Redacción HCloud

Categoría: Politica

  • Gobierno propone ley para regular entidades de Banca de Inversión en El Salvador

    Gobierno propone ley para regular entidades de Banca de Inversión en El Salvador

    El Gobierno de El Salvador presentó esta semana a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de Ley de Entidades de Banca de Inversión, con el objetivo de regular la operación, servicios y funciones de este tipo de instituciones financieras especializadas, según confirmó la ministra de Economía, María Luisa Hayem.

    El proyecto busca ordenar legalmente la actividad de las entidades de banca de inversión que ofrecen gestión de activos, asesoría financiera especializada, estructuración de operaciones corporativas como fusiones y adquisiciones, financiamiento estructurado, derivados, análisis de mercado, operaciones de capitales e intermediación financiera.

    Estas entidades estarán dirigidas a inversionistas sofisticados, a quienes se les brindará un marco jurídico de servicios transparentes, confiables y ágiles, con el fin de fortalecer el ecosistema financiero del país y atraer inversiones de alto nivel.

    Según el Ministerio de Economía, la Ley de Entidades de Banca de Inversión busca facilitar el acceso a servicios financieros complejos que actualmente están limitados en el mercado salvadoreño, y fomentar una plataforma que contribuya a la modernización del sistema financiero nacional y al desarrollo económico sostenible.

    La normativa también pretende generar mayor confianza entre inversionistas extranjeros y nacionales, especialmente en sectores como infraestructura, energía, tecnología, y mercados emergentes, donde la asesoría financiera y la estructuración de proyectos son fundamentales.

    El documento fue presentado para su análisis y discusión ante el Pleno Legislativo. Se espera que sea asignado a la Comisión de Economía o Hacienda, y que avance hacia su aprobación en las próximas semanas, según el calendario legislativo.

  • El gobierno daría estos beneficios fiscales a personas y empresas que contraten a salvadoreños retornados

    El gobierno daría estos beneficios fiscales a personas y empresas que contraten a salvadoreños retornados

    El Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, que incluye incentivos fiscales para empresas y personas que contraten a salvadoreños retornados. El objetivo principal es promover la reinserción laboral de connacionales que regresan al país.

    El anteproyecto contempla que el Ministerio de Trabajo creará un registro oficial denominado “Empleos para Salvadoreños Retornados”, con el fin de identificar oportunidades laborales dirigidas a quienes fueron deportados o decidieron regresar voluntariamente a El Salvador.

    Según el texto de la iniciativa, las personas naturales o jurídicas que contraten a salvadoreños retornados podrán acceder a deducciones del impuesto sobre la renta, dependiendo de la cantidad de empleados contratados bajo esta modalidad.

    Las empresas deberán cumplir con requisitos como estar al día con sus obligaciones tributarias y de seguridad social, y haber operado en el sector formal durante al menos seis meses previos a la solicitud.

    Entre los beneficios fiscales que contempla la ley se encuentran:

    • Deducción equivalente a tres salarios mínimos legales vigentes si contratan entre dos y seis personas retornadas.
    • Deducción de cuatro salarios mínimos si contratan entre siete y doce.
    • Deducción de cinco salarios mínimos si emplean a más de trece personas retornadas.

    Estos incentivos solo aplicarán en el año fiscal en que se realicen las contrataciones y siempre que se compruebe el pago efectivo de los salarios acordados, ya que no serán acumulables para ejercicios fiscales posteriores.

    La fiscalización y control de las deducciones estará a cargo del Ministerio de Hacienda. El proyecto de ley será evaluado por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.

     

     

  • Gobierno propone incentivos de hasta $100,000 para la diáspora en nueva ley

    Gobierno propone incentivos de hasta $100,000 para la diáspora en nueva ley

    El Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, con el fin de establecer un marco legal que incentive el retorno o establecimiento temporal de salvadoreños que residen en el exterior, mediante estímulos económicos y sociales de hasta $100,000.

