La Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo colectivo que sirve para pagar pensiones vitalicias y mínimas financiada con fondos de los trabajadores cotizantes de las AFP (administradoras de fondos para pensiones), se quedará sin reservas, pronosticó también la calificadora S&P Global Ratings, que esta semana mantuvo la perspectiva “estable” para El Salvador con una situación fiscal desafiante.
S&P advirtió en un comunicado de prensa que podría bajar las calificaciones para El Salvador “en los próximos 6 a 12 meses” si los déficits fiscales se mantienen “elevados” agravado por el final del periodo de gracia que goza actualmente la deuda del Estado con los ahorros para las pensiones administrados por las AFP; y también advirtió que podría subir estas perspectivas “en los próximos 12 a 18 meses” si se mejora el desempeño fiscal.
Durante su horizonte de proyección, la calificadora informó en el comunicado: “Esperamos que el fondo de solidaridad para el sistema de pensiones de contribución definida se quede sin reservas”.
En su evaluación, la calificadora hace proyecciones hasta el año 2028.
El agotamiento de la CGS fue prevista por el Estado antes de la reforma de 2022 cuando en 2020 advirtió que llegará a tener únicamente $3.03 millones en 2027 y que su saldo sería negativo en 2028 (-154.97 millones).
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) también advirtió que la CGS se acabará en 2027 por la “generosidad de las pensiones” de los jubilados de la reforma de 2022 que dio beneficios “por encima de los ahorros acumulados en las cuentas individuales”.
El artículo 119 de la Ley integral de sistema de pensiones aprobada en diciembre de 2022 establece que “el último garante de los compromisos que asume la CGS” es el Estado y que si los fondos son insuficientes “le corresponderá concurrir al Estado”. El Estado aún no revela en qué consistirá la próxima reforma de pensiones a la cual se ha comprometido con el FMI.
La Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) es una cuenta colectiva creada en la reforma de 2017 que sirve para pagar pensiones cuando a los jubilados se les agotan sus ahorros individuales, para pagar pensiones vitalicias del Sistema de Pensiones Público (SSP), pagar Certificados de Traspaso y devolver ahorros a los afiliados que no cumplen requisitos de jubilación.
Es similar a un fondo solidario que les garantizó, a los cotizantes de las AFP, pensiones vitalicias.
Esta CGS es principalmente financiada con el 6 % de los ingresos de los cotizantes de las AFP (sistema privado de pensiones), una tasa aportada por los empleadores, así como una cotización especial de los pensionados por vejez.
Antes de la reforma aprobada en diciembre 2022, el Estado tenía la obligación de aportar a la CGS unos $160 millones (2.5 % de ingresos corrientes del presupuesto) pero esa obligación se derogó.
El 80 % de los ahorros prestados al Estado
La calificadora S&P aseguró que el 80 % de los ahorros de pensiones están prestado al Gobierno.
Explicó que para financiar “el déficit previsional”, es decir, lo que le hace falta al Estado para pagar pensiones, “la ley obliga a las AFP a comprar “certificados previsionales” que ascendieron al 30 % del PIB al 2024” y que en total sumaron el 46% del PIB en 2024, “de los cuales el 80% se prestaron al gobierno”.
Otro tema delicado: el fin del periodo de gracia
Otro tema delicado de las obligaciones del Estado con las pensiones es que pronto finalizará el periodo de gracia concedido por las AFP para que el Estado siga pagando –capital e intereses– de lo que ha tomado prestado del ahorro de los cotizantes de las AFP.
S&P recordó que en 2023 el gobierno reperfiló la deuda con las AFP por certificados de largo plazo, que incluyeron un período de gracia de cuatro años en intereses y capital.
La calificadora advirtió que el gobierno no ha dicho cómo enfrentará estos pagos, e incluso señaló que podría haber una baja de calificación a El Salvador si hay déficits fiscales elevados y que ello subiría la probabilidad de incumplimiento de pago ante el fin de dicho periodo de gracia.
En nuestra opinión, el fin del período de gracia del servicio de la deuda con los fondos de pensiones privados en 2027 aumentará la carga de intereses y mitigará cualquier ganancia esperada en superávit primario”. Calificadora S&P.
“Una mayor claridad sobre la estrategia del gobierno para afrontar el fuerte aumento en los futuros pagos de deuda a los fondos de pensiones privados fortalecería la calidad crediticia”, indicó.
Sin embargo, reconoció una reducción del déficit del Sistema Público de Pensiones (SPP) “debido a una estrategia de inversión más conservadora” aunque prevén que el sistema público de pensiones “seguirá dependiendo” de los fondos ahorrados en las AFP “para financiar sus déficits”.
La expectativa sigue estando en la reforma previsional que el gobierno debe aprobar en 2026 según sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
