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El comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, sostuvo este martes un encuentro con Reporteros Sin Fronteras (RSF), ante quienes se reafirmó que en «El Salvador la prensa es libre», después de que se conociera el lunes que una periodista salvadoreña que trabajaba para un medio internacional tuvo que abandonar el país con su familia por miedo a su seguridad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertad de Expresión informó del encuentro en un mensaje en la red social X, sin brindar más detalles, y apuntó que «el diálogo es el mejor camino para fortalecer la libertad de expresión».

Señaló que el comisionado Guzmán se reunió con Reporteros Sin Fronteras (RSF) para «reafirmar que en El Salvador la prensa es libre y la verdad no necesita permiso».

El diálogo es el mejor camino para fortalecer la libertad de expresión. Hoy el Comisionado Presidencial para DDHH @andresguzm se reunió con @RSF_inter para reafirmar que en El Salvador la prensa es libre y la verdad no necesita permiso . #LibertadDeExpresion #PeriodismoLibre pic.twitter.com/BOheWI9Se2

— Comisión Nacional DDHH y Libertad de Expresión (@DDHH_SV) March 18, 2025

Este encuentro se da luego de que se conociera el lunes que la periodista salvadoreña Alba Amaya, quien trabajó para el medio alemán Deutsche Welle (DW) por más de cinco años, salió de El Salvador junto con su familia por temor a su seguridad.

Guzmán aseguró la noche del lunes, en un mensaje en X, que no recibió «ninguna denuncia formal por escrito» de Amaya y lamentó «profundamente» la decisión de la periodista y su familia de abandonar el país centroamericano a finales de 2024.

En un comunicado difundido el lunes, la periodista sostiene que denunció ante la DW y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), entre 2020 y 2024, de «crecientes ataques por su trabajo escrito y audiovisual lo que incluyó acoso digital, intimidación, vigilancia, seguimientos, declaraciones estigmatizantes, difamación y censura».

Relató que, tras finalizar una entrevista con el comisionado Guzmán, le expresó que sentía temor por su seguridad por ejercer el periodismo en el país.

«Pese a que tuvimos otros encuentros para entrevistas posteriores, no vi interés de Andrés Guzmán en darle seguimiento a lo que le expuse», recordó la reportera.

No obstante, en respuesta, Guzmán publicó en X que «hasta la fecha, no he recibido ninguna denuncia formal por escrito de la periodista @albita_miriam ni de otros periodistas salvadoreños sobre casos de acoso o intimidación».

Señaló que «en reuniones anteriores, pregunté a la señora Amaya si en algún momento se había sentido acosada o intimidada. Ella me mencionó que, años atrás, había experimentado algún tipo de acoso policial» y, continuó, «en esa ocasión, le solicité que presentara una denuncia por escrito para poder brindarle el apoyo y seguimiento adecuados. Lamentablemente, no recibí dicha denuncia».

De acuerdo con el Informe de Libertad de Prensa de 2023 de la APES, «al menos 14 periodistas se autoexiliaron en los últimos dos años, (…) luego de ser víctimas de ataques promovidos, en algunos casos, por el propio presidente Nayib Bukele».

Amaya elaboró «más de 50 reportajes escritos y notas audiovisuales -que difundió mundialmente la DW-» en los que entrevistó a víctimas de desplazamiento forzado por la violencia de las pandillas, de supuestas violaciones a derechos humanos en las cárceles salvadoreñas y de desapariciones, entre otros temas, según su comunicado.

Horas después de que la Iglesia Católica entregara a la Asamblea Legislativa 150,000 firmas de personas que piden la derogación de la Ley General de Minería Metálica,

el tema fue retomado en la plenaria en las instalaciones de Cancillería y generó tensión entre las diputadas de oposición Marcela Villatoro (Arena) y Claudia Ortiz (Vamos).

Ortiz pidió la palabra en el pleno para solicitar la derogatoria de la Ley General de Minería en nombre de esas 150,000 firmas y también solicitó modificar la agenda e introducir una iniciativa «con dispensa de trámites» de reforma constitucional para prohibir la minería metálica en El Salvador.

