El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (OUDH de la UCA) concluyó este martes en su informe anual 2024 sobre el estado de los derechos humanos en El Salvador que el país avanza a una “autocracia cerrada”, que define como el “cierre de espacios de diálogo y entendimiento, desinformación, intolerancia y criminalización de la protesta».
«En definitiva, el estado actual de los derechos humanos en El Salvador y la tendencia que observamos tanto en los datos como en las acciones, comunicaciones y discursos gubernamentales, nos indican que avanzamos hacia una autocratización cerrada, es decir, hacia el cierre de espacios de diálogo y entendimiento, hacia más formas de desinformación e intolerancia, hacia la criminalización de la protesta y de la defensa de los derechos humanos», indica el informe, en su página 146.
La directora del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca), Gabriela Santos, reconoció que ha habido una disminución de homicidios en El Salvador pero aseveró al Estado que no puede convertirse en “victimario».
El informe indica que «en efecto los homicidios han bajado en El Salvador», pero manifiesta «preocupación» por una «tendencia del gobierno» para «invisibilizar o minimizar las violaciones generadas desde el Estado, difundiendo un discurso donde El Salvador se quiere mostrar como un país ejemplar en términos de políticas de seguridad y de recuperación de espacios y territorios».
“Sabemos que los homicidios han bajado, es un hecho y la percepción de seguridad también es distinta, pero no podemos permitir que el Estado se convierta en el victimario y el que vulnere el derecho a la vida sustituyendo a las pandillas”.
Gabriela Santos, directora del Idhuca.
Según el informe, el análisis de datos sobre la violación al derecho a la vida no pueden ser «concluyente» por la falta de información sobre osamentas, fallecidos en cárceles y enfrentamientos contra agentes de seguridad o militares.
El estudio contabiliza 243 muertes violentas durante el año 2024, tomando en cuenta los 114 homicidios intencionales reportados por la Fiscalía General de la República (FGR), las 114 muertes en centros penitenciarios reportadas por el Socorro Jurídico Humanitario (SJH), las 12 osamentas publicadas por medios de comunicación y tres personas fallecidas en enfrentamientos armados según la cuenta de X de la Policía Nacional Civil (PNC).
Con estas cifras, señala una disminución continua de los homicidios de 1,341 en el año 2020 con una tasa de 22.2 por cada 100,000 habitantes, a 1,077 o una tasa de 17.8 en 2021, 659 o una tasa de 10.9 en el año 2022, 309 o una tasa de 5.1 en el año 2023 hasta llegar a 243 o una tasa de 4 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2024.
Ante una pregunta sobre las tendencias, el coordinador del OUDH, Roberto López, aseveró durante la presentación del informe que la sociedad «va profundizando en autoritarismo, en intolerancias y sobre todo se van reforzando algunas formas de violencia que llevan a ver con urgencia el trabajar en cambios culturales institucionales para que puedan cambiar».
“Hay una grave tendencia a la deshumanización e insensibilización con la complicidad de la negligencia y el silencio que muchas veces se encuentra ante estos problemas, que degrada la condición humano junto al riesgo de convertirnos en una sociedad en la que prevalezca la desconfianza y la insolidaridad”. Roberto López, coordinador de la OUDH.
El OUDH asevera que «no es una exageración» afirmar que el derecho a la libertad de expresión está amenazado en El Salvador y menciona casos de encarcelamiento de personas defensoras de derechos humanos, autoexilio de periodistas, desmantelamiento de la institucionalidad de acceso a información pública, mensajes de desprestigio, criminalización, violencia digital, entre otros.
El informe contiene datos sobre homicidios, muertes violentas de mujeres, desapariciones, detenciones arbitrarias, detenciones durante el régimen de excepción, denuncias en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), violaciones de derechos a personas LGBTIQ+, desplazamiento forzado, delitos sexuales, procesos constitucionales, acceso a la justicia, acceso a la información pública, entre otros, registrados en El Salvador durante 2024.
