Categoría: Politica

El Gobierno del presidente Nayib Bukele informó este viernes que está dispuesto a apoyar a Chile en la implementación de un sistema penitenciario tomando como ejemplo el de El Salvador, que cuenta con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad para pandilleros.

El salvadoreño Bukele y el presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, hicieron estas declaraciones tras una reunión privada en la Casa Presidencial, en San Salvador, después de que Kast recorriera el Cecot, como parte de una visita al país correspondiente a una gira por Centroamérica y el Caribe.

«Presidente, cuente con nosotros como sus amigos. Estamos aquí para servirle», dijo Bukele en la declaración conjunta ante la prensa nacional y extranjera.

El mandatario salvadoreño aseguró que el sistema penitenciario de este país «no es el mejor del mundo» y agregó: «No tenemos recursos para que lo sea, pero es bastante bueno a nivel Latinoamericano».

«La verdad es que el sistema penitenciario de El Salvador, que está lejos de ser perfecto, es uno de los mejores de Latinoamérica, se garantiza que desde allí (desde las cárceles) no se ordenan crímenes, no hay señal de celular y es un sistema que permite que no sean cuarteles generales de crímenes», apuntó.

La principal apuesta del Gobierno Bukele es la cárcel de máxima seguridad Cecot que se construyó en el contexto de la implementación de un régimen de excepción en El Salvador para combatir a las pandillas, pero que es señalado de violar derechos humanos.

En tanto, Kast sostuvo que El Salvador, una nación pequeña, es «la esperanza de muchas naciones que ven como el crimen organizado avanza y pareciera que no tiene control» y «han tomado decisiones duras, pero necesarias».

«Nosotros hemos visto sistemas penitenciarios en distintos países y el sistema penitenciario que uno ve que los medios comunican de El Salvador solamente es el Cecot, pero no hablan de la rehabilitación de personas que han cometido un solo delito y eso también es importante», señaló el chileno.

Kast agradeció a El Salvador por «ser un faro de esperanza» en «temas de recuperar la seguridad» y añadió que durante la visita al país centroamericano han «aprendido mucho».

«Realmente queremos pedir la colaboración de ustedes en temas de mejorar nuestro sistema penitenciario, en conocer todo su sistema de derecho penal, no necesariamente haciendo lo mismo, sino que de acuerdo a nuestra realidad poder perfeccionar siempre en la mira de mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas», agregó.

Kast, que se impuso con más del 58 % de los votos en las elecciones de diciembre del año pasado, sucederá al progresista Gabriel Boric el próximo 11 de marzo.

Luego de su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y de conversar con las autoridades de Seguridad en El Salvador, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, aseguró este viernes que los ejemplos exitosos deben seguirse y que las medidas “no se copian” sino que se “adaptan”.

“El Salvador era uno de los países más peligrosos de América Latina y hoy es el más seguro. Las medidas no se copian: se estudian y se adaptan a la realidad nacional. Pero los ejemplos exitosos, se siguen. Hoy visitamos el CECOT, una de las claves contra el crimen organizado”, posteó el funcionario chileno en X.

También, en declaraciones brindadas en el CECOT, remarcó que quieren conocer y estudiar el sistema penal de El Salvador aunque no necesariamente aplicarlo de la misma forma.

“Es un sistema penal distinto al nuestro que nosotros queremos estudiar y conocer, no necesariamente replicar de la misma manera, pero uno lo que tiene que aprender en partes, como lo hicimos en Haití y en República Dominicana, el muro fronterizo con Haití, cuáles son las fórmulas que le dan paz y tranquilidad a las naciones que a uno le toca dirigir”, expresó a un grupo de corresponsales.

Kast ha dicho que está interesado en evaluar la política carcelaria salvadoreña y para ello realizó su segunda visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que el presidente del país, Nayib Bukele, mandó a construir en 2023 en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur.

La visita fue realizada junto a la ministra de Seguridad designada por el presidente electo, la exfiscal Trinidad Steinert, quien se reuniría con el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro.

