Categoría: Politica

  • TSE desarrollará aplicación para pagar a tiempo a personal electoral en 2027

    TSE desarrollará aplicación para pagar a tiempo a personal electoral en 2027

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que está trabajando en el desarrollo de una aplicación digital que permitirá efectuar pagos puntuales al personal temporal que será contratado para las elecciones generales de 2027, que incluyen comicios presidenciales, legislativos y municipales.

    La presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó que esta herramienta busca corregir los atrasos y omisiones que afectaron a numerosos trabajadores en las elecciones de 2024, quienes esperaron hasta un año o nunca recibieron sus honorarios.

    “Estamos trabajando una aplicación para que todo el personal que trabaje en el evento electoral reciba su pago en tiempo y no espere un año para poder recibir el pago algunos, y otros que se quedaron sin el pago”, detalló Soriano durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

    Para el proceso electoral de 2027, el TSE proyecta contratar a 363,391 personas, con un costo total de $36.5 millones, equivalente al 20 % del presupuesto general solicitado, que asciende a $180 millones.

    Durante la misma sesión, el diputado William Soriano solicitó a la titular del TSE mayores detalles sobre cómo se garantizará que los pagos sean realizados “en tiempo real”. La funcionaria respondió que el sistema está siendo diseñado para superar las deficiencias operativas que impidieron que muchos trabajadores recibieran sus pagos en 2024.

    En noviembre, Soriano reveló que el Tribunal aún mantenía una deuda de $99,105 en salarios correspondientes al evento electoral anterior, razón por la cual se solicitó una extensión del plazo de liquidación presupuestaria para cumplir con esas obligaciones.

    “Por eso nosotros solicitamos anteriormente la extensión del plazo de la liquidación, para honrar con el pago a toda la gente que se había quedado”, explicó el pasado 1 de diciembre.

    El 2 de diciembre, la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto de $172.1 millones para las elecciones de 2027, de los cuales $125.3 millones se destinarán al proceso nacional y $46.7 millones al voto en el exterior.

  • A esto estarán obligadas las Adescos una vez aprobadas las reformas que impulsa el gobierno

    A esto estarán obligadas las Adescos una vez aprobadas las reformas que impulsa el gobierno

    Las Asociaciones Comunales o Asociaciones de Desarrollo Comunal (Adescos) estarán obligadas a efectuar varios pasos desde su registro, operación, y sujetas a fiscalización y posibles cancelaciones, según lo determinan las reformas impulsadas por el gobierno al Código Municipal.

    El artículo 121-A del Código Municipal será sustituido y en esta nueva redacción establece una serie de obligaciones que las asociaciones comunales o Adescos deben tomar nota:

    En primer lugar deberán inscribirse en el Registro de Asociaciones Comunales (RAC) del Centro Nacional de Registro en el mes de enero de cada año, la certificación de la nómina de miembros asociados que consten en el libro respectivo.

    Deberán llevar contabilidad formal si su activo es igual o superior a $12,000, si fuese inferior podrá llevar la contabilidad por sí misma y depositar en el RAC el balance inicial y final, según corresponda, así como depositar los estados financieros al cierre del ejercicio económico, acompañados del dictamen del auditor con sus respectivos anexos.

    Tendrá que inscribir el nombramiento de la junta directiva en el RAC, haciendo constar la aceptación de los cargos de los miembros de la junta directiva en el acta de la asamblea, el cual deberá ser presentado en el mes de vencimiento de la junta directiva. De igual manera deberán inscribirse en caso se realice una modificación en los nombramientos, la cual tendrá vigencia por el periodo de dos años.

    Inscribir el otorgamiento, revocatoria, sustitución o delegación de poderes en el RAС, así como inscribir en el RAC las modificaciones a los estatutos, previo acuerdo favorable del Concejo Municipal.

    Inscribir en el RAC los acuerdos favorables del Concejo Municipal de disolución, nombramiento de liquidadores, remoción y de cancelación de inscripción.

