La Asamblea Legislativa aprobó este jueves el “Régimen especial para incentivar y facilitar las inversiones de alto valor en El Salvador” a personas o empresas que trasladen su dinero o activos a El Salvador por al menos $2,000 millones.
A estos les exonerarán los impuestos sobre la renta, impuestos a transferencia de inmuebles, impuestos municipales y aranceles por las importaciones relacionadas a las actividades de inversión.
Los beneficiados podrán ser extranjeros o salvadoreños radicados en el exterior desde al menos un año.
Las inversiones podrán ser: aportes a capital a constitución de sociedades mercantiles o suscripción de acciones, aportes para compras de bienes inmuebles situados en El Salvador, otorgamiento de préstamos para nuevas inversiones a personas o empresas domiciliadas en el país, aportes a capital para compra de plantas industriales, maquinaria, repuestos, materias primas, productos terminados o intermedios, bienes intangibles, propiedades intelectuales sobre distintivos comerciales y patentes sobre servicios técnicos o desarrollo de nuevas tecnologías o aporte de conocimientos administrativos.
El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que “estos capitales y estas inversiones que van a llegar al país generarán empleos de altísimo nivel, de muy buena calidad, que al final se van a traducir en buenos salarios”. «Es un encadenamiento que estamos creando que no se ha visto en la historia del país», prometió.
«Si queremos transformar el PIB del país, debemos apuntar a ser sede de inversiones de alto impacto, inversiones que nos permitan transformar realmente la economía de El Salvador y multiplicarla en los próximos años… Capitales que van a generar no solo un gran impacto en la economía sino un derramamiento económico a todo nivel». William Soriano, diputado de Nuevas Ideas.
Según el diputado Mauricio Ortiz, del mismo partido, estas nuevas inversiones beneficiará a El Salvador con: “empleo masivo y recaudación por salarios”, pago de cotizaciones al Seguro Social y a las AFP, contratación de proveedores que generarán riquezas en sus patrimonios, activación de sectores como construcción, transporte y logística, aumento de consumo y mayor recaudación de impuestos por consumo, e inversión estatal en infraestructura por el aumento de la recaudación.
La ley establece las sanciones relacionadas a la obligación de inscribirse según los artículos 235 y 237 del Código Tributario; y relacionadas a no informar sobre el registro de inversiones o del patrimonio, el artículo 241 del mismo Código.
El decreto fue aprobado con 56 votos de Nuevas Ideas. Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.