    La normativa contempla la creación del Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana, que será responsable de diseñar la Política Nacional sobre Movilidad Humana y coordinar programas públicos de asistencia, así como gestionar cooperación internacional en esta materia.

    Entre los principales beneficios que ofrece la iniciativa se encuentra la exención total de impuestos para la importación del menaje de casa del grupo familiar, por única vez, siempre y cuando el valor no supere los $100,000. Además, permite la importación libre de impuestos de dos vehículos livianos para uso personal, con la condición de que no sean considerados chatarra.

    También se contempla la importación de vehículos de trabajo, catalogados como herramientas laborales, y la exención de aranceles para bienes, insumos, equipos y herramientas relacionadas con el oficio o actividad productiva del retornado, dentro del primer año de su regreso al país.

    Para acceder a estos beneficios, los salvadoreños deberán presentar una declaración jurada ante la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, establecer un domicilio en El Salvador y realizar la modificación respectiva en su Documento Único de Identidad (DUI). Quedan excluidos quienes tengan alertas migratorias, órdenes de captura o restricciones de ingreso.

    Con la aprobación de esta nueva ley, se derogará la actual Ley Especial Transitoria de Incentivos y Tratos Preferenciales, que otorgaba beneficios fiscales por hasta $70,000 en menaje de casa.

  • Corte de Cuentas audita uso de fondos en alcaldías de San Salvador, Chalatenango y La Libertad

    Corte de Cuentas audita uso de fondos en alcaldías de San Salvador, Chalatenango y La Libertad

    La Corte de Cuentas de la República (CCR) informó que se encuentra auditando el uso de los fondos públicos en egresos y gastos de alcaldías de los departamentos de San Salvador, Chalatenango y La Libertad. La entidad no detalló el período administrativo que están examinando en las alcaldías.

    La entidad fiscalizadora aseguró el jueves que están revisando «detalladamente cada una de las partidas contables» del municipio de San Salvador Sur como parte de un examen especial a los ingresos y gastos de la alcaldía conformada por los distritos de Panchimalco, Rosario de Mora, San Marcos, Santo Tomás y Santiago Texacuangos.

    En San Salvador Centro están auditando el uso de fondos públicos en cuanto al pago de remuneraciones e indemnizaciones de empleados; gasto en combustible y la adquisición de bienes y servicios. El municipio está integrado por los distritos de San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo.

    Mientras que en la alcaldía de Chalatenango Sur se encuentra verificando el uso de fondos públicos en el pago de remuneraciones, adquisiciones de bienes y servicios, ejecución de programas y en los convenios firmados con el Instituto Crecer Juntas y con el Circulo Comunitario de Atención Integral para la Primera Infancia (CAIPI).

    Programas auditados en Chalatenango Sur:

    • Compra de abono para producción agrícola.
    • Compra de materiales y herramientas de ferretería.
    • Compra de productos alimenticios para afectados por lluvias de 2024.

    La alcaldía de La Libertad Costa también está siendo auditada con un examen especial sobre ingresos, gastos y ejecución de proyectos. La revisión inició en marzo y se prevé que concluya a finales de julio. Los distritos intervenidos son Chiltiupán, Jicalapa, Tamanique, La Libertad y Teotepeque.

    Por último, la alcaldía de La Libertad Este también fue auditada sobre sus ingresos, gastos y ejecuciones de proyectos para «verificar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos» aunque no se detallaron los hallazgos del mismo.

  • Diputadas opositoras cuestionan falta de transparencia en funcionamiento de agromercados

    Diputadas opositoras cuestionan falta de transparencia en funcionamiento de agromercados

    Diputadas de los partidos de oposición Arena y Vamos cuestionan la falta de transparencia en el funcionamiento de los agromercados que forman parte del plan económico de este gobierno para este quinquenio y además lo que consideran el nulo apoyo a los productores nacionales.

    El miércoles 23 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó orientar $20 millones al MAG, para crear y fortalecer nuevos agromercados y una nueva central de abastos, pero la iniciativa explica mayores detalles.