«Este día colegas han llegado a la Asamblea Legislativa 150,000 firmas de la feligresía católica, es nuestro deber atenderles y como decían por ahí, creen que son la mayoría, pero la mayoría es la gente que no quiere minería… Esta mañana quiero someter a consideración de este pleno legislativo y, en atención al clamor de la feligresía católica y de todo el pueblo salvadoreño que está pidiendo se derogue la Ley de la Minería, quiero someter a votación una pieza para que se derogue la Ley de la Minería y otra con reformas constitucionales», fueron las palabras de la diputada de Vamos.

La iniciativa de Ortiz llevaba tres reformas, la tercera de las cuales solicitaba agregar un inciso final al artículo 117 de la Constitución para que «se prohíba la minería metálica en el suelo y subsuelo de la República de El Salvador»

Esto para poder elevar la prohibición de la minería a rango constitucional y que en ninguna ley que se apruebe, en ninguna Asamblea Legislativa, pueda contrariar la misma (Constitución)”. Claudia Ortiz (Vamos).

La diputada Marcela Villatoro pidió el uso de la palabra para recordar que ella y su colega Francisco Lira desde el 14 de enero pidieron la derogatoria de la Ley de Minería y dijo, en clara alusión a Ortiz, que no era correcto tomar el tema de la minería como propaganda política.

La legisladora de Arena también cuestionó la propuesta de reforma constitucional de Ortiz, ya que se requieren 10 firmas de diputados para presentar una propuesta de reforma constitucional.

«Muchas veces las personas tratan de agarrar estos temas como bandera electoral y no como un tema que debe ser prioritario para el país. ¿Y por qué digo esto? Ahora llegó la Conferencia Episcopal a la Asamblea Legislativa a llevar 150,000 firmas, de personas de la Iglesia Católica, que pedía que la minería en este país fuese derogada», dijo.

Hubo un llamado de la Conferencia Episcopal para que los diputados de las diferentes fracciones no nos metiéramos y creo que no es correcto quererse agarrar de esos temas para obtener popularidad”. Marcela Villatoro (Arena).

Sin embargo, aprovechó para pedir a la Junta Directiva que se envíe a comisión el acta con las 150,000 firmas que llevó la Conferencia Episcopal y que se estudiara también la propuesta de Arena presentada el 14 de enero, ya que «tampoco ha sido enviada a comisión».

Ortiz: «Les pido a mis colegas de Arena»

La diputada Ortiz pidió la palabra nuevamente para «aclarar a la población» que su solicitud iba en consonancia con la carta que llevó la Conferencia Episcopal, que pidió la derogación de la Ley de Minería Metálica.

«Y ya que se necesitan diez firmas (para introducir una reforma constitucional) les pido a mis colegas de Arena que, si ustedes me acompañan también con las firmas, para acompañar la propuesta de reforma constitucional, ya que estamos todos en contra de la minería», pidió Ortiz, quien se levantó y colocó la iniciativa entre los diputados Lira y Villatoro.

La respuesta del diputado Lira no se hizo esperar, quien enfatizó que la Asamblea Legislativa no debe ser un escenario de espectáculos.

«Aquí no debe ser un show y esta Asamblea Legislativa está clara. No estemos jugando si es Arena, si es Vamos o es Nuevas Ideas, aquí hay un punto claro: la Iglesia Católica ha llegado a presentar 150,000 firmas… su servidor y mi colega Marcela Villatoro no vamos a caer en un juego ‘dime qué te diré». Francisco Lira (Arena).

Lira pidió al presidente de la Asamblea que la junta directiva pase a la comisión respectiva el documento que llevó la Iglesia Católica.

«Solo con una firma», «150,000 firmas pesan»

En ese momento, el diputado presidente, Ernesto Castro, hizo uso de la palabra para aclarar que la diputada Ortiz envió a la presidencia una sola pieza de correspondencia para reformar la Constitución de la República.

«A esta presidencia materialmente y de manera formal ha llegado una petición, es una petición para reformar la Constitución de la República de la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos, lamentablemente no puede proceder, ya lo mencionó una diputada». Ernesto Castro, presidente de Asamblea.

