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Los propietarios de los inmuebles con un deterioro irreversible ubicados en el Centro Histórico de San Salvador deberán demoler dichas estructuras según un nuevo lineamiento aprobado por la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN).

La Comisión Especial de Diagnóstico y Vulnerabilidades identificará amenazas o riesgos en las construcciones, edificaciones o inmuebles del Centro Histórica, informará a la Autoridad, y gestionará que se realicen las acciones necesarias para erradicar los riesgos.

Dicha comisión emitirá una resolución final “establecerá el proceso de demolición que el propietario del inmueble deberá seguir cuando, tras el informe de diagnóstico, se determine y ratifique que estos alcanzan niveles de riesgo alto y muy alto”.

Nivel de riesgo alto y mul alto es considerado cuando el daño es “irreversible” en la infraestructura; y el nivel de riesgo bajo y medio se da cuando es reversible.

Si el propietario no ejecuta las acciones de demolición en el plazo determinado por la Autoridad, esta coordinará las acciones para demoler y el costo “será trasladado al propietario del inmueble, quien deberá cancelarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la notificación”.

El reglamento “Lineamiento para diagnóstico, prevención y mitigación de riesgos en la delimitación territorial en el Centro Histórico de San Salvador” fue emitido el 2 de octubre, es publicado en el Diario Oficial del 14 de octubre y estará vigente desde mañana miércoles 22 de octubre.

La APLAN argumentó que el Centro Histórico “ha sido históricamente afectado por actividades sísmicas de considerable magnitud” y que “muchos” inmuebles han soportado diversos terremotos y presentan vulnerabilidades que comprometen su estabilidad. “El derecho de propiedad reconocido constitucionalmente no es absoluto, sino que debe ejercerse en armonía con el interés general”, dice.

El director de energía, hidrocarburos y minas, Daniel Álvarez, calcula que el potencial de la aplicación de la «Ley de fomento para el uso de la energía renovable», que exime de impuestos la compra de equipo o su mantenimiento para este tipo de energía, es de un millón de usuarios residenciales de un total de dos millones en El Salvador.

Además de los proveedores de estos sistemas, podrán aplicar solo usuarios finales, ya sea residenciales o empresas, que tendrán el derecho de reinyectar los excedentes de energía eléctrica que generen o almacenen a cambio de una tarifa. Un usuario final adquiere la energía para su uso propio.

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, le preguntó al titular de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) cuál es el potencial que podría implementarse en El Salvador «a nivel de hogares». El funcionario calculó que es al menos un millón de hogares.

«Es autoconsumo para nuestras casas aprovechando la radiación solar y que eso genere un dinamismo en la economía. ¿Cuánto potencial tenemos? Bueno, son dos millones de usuarios residenciales, de los cuales un millón tienen más o menos este consumo, va enfocado a estos, a los que tienen ese consumo y que realmente tengan una… eh, que sean autosostenibles y que tengan un incentivo para poder tener este tipo de tecnología».

Daniel Álvarez, director de Energía, Hidrocarburos y Minas.

Según Álvarez, la ley busca fomentar el autoconsumo de energía renovable y la transferencia de excedentes a la red de distribución a la que deberán conectar sus sistemas.

El precio del excedente lo pondrá la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) a través de un pliego tarifario que pondrá en un reglamento.

La ley, que podría ser aprobada este martes, beneficiará con exenciones fiscales a estos usuarios finales cuando adquieran sistemas de energía renovable para su consumo, contraten su mantenimiento.

El beneficio fiscal se extiende también para los proveedores de estos sistemas o servicios de mantenimiento.

La exención de IVA y aranceles será verificada por la Defensoría del Consumidor. Sin embargo, las exenciones no se podrán aplicar para directivos, socios o personal de las empresas beneficiarias, sus familiares o las empresas relacionadas a las mismas. Esta ley tampoco podrá beneficiar a empresas generadoras de energía.

Requisitos para proveedores y usuarios

Los proveedores beneficiados deberán estar inscritos en Hacienda como contribuyentes de IVA, deberán estar solventes y recibir la calificación de la Siget.

Los proveedores deberán llevar un «registro completo del uso de los incentivos fiscales» y presentar las respectivas declaraciones tributarias, en las cuales podrán realizar comprobaciones de declaraciones de los beneficiarios.