    “Lo legal es que en ese decreto que se aprobó, se especificara a cuáles agromercados se fortalecerá y cuáles se crearán, para que la población conozca y no hacer mal uso de los fondos asignados y otro problema es que no hay una política pública que desarrolle la agricultura en el país y no se les ha apoyado a los agricultores, no ha habido un apoyo real”, cuestionó la diputada Villatoro.

    Por su parte, la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, dijo que a un año que se anunciaron los agromercados como parte del despegue económico y con una asignación que ya suma más de $50 millones, no se puede dejar de lado que no ha habido una rendición de cuentas por parte del Ejecutivo.

    “Falta esa rendición de cuentas, no sabemos en qué se está gastando el dinero, por un lado y por otro qué se está haciendo en favor de nuestros agricultores, porque si bien hay cierto alivio económico para la gente, pero debe haber claridad. Se debe transparentar, rendir cuentas, decir hacia dónde se está yendo el gasto público, el tiempo de ejecución”, aseveró Rivas.

    Toda esta problemática, aseguran las legisladoras que es una de las consecuencias de tener a un ministro de agricultura que “desconoce” del tema.

    “Esta es la importancia de tener un buen ministro que esté en la cartera de Agricultura, porque si conociera como funciona la producción nacional y mejorarla y apoyarla, no tendríamos la necesidad de estar buscando productos afuera, pudiendo nosotros producir en nuestro país”, señaló Villatoro.

    En esta misma sintonía Rívas critica que “qué se puede esperar de un ministerio donde han pasado varios ministros y que haya alguien sin competencias, sin claridad nos pasa factura a todos y por eso vemos que no se ataca la raiz del problema, que es no tener soberanía alimentaria ya que tenemos un ministerio que se preocupa más de publicidad y no de llegar con los agricultores y fomentar nuestra producción”, recalcó la diputada de Vamos.

    Actualmente, según datos del gobierno, existen en el país 61 agromercados a nivel nacional.

  • RNPN comprará medicamentos para clinica empresarial por más de $8,000

    RNPN comprará medicamentos para clinica empresarial por más de $8,000

    El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) emitió dos ordenes de compras para medicamentos, insumos y equipo médico y producto químico para la clínica empresarial de la institución por más de $8,000 para 2025 según consta en documentos del portal de transparencia.

    Las dos ordenes de compra fueron emitidas el 11 de julio y firmadas por el presidente del Registro, Fernando Velasco. La primera orden corresponded al número 5929 para la compra de 50 frascos de alcohol etílico de 90 grados. En esta compra se han destinado $200 y la adquisición fue pedida a Falmar S.A. de C.V.

    La segunda orden fue emitida con el código 5930 para Indufarma S.A de. C.V por $8,133.37 para la compra de al menos 70 insumos, productos y equipo médico como acetaminofén, sueros, catéter, jeringas, agujas, gasas, curitas, parches, hojas de bisturí, tijeras. y termómetros.

    Los productos más solicitados son:

    • 350 apósitos.
    • 200 sudagrip.
    • 200 vendas.
    • 150 bolsas para esterilizar.

    En ambas ordenes se indica que los productos deben ser entregados en la clínica empresarial del RNPN, ubicada sobre la alameda Manuel Enrique Araujo en el edificio Carbonell N1. Los productos deben ser entregados de una sola vez.

    Asimismo, la institución ha solicitado que los medicamentos tengan una expiración de dos años. El pago deberá realizarse de una sola en un plazo que va de los 30 a los 60 días. El RNPN se reserva el derecho de imponer penalidades si los productos son entregados fuera del plazo o sin cumplir con las especificaciones.

    El RNPN buscó en abril adjudicar un contrato para la confección de uniformes para sus empleados por $72,000 del fondo general para adquirir pantalones, camisas, blusas, blazers, chaquetas, capas y filipinas que sumaban 3,000 piezas de ropa.