    Llevar los libros de control de miembros asociados, así como otros libros que fueren necesarios para controlar sus actividades y obligaciones. Si su activo es igual o superior a $12,000 estos deberán ser autorizados por contadores públicos o la municipalidad. Si el activo fuese inferior a la cantidad antes indicada, no necesitaran obtener dicha autorización, pudiendo determinar libremente la forma de llevarlos.

    Deberá cumplir con las obligaciones que establecen las leyes tributarias, en cuanto no se encuentren expresamente excluidas por las mismas, así como cumplir con las demás obligaciones establecidas en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, según sea aplicable.

    Las asociaciones comunales deberán obtener anualmente un certificado de cumplimiento registral, debiendo ser solicitado al RAC, durante el mes de julio de cada año, mediante el formulario correspondiente. Con el otorgamiento de este certificado anual se comprobará que la asociación comunal se encuentra activa y en funcionamiento. La ausencia del certificado por cinco años consecutivos hará incurrir a la asociación comunal en inactividad y será causal de disolución.

    Las Adescos que no tengan vigente el certificado de cumplimiento registral anual, no podrán inscribir ni depositar ningún documento en el CNR, ni podrán recibir donaciones de fondos públicos.

    Cuando soliciten créditos de toda clase, fianzas o avales, privilegios, incentivos fiscales, concesiones, derechos o servicios relacionados con su actividad, la entidad pública o privada que conozca de tales solicitudes y previo a su aprobación, deberá exigir el certificado de cumplimiento.

  • Cooperación Española y Gobierno destinaron $146,000 para becas y asistencia a menores deportados entre 2023-2024

    Cooperación Española y Gobierno destinaron $146,000 para becas y asistencia a menores deportados entre 2023-2024

    La Cooperación Española y el Gobierno salvadoreño destinaron $146,800 para la ejecución de un programa para atender a menores deportados que requerían apoyo humanitario, becas y capital semilla durante el período 2023-2024.

    La Organización de Estados Americanos (OEA) informó que con el programa “Vinculación de niñas, niños y adolescentes retornados con necesidades de protección y sus familias a medios de vida en El Salvador” lograron beneficiar a 70 familias salvadoreñas.

    Lo que se traduce en el impacto directo de 306 personas con el proyecto que fue financiado con $100,000 de la Cooperación Española y $46,800 del Gobierno salvadoreño para brindar asistencia humanitaria, capital semilla y becas educativas.

    Particularmente, el programa se desarrolló con enfoque de derechos humanos de mujeres y niños, por ello, es que el 60 % de los atendidos en el programa son mujeres, niñas y adolescentes. Además, se estima que 1 de cada 2 beneficiarios eran menores de edad.

    La asistencia humanitaria contemplaba entregas de canastas básicas, capital semilla para el desarrollo de pequeños emprendimientos familiares y becas para oportunidades de formación y empleabilidad.

    El proyecto que contó con el apoyo de la OEA y del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) buscaba reducir los riesgos del desplazamiento forzado y sugerir la integración segura en las comunidades que acogen a los desplazados o de donde son originarios.

    La OEA argumentó que el proyecto se desarrolló tomando en cuenta que 22,032 menores fueron deportados hacia El Salvador desde 2016 hasta 2021 según los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

    La ejecución del programa desde la parte salvadoreña se realizó por medio del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA). El convenio para la ejecución del programa fue firmado en septiembre de 2023 según consta en los archivos de la OEA.

    Según el proyecto de presupuesto 2026, el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana aumentaría en un 104 % los fondos para atención de deportados, pasando de $284,140 a $580,475. A pesar del aumento, los fondos previstos solo representan el 4 % de los $14,590,881 que recibiría el Viceministerio para «atención a la diáspora y movilidad humana».

  • Usulután Oeste y Ahuachapán Centro ordenan exención de pago de intereses y multas por deudas tributarias

    Usulután Oeste y Ahuachapán Centro ordenan exención de pago de intereses y multas por deudas tributarias

    Los concejos municipales de Usulután Oeste y Ahuachapán Centro aprobaron ordenanzas que eximen del pago de intereses y multas a los contribuyentes en mora por tributos municipales, como parte de medidas para aliviar el impacto económico en las familias salvadoreñas.