Castro aseguró que las reformas constitucionales solo pueden ser propuestas por diputados de un número no menor de diez. «La propuesta de la diputada Ortiz para reformar la Constitución ha venido solo con una firma, por lo tanto, queda claro que adolece de requisitos procesales… En consecuencia no podemos someter a votación, a no ser que se consigan las diez firmas», expuso Castro.

La diputada Ortiz pidió nuevamente la palabra para recalcar que se llevaron 150,000 firmas, pero que 59 diputados “que al parecer no están de acuerdo en firmar la reforma constitucional… esas 150,000 firmas pesan más, si fueran votos, verdad».

«Falta de respeto», «no es falta de respeto»

Nuevamente, la diputada Villatoro tomó la palabra: “Qué lástima que un esfuerzo tan grande de la Iglesia Católica y de la sociedad civil una persona lo quiera deshacer en esta sesión plenaria. Aquí no es estás conmigo o estás contra mí, no quiera confundir a la gente, eso es incorrecto. Aquí habemos tres diputados que estamos en contra de la minería metálica… Es una falta de respeto… Por favor no rompa y destruya el esfuerzo de la gente”.

La diputada de Vamos aclaró que solo está haciendo uso de sus facultades constitucionales.

«Es importante aclarar que hacer uso de nuestras facultades constitucionales no es falta de respeto, ni es hacer show, al contrario, la carta que acompaña las 150,000 firmas nos pide a la Asamblea Legislativa, que somos todos los diputados, atender ese llamado, en ningún momento es una falta de respeto, simple y llanamente estamos haciendo nuestro trabajo», respondió a las críticas de Villatoro.

A modo de conclusión, Castro intervino nuevamente para decir que “no se puede someter a votación” la petición de Ortiz, por no contar con las diez firmas de diputados.

La Asamblea Legislativa reformó el presupuesto 2025 para que el Ministerio de Hacienda transfiera $40 millones, $20 millones para que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) abastezca agromercados y centrales de abasto, y $20 millones para construir o mejorar escuelas.

Los fondos, según el decreto, provienen del presupuesto del Ministerio de Hacienda. «Serán tomados de las asignaciones disponibles del presupuesto vigente del Ramo de Hacienda», reza el proyecto.

«Se han identificado asignaciones disponibles dentro del presupuesto vigente del Ramo de Hacienda hasta por el monto de $40 millones que no se van a utilizar en lo que resta del presente ejercicio fiscal y que pueden utilizarse para los fines antes descritos», señala el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, en su solicitud, acompañada de una carta del ministro de Hacienda, Jerson Posada.

Los fondos serán incorporados a la Dirección General de Vinculación Territorial y Abastecimiento del MAG, y a la línea de trabajo del MOPT «Inversión en infraestructura».

La reforma fue aprobada con 59 votos, de Nuevas Ideas, sus aliados PCN y PDC, y Arena.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien votó en abstención, reclamó ante el pleno que no se conocían los detalles de la propuesta.

Ni siquiera hemos tenido acceso a pesar de haberlo solicitado, se está discutiendo movilizar recursos a tres importantes rubros del país, por favor, señor presidente, para poder votar de manera informada es importante tener a la mano esa información”.
Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

La diputada Norma Lobo, de Nuevas Ideas, aseguró que con los agromercados están garantizando “la seguridad alimentaria” en El Salvador. No detalló cuántos agromercados o centrales de abasto se abrirán con los $20 millones.

Estamos garantizando que a nivel nacional tengamos la comida a un bajo precio y esto es lo que el presidente Nayib Bukele nos ha mandado, que abramos más agromercados… y así también abrir más centrales de abasto”.
Norma Lobo, diputada de Nuevas Ideas.

El diputado Geovanny Zaldaña, por su parte, dijo que se ha solicitando una reforma presupuestaria porque la realidad del país “es cambiante”. El legislador no detalló las unidades presupuestarias a las que estaban asignados los $40 millones en el Ministerio de Hacienda.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió este martes ante el pleno legislativo aprobar, con dispensa de trámites, una iniciativa de reforma a la Constitución de la República para prohibir la minería metálica así como establecer derechos al agua y al saneamiento.