  • Hacienda pide a diputados aprobar modificación de crédito para Fovial por $150 millones

    Hacienda pide a diputados aprobar modificación de crédito para Fovial por $150 millones

    El ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada, pidió este miércoles a la Asamblea Legislativa autorizar una segunda modificación al crédito revolvente que mantiene el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el objetivo de incrementar en $150 millones los fondos disponibles para inversión vial.

    La nueva solicitud elevaría el monto autorizado del Contrato de Línea de Crédito Revolvente No. 2310 a $400 millones. Posada solicitó que se faculte al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para que, en representación del Estado salvadoreño, suscriba la modificación al Contrato de Garantía Soberana del Estado, respaldo legal que permite la ejecución de esta operación financiera.

    El crédito fue originalmente firmado el 9 de diciembre de 2022 por un monto de hasta $100 millones. Posteriormente, el 14 de agosto de 2024, el FOVIAL y el BCIE acordaron una primera modificación para incluir un Tramo B por $150 millones, alcanzando entonces un total de $250 millones.

    El pasado 27 de mayo de 2025, el Directorio Ejecutivo del BCIE aprobó una segunda ampliación por hasta $150 millones, a solicitud del FOVIAL, para fortalecer la capacidad de respuesta del país en obras de infraestructura vial.

    Según el contrato, el crédito tiene un plazo inicial de 12 meses prorrogables desde su entrada en vigencia, y puede ser extendido por periodos adicionales de hasta tres años, si así lo determina el banco regional a petición del prestatario.

    La solicitud de Hacienda será analizada el lunes 28 de julio por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

     

     

  • Más de 14,000 servidores públicos han sido capacitados en Escuela de Administración Pública desde 2021

    Más de 14,000 servidores públicos han sido capacitados en Escuela de Administración Pública desde 2021

    Más de 14,000 empleados públicos han recibido capacitaciones en la Escuela Superior de Innovación en Administración Pública (ESIAP) desde 2021, cuando fue fundada por decreto ejecutivo. Las capacitaciones están habilitadas para servidores públicos de todos los puestos del gobierno.

    La directora de la ESIAP, Claudia de Larín, dijo durante la Entrevista AM que son más 14,000 empleados públicos de 113 instituciones del Estado los que han recibido capacitaciones, lo que considera «un orgullo» tomando en cuenta que es «un alcance significativo en un tiempo bastante corto».

    Larín explicó que la institución que dirige se encarga de acompañar el «fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos para garantizar la correcta implementación» de los proyectos gubernamentales.

    «A la fecha hemos logrado impactar la vida de más de 14,000 servidores públicos, pertenecientes a más de 113 instituciones y esto nos llena de orgullo porque hemos logrado tener un alcance bastante significativo en un tiempo bastante corto, reconociendo que la escuela nace en el 2021». Claudia de Larín, directora de la Escuela Superior de Innovación en Administración Pública (ESIAP).

    La funcionaria detalló también que cualquier empleado público puede acceder a las capacitaciones que ofrece la ESIAP, pues cuentan con formaciones «desde niveles operativos, jefaturas y alta dirección», lo cual, considera que «permite estandarizar las competencias» de los servidores.

    «Estamos contribuyendo a la modernización del Estado», afirmó Larín, quien también dijo que han logrado establecer alianzas con instituciones educativas a nivel nacional e internacional como el Instituto Tecnológico de Monterrey (Tec) para ofrecer un programa de maestrías sobre políticas públicas.

    Añadió que están teniendo acercamientos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para facilitar formaciones para empleados de «unidades ejecutoras de los proyectos de financiamiento de ambos bancos».

    La entidad educativa cuenta con una certificación en administración pública para empleados de todos los niveles, donde tienen más de 14,000 participantes que están cursando nueve módulos. Además, ofrecen maestrías y cursos más especializados.

  • Movimiento pide declarar inconstitucional Ley de Agentes Extranjeros por «criminalizar a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos»

    Movimiento pide declarar inconstitucional Ley de Agentes Extranjeros por «criminalizar a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos»

    El Movimiento por la Defensa por los derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) pidió este jueves declarar inconstitucional la nueva Ley de Agentes Extranjeros, que inició su vigencia el pasado 7 de junio y que ha sido cuestionada por limitar el derecho de asociación y expresión.

