Redacción DEM ADMIN

Categoría: Politica

  • Asamblea aprueba $20 millones para nuevos agromercados y central de abastos en Usulután

    Asamblea aprueba $20 millones para nuevos agromercados y central de abastos en Usulután

    Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva modificación al Presupuesto General de la Nación para destinar $20 millones al Ministerio de Agricultura, con el objetivo de fortalecer los agromercados existentes y construir una nueva Central de Abastos en el departamento de Usulután.

    Durante la sesión plenaria, el único legislador que intervino fue el diputado oficialista Ricardo Rivas, presidente de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, quien aseguró que esta inversión permitirá que más de medio millón de familias tengan acceso a productos agrícolas de calidad a precios accesibles.

    “Con esta incorporación de estos $20 millones se va a permitir que los agricultores en pequeño puedan ser beneficiados y puedan ir y vender sus productos directo a los consumidores. Más de medio millón de familias van a ser beneficiadas con esta nueva central de abastos en el departamento de Usulután y no solo en Usulután, sino en departamentos aledaños”, afirmó Rivas.

    El diputado de Nuevas Ideas destacó que los agromercados ofrecen precios competitivos y representan un alivio para el bolsillo de los salvadoreños. Reiteró el respaldo de su bancada al presidente de la República para continuar impulsando proyectos de este tipo.

    “Nosotros como diputados de la bancada cian vamos a seguir dándole gobernabilidad a nuestro presidente, para que estos megaproyectos sigan avanzando”, añadió Rivas.

    Actualmente, según el Ejecutivo, en El Salvador funcionan 61 agromercados y con esta asignación se echarán a andar otros,  aunque no se especificó el número ni ubicación.

    Durante la exposición técnica ante la Comisión de Hacienda, la subdirectora general de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Michelle Arce de Aguilar, detalló que la Central de Abastos de Usulután será el primer mercado mayorista de este tipo en la zona oriental del país. El proyecto pretende conectar de forma directa a productores e importadores con los comerciantes.

    Dentro de los objetivos de la orientación de los recursos se “espera mejorar el sistema de distribución de alimentos y beneficiar tanto a los productores como a los consumidores”, según había explicado Arce.

     

  • Gobierno salvadoreño se niega a participar en audiencia de CIDH sobre defensores de DDHH

    Gobierno salvadoreño se niega a participar en audiencia de CIDH sobre defensores de DDHH

    El Gobierno de El Salvador se negó a participar este miércoles en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por estar en desacuerdo con el título de la sesión pública, en la que organizaciones humanitarias denunciarían la detención, persecución y exilio de activistas.

    La comisionada Andrea Pochak señaló que el Gobierno de Nayib Bukele avisó su declinación momentos antes del inicio de la sesión mediante una carta.

    «(El Salvador) expresa su preocupación por el título de la audiencia, ya que considera que el mismo ya contiene un sesgo inherente, sugiriendo que la CIDH da por ciertos los señalamientos de la solicitud de los peticionarios», dijo El Salvador, según indicó Pochak.

    Agregó que El Salvador manifestó que esto «es incompatible con el principio de soberanía nacional, pues somete de manera anticipada al Estado frente a argumentos meramente especulativos y no comprobados».

    La referida audiencia pública se tituló ‘El Salvador: Consecuencias del cierre del espacio cívico para las personas defensoras de derechos humanos’.

    Esta no es la primera vez que el Gobierno salvadoreño se niega a participar en audiencias de la CIDH, según explicó Pochak, ya que declinó en al menos seis sesiones entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

    Recientemente, la organización Cristosal anunció el cierre de sus operaciones en El Salvador a raíz de una «escalada represiva» contra activistas por el Ejecutivo de Nayib Bukele.

    En tanto, otras organizaciones han dejado de expresarse públicamente como medida de seguridad o han reducido sus acciones ante la aprobación de una Ley de Agentes Extranjeros y la reducción de la cooperación internacional.

    El Gobierno de Bukele ha recibido críticas en las últimas semanas por las detenciones de al menos cinco activistas y críticos de su Administración.