La iniciativa no logró respaldo del resto de diputados, porque le recordaron que se necesitan 10 votos para introducir un proyecto de reforma constitucional.

«Quiero someter a consideración de este pleno Legislativo dos piezas de correspondencia. Una para que se derogue la Ley de Minería Metálica y otra que contiene una propuesta de reforma constitucional de manera que se incorpore en la Constitución de la República de El Salvador tres elementos: agregar en el artículo 2 de la Constitución de la República, además del derecho a la vida y otros derechos que se incluyen ahí, el derecho al agua y su saneamiento”, expuso.

Ortiz agregó que pretendía agregar un inciso final en el artículo 69 que establezca que «el Estado debe diseñar e implementar políticas públicas y leyes que garanticen agua saludable suficiente y accesible a los habitantes, así como la preservación de los recursos hídricos, declarando además que el agua constituye un bien público”.

En tercer lugar, pidió que se agregue un inciso final al artículo 117 de la Constitución, de manera que “se prohíba la minería metálica en el suelo y subsuelo de la República de El Salvador, esto para poder elevar la prohibición de la minería a rango constitucional y que en ninguna ley que se apruebe en ninguna Asamblea Legislativa pueda contrariar la misma”.

La diputada de oposición solicitó que su iniciativa fuera aprobada con dispensa de trámites.

“Por lo tanto, señor presidente, pido que, además por el clamor social, por la alarma social que ha generado la aprobación exprés de la Ley de Minería en El Salvador, esto sea aprobado inmediatamente con dispensar trámite”, le dijo Ortiz al presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.

Inmediatamente, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, pidió la palabra para reprochar a Ortiz que pidiera reforma constitucional con dispensa de trámites y le recordó que se necesitan 10 firmas de diputados para introducir una iniciativa de reforma constitucional.

“Es importante que ahora que se presentaron esas 150,000 firmas (para derogar la Ley General de Minería) le pedimos a esta junta directiva que dentro de la comisión respectiva se estudie y se derogue la Ley de Minería… Otra cosa es que recordemos que las reformas constitucionales tienen que tener firmas de al menos 10 diputados… Además, hemos estados criticando aquí la forma como ustedes (Nuevas Ideas) de manera exprés quieren cambiar la Constitución y estamos avalando lo mismo queriendo cambiar la Constitución”, reprochó.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, preguntó a la diputada de Arena que dejara claro “exactamente su petición”.

La legisladora tricolor aclaró: “Primero que hay una única propuesta que se puede enviar a comisión, que es la derogatoria de la minería metálica porque las reformas constitucionales necesitan diez firmas, entonces, pedirle que la derogatoria de la Ley General de Minería, que nosotros (Arena) presentamos el 14 de enero se envíe también a la Comisión para su estudio respectivo o la traemos aquí mismo y votamos, como usted mande”, expuso Villatoro.

Al final, el diputado arenero Francisco Lira intervino: “Aquí no debe ser un show… Su servidor y hablo por mi colega Marcela Villatoro, no vamos a caer en un juego dime qué te diré”.

Castro aclaró que la única iniciativa formal de Ortiz fue la petición de reforma constitucional y que no precedía por falta de firmas.

“Para continuar de nuestra parte y dejar claro que a esta presidencia lo único que formalmente ha venido solicitado es una petición para reformar la Constitución de la República, que no podemos someter a votación, ya que todas las propuestas para reformar la Constitución de la República deben de contar con al menos diez firmas de diputados, tal como lo establece el 248 de nuestra Constitución, por lo cual, no tenemos nada que someter a votación, por el momento, de la solicitud de la diputada Claudia Ortiz, para reformar la Constitución de la República de El Salvador”, concluyó Castro.