El Salvador ha impulsado un régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022 que ha dejado 91,000 capturados según cifras oficiales y también ha aprobado paquetes de reformas penales que ha prolongado el periodo de detención sin proceso judicial y el enjuiciamiento grupal así como el aumento de penas. Este modelo es criticado por organizaciones sociales que señalan capturas arbitrarias y muertes dentro de los centros penitenciarios distintos al CECOT, en donde también hay detenidos bajo el régimen. El gobierno ha admitido un “margen de error” en las capturas.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien está interesado en evaluar la política carcelaria salvadoreña, visitó este viernes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que el presidente del país, Nayib Bukele, mandó a construir en 2023 en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur.

La visita fue realizada junto a la ministra de Seguridad designada por el presidente electo, la exfiscal Trinidad Steinert, quien se reuniría con el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro.

Según Casa Presidencial de El Salvador, el gobernante electo del país sureño está buscando “conocer de primera mano nuestro modelo de seguridad y evaluar la adaptación y aplicación a la realidad que vive Chile”.

“Estamos listos para trabajar de la mano con nuestros hermanos chilenos”, posteó Casa Presidencial de El Salvador.

Kast arribó a El Salvador la noche del jueves y fue recibido por la canciller, Alexandra Hill Tinoco.

El gobierno de El Salvador implementó un régimen de excepción el 27 de marzo de 2022 que ha sido prorrogado 47 veces y se mantiene aún vigente, lo que ha facilitado las capturas de 91,000 personas acusadas todas de ser terroristas o pandilleras según cifras oficiales. Además de la suspensión de garantías constitucionales mediante el régimen de excepción, el gobierno ha impulsado reformas penales y a la Ley contra el crimen organizado que permiten acusar a los pandilleros por estructuras y aumentó las penas para delitos como la pertenencia a la pandilla (agrupaciones ilícitas), si son colaboradores o es agravada si son cabecillas. Además, las reformas ha prolongado en dos ocasiones por dos años el tiempo para que los capturados sean acusados por la Fiscalía ante los tribunales de crimen organizado.

El régimen de excepción consiste en suprimir los derechos de la Constitución de la República establecidos en el inciso segundo del artículo 12, el inciso segundo del artículo 13 y el artículo 24.

Las disposiciones suspendidas indican que «la persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza al detenido la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la administración de justicia y en los procesos judiciales, en los términos que la ley establezca».

En el artículo 13, el inciso segundo establece: «La detención administrativa no excederá de setenta y dos horas, dentro de las cuales deberá consignarse al detenido a la orden del juez competente, con las diligencias que hubiera practicado».

Y el artículo 24 suspendido dice que «la correspondencia de toda clase es inviolable, interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación, salvo en los casos de concurso y quiebra», además que prohíbe la intervención de las telecomunicaciones y solo lo autoriza excepcionalmente con autorización judicial.

El gobierno ha admitido que hay «un margen de error» en las capturas. Las organizaciones sociales como Socorro Jurídico Humanitario y Cristosal reportaron más de 6,500 denuncias de detenciones arbitrarias y otras violaciones durante el régimen de excepción, y más de 400 detenidos muertos bajo custodia estatal. La coordinadora de Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, está en el extranjero; y la jefa de unidad anticorrupción de Cristosal, Ruth López, fue capturada por delito de enriquecimiento ilícito.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador no cumple con más de dos tercios de la información que está obligado a publicar asevera un estudio presentado este viernes por la organización Acción Ciudadana.

De los 33 ítems evaluados en el estudio de Acción Ciudadana, únicamente siete se encuentran completos y actualizados conforme a la normativa y 22 presentan información desactualizada y tres ítems están completamente vacíos o sin justificación de su inexistencia.

Este viernes, se verificó que en el Portal de Transparencia del TSE transparencia.tse.gob.sv no hay información del año 2025, entre estas actas o resoluciones de los magistrados del TSE, registro electoral, viajes.

En su informe, Acción Ciudadana evaluó, el 15 de diciembre de 2025, 33 ítems de información que el TSE está obligado a publicar oficiosamente según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), y verificaron que la información estuviera actualizada hasta el 15 de septiembre de 2025.

“El número de ítems desactualizado se mantiene prácticamente igual que en el segundo (monitoreo), lo que evidencia el estancamiento persistente en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte del TSE, esto es especialmente preocupante de cara al proceso electoral”. Acción Ciudadana.