    Entre estos se encuentra la abogada anticorrupción Ruth López, reconocida en 2024 por la BBC como una de las mujeres más influyentes, el abogado constitucionalista Enrique Anaya, el abogado ambientalista Alejandro Enríquez, el pastor y líder comunitario José Ángel Pérez y el portavoz de una organización humanitaria Fidel Zavala.

    También se conoció la salida de la activista y directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, tras conocer sobre una posible «detención arbitraria» en su contra.

  • Asamblea avala garantía soberana para préstamo de $93 millones para proyecto de universalización de energía eléctrica en El Salvador

    Asamblea avala garantía soberana para préstamo de $93 millones para proyecto de universalización de energía eléctrica en El Salvador

    La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una garantía soberana para un préstamo de $93 millones suscrito entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el proyecto de universalización de la energía eléctrica en El Salvador.

    El gobierno busca conseguir con este proyecto que el 100 % del territorio salvadoreño tenga cobertura del servicio de energía eléctrica para el año 2030. El préstamo fue suscrito para pagar en un plazo de 23 años con seis meses, con un período de gracia de siete años.

    Durante el desarrollo de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, los diputados recibieron al jefe del Departamento de la Gestión de la Deuda del Ministerio de Hacienda, Julio Alemán, quien explicó que el proyecto busca que especialmente las comunidades rurales tengan «acceso a una fuente de energía eléctrica confiable y sostenible».

    Los $93 millones serán utilizados en:

    • Construcción de la infraestructura para distribución media de energía eléctrica.
    • Construcción de un sistema fotovoltaico para proveer de energía a los hogares.
    • Construcción de tres miniredes.

    Con estas tres principales ejecuciones se prevé que sean al menos 8,735 las familias beneficiadas con energía eléctrica en el país. La garantía soberana fue aprobada con 56 votos a favor. El contrato de garantía fue suscrito en julio de 2025 por el Ministerio de Hacienda por autorización de la Asamblea Legislativa.

    La diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, dijo que este es un proyecto que «va a cambiar la vida de los salvadoreños» porque busca que «El Salvador tenga un 100 % de la población con energía eléctrica» y explicó que el proyecto se basa en la inversión de infraestructura, fortalecimiento institucional y la sensibilización y participación de las comunidades con énfasis en género.

    «A diciembre de 2020 habían en El Salvador cerca de 35,000 hogares que no tenían acceso a energía eléctrica, de esos, aproximadamente el 82 % se encontraban en zonas rurales», afirmó la legisladora oficialista.

    La primera cuota de amortización deberá ser pagada en 84 meses a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato y la última a más tardar en la fecha final del plazo del préstamo. Las cuotas deberán ser pagadas semestralmente y de forma consecutiva.

  • Diputados aprueban incorporar $22 millones al MOPT para obras en Surf City 1

    Diputados aprueban incorporar $22 millones al MOPT para obras en Surf City 1

    Los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron este miércoles la Ley de Presupuesto 2025 para incorporar $22 millones al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para trabajos en Surf City 1. La obras incluyen la ampliación de dos a cuatro carriles de la carretera que va de playa El Obispo a El Zonte.

    El Ministerio de Hacienda explicó durante la discusión de la propuesta que los $22,777,027 serían destinados a dos proyectos: el primero por $8,730,500 para la construcción de un «intercambiador de corredor pacífico», en la intersección de la carretera Litoral y la carretera de Acajutla, en Sonsonate.

    Este proyecto incluye un paso elevado de dos carriles sobre la carretera a Acajutla, rampas de entrada y salida, un puente sobre el río Sensunapán, instalaciones eléctricas, obras en el ciclo peatonal y otras obras de demolición.

    Al respecto, el diputado de Nuevas Ideas, Mauricio Ortiz, aseguró que los sonsonatecos conocen la zona intervenida como «el kilo 5» y que «anteriormente hemos tenido que lamentar pérdidas de vidas humanas por el demasiado tráfico que se hace ahí» por los camiones pesados que transitan por la zona.