Consultada al respecto, por la tarde, la diputada Ortiz aseguró a Diario El Mundo que solo presentó una pieza de correspondencia, la propuesta de reforma constitucional para prohibir la minería.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa reformó la ley del presupuesto de 2025 para incorporar $4.59 millones a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), la oficina que tramitará los permisos de construcción en el país fuera del área metropolitana de San Salvador a partir de marzo.

La DOT asumió desde inicios de marzo todos los trámites activos de construcción en áreas mayores de 250 metros cuadrados que no sean parte del área metropolitana de San Salvador ni de la zona delimitada por la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN).

Un total de $4 millones provienen del Centro Nacional de Registros (CNR) que por ley debe transferir un aporte inicial de ese monto; y $591,461 en concepto de tasas por la prestación de servicios por autorizaciones y permisos de construcción de lotificaciones nuevas, obras, actividades y proyectos de urbanización y construcción, y $7 millones de rendimiento de cuentas bancarias corrientes, según el considerando cuarto del decreto.

De los $4,598,461 inyectados a la nueva DOT, se destinarán $1,364,902 a remuneraciones, $821,323 a bienes y servicios, $107,775 a bienes muebles, $1,992,731 a bienes inmuebles, así como $2,000 a impuestos y $14,000 a seguros y otros gastos.

Un total de $477,676 estarán bajo la administración de la unidad presupuestaria «Gestión de permisos de construcción y registro de profesionales» y el resto, $4.12 millones, bajo la unidad presupuestaria «Dirección y administración institucional».

La DOT tendrá 56 plazas con salarios desde los $500 hasta más de $2,501: cinco ejecutivos por un monto anual de $224,000, 33 técnicos por un monto de $551,500, 14 administrativos por $277,000 y 4 empleados de servicios por un monto anual de $26,000.

Esta es una decisión totalmente estratégica que nos va a permitir que esta institución pueda cumplir con este mandato… Desempeña un papel clave en la planificación urbana». Dania González, diputada de Nuevas Ideas.

Según la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, esta reforma traerá un «impacto económico y también mucho empleo», prometió una «reducción de los tiempos en la tramitación de permisos» y la autorización de obras «sin tanta burocracia, que es innecesaria».

González dijo que los proyectos estarán a cargo de especialistas para cumplir «estándares de seguridad y calidad».

La Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), vigente desde el 5 de noviembre de 2024, regula los permisos de construcción en áreas mayores a 250 metros cuadrados que no sean parte del AMSS –ya que estas son reguladas por la Oficina de Planificación del AMSS– y que no sean de la zona delimitada por la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN).

El presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Walter Salvador Sosa Funes, recién electo en febrero, entregó este martes, al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, un informe de las labores de la institución durante el año 2024.

La Corte de Cuentas indicó que ejecutó 670 acciones de control, de las cuales 599 fueron exámenes especiales y 71 auditorías financieras, operativas o de gestión.

El titular de la Corte de Cuentas entregó el informe físico al funcionario sin rendir un informe verbal frente al pleno legislativo. «Trabajamos para consolidarnos como una entidad eficiente y moderna que, cumpliendo con el marco legal y técnico aplicable, contribuye al desarrollo de la sociedad salvadoreña, por medio de una efectiva labor asesora que ayuda a erradicar la corrupción en la administración pública», manifestó el presidente de la institución, según un comunicado de prensa.

Según el comunicado oficial, la institución contralora cumplió el «100 por ciento del Plan Masivo de Fiscalización Municipal 2024» y actualizó «todas las auditorías en los municipios y distritos del país» al 30 de abril de 2024.

La CCR también agregó que estuvo presente en el traspaso de los gobiernos municipales.

La institución indicó que hubo una «modernización del juicio de cuentas», adoptaron la firma electrónica y actualizaron la normativa institucional.

Todos los miembros de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) en pleno y sacerdotes representativos de las diócesis entregaron la mañana de este martes 150,000 firmas a la Asamblea Legislativa, para reiterar su petición de derogar la Ley General de Minería Metálica aprobada en diciembre de 2024 por Nuevas Ideas y sus aliados a petición del presidente Nayib Bukele.