    En el caso de Usulután Oeste, la disposición aplica en los cuatro distritos que conforman el municipio: Jiquilisco, Puerto El Triunfo, San Agustín y San Francisco Javier. La exoneración será válida durante 90 días, a partir del 3 de diciembre de 2025.

    Podrán acceder al beneficio quienes estén registrados como contribuyentes y presenten morosidad, así como quienes no estén inscritos, pero lo hagan dentro del plazo de vigencia. Además, se incluye a propietarios de bienes inmuebles que reciban servicios municipales y que por alguna razón no inscribieron sus propiedades en el registro correspondiente.

    Independientemente del monto adeudado, los contribuyentes podrán obtener un plan de pago de hasta 12 cuotas mensuales, según la evaluación de cada caso por parte del concejo municipal.

    En paralelo, el concejo municipal de Ahuachapán Centro también aprobó una ordenanza con exoneración de intereses y multas por tributos en mora, válida en los distritos de Ahuachapán, Apaneca, Concepción de Ataco y Tacuba.

    La medida entró en vigencia el 3 de diciembre de 2025 y estará disponible hasta el 28 de febrero de 2026. El decreto destaca que las condiciones socioeconómicas globales han afectado directamente el poder adquisitivo de las familias salvadoreñas, lo que ha reducido su capacidad de pago.

    “Es necesario implementar políticas que minimicen el impacto económico familiar, especialmente entre los usuarios de mercados, plazas y otros espacios municipales. Además, durante este período, muchos residentes en el exterior regresan y aprovechan para ponerse al día con sus tributos”, señala la ordenanza aprobada por el concejo de Ahuachapán Centro.

    Ambos municipios invitan a los contribuyentes en mora a presentarse y solicitar sus planes de pago, con el fin de regularizar su situación y evitar acciones legales futuras.

  • IAIP premia a instituciones gubernamentales por «acceso de información pública” pese a incumplimientos

    IAIP premia a instituciones gubernamentales por «acceso de información pública” pese a incumplimientos

    El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) entregó el miércoles reconocimientos a varias instituciones del Gobierno central por sus contribuciones en el derecho de acceso a la información pública durante el 2025. El Instituto expuso como logro la implementación del sistema antisoborno.

    El presidente del IAIP, Ricardo Gómez, aseguró en un vídeo que el trabajo del Instituto es aliado con demás instituciones que manejan información pública, por ello, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción entregó reconocimientos a entidades que realizaron un trabajo coordinado.

    El reconocimiento entregado a las instituciones indica que destacan su cooperación, la cual, posibilitó «el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública como un mecanismo que coadyuva al combate de la corrupción». Una de las galardonadas fue la Corte de Cuentas de la República (CCR), quien no ha publicado en su portal de transparencia los informes de auditoría de 2024 y 2025.

    «Para nosotros era bien importante en esta oportunidad proyectar nuestros logros y poder dar un reconocimiento a distintas instituciones del Estado que a lo largo de este año han trabajado de forma coordinada con esa visión que ha habido desde el señor presidente de la República de que todas las instituciones trabajemos de esa forma». Ricardo Gómez, presidente del IAIP.

    Otras de las instituciones reconocidas por el IAIP son el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Turismo, el Consejo Superior de Salud Pública, Tribunal Supremo Electoral (TSE), Procuraduría General de la República (PGR), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Ministerio de Defensa, Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), el Centro Nacional de Registros (CNR), Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de los Deportes (INDES).

    En el caso del TSE, la institución electoral no ha publicado las resoluciones emitidas por los magistrados desde abril de 2024; las actas en el portal son de hasta 2017; los proyectos de agenda de sesiones de colegiado no se publican desde 2017 y el último reporte de actualización del registro electoral es de noviembre de 2023. Tampoco se conocen los informes de viajes realizados por los nuevos magistrados aunque la Ley de Acceso a la Información Pública obliga a que sean divulgados.