    «Básicamente, la construcción es un bypass, en la intersección de la carretera Litoral con la carretera de Acajutla… esto incluye un paso elevado de dos niveles… estas obras iniciales que son del 30 %. Esto va a mejorar el impacto y la conectividad que tenemos en el área». Mauricio Ortiz, diputado de Nuevas Ideas.

    El segundo proyecto requiere de $14,046,527 para ampliar de dos a cuatro carriles para la ampliación de la carretera que va desde la playa El Obispo hasta la playa El Zonte, La ampliación sería aplicada en al menos 8.67 kilómetros.

    Además, se incluyen trabajos como obras de drenaje, construcción de aceras, ciclovías, bahías de autobuses, miradores y zonas de estacionamiento. El dictamen fue aprobado el lunes por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

    El dictamen fue aprobado con 55 votos a favor y uno en contra. La diputada de Nuevas Ideas, Dania González, dijo que estos proyectos buscan «dinamizar el turismo» y promover el desarrollo económico local. Además, recordó que los fondos provienen de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

  • Solo tres votos tuvo propuesta de Vamos para crear delitos de desaparición agravada y encubrimiento de funcionarios

    Solo tres votos tuvo propuesta de Vamos para crear delitos de desaparición agravada y encubrimiento de funcionarios

    El partido de oposición Vamos propuso este miércoles a la Asamblea Legislativa  reformar la agenda para introducir una reforma al artículo 148 del Código Penal para incluir dos nuevos delitos: desaparición agravada y encubrimiento o instigación en el delito de desaparición por parte de funcionarios o autoridades públicas. La propuesta solo obtuvo tres votos a favor de los legisladores de oposición.

    La diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, pidió modificar la agenda de la sesión plenaria de la  para incorporar en el artículo 148 dos nuevas letras para delitos relacionados a la desaparición de personas en El Salvador, pues aseguró que aunque el delito de desaparición ya está tipificado «no es suficiente y debemos tomar acciones».

    La propuesta de delito de desaparición de personas agravada se definía en la propuesta como la desaparición cometida «en algunas de las circunstancias» como:

    • Si la víctima fuere menor de edad.
    • Mujer.
    • Persona con discapacidad.
    • En condición de vulnerabilidad.
    • Si la desaparición se cometiere con participación de funcionarios públicos, autoridad pública o agente de autoridad.
    • Si se cometiere como parte de un patrón sistemático.
    • Si se causare la muerte, tortura, violencia sexual o tratos crueles durante la desaparición.

    La legisladora detalló que proponían que el delito fuera imprescriptible y perseguible de oficio, con penas que hubieran ido de 30 a 50 años de prisión.

    «Como todos sabemos la desaparición constituye uno de los actos más graves en contra de la dignidad humana, es un hecho abominable, un delito que debe de pagarse por aquellos que lo comete y quienes cometen este grave hecho pueden ser personas particulares o agentes del Estado». Cesia Rivas, diputada suplente de Vamos.

    Rivas explicó también que el segundo delito propuesto era el de «encubrimiento o instigación en el delito de desapariciones de personas por parte de servidores públicos», que contemplaba penas de 15 a 20 años de prisión «al funcionario, autoridad pública o agente de autoridad que con conocimiento de una desaparición oculte información, obstaculice la investigación, impida la búsqueda efectiva de la víctima o instigue a otras personas a cometer las desapariciones».

    La propuesta para modificar agenda crear dos nuevos delitos por desapariciones solo obtuvo tres votos a favor de la oposición. / Jessica Guzmán.

    La diputada aseveró que la importancia de esta pieza era que en El Salvador han habido desaparecidos durante décadas, «durante el conflicto armado incluso previo a él, durante las pandillas y hoy también en el contexto del régimen de excepción» y añadió que «son las familias de las personas desaparecidas que luchan cada día con este flagelo que ha pausado sus vidas».