«Agradecidos por la respuesta inmediata que el pueblo ha manifestado. En cuanto a qué va a suceder, si van a aceptar la petición nuestra o no, no lo sabemos, no lo sabemos, pero sí estamos pidiendo y pidiéndole a Dios, por eso hicimos una jornada de oración y ayuno el 7 de febrero, y eso no ha parado. El Señor, esperamos, que va a mover las voluntades y que va a iluminar a las personas para que tomen esa buena decisión en favor del pueblo», dijo esta mañana el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar.

Obispos de la iglesia católica entregaron este martes 150,000 firmas a la Asamblea Legislativa para que derogue la Ley general de minería metálica aprobada en diciembre de 2024.
Video: @verocrespin. pic.twitter.com/s3DHBvGBQw

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) March 18, 2025

Monseñor Escobar aseguró que las iglesias evangélicas se unieron a la petición presentada a los diputados; parte de las firmas entregadas provienen de iglesias evangélicas y de todas las parroquias católicas, incluidas las 175 parroquias de la arquidiócesis de San Salvador y ocho diócesis.

Thelma de Mejía, de la parroquia Jesús de la Misericordia, acompañó la petición. «Eso va a traer mucha contaminación, enfermedades, más pobreza, más problemas. A nuestro país no le conviene», expresó la feligrés.

Los obispos iniciaron una jornada de oración el 7 de febrero junto a una campaña de recolección de firmas no solo de católicos, sino de otros sectores de la sociedad, jornada que concluyó el 18 de marzo de 2025, es decir, durante un mes y 11 días.

«Sin ningún interés político, ideológico o de grupos de poder, sino movidos únicamente por el bien común de este pueblo, sobre todo el bien de los más vulnerables… estas firmas expresan la voluntad del pueblo que sobre cualquier interés económico privilegia la vida humana», expresaron los obispos, en un comunicado firmado por los monseñores José Luis Escobar Alas, José Elías Rauda Gutiérrez, William Ernesto Iraheta Rivera y Óscar Álvarez Orellana, como representantes de la CEDES.

Estamos haciendo un llamado a la Asamblea, en su conciencia, para que hagan el bien pero la Iglesia no está para sancionar; todo lo contrario, es un llamado pacífico, humilde». Monseñor José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador, ante la inquietud sobre una posible sanción a funcionarios que promuevan este tipo de iniciativas.

La Conferencia Episcopal anunció el 25 de enero la recolección de firmas para pedir la derogatoria de la Ley general de minería metálica aprobada por la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre de 2024 y cuya vigencia inició el 7 de enero de 2025. La recolección de firmas se realizó en diferentes parroquias católicas del país al finalizar las misas correspondientes a cada templo.

Ese día, la iglesia católica también inició una jornada de oración y ayuno ante el «posible desastre» que causaría la reactivación de la minería en El Salvador. Los obispos de la Conferencia Episcopal aseguraron en un comunicado que «no podemos mantenernos pasivos» ante las consecuencias de la explotación minera.

La iglesia católica participó en 2017 junto a movimientos sociales y universidades para que se aprobara la prohibición de la minería en El Salvador.

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo a mediados de enero durante una conferencia de prensa que «los ríos de El Salvador no están contaminados por la minería», sino que estarían contaminados «por otra cosa», aunque un estudio de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) indica que desde 1870 hasta mediados del siglo XX hubo explotación minera en San Sebastián, La Unión.

Los partidos Vamos y Alianza Republicana Nacionalista (Arena) consideran que el gobierno salvadoreño no siguió el debido proceso para traer desde Estados Unidos a los primeros 238 presos, supuestamente miembros del Tren de Aragua y de la MS13, tomando en cuenta que el acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos tuvo que haber sido conocido por la Asamblea Legislativa. Los reclusos fueron trasladados a El Salvador la madrugada de este domingo.

La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, aseveró a Diario El Mundo que el artículo 131 de la Constitución de la República establece que corresponde a la Asamblea Legislativa «ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros Estados u organismos internacionales, o denegar su ratificación.