    El IAIP también destacó como logro de este año la implementación del sistema antisoborno bajo la norma ISO 37001:2016, con la que buscan «fortalecer la integridad y la transparencia institucional» según dijo la directora ejecutiva del Instituto, Gracia María Barraza.

  • Jueces y facilitadores son capacitados en protección internacional y desplazamiento forzado

    Jueces y facilitadores son capacitados en protección internacional y desplazamiento forzado

    Jueces y facilitadores judiciales fueron capacitados sobre la protección internacional como asilo y refugio y, desplazamiento forzado en El Salvador por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en El Salvador.

    El taller «protección internacional y desplazamiento forzado» fue inaugurado esta semana por la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Elsy Dueñas Lovos, y por la oficial de Operaciones de Acnur, Luz Ariadna García. Los capacitados deberían aplicar los aprendidos en las comunidades en las que laboran.

    La magistrada Elsy Dueñas dijo durante su intervención que estas formaciones permiten a los empleados judiciales ofrecer atención técnica, oportuna y humana en las comunidades para las personas que aspiran a obtener protección internacional en El Salvador o que son víctimas de desplazamiento forzado.

    «Como facilitadores les invito a aprovechar al máximo los contenidos que se desarrollarán en el transcurso de esta jornada formativa, ya que van a potenciar aún más su capacidad de respuesta». Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

    Los jueces de Paz y facilitadores participantes del taller ejercen sus labores en Apopa, Tamanique, Puerto de La Libertad y en Zaragoza. La capacitación incluyó fortalecimiento de conocimientos técnicos, abordaje de conceptos, análisis de movimientos mixtos y estudio del marco jurídico.

    Los participantes también conocieron el proceso para identificar el mecanismo adecuado para atender y remitir casos de personas que requieren de asilo político, refugio o que son víctimas de desplazamiento forzado de sus comunidades o países.

    Por su parte, la oficial de Operaciones de Acnur dijo que esta formación tendría que permitir que las personas desplazadas forzosamente puedan encontrar apoyo y oportunidades para desarrollarse en un nuevo lugar, tomando en cuenta que los facilitadores son quienes «impulsan soluciones en sus territorios y generan confianza, tranquilidad y esperanza” en las comunidades.

  • Renovación de equipo tecnológico para JRV y mesas de escrutinio costará $18.4 millones para comicios del 2027

    Renovación de equipo tecnológico para JRV y mesas de escrutinio costará $18.4 millones para comicios del 2027

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador renovará el 100% del equipo tecnológico utilizado en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y mesas del escrutinio final para las elecciones de 2027, con una inversión estimada de $18.4 millones.

    La presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó ante la Comisión de Hacienda que la institución actualizará completamente el equipo tecnológico debido a su antigüedad. Los dispositivos actuales fueron adquiridos para las elecciones de 2019 y 2021, y al llegar a 2027 superarán los siete años de uso, cuando lo recomendado es renovarlos cada tres o cuatro años.

    “Todos nuestros equipos tecnológicos deben actualizarse para garantizar confiabilidad y agilidad en los procesos de votación y transmisión de resultados. Esta renovación es necesaria para asegurar el buen funcionamiento del sistema electoral en 2027”, explicó Soriano.

    El proceso contempla el reemplazo de dispositivos en las 8,933 Juntas Receptoras de Votos y en las mesas del escrutinio final, garantizando tecnología moderna y eficaz durante los comicios generales.

    Durante la sesión, el diputado William Soriano preguntó al TSE qué destino tendrá el equipo tecnológico que será reemplazado, sugiriendo su posible donación a estudiantes de universidades públicas.

    La funcionaria respondió que el TSE planea realizar un proceso de donación del equipo funcional en conjunto con el Ministerio de Hacienda y la Corte de Cuentas de la República, dado que se trata de bienes estatales. Este proceso seguiría lineamientos legales para reutilizar la tecnología en beneficio social.

    Como parte de las novedades en el proceso electoral, el TSE también realizará dos simulacros de escrutinio final, con una inversión de $2,237,221.70. Estos ejercicios buscan optimizar la precisión, rapidez y transparencia del conteo de votos.