    Rivas recordó que según el informe de labores de la Fiscalía General de la República (FGR) comprendido desde mayo 2023 a junio 2024, «en El Salvador desaparece una persona diariamente, esto no debe seguir pasando, estos nos debe de alarmar a todos como sociedad», dijo.

    «No es posible que El Salvador este sobre una fosa clandestina, dónde están esos miles de desaparecidos, qué acciones han tomado los responsables de estos, que el Estado primero», aseveró durante su intervención.

  • Cancillería lanza programa de protección a migrantes salvadoreños retornados

    Cancillería lanza programa de protección a migrantes salvadoreños retornados

    El Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó el martes el «Proyecto para la protección de personas en movilidad» que busca ampliar la asistencia, programas de protección y servicios para los migrantes salvadoreños. Expertos migratorios han pedido la implementación de un plan integral que aborde el área psicosocial de los retornados.

    La Cancillería salvadoreña afirmó que el proyecto será implementado durante dos años y contará un con financiamiento de $3.4 millones, proveídos por el Fondo Multidonante para la Migración y será ejecutado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

    La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, aseguró durante la presentación del proyecto que el proyecto busca:

    • Fortalecer la capacidad institucional para brindar asistencia diferenciada y humanitaria.
    • Implementar estrategias de comunicación y sensibilización sobre derechos humanos y migración irregular.
    • Fortalecer los mecanismos de reintegración económica a través del empleo, formación, certificación profesional y fomento de emprendimientos.

    El proyecto será implementado en San Salvador, San Miguel y Santa Ana, por haber sido identificados como territorios «con alta presencia de personas en condiciones de movilidad» y que requieren de «atención prioritaria».

    “Este nuevo esfuerzo también busca generar conciencia sobre los riesgos asociados a la migración irregular en municipios priorizados, mediante un enfoque intersectorial e inclusivo. Con un enfoque basado en derechos humanos y sostenibilidad, el proyecto contará con un presupuesto de 3.4 millones de dólares y se desarrollará durante un período de 24 meses». Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana.

    Portal aseguró durante su discurso que el proyecto contempla también «un enfoque multifactor» que incorporará a gobiernos locales, organizaciones de sociedad civil, asociaciones de migrantes retornados y sector privado. «Esta articulación permitirá ofrecer una respuesta contextualizada, cercana y efectiva en los territorios priorizados», indicó.

    Le puede interesar: Expertos urgen plan integral de atención para salvadoreños deportados desde Estados Unidos

    Por otro lado, el jefe de misión para El Salvador de la OIM, Nicola Graviano, aseguró que este proyecto será muy importante para el «fortalecimiento de las capacidades institucionales» para atender a los migrantes deportados y así brindar respuestas para que estos «puedan tomar decisiones acertadas» en cuanto a movilidad.

    En el evento participó el representante adjunto y oficial a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFA), Mario Iraheta; la director junta del Programa Mundial de Alimentos en El Salvador, Carolina Barreto; representantes del cuerpo diplomático en El Salvador y funcionarios del gobierno salvadoreño.

    La viceministra de Diáspora, Cindy Portal, aseguró que el proyecto contempla el apoyo de organizaciones de sociedad civil, gobiernos locales y asociaciones de migrantes. / Cancillería de El Salvador.

    Los expertos migratorios César Ríos de Agenda Migrante y Celia Medrano han urgido al gobierno salvadoreño la implementación de un plan integral para atender a los salvadoreños que están siendo deportados desde Estados Unidos.

    Medrano aseguró que la atención brindada a los migrantes debe ser diferenciada en cuanto a género y derechos humanos, además, de considerar atención psicosocial y facilitar «medios de vida» para los deportados que en su mayoría son hombres adultos, de baja escolaridad.

    Desde enero hasta junio de 2025, Estados Unidos ha enviado a El Salvador 85 vuelos con deportados según los datos del informe de la organización Witness at the Border, que recolecta la información del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

  • San Salvador Centro adeuda más de $25 millones a empresa recolectora de impuestos

    San Salvador Centro adeuda más de $25 millones a empresa recolectora de impuestos

    La alcaldía de San Salvador Centro mantiene una deuda de más de $25 millones con la empresa Integra International Services SV, sociedad anónima de capital variable, por los servicios de recolección de impuestos y tasas municipales que le ha ofrecido a la municipalidad desde junio de 2021, según documentos en poder de Diario El Mundo.

