas de expansión: si el nivel de ingresos o ventas brutas anuales es mayor a 300 hasta 500 salarios mínimos, y se mantiene que tengan de 5 a 10 trabajadores.

    3. Costo proporcional de los trámites

    Se agrega en el artículo 3 que la clasificación de las mype es la «base» para las políticas de “simplificación de trámites, agilización del proceso de formalización, costos de los servicios de trámites, tarifas preferenciales, con el propósito de favorecer a las mype y la inclusión financiera”.

    También, se establece en el artículo 21 que los costos de los servicios de trámites en las instituciones de Gobierno debarán ser proporcionales a la clasificación de la empresa.

    4. Pago a los proveedores: Hacienda hará un “mecanismo”

    Se agrega en el artículo 32 que el Ministerio Hacienda “establecerá los mecanismos para priorizar la cancelación de pago de las cuentas por pagar a las MYPE presentadas por los jefes de las unidades financieras institucionales o quien haga sus veces”.

    Sin embargo, la compensación a los proveedores mype por el incumplimiento de cancelaciones no es nueva. Esta establece una compensación equivalente al interés legal mercantil vigente sobre lo adeudado y ya es regulado en el artículo 33, que está siendo derogado con la actual reforma.

    La reforma mantiene la compensación, regulándola en el artículo 32, y el máximo de 30 días para el pago a sus proveedores MYPE por parte del Estado. También se establece que el trámite para la compensación se hará por medio del procedimiento que establece la Ley de compras públicas.

    5. Se deroga responsabilidad personal de titulares por atraso en pagos

    Se derogan los artículos 33 y 33-A. El artículo 33, que regula la compensación a las MYPE equivalente al interés legal mercantil sobre las sumas adeudadas, es prácticamente trasladado al artículo 32.

    El artículo 33-A, ahora derogado, establecía que “los titulares de las distintas instituciones del Estado serán responsables de pagar en forma oportuna las obligaciones asumidas a través de contratos de proveeduría, particularmente con las MYPES”.

    6. Acceso a créditos: flexibilización de historial crediticios y tiempo de operación

    La reforma al artículo 45 agrega que el sector financiero debe “establecer servicios financieros, no financieros y de desarrollo de mercados de capitales que respondan a las necesidades de las MYPE, y se agrega una disposición final que establece que los servicios deberán tener “un enfoque de riesgo diferenciado” con “flexibilización de los requisitos de historial crediticio, tiempo de operación en el mercado” para el acceso a fondos y formalización de las MYPES.

    7. Hacienda en Conamype

    Se incluye al Ministerio de Hacienda como miembro de la junta directiva y se elimina a los representantes de las universidades.

    También se eliminan las universidades en los Consejos de Administración de los fondos Fecamype y Programype, en el artículo 52-C.

    Las universidades se dejan, sin embargo, en el artículo 62, que establece que el Ministerio de Economía y Conamype, en coordinación con otras instituciones públicas, privadas y universidades, promoverán la calidad, innovación y el desarrollo tecnológico de las MYPE.

    8. Mesas técnicas

    Se incluye la creación de las “Mesas técnicas representantivas locales” que deberán crear los gobiernos municipales o alcaldías con los sectores productivos y empresariales MYPE, gremiales y otros, para formular planes de acción, gestionar proyectos y programas para las MYPE. Se eliminan los comités municipales y departamentales.

    9. Presentar declaración de renta o ingresos

    Para inscribirse en el Registro MYPE, las personas naturales deberán presentar obligatoriamente su declaración de impuesto sobre la renta o una declaración jurada de ingresos, algo que se plantea en el nuevo artículo 20-A.

    10. Deberán actualizar datos cada dos años

    Además, las MYPE deberán actualizar los datos de registro cada dos años para conservar la certificación.