Mientras, los usuarios finales deberán anexar el documento tributario que le haya extendido el proveedor de equipo o de servicio de instalación o mantenimiento, para la comprobación de la deducción de su renta gravable, en la declaración del Impuesto sobre la Renta.

La Dirección de Impuestos Internos como la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda emitirán lineamientos.

Uno de los objetivos, según el director de Energía, es que los hogares aprovechen la radiación solar para su consumo y que los excedentes sean utilizados por la red de distribución.

La energía renovable es la que se obtiene por medio de recursos como hidroeléctrico, geotérmico, eólico, solar, biomasa o biogás.

Norma actual: un «descuento» en la facturación

Actualmente, el usuario final productor no recibe ningún tipo de pago por la energía eléctrica inyectada a la red de distribución, ya que la distribuidora calcula la energía consumida y, si se inyectan excedentes, se refleja «un descuento en la facturación».

Sin embargo, según la «Norma para usuarios finales productores de energía eléctrica con recursos renovables», emitida el 22 de agosto de 2017, el usuario puede firmar un contrato de venta de excedentes de energía que «excepcionalmente inyecte a la red».

Esta norma indica que el usuario final que quiere instalar una unidad de generación de energía de fuente renovable para su consumo debe notificar a la empresa distribuidora y solicitarle el cambio de equipo de medición.

Uno de los requisitos es que la producción de la unidad debe ser menor que el consumo promedio mensual; de lo contrario, la Siget presume que la instalación busca comercializar los excedentes de energía.

Dicha norma, que sería actualizada con la aprobación de la nueva ley, si el objetivo es comercializar parte o la totalidad de la energía, el usuario debe inscribirse como operador generador o como operador comercializador.

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) aprobó un nuevo instructivo que regula la aprobación de lotificaciones y parcelaciones, autorizando que los trámites se realicen de manera gratuita hasta que un decreto legislativo regule el cobro de las tasas por el servicio.

El MAG aprobó el acuerdo ministerial número 152 el 23 de septiembre de 2025 y derogó el acuerdo número 117 del 30 de julio de 2025. Se trata de un nuevo “Instructivo regulador para aprobación de lotificaciones y parcelaciones agrícolas”, que incluyó como uno de los requisitos del trámite la presentación de la factura de pago en la colecturía de la Dirección General de Ordenamiento Forestal de Cuencas y Riego (DGFCR).

El Ministerio de Hacienda, sin embargo, le informó al MAG que no es viable la inclusión de dichos servicios en el pliego tarifario, ya que es competencia de la Asamblea Legislativa. El MAG le había solicitado al Ministerio de Hacienda “la inclusión de dicho servicio al Pliego Tarifario para la venta de bienes y servicios del Fondo de Actividades Especiales (FAE) de la DGFCR.

Sin embargo, según el considerando VII del acuerdo, Hacienda les respondió que según la sentencia 110-2013 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, del 26 de octubre de 2015, “no es viable la inclusión de tales servicios en el pliego tarifario, ya que es competencia exclusiva de la honorable Asamblea Legislativa”.

Por ello, el MAG aprobó un nuevo instructivo sin el cobro con aplicación retroactiva, y argumentó que es “necesario” someter a consideración un anteproyecto de regulación de tasas por servicios ante la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

“El presente instructivo tendrá efectos retroactivos a partir de su entrada en vigencia para las solicitudes ingresadas previos a su aprobación”, indica el artículo 12 del nuevo instructivo, publicado en el Diario Oficial del 13 de octubre de 2025.

La “Ley de creación de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT)” excluyó de la aplicación de dicha normativa las las lotificaciones o parcelaciones agrícolas, función que estableció “serán competencia del MAG”, que delegó a la DGFCR.

El instructivo define una parcelación agrícola como división de un inmueble para venderlo o arrendarlo por lotes con el fin de destinarlo a la producción de hortalizas, frutales o plantas medicinales, cereales o para la producción agropecuaria.

La lotificación o parcelación debe tener un área mínima de dos manzanas o 13,977.92 metros cuadrados, y cada parcela debe ser igual o mayor a una manzana; y el instructivo no permite subparcelaciones o sublotificaciones de los inmuebles.

Esta modificación se realizó al artículo 33 del proyecto de ley, que regula las «exclusiones de la aplicación de esta ley», una de las cuales es las «lotificaciones o parcelaciones agrícolas», a esta exclusión le fue agregado «las cuales serán competencia del MAG».