    La empresa informó al personal administrativo de la comuna que la deuda asciende a $22,502,679.24 desde junio de 2021 hasta septiembre de 2024, lo cual, consta en facturas ya revisadas en los departamentos correspondientes de la alcaldía.

    Mientras que, hay $3,171,818.86 en facturas que la empresa ya procesó, pero que no había emitido y que corresponden desde octubre de 2024 hasta enero de 2025.

    Una fuente administrativa de la alcaldía aseguró que se ha conformado una comisión que estudia el caso y que se reúne con la empresa para “agilizar los trámites para el pago respectivo”.

    Integra International Services indica en sus redes sociales que se dedica a brindar consultorías sobre gestiones tributarias municipales y nacionales, además, de ofrecer servicios de desarrollo de software. Asegura que busca “implementar prácticas de recaudación y elevar el servicio de atención a los contribuyentes”.

    La fuente administrativa señaló que la empresa habría sido contratada por la comuna para brindarle servicios para la recolección de impuestos y tasas, no específicamente de contabilidad porque esa gestión es realizada por el área financiera de la comuna.

    Este mes, la alcaldía autorizó la implementación de un plan para actualizar los estados financieros y contables de la alcaldía para dar cumplimiento de la Ley de transición para la reestructuración municipal, eso incluye los ingresos, egresos y deudas de los cinco distritos que componen el municipio.

    San Salvador Centro está integrado por los distritos de San Salvador, Mejicanos, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo.

  • Autoridades intervinieron en marzo a 15 extranjeros con ingreso o permanencia irregular en El Salvador

    Autoridades intervinieron en marzo a 15 extranjeros con ingreso o permanencia irregular en El Salvador

    La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) reporta en marzo de 2025 la intervención de 15 extranjeros con ingreso o permanencia irregular en El Salvador, según los datos de avance del Plan anual operativo marzo 2025 de la institución. Además, reporta más de 600 patrullajes fronterizos.

    El informe indica que con el apoyo de las delegaciones policiales de San Salvador del Centro Histórico y San Salvador Norte intervinieron a los 15 extranjeros, quienes se dedicaban «a realizar actividades remuneradas sin autorización».

    Migración detalló que de los 15 extranjeros intervenidos seis son de nacionalidad venezolana, cinco provienen de Honduras, dos de Nicaragua, uno de México y uno de Guatemala. La institución no explicó en el informe el procedimiento que siguió con los extranjeros intervenidos.

    La entidad migratoria detalló que estas actividades forman parte de las facultades de la Coordinación de Patrullas Fronterizas, que trabaja en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada. Las autoridades también reportan 106 inspecciones migratorias en todo el país.

    Por otro lado, en el reporte también se detalla que las autoridades de seguridad realizaron en marzo 626 patrullajes en puntos fronterizos no habilitados, en carreteras principales y secundarias de los alrededores de las fronteras salvadoreñas.

    La institución había planificado realizar ese mes 330 patrullajes, es decir, que la meta habría sido superada en un 211 %. De esos patrullajes, al menos 394 fueron realizados en coordinación con la Fuerza Armada y 232 con la PNC.

    Asimismo, Migración y Extranjería debe emitir informes sobre las intervenciones que realiza a extranjeros, quienes evaden los controles migratorios por no cumplir con los requisitos de entrada o salida de territorio salvadoreño; en marzo solo se realizaron dos informes.

  • Nuevas multas de hasta $450 por faltas ciudadanas en La Paz Este

    Nuevas multas de hasta $450 por faltas ciudadanas en La Paz Este

    La alcaldía del municipio de La Paz Este —que abarca los distritos de Zacatecoluca, San Juan Nonualco y San Rafael Obrajuelo— implementó nuevas sanciones a través de su actualizada Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, vigente desde el 12 de julio, tras su publicación oficial un día antes.

