Categoría: Politica

  • Corte de Cuentas audita uso de fondos en alcaldías de San Salvador, Chalatenango y La Libertad

    Corte de Cuentas audita uso de fondos en alcaldías de San Salvador, Chalatenango y La Libertad

    La Corte de Cuentas de la República (CCR) informó que se encuentra auditando el uso de los fondos públicos en egresos y gastos de alcaldías de los departamentos de San Salvador, Chalatenango y La Libertad. La entidad no detalló el período administrativo que están examinando en las alcaldías.

    La entidad fiscalizadora aseguró el jueves que están revisando «detalladamente cada una de las partidas contables» del municipio de San Salvador Sur como parte de un examen especial a los ingresos y gastos de la alcaldía conformada por los distritos de Panchimalco, Rosario de Mora, San Marcos, Santo Tomás y Santiago Texacuangos.

    En San Salvador Centro están auditando el uso de fondos públicos en cuanto al pago de remuneraciones e indemnizaciones de empleados; gasto en combustible y la adquisición de bienes y servicios. El municipio está integrado por los distritos de San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo.

    Mientras que en la alcaldía de Chalatenango Sur se encuentra verificando el uso de fondos públicos en el pago de remuneraciones, adquisiciones de bienes y servicios, ejecución de programas y en los convenios firmados con el Instituto Crecer Juntas y con el Circulo Comunitario de Atención Integral para la Primera Infancia (CAIPI).

    Programas auditados en Chalatenango Sur:

    • Compra de abono para producción agrícola.
    • Compra de materiales y herramientas de ferretería.
    • Compra de productos alimenticios para afectados por lluvias de 2024.

    La alcaldía de La Libertad Costa también está siendo auditada con un examen especial sobre ingresos, gastos y ejecución de proyectos. La revisión inició en marzo y se prevé que concluya a finales de julio. Los distritos intervenidos son Chiltiupán, Jicalapa, Tamanique, La Libertad y Teotepeque.

    Por último, la alcaldía de La Libertad Este también fue auditada sobre sus ingresos, gastos y ejecuciones de proyectos para «verificar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos» aunque no se detallaron los hallazgos del mismo.

  • Diputadas opositoras cuestionan falta de transparencia en funcionamiento de agromercados

    Diputadas opositoras cuestionan falta de transparencia en funcionamiento de agromercados

    Diputadas de los partidos de oposición Arena y Vamos cuestionan la falta de transparencia en el funcionamiento de los agromercados que forman parte del plan económico de este gobierno para este quinquenio y además lo que consideran el nulo apoyo a los productores nacionales.

    El miércoles 23 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó orientar $20 millones al MAG, para crear y fortalecer nuevos agromercados y una nueva central de abastos, pero la iniciativa explica mayores detalles.

    “Lo legal es que en ese decreto que se aprobó, se especificara a cuáles agromercados se fortalecerá y cuáles se crearán, para que la población conozca y no hacer mal uso de los fondos asignados y otro problema es que no hay una política pública que desarrolle la agricultura en el país y no se les ha apoyado a los agricultores, no ha habido un apoyo real”, cuestionó la diputada Villatoro.

    Por su parte, la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, dijo que a un año que se anunciaron los agromercados como parte del despegue económico y con una asignación que ya suma más de $50 millones, no se puede dejar de lado que no ha habido una rendición de cuentas por parte del Ejecutivo.

    “Falta esa rendición de cuentas, no sabemos en qué se está gastando el dinero, por un lado y por otro qué se está haciendo en favor de nuestros agricultores, porque si bien hay cierto alivio económico para la gente, pero debe haber claridad. Se debe transparentar, rendir cuentas, decir hacia dónde se está yendo el gasto público, el tiempo de ejecución”, aseveró Rivas.

    Toda esta problemática, aseguran las legisladoras que es una de las consecuencias de tener a un ministro de agricultura que “desconoce” del tema.

    “Esta es la importancia de tener un buen ministro que esté en la cartera de Agricultura, porque si conociera como funciona la producción nacional y mejorarla y apoyarla, no tendríamos la necesidad de estar buscando productos afuera, pudiendo nosotros producir en nuestro país”, señaló Villatoro.