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un dictamen favorable de la “Ley de fomento para el uso de la energía renovable”, que exime de todo tipo de impuestos la compra y la importación de equipo para este tipo de energía o de su mantenimiento.

El beneficio no es para productores de energía sino para usuarios finales, ya sea residenciales o empresas.

En resumen, la ley exime de Impuesto sobre la Renta y su retención, IVA e impuestos a la importación para la importación, venta o comercialización de sistemas o equipamiento de energía eléctrica producidas por fuentes renovables convencionales o no, adquisición y equipamiento de dichos sistemas para autoconsumo de usuarios finales, y servicios de mantenimiento o equipamiento.

El director general de energía, hidrocarburos y minas, Daniel Álvarez, explicó a los diputados que la ley busca “incentivar a los usuarios finales, residenciales e industriales para la instalación de paneles solares” u otros medios de generación de energía renovable, así como para sus sistemas de almacenamiento de dicha energía.

“Si una casa, apartamento o negocio o empresa desea colocar un panel solar siempre deberá estar conectado a la red de la distribuidora eléctrica para garantizar el suministro permanente. El panel solar nada más reducirá el consumo durante el mayor tiempo posible del día”.

Daniel Álvarez, director de Energía y de CEL.

El funcionario reconoció que ya existe una norma para que los usuarios inyecten sus excedentes de energía a la red de distribución eléctrica pero explicó que lo quieren “elevar a rango de ley”: “Si bien existe normativa técnica que incentive esta actividad, queremos elevar esta normativa a rango de ley para que se puedan establecer beneficios finales claros, derechos de los usuarios finales y obligaciones para todos los actores a fin de garantizar el espíritu de la ley”.

La exención tendrá una duración de 10 años. En El Salvador existe una «Ley de incentivos fiscales para el fomento de las energías renovables en la generación de electricidad», aprobada en 2007 pero la exención se daba «los primeros 10 años» y por cinco años los ingresos por proyectos de generación de energía.

La Defensoría del Consumidor deberá velar por que “los beneficios dados sean reflejados en los precios a los usuarios finales”.

No podrá ser usado por generadores

El dictamen fue aprobado con una modificación sugerida por el director de Energía al artículo 6 para dejar claro que los «parámetros, criterios técnicos y financieros» se establecerán en un reglamento especial que será emitido por la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).

La Siget establecerá «un pliego tarifario» con las tarifas para reconocer los excedentes de energía eléctrica inyectados a la red de distribución.

“Para que no haya confusión y no haya abuso de parte de otros que lo vengan a querer utilizar como un generador, sino realmente lo que es, es autoconsumo, para nuestras casas, aprovechando la radiación solar que tenemos y que eso genere un dinamismo en la economía”, explicó Álvarez el cambio.

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que entendía que “actualmente o en tiempos anteriores el excedente se perdía de alguna reforma” y preguntó cómo se dará al excedente por ley. Álvarez le respondió que el reglamento dará los parámetros.

“Esto va específicamente para todos aquellos que en nuestra casa querramos tener este tipo de tecnología, no es que estemos creando microgeneradores. Sin embargo, si hay un excedente, que sea reconocido en la tarifa”, explicó.

La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, también preguntó si el beneficio es “solo para las empresas que van a importar o los salvadoreños van a tener este beneficio”. “Sí, de hecho esto es para ambos”, le respondió.

El también director de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) ejemplificó que en California se puede ver desde el avión que todas las viviendas tienen paneles solares. “Es para ambos, tanto para el usuario como las empresas”, reiteró.

La Dirección de Energía calcula que aproximadamente un millón de usuarios residenciales podrían aplicar a este tipo de tecnología e incentivó a las empresas a adquirir este tipo de tecnología, ya que aseveró los paneles solares han bajado de precio a la vez que la tecnología en baterías ha mejorado.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió aclarar si este decreto será un transitorio. «Si aquí al 2035 una persona o empresa compra un mecanismo de paneles solares, va a tener solo un año para gozar de esos incentivos. No queda claro, creo que habría que analizar si es un transitorio o quien compra los paneles tiene 10 años para gozar de esto. Creo que debería quedar claro», sugirió.

La diputada Dania González solo respondió: «Se toma nota» y luego sometió a votación el dictamen favorable por el cual votaron diputados de Nuevas Ideas y la diputada de Vamos. «Se aprueba por mayoría de los presentes», expresó la diputada González, quien preside la Comisión.