    Además, para mejorar la atención a los ciudadanos en los centros de votación, se contratará personal encargado de la limpieza durante la jornada electoral. Esta medida, que tendrá un costo superior a $84,000, responde al compromiso del TSE de ofrecer condiciones dignas en el proceso electoral.

    El presupuesto total aprobado por la Asamblea Legislativa para las elecciones 2027 asciende a $172.1 millones. De estos, $125.3 millones serán destinados a los comicios nacionales y $46.7 millones al voto en el exterior, según lo detallado por la presidenta del TSE.

    Con esta renovación tecnológica, simulacros previos y nuevos servicios logísticos, el TSE busca fortalecer la confianza ciudadana y garantizar una administración electoral moderna, transparente y eficiente de cara al proceso de 2027.

  • TSE aumentará los pagos a los miembros de las JRV para las elecciones de 2027

    TSE aumentará los pagos a los miembros de las JRV para las elecciones de 2027

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador incrementará los pagos a los miembros de organismos electorales temporales para las elecciones generales de 2027. Además, incluirá nuevas compensaciones nunca antes presupuestadas, con una inversión total que supera los $36 millones.

    Durante su presentación ante la Comisión de Hacienda el 1 de diciembre, la presidenta del TSE, Roxana Soriano, anunció que los pagos para los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) aumentarán de $50 (en 2024) a $75 por persona, monto que incluirá alimentación. En total, se planea contratar a 89,334 personas entre propietarios y suplentes, con una inversión de $6.7 millones.

    Según Soriano, este incremento busca reconocer el esfuerzo y la carga laboral que implica participar en el proceso electoral.

    “Queremos honrar a las personas que prestan este servicio, facilitándoles mejores condiciones, incluida su alimentación”, afirmó.

    También se elevará el pago para los miembros de las Juntas Electorales Municipales (JEM) de $350 a $395 por persona, durante tres días. En total, se contratarán 440 personas, lo que representa un desembolso de $521,400.

    Por primera vez, se pagará a los delegados por centro de votación, con una asignación de $125 por cinco días. Se contratarán 1,595 delegados, lo que equivale a un total de $996,875, una partida inédita en procesos anteriores.

    En cuanto a las Juntas Electorales Departamentales (JED), sus integrantes recibirán $675 por cuatro días de trabajo, en comparación con los $650 del proceso anterior. Serán 140 personas contratadas, con una inversión de $378,000.

    Para el día de las votaciones, el TSE también planea contratar a 142,928 vigilantes electorales, quienes recibirán $35 cada uno (frente a los $25 pagados en 2024), lo que representa un gasto total de $5.2 millones.

    El voto en el exterior también experimentará mejoras en las compensaciones. Se contratarán 246 miembros para las Juntas Receptoras de Votos en el Exterior (JRVEX), cada uno con un pago de $510. Por primera vez, también se pagará a sus suplentes con el mismo monto.

    Asimismo, las Juntas Electorales del Voto en el Exterior (JELVEX) tendrán tres titulares y tres suplentes, cada uno recibiendo $1,600 por seis días de trabajo. Esta compensación representa un aumento respecto a los $1,300 otorgados en 2024.

    En total, el TSE proyecta contratar a 363,391 personas para el proceso electoral de 2027, con un costo de $36.5 millones, equivalente al 20% del presupuesto total solicitado de $180 millones. No obstante, la Asamblea Legislativa aprobó solo $172.1 millones en la plenaria del 2 de diciembre.

  • OIM ejecutará proyecto para ampliar reintegración de migrantes en tres municipios

    OIM ejecutará proyecto para ampliar reintegración de migrantes en tres municipios

    La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ejecutará un proyecto que busca ampliar servicios de reintegración de migrantes y sus familias en San Salvador Este, Santa Ana Oeste y San Miguel Centro a través de atenciones psicosociales, salud mental, salud sexual y reproductiva.