Consideró que el acuerdo entre ambos gobiernos para que El Salvador mantenga recluidos a convictos de Estados Unidos debió haber sido conocido por la Asamblea Legislativa y señaló que el artículo 146 inciso segundo de la Carta Magna establece que «no podrán celebrarse o ratificarse» tratados u otorgarse concesiones cuando se menoscabe la integridad del territorio «a la jurisdicción de un tribunal de un Estado extranjero».

«Considero que tal como lo establece la Constitución en las funciones de la Asamblea Legislativa sí debía conocerse porque, si bien en el artículo 131 dentro de las funciones de la Asamblea, en el séptimo dice que debe hacerse cuando se trate de tratados o pactos con otros Estados».
Cesia Rivas, secretaria general de Vamos.

Rivas argumentó que los 238 presos extranjeros no están bajo la jurisdicción salvadoreña sino de Estados Unidos porque «vienen bajo un juez de Estados Unidos, no es que vienen a someterse a legislación salvadoreña», por lo que el Estado salvadoreño estaría siendo «sometido a una jurisdicción de un tribunal extranjero».

«Es ahí donde sí tenía que haber pasado por la Asamblea, sí tenía que haberse conocido», agregó Rivas.

Cuestionó que podría generar controversia «si un día mueren esas personas venezolanas, criminales, verdad, ya condenados, pero están bajo la jurisdicción de Estados Unidos».

«Hay muchas preguntas y nada de respuestas respecto a esto», criticó, sobre la falta de transparencia de las personas enviadas por Estados Unidos a El Salvador.

También la diputada de Arena Marcela Villatoro afirmó que «no se ha el debido proceso porque tuvo que haber pasado por la Asamblea» y cuestionó que se desconozca información sobre las personas enviadas como su estatus penal.

Ni Estados Unidos, ni El Salvador, han revelado un listado de las personas enviadas con su respectiva información como: calidad de procesado o condenado, delitos por los cuales fue condenado o procesado, si fue absuelto, estatus migratorio, entre otros.

«Nosotros un papel donde nos diga cuántas personas van a ser enviadas, sus antecedentes penales, si ya han sido condenadas, si no son condenadas, si realmente pertenecen al Tren de Aragua… Entonces, digamos que no se ha respetado como el debido proceso que tuvo que haber pasado por la Asamblea».
Marcela Villatoro, diputada de Arena.

Villatoro dijo que solo conocen lo que se ha dicho en las publicaciones de X el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre que son «altos criminales».

«¿Qué nos puede pasar a los salvadoreños?», preguntó. Sugirió ver el tema no solo desde un punto de vista de números, sino desde las afectaciones que pueda traer a los salvadoreños.

Ayer, el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel «El Chino» Flores pidió transparencia en el acuerdo firmado y que se dé a conocer el documento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció el domingo a Bukele por «su compresión» ante la «horrible situación» criminal que enfrenta ese país. Los presos fueron expulsados de Estados Unidos por medio de la aplicación temporal de la ley de Enemigos Extranjeros.

El Concejo Municipal de la Alcaldía de La Libertad Sur derogó dos ordenanzas que actualizaban multas, como respuesta a las advertencias del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de revertir nuevos cobros impuestos a partir del 1 de mayo de 2024.

A través de un comunicado, la comuna de La Libertad Sur confirmó que el concejo derogó reformas efectuadas a la Ordenanza de Convivencia Ciudadana con la que se aumentaba las multas por acciones relacionadas con impedimentos de ingreso de autoridad municipal -como Protección Civil y el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM)- y de servicios de emergencia en zonas residenciales.

En suma, se derogó una reforma de la Ordenanza de Ordenamiento de Calles y Aceras con la que se actualizó las multas para vehículos abandonados, así como obstáculos en las calles y pasos peatonales.

Por el lado de las tasas municipales e impuestos, la alcaldía aseguró que mantiene los mismos rangos que cuando tomaron las riendas de La Libertad Sur.

Pese a esto, la alcaldía ya había enviado una evaluación de actualización de tasas, licencias de funcionamiento y mobiliario urbano publicitario al Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).