    En esta misma sintonía Rívas critica que “qué se puede esperar de un ministerio donde han pasado varios ministros y que haya alguien sin competencias, sin claridad nos pasa factura a todos y por eso vemos que no se ataca la raiz del problema, que es no tener soberanía alimentaria ya que tenemos un ministerio que se preocupa más de publicidad y no de llegar con los agricultores y fomentar nuestra producción”, recalcó la diputada de Vamos.

    Actualmente, según datos del gobierno, existen en el país 61 agromercados a nivel nacional.

  • RNPN comprará medicamentos para clinica empresarial por más de $8,000

    RNPN comprará medicamentos para clinica empresarial por más de $8,000

    El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) emitió dos ordenes de compras para medicamentos, insumos y equipo médico y producto químico para la clínica empresarial de la institución por más de $8,000 para 2025 según consta en documentos del portal de transparencia.

    Las dos ordenes de compra fueron emitidas el 11 de julio y firmadas por el presidente del Registro, Fernando Velasco. La primera orden corresponded al número 5929 para la compra de 50 frascos de alcohol etílico de 90 grados. En esta compra se han destinado $200 y la adquisición fue pedida a Falmar S.A. de C.V.

    La segunda orden fue emitida con el código 5930 para Indufarma S.A de. C.V por $8,133.37 para la compra de al menos 70 insumos, productos y equipo médico como acetaminofén, sueros, catéter, jeringas, agujas, gasas, curitas, parches, hojas de bisturí, tijeras. y termómetros.

    Los productos más solicitados son:

    • 350 apósitos.
    • 200 sudagrip.
    • 200 vendas.
    • 150 bolsas para esterilizar.

    En ambas ordenes se indica que los productos deben ser entregados en la clínica empresarial del RNPN, ubicada sobre la alameda Manuel Enrique Araujo en el edificio Carbonell N1. Los productos deben ser entregados de una sola vez.

    Asimismo, la institución ha solicitado que los medicamentos tengan una expiración de dos años. El pago deberá realizarse de una sola en un plazo que va de los 30 a los 60 días. El RNPN se reserva el derecho de imponer penalidades si los productos son entregados fuera del plazo o sin cumplir con las especificaciones.

    El RNPN buscó en abril adjudicar un contrato para la confección de uniformes para sus empleados por $72,000 del fondo general para adquirir pantalones, camisas, blusas, blazers, chaquetas, capas y filipinas que sumaban 3,000 piezas de ropa.

  • Hacienda pide a diputados aprobar modificación de crédito para Fovial por $150 millones

    Hacienda pide a diputados aprobar modificación de crédito para Fovial por $150 millones

    El ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada, pidió este miércoles a la Asamblea Legislativa autorizar una segunda modificación al crédito revolvente que mantiene el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el objetivo de incrementar en $150 millones los fondos disponibles para inversión vial.

    La nueva solicitud elevaría el monto autorizado del Contrato de Línea de Crédito Revolvente No. 2310 a $400 millones. Posada solicitó que se faculte al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para que, en representación del Estado salvadoreño, suscriba la modificación al Contrato de Garantía Soberana del Estado, respaldo legal que permite la ejecución de esta operación financiera.

    El crédito fue originalmente firmado el 9 de diciembre de 2022 por un monto de hasta $100 millones. Posteriormente, el 14 de agosto de 2024, el FOVIAL y el BCIE acordaron una primera modificación para incluir un Tramo B por $150 millones, alcanzando entonces un total de $250 millones.

    El pasado 27 de mayo de 2025, el Directorio Ejecutivo del BCIE aprobó una segunda ampliación por hasta $150 millones, a solicitud del FOVIAL, para fortalecer la capacidad de respuesta del país en obras de infraestructura vial.

    Según el contrato, el crédito tiene un plazo inicial de 12 meses prorrogables desde su entrada en vigencia, y puede ser extendido por periodos adicionales de hasta tres años, si así lo determina el banco regional a petición del prestatario.

    La solicitud de Hacienda será analizada el lunes 28 de julio por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

     

     

  • Más de 14,000 servidores públicos han sido capacitados en Escuela de Administración Pública desde 2021

    Más de 14,000 servidores públicos han sido capacitados en Escuela de Administración Pública desde 2021

    Más de 14,000 empleados públicos han recibido capacitaciones en la Escuela Superior de Innovación en Administración Pública (ESIAP) desde 2021, cuando fue fundada por decreto ejecutivo. Las capacitaciones están habilitadas para servidores públicos de todos los puestos del gobierno.