    Entre los principales cambios destacan aumentos y reducciones en las multas municipales. Por ejemplo, orinar o defecar en espacios públicos o terrenos privados a la vista del público será sancionado con multas de $100 a $150.

    En casos de consumo de bebidas alcohólicas o escándalos en estado de ebriedad en lugares no autorizados, la penalización sube a rangos entre $151 y $300.

    La venta de licor en sitios no autorizados ahora tendrá una sanción económica de $300 a $450, además de la suspensión del permiso comercial. Colocar propaganda sin autorización en bienes públicos o privados también será castigado con multas de $301 a $401, excepto cuando se trate de propaganda electoral en los plazos legales.

    El ofrecimiento de servicios sexuales y el hostigamiento en espacios públicos ahora tendrá una multa de entre $100 y $150.

    En cuanto al abandono de vehículos automotores en mal estado en vías públicas, retornos, pasajes, aceras, predios e ingresos a viviendas esto será sancionado con multa de $301 hasta $450; anteriormente la sanción era de hasta cuatro salarios mínimos.

    Los vendedores ambulantes que incumplan la normativa podrán pagar hasta $150 y en caso de reincidencia se les decomisará la mercadería.

    Superar los 65 decibeles de ruido —incluidos cantos religiosos, pregones o cultos— será motivo de sanción de entre $301 y $450. Exhibir animales peligrosos sin precauciones será castigado con entre $10 y $25, y dejar animales de granja sueltos en la vía pública conllevará sanciones de $51 a $100, más el pago de estadía en un tiangue. Las multas por maltrato animal también oscilarán entre $51 y $100 y podrían subir si se trata de animales ajenos.

    Sobre perros guardianes, los dueños deben informar con rótulos en lugares visibles, si no será sancionado con $10 a $25. Además, queda prohibida la organización, realización, fomento o publicidad de peleas de animales en lugares públicos y privados o se multará con $51 hasta $100.

     

  • Universidad peruana interesada en «ampliar su presencia académica en El Salvador» según la Vicepresidencia

    Universidad peruana interesada en «ampliar su presencia académica en El Salvador» según la Vicepresidencia

    La Universidad César Vallejo (UCV) de la República de Perú estaría interesada en «ampliar su presencia académica a El Salvador» según informó este martes la Vicepresidencia de la República. Representantes de la casa de estudios se reunieron con el vicemandatario salvadoreño, Félix Ulloa.

    La Vicepresidencia salvadoreña afirmó en redes sociales que el fundador de la UCV, César Acuña, expresó a Ulloa su interés de expandir su oferta académica a El Salvador, al reconocer la «transformación que vive el país» con el gobierno.

    Los representantes de la Universidad también estarían atraídos por establecer una alianza con la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP) para realizar programas de maestrías y doctorados en gestión pública.

    Además, Acuña habría ofrecido al gobierno salvadoreño becas para que jóvenes salvadoreños estudien de forma presencial en uno de los 12 campus de la UCV en Perú. «Esta colaboración fortalecerá los lazos regionales y abrirá nuevas oportunidades de formación para los jóvenes y los servidores públicos».

    «Durante el encuentro, el Fundador, Sr. César Acuña, expresó su interés en ampliar su presencia académica en El Salvador, reconociendo el contexto de transformación que vive el país». Vicepresidencia de la República de El Salvador.

    La Universidad peruana cuenta con al menos 150,000 estudiantes activos y más de 200,000 egresados. La casa de estudios superiores ofrece pregrados y posgrados en modalidades presencial, semipresencial y a distancia.

    En el encuentro estuvieron presentes el embajador de El Salvador en Perú, Pablo Caballero Pineda; el vicerrector académico de la UCV, Heraclio Campana y el director general del campus Callao, Raúl Valencia Medina. Asimismo, intervino la directora ejecutiva de la Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones de El Salvador (Invest), Samadhy Martínez.