    El organismo internacional publicó una oferta de contratación de servicios para la ejecución del proyecto «Fortalecimiento de las capacidades gubernamentales en materia de protección y reintegración de los migrantes y sus familias, para un enfoque integrado centrado en los derechos humanos», el cual, busca ejecutar con una organización de sociedad civil.

    El programa tendría una duración de siete meses y estaría compuesta por dos niveles: nacional y municipal para trabajar en tres áreas: fortalecimiento institucional, difusión de información y sensibilización municipal y, ampliación y mejora de servicios de reintegración en San Salvador Este, Santa Ana Oeste y San Miguel Centro.

    El proyecto estaría principalmente orientado en migrantes en condición de vulnerabilidad para que tengan un reintegro sostenible y concientizar a demás población sobre los riesgos de migrar con proyectos en los tres municipios priorizados para el proyecto con atención psicosocial orientada en salud mental, sexual, reproductiva y prevención de la violencia de género.

    Para la ejecución de este nuevo proyecto, la OIM tiene contemplado el desarrollo de herramientas y protocolos para brindar protección y atención interinstitucional y municipal. Para eso, el organismo pide que la organización responsable identifique recursos, servicios y rutas de servicios.

    La OIM estará recibiendo ofertas de organizaciones interesadas en ejecutar el proyecto a más tardar el 29 de diciembre de 2025.

    Por otro lado, en septiembre, la OIM también anunció que esos mismos tres municipios ejecutaría un proyecto para mejorar capacidades de microempresas de 75 migrantes deportados a El Salvador. Los migrantes participan en programas empresariales, de eventos de negocios y de marketing.

    Con este proyecto, los beneficiarios tienen derecho a asesorías y capacitaciones sobre comunicación digital para promover la venta de sus productos. El Ministerio de Relaciones Exteriores estima que más de 10,000 salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos en lo que va de 2025.

    La OIM ha firmado también convenios con la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) para impulsar iniciativas para capacitar y emplear a migrantes deportados. Además, con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) buscan analizar información sobre movimientos migratorios de salvadoreños para optimizar recursos.

  • TSE adjudica auditoría interna para subsanar brechas para certificación en el sistema antisoborno

    TSE adjudica auditoría interna para subsanar brechas para certificación en el sistema antisoborno

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) adjudicó el mes pasado el contrato para la realización de una auditoría internas con la que buscan subsanar brechas para conseguir la certificación en el sistema antisoborno, según la norma ISO 37001. La primera convocatoria para esta adjudicación se realizó en agosto.

    El TSE adjudicó el contrato para realizar una auditoría interna a la empresa VALMA según consta en el Sistema electrónico de compras públicas de El Salvador, Comprasal. El servicio será ofrecido por la firma legal y contable por un monto de $9,500.

    El contrato fue firmado por ambas partes el 10 de noviembre, luego que el Tribunal realizara dos convocatorias para adjudicar el proceso, la primera convocatoria se realizó en agosto en el sitio web de la institución y en la página de Comprasal.

    La información de Comprasal establece que el contrato tenga una duración de 45 días. El Tribunal recibió ofertas para este contrato de otras empresas como Salomon Consulting, Ages consultores y Lizama consultores.

    El TSE ha asegurado que la consultoría les permitiría subsanar brechas existentes en la institución para poder prepararse para obtener la certificación del sistema antisoborno para lograr una gestión «certificada, confiable y transparente» regidos por tres pilares: cultura antisoborno, controles antisoborno, y detección y denuncia.

    La entidad electoral ha aseverado que con este proceso reafirman su «compromiso de ser una institución íntegra, transparente y alineada a estándares éticos internacionales». El TSE no detalló la fuente de financiamiento para la contratación de la auditoría.

    Como parte del proceso de implementación del sistema antisoborno, el TSE ha habilitado tres canales de denuncia por posibles actos de soborno. Las denuncias pueden ser interpuestas de manera anónima y segura según promete la entidad a través de:

    • El sitio web www.tse.gob.sv/denuncia.
    • En el correo institucional denuncias@tse.gob.sv.
    • En las oficinas de cumplimiento del TSE, en la colonia Escalón, en San Salvador.