    La directora de la ESIAP, Claudia de Larín, dijo durante la Entrevista AM que son más 14,000 empleados públicos de 113 instituciones del Estado los que han recibido capacitaciones, lo que considera «un orgullo» tomando en cuenta que es «un alcance significativo en un tiempo bastante corto».

    Larín explicó que la institución que dirige se encarga de acompañar el «fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos para garantizar la correcta implementación» de los proyectos gubernamentales.

    «A la fecha hemos logrado impactar la vida de más de 14,000 servidores públicos, pertenecientes a más de 113 instituciones y esto nos llena de orgullo porque hemos logrado tener un alcance bastante significativo en un tiempo bastante corto, reconociendo que la escuela nace en el 2021». Claudia de Larín, directora de la Escuela Superior de Innovación en Administración Pública (ESIAP).

    La funcionaria detalló también que cualquier empleado público puede acceder a las capacitaciones que ofrece la ESIAP, pues cuentan con formaciones «desde niveles operativos, jefaturas y alta dirección», lo cual, considera que «permite estandarizar las competencias» de los servidores.

    «Estamos contribuyendo a la modernización del Estado», afirmó Larín, quien también dijo que han logrado establecer alianzas con instituciones educativas a nivel nacional e internacional como el Instituto Tecnológico de Monterrey (Tec) para ofrecer un programa de maestrías sobre políticas públicas.

    Añadió que están teniendo acercamientos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para facilitar formaciones para empleados de «unidades ejecutoras de los proyectos de financiamiento de ambos bancos».

    La entidad educativa cuenta con una certificación en administración pública para empleados de todos los niveles, donde tienen más de 14,000 participantes que están cursando nueve módulos. Además, ofrecen maestrías y cursos más especializados.

  • Movimiento pide declarar inconstitucional Ley de Agentes Extranjeros por «criminalizar a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos»

    Movimiento pide declarar inconstitucional Ley de Agentes Extranjeros por «criminalizar a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos»

    El Movimiento por la Defensa por los derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) pidió este jueves declarar inconstitucional la nueva Ley de Agentes Extranjeros, que inició su vigencia el pasado 7 de junio y que ha sido cuestionada por limitar el derecho de asociación y expresión.

    Guillermo Antonio García Bernabé y Luis Baltazar Rivera García del Movimiento presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional contra la Ley de Agentes Extranjeros por considerar que atenta contra las organizaciones de sociedad civil.

    Silvia Navarrete, miembro del Movimiento explicó que en el análisis de la ley identificaron que «al menos violenta de manera flagrante una decena de artículos de la Constitución de la República, especialmente los referidos a legalidad, igualdad, derechos de expresión, organización y participación.

    «La Ley de Agentes Extranjeros busca criminalizar a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos como el caso de Ruth López, Enrique Anaya y otros defensores, quienes han denunciado públicamente violaciones de derechos humanos e indicios de actos de corrupción de los funcionarios». Silvia Navarrete, miembro del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora.

    Morena Murillo, también miembro del Movimiento aseguró que en la demanda piden como medida cautelar que la Sala de lo Constitucional suspenda temporalmente la vigencia de la normativa «hasta que emita una resolución definitiva sobre nuestro demanda de inconstitucionalidad».

    La semana pasada, la organización Cristosal anunció el cierre de operaciones en El Salvador, por considerar la situación del país como «insostenible de acoso estatal», por la captura de la jefa Anticorrupción y Justicia, Ruth López y por la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros.

    La ley fue aprobada el 20 de mayo por la Asamblea Legislativa, fue publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo e inició su vigencia el 7 de junio. La normativa impone un impuesto del 30 % sobre los fondos que se reciban desde el extranjero.

    Asimismo, otorgó un plazo de 90 días para que cualquier persona u organización que recibe fondos desde el extranjero pueda inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) y limita que los mismos participen en actividades «políticas».

    El Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC) aseguró que la normativa permite el cierre «arbitrario de organizaciones de la sociedad civil» y a la prensa «como represalia por sus labores para combatir la corrupción y la impunidad».

    Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos humanos de las Naciones Unidas (OHCHR) dijo estar preocupada por el «lenguaje ambiguo y disposiciones que podrían restringir indebidamente los derechos a la liberar de asociación y expresión».