    Guillermo Antonio García Bernabé y Luis Baltazar Rivera García del Movimiento presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional contra la Ley de Agentes Extranjeros por considerar que atenta contra las organizaciones de sociedad civil.

    Silvia Navarrete, miembro del Movimiento explicó que en el análisis de la ley identificaron que «al menos violenta de manera flagrante una decena de artículos de la Constitución de la República, especialmente los referidos a legalidad, igualdad, derechos de expresión, organización y participación.

    «La Ley de Agentes Extranjeros busca criminalizar a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos como el caso de Ruth López, Enrique Anaya y otros defensores, quienes han denunciado públicamente violaciones de derechos humanos e indicios de actos de corrupción de los funcionarios». Silvia Navarrete, miembro del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora.

    Morena Murillo, también miembro del Movimiento aseguró que en la demanda piden como medida cautelar que la Sala de lo Constitucional suspenda temporalmente la vigencia de la normativa «hasta que emita una resolución definitiva sobre nuestro demanda de inconstitucionalidad».

    La semana pasada, la organización Cristosal anunció el cierre de operaciones en El Salvador, por considerar la situación del país como «insostenible de acoso estatal», por la captura de la jefa Anticorrupción y Justicia, Ruth López y por la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros.

    La ley fue aprobada el 20 de mayo por la Asamblea Legislativa, fue publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo e inició su vigencia el 7 de junio. La normativa impone un impuesto del 30 % sobre los fondos que se reciban desde el extranjero.

    Asimismo, otorgó un plazo de 90 días para que cualquier persona u organización que recibe fondos desde el extranjero pueda inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) y limita que los mismos participen en actividades «políticas».

    El Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC) aseguró que la normativa permite el cierre «arbitrario de organizaciones de la sociedad civil» y a la prensa «como represalia por sus labores para combatir la corrupción y la impunidad».

    Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos humanos de las Naciones Unidas (OHCHR) dijo estar preocupada por el «lenguaje ambiguo y disposiciones que podrían restringir indebidamente los derechos a la liberar de asociación y expresión».

  • Asamblea inicia proceso para elegir nuevo procurador de Derechos Humanos

    Asamblea inicia proceso para elegir nuevo procurador de Derechos Humanos

    La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles, con dispensa de trámite y con 59 votos a favor, el inicio del proceso de elección del nuevo titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

    La propuesta fue presentada por el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, y contó con el respaldo de diputados de Arena. El partido Vamos decidió no votar. La actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, dejará el cargo el 15 de octubre, cuando concluye su período.

    Según el aviso aprobado, los interesados en postularse deberán presentar su hoja de vida y la documentación requerida en la recepción de correspondencia de la Asamblea Legislativa, a más tardar el 15 de agosto, en horario hábil de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

    Para aspirar al cargo de procurador para la Defensa de los Derechos Humanos se requiere ser salvadoreño, mayor de 35 años, pertenecer al estado seglar, contar con título universitario y una trayectoria comprobada en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, así como reconocida moralidad y competencia profesional.

    La actual procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, culmina su periodo el 15 de octubre.

    Además, los aspirantes deberán presentar constancias emitidas por la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Dirección General de Centros Penales, y la Policía Nacional Civil. También se exige una certificación del Tribunal Supremo Electoral que acredite la no afiliación partidaria, así como una solvencia del Ministerio de Hacienda.

    El procurador de Derechos Humanos tiene como función principal velar por el respeto y la garantía de los derechos fundamentales, además de investigar casos de violaciones, asistir a las víctimas, supervisar a la administración pública, emitir informes, promover reformas legales, realizar inspecciones, y educar a la ciudadanía sobre el respeto a los derechos humanos.

    Entre sus atribuciones también figura la vigilancia del trato a personas privadas de libertad y la potestad de promover recursos judiciales o administrativos en defensa de los derechos humanos.