Ante el llamado de atención de Bukele, la alcaldía y su concejo decidieron dar marcha atrás y este lunes aprobó retirar el proyecto del OMR y detener el trámite.

“Se dejó sin efecto un acuerdo que se había enviado a evaluación por parte del Organismo de Mejora Regulatoria en enero pasado, relacionado a la actualización de la Ordenanza de Tasas, Licencias de Funcionamiento y Mobiliario Urbano Publicitario”, indicó la comuna en el documento.

La alcaldía finalizó su comunicado recalcando que estaban en línea con la “política económica” impulsada por el ejecutivo.

La derogación de las reformas es parte de un plazo que Bukele externó a las 44 alcaldías del país para retroceder con el incremento de las tasas, licencias, multas, permisos, impuestos y otros cobros que se hubieran efectuado desde el 1 de mayo de 2024.

El presidente dio hasta las 12 de la medianoche del 18 de marzo para que las municipalidades dejaran sin efecto las modificaciones.

La polémica medida surgió luego de que Bukele se quejara de que la Alcaldía de San Salvador Centro había elevado “desproporcionadamente” los costos de las licencias de los negocios que funcionan en el centro histórico.

Tras la advertencia en redes sociales, la comuna capitalina derogó cuatro ordenanzas en donde se aumentaba tasas y cobros por servicios, así como licencias y permisos.

El concejo de San Salvador Centro derogó cuatro ordenanzas municipales que aumentaron tasas y cobros por servicios, licencias y permisos en la municipalidad luego de la advertencia del presidente de la República, Nayib Bukele, en la que aseguró que si no se revertían los cobros, iba a promover legislación para «regular estos abusos a nivel nacional».

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La concejal del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Liliana Andrade aseguró a Diario El Mundo que fueron cuatro las normativas derogadas durante una sesión extraordinaria convocada de forma virtual para el viernes pasado tras la advertencia de Bukele.

Las cuatro ordenanzas derogadas fueron:

• Ordenanza reguladora para la emisión de licencias de funcionamiento para entidades de servicio, comercio e industria en el municipio de San Salvador Centro (aprobada el 28 de noviembre de 2024).
• Ordenanza reguladora de comercio en el espacio público del municipio de San Salvador Centro (aprobada el 19 de noviembre de 2024).
• Ordenanza reguladora del comercio de las fiestas patronales del municipio de San Salvador Centro.
• Ordenanza reguladora para la protección del patrimonio arbóreo en el municipio de San Salvador Centro (publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero de 2025).

Andrade detalló que la sesión fue convocada de forma «urgente» luego de que el presidente asegurara que habían «elevado desproporcionadamente los costos de licencias para negocios», lo cual consideró como una «medida que atenta contra la política gubernamental».

«Yo veo mal ese procedimiento que de un tuitazo vengan un concejo municipal que venga a quitar lo que ya se había aprobado».
Liliana Andrade, concejal del FMLN en San Salvador Centro.

Andrade explicó que salvó su voto porque «se hizo de forma expedita sin cumplir los procesos que se deben de cumplir, sin hacer ningún procedimiento de consulta a la ciudadanía». Cuestionó cómo el presidente Bukele no se había enterado del aumento de tasas y licencias cuando «en más de una ocasión se ha dicho que en este país no se mueve la hoja de un árbol si el presidente no quiere».

La regidora acusó al gobierno de resquebrajar el municipalismo con la reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) y de los municipios, que a partir de mayo de 2024 pasaron de 262 a solo 44 alcaldías.

«El presidente lo que quiere hacer, como ha hecho con su Asamblea Legislativa, es tener figuras decorativas o pasapapeles, que sean también los alcaldes», afirmó durante la conferencia junto al secretario general del partido, Manuel «El Chino» Flores.

El mandatario salvadoreño aseguró que, si las municipalidades no revierten el aumento de tasas los acusará ante la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de extorsión. Alcaldías como Santa Ana Oeste, San Salvador Oeste, La Paz Este y La Libertad Este han aseverado que no han aumentado cobros por licencias de negocios, aunque algunas han aprobado o reformado otros cobros.