  • Asamblea inicia proceso para elegir nuevo procurador de Derechos Humanos

    Asamblea inicia proceso para elegir nuevo procurador de Derechos Humanos

    La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles, con dispensa de trámite y con 59 votos a favor, el inicio del proceso de elección del nuevo titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

    La propuesta fue presentada por el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, y contó con el respaldo de diputados de Arena. El partido Vamos decidió no votar. La actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, dejará el cargo el 15 de octubre, cuando concluye su período.

    Según el aviso aprobado, los interesados en postularse deberán presentar su hoja de vida y la documentación requerida en la recepción de correspondencia de la Asamblea Legislativa, a más tardar el 15 de agosto, en horario hábil de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

    Para aspirar al cargo de procurador para la Defensa de los Derechos Humanos se requiere ser salvadoreño, mayor de 35 años, pertenecer al estado seglar, contar con título universitario y una trayectoria comprobada en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, así como reconocida moralidad y competencia profesional.

    La actual procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, culmina su periodo el 15 de octubre.

    Además, los aspirantes deberán presentar constancias emitidas por la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Dirección General de Centros Penales, y la Policía Nacional Civil. También se exige una certificación del Tribunal Supremo Electoral que acredite la no afiliación partidaria, así como una solvencia del Ministerio de Hacienda.

    El procurador de Derechos Humanos tiene como función principal velar por el respeto y la garantía de los derechos fundamentales, además de investigar casos de violaciones, asistir a las víctimas, supervisar a la administración pública, emitir informes, promover reformas legales, realizar inspecciones, y educar a la ciudadanía sobre el respeto a los derechos humanos.

    Entre sus atribuciones también figura la vigilancia del trato a personas privadas de libertad y la potestad de promover recursos judiciales o administrativos en defensa de los derechos humanos.

  • Tres partidos reportan 49 donantes con aportes de hasta $6,000 durante 2024

    Tres partidos reportan 49 donantes con aportes de hasta $6,000 durante 2024

    Tres partidos políticos han reportado el ingreso de financiamiento privado a través de 49 donantes que han brindado aportaciones de los $5 hasta los $6,097.91 según el informe de Acción Ciudadana titulado el «Estado del acceso a la información de los ingresos y gastos de los partidos políticos salvadoreños 2024».

    El informe señala que el instituto político con mayores donaciones fue el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con $63,913.80 registrados el año pasado. Le siguió el partido Vamos con $17,920.36 recibidos de 31 donantes y Alianza Republicana Nacionalista (Arena) con $9,778.14.

    Para la realización del estudio solo entregaron la información contable y financiera los partidos Arena, Vamos, PDC y Democracia Salvadoreña (DS). Nuevas Ideas, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y el Partido de Concertación Nacional (PCN) no entregaron la información solicitada.

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    El informe indica que de los 10 donantes del PDC, los 10 son personas naturales; en cuanto a Vamos, también todos sus donantes son personas naturales y en Arena hay siete donantes que son personas naturales y un donante jurídico, además de 47 donaciones indeterminadas.

    Tres partidos reportaron haber recibido financiamiento privado de 49 donantes durante 2024.

    El PDC reportó que el rango de sus donaciones van desde los $15.65 hasta los $6,097.91; mientras que Vamos las donaciones fueron desde los $5 hasta los $1,000 y en Arena las aportaciones fueron desde los $20 hasta los $600. Las donaciones indeterminadas de Arena sumarían $7,402.14.

    El estudio también indica que Arena y PDC recibieron $2,521,273.86 en concepto de deuda política. Vamos renunció al financiamiento público el año pasado y DS no reporta financiamiento público ni privado. La Asamblea Legislativa eliminó este año el pago de deuda política para los partidos que compiten en las elecciones salvadoreñas.

    El Partido Demócrata Cristiano (PDC) recibió donaciones desde los $15.65 hasta los $6,097.91.
  • Asamblea solo elige a dos magistrados suplentes pese a propuesta inicial de Nuevas Ideas de siete candidatos

    Asamblea solo elige a dos magistrados suplentes pese a propuesta inicial de Nuevas Ideas de siete candidatos

    La Asamblea Legislativa eligió y juramentó este miércoles únicamente a dos magistrados suplentes para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pese a que al inicio del proceso, el oficialista partido Nuevas Ideas propuso candidatos para los siete cargos vacantes, algo de lo que luego se retractó.

