La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) anunció este viernes el cierre de sus operaciones en El Salvador debido a la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros.
«Hoy, la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) coloca a toda organización de la sociedad civil en una encrucijada ineludible: seguir funcionando con personalidad jurídica bajo un marco jurídico restrictivo para el ejercicio del derecho de asociación o bien buscar alternativas que le permitan conservar su identidad y propósitos», señaló Fespad.
La organización, que nació en 1988 con el objetivo de prestar servicios profesionales de derecho a personas vulnerables, aseveró que con esta nueva LAEX se genera inseguridad jurídica porque establece un régimen ambiguo y discrecional para aplicar prohibiciones a personas naturales o jurídicas, y que vuelve «insostenible financieramente» cualquier institución por el pago del impuesto del 30% de las donaciones.
En tercer lugar, señala que impide cumplir libremente con la finalidad y misión institucional que cada organización se plantee en favor de los derechos humanos y que la normativa «constituye un obstáculo para el desarrollo de cualquier tipo de actividad de contraloría social a la gestión pública o para la promoción y defensa de los derechos humanos».
«Ante esa realidad, como Fespad hemos tomado una decisión dolorosa pero coherente: disolver nuestro carácter de fundación y cerrar legalmente operaciones como tal», anunció la fundación.
Agregó que «pretender seguir operando» bajo las reglas que establece la Ley de Agentes Extranjeros «implicaría abandonar» la finalidad de «correcta aplicación del derecho» y de «contribuir al desarrollo de una convivencia social, justa y democrática».
La Ley de Agentes Extranjeros inició su vigencia el 7 de junio de 2025. A partir de esa fecha, establece un periodo de 90 días para que cualquier persona u organización que reciba financiamiento extranjero se registre como «agente extranjero» en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX). Obliga a estos «sujetos obligados» a dar cualquier información sobre sus actividades o finanzas que considere y le pide el RAEX; y cobrarles, además, un impuesto del 30 % sobre los fondos extranjeros que reciba, además que restringe expresamente su participación en actividades consideradas “políticas”.
La Ley de Agentes Extranjeros es vista por organizaciones locales e internacionales como una amenaza a las libertades fundamentales y la democracia en El Salvador, y es visto por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, como una forma de «proteger la cooperación».