    Durante la sesión plenaria, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, propuso inicialmente siete nombres para ocupar cargos como magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional y otras salas del máximo tribunal.

    Entre ellos figuraban Juana Corvera de Meléndez, Lila Margarita Rosa González, Oscar Antonio Canales para la Sala de lo Constitucional, así como a Linda Jacel Peraza Fuentes, Marta Alicia Ochoa Aragón, Raymundo Alirio Carballo Mejía e Ivonne Lizzette Flores González, para el resto de salas de la CSJ.

    Los primeros seis perfiles recibieron 57 votos favorables por parte de Nuevas Ideas y sus aliados. Sin embargo, previo a la votación por la última aspirante, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, decretó un receso cerca de las 5:30 p.m.

    Al retornar del receso, Guevara presentó una modificación de agenda, solicitando anular las propuestas anteriores y dejar sin efecto la votación realizada.

    Basándose en el artículo 90 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL), propuso elegir únicamente a Marta María Iglesias Majano y José Mauricio Cardoza Hernández como magistrados suplentes de la CSJ, para un período que concluirá el 23 de septiembre de 2033.

    “Queremos dejar sin efecto las siete propuestas que esta bancada hiciera y proponemos (…) a los profesionales Marta María Iglesias Majano y José Mauricio Cardoza Hernández”, expresó Guevara, sin dar mayores explicaciones sobre el cambio repentino.

    Ni Serafín Orantes del Partido de Concertación Nacional (PCN), ni Reinaldo Carballo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quienes inicialmente respaldaron la primera lista, se pronunciaron sobre la nueva moción.

    La votación nominal y pública aprobó la elección de Iglesias Majano y Cardoza Hernández, quienes fueron juramentados de inmediato como magistrados suplentes por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. La Corte Plena será la encargada de asignarlos a las salas correspondientes.

    Guevara no explicó cuándo se retomará el proceso de elección para cubrir los otros cuatro cargos restantes de magistrados suplentes en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, ni ofreció razones para revertir la votación de los seis aspirantes inicialmente aprobados.

  • Diputada arenera cree que “fue innecesario” que El Salvador participara en canje de prisioneros entre EEUU y Venezuela

    Diputada arenera cree que “fue innecesario” que El Salvador participara en canje de prisioneros entre EEUU y Venezuela

    La diputada de Arena, Marcela Villatoro, reiteró este miércoles su rechazo a que El Salvador recibiera a más de 250 ciudadanos venezolanos deportados por Estados Unidos, como parte de un canje diplomático con el régimen de Nicolás Maduro, y aseguró que el país no debía involucrarse en conflictos bilaterales ajenos.

    “Nunca estuvimos de acuerdo con que vinieran personas deportadas de otros países. Bastantes problemas tenemos como para que nos enviaran individuos de los que no sabemos si eran pandilleros o si estaban condenados”, expresó Villatoro.

    El intercambio ocurrió el pasado 18 de julio, cuando Venezuela liberó a diez ciudadanos estadounidenses y un grupo de presos políticos. A cambio, Estados Unidos trasladó a 252 venezolanos a El Salvador, donde permanecen en cárceles salvadoreñas, como parte del acuerdo alcanzado entre ambas naciones.

    “Esto fue una negociación entre Venezuela y Estados Unidos. El Salvador solamente albergó a estas personas en sus cárceles y las entregó como parte de ese trato. No debimos participar”, reiteró la legisladora opositora.

    Villatoro también señaló que el tema no pasó por el debido proceso dentro del país, ya que, según dijo, fue el presidente Nayib Bukele quien obedeció directamente lo que decidiera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    “Venezuela y Estados Unidos tomaron la decisión. Hubiéramos preferido que este tema no se manejara en territorio salvadoreño. Fue innecesario”, sentenció.

    Por su parte, la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, coincidió en que el acuerdo fue entre gobiernos extranjeros, y que El Salvador simplemente actuó como ejecutor del pacto entre Estados Unidos y Venezuela, quienes retomaron relaciones diplomáticas para favorecer a sus connacionales.

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que el acuerdo fue posible “gracias al liderazgo” del presidente Donald Trump, y agradeció también al presidente Bukele por facilitar el traslado de los venezolanos detenidos.