La Ley de Acceso de Información Pública obliga a instituciones de Gobierno y del Estado a publicar información

Un hallazgo de la investigación es que el TSE tiene información financiera desactualizada, información desaparecida de asesores y directorio de autoridades, e incluso los resultados de escrutinio electoral inaccesibles o con los enlaces rotos.

Además, la información operativa publicada y las agendas del pleno están desfasadas. “La mayoría no ha sido actualizada desde septiembre de 2024”, indicó Acción Ciudadana.

En comparación con los dos análisis anteriores, Acción Ciudadana consideró que no hay avances sustantivos, ya que entre el primer y segundo monitoreo se corrigieron problemas como enlaces rotos, “esta mejora no se tradujo en actualización real de contenido”.

La solicitud de autorización de un préstamo de $135 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) entró a la Asamblea Legislativa, cuya Comisión de Hacienda la estudiará el lunes.

El préstamo, que se destinará al “Programa de infraestructura vial y movilidad urbana fase I” y promete beneficiar a 1.6 millones de personas, incluye la construcción de seis pasos a desnivel: tres en el bulevar Constitución y tres en el bulevar Los Próceres.

Según el BCIE, reducirá 33 % el tiempo promedio de viaje de 26 a 17 minutos.

El crédito se pagará en 20 años con cuatro años de periodo de gracia. El Estado salvadoreño deberá pagar una comisión de un cuarto del 1 % anual, sobre saldos no desembolsados de préstamo.

Con este financiamiento, el gobierno promete hacer obras de mejoramiento en el acceso principal del Puerto de La Libertad y ampliar a cuatro carriles la ruta LIB12S en el tramo CA04S, que conecta la carretera al Puerto con Nuevo Cuscatlán. Estas obras se harían «sin interrumpir el tráfico de la Carretera al Puerto de La Libertad».

Según el BCIE, el bulevar Constitución se ha convertido en «una zona de alta atracción para inversiones privadas, que se ha desarrollado con la construcción de complejos habitacionales, centros comerciales y logísticos» y es considerada una de las principales rutas de conexión para las poblaciones de Apopa, Nejapa y Quezalteque, municipios en constante crecimiento y desarrollo.

También, considera el Bulevar Los Próceres como una de las principales arterias del Área Metropolitana de San Salvador, que conecta con la Carretera Panamericana, el bulevar Monseñor Romero y la Autopista a Comalapa, hacia el Aeropuerto Internacional El Salvador.

El BCIE aprobó el préstamo en junio pasado; informó que también incluye infraestructura resiliente al cambio climático, tecnologías constructivas sostenibles, sistemas de drenaje optimizados, barreras naturales, y procesos de formación en mantenimiento resiliente al clima.

Dentro del proyecto, el BCIE informó que se gestionan $30 millones de confinanciamiento del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional para «mejorar las condiciones del paquete financiero del Programa».

Para movilidad urbana en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), la Asamblea Legislativa autorizó, el 3 de septiembre de 2025, un préstamo de $60 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este aún no ha sido ratificado.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, aseguró el jueves que continuarán aprobando las prórrogas al régimen de excepción hasta que «no haya ningún pandillero en las calles» y «hasta que todos estén condenados».

“Seguiremos firmes apoyando el régimen de excepción, dicen los opositores ‘¿y hasta cuándo?’, como que ellos se siguen beneficiando de las pandillas, yo les contesto: hasta las veces que sean necesarias, hasta que no haya ningún pandillero en las calles y hasta que todos estén condenados en el sistema judicial y que no vuelvan a ver la luz del día”, aseguró Navarro en su intervención, al aprobar la 47a. prórroga del régimen de excepción, con el cual el Gobierno ha dicho que capturó a 91,000 supuestos pandilleros, un aumento de 400 en un mes.

Por su parte, el diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, dijo que el régimen de excepción «no tiene que terminar hasta que el último pandillero encerrado».

En diciembre de 2025, el presidente Nayib Bukele aseguró, en una entrevista al youtuber español TheGrefg que su gobierno ha capturado aproximadamente un 95 % de los pandilleros.

“Capturamos a prácticamente, aún faltan algunos que se han escondido, pero me atrevería que a un 95 % de los pandilleros y los demás están inactivos; pueden estar escondidos o huyeron, los estamos buscando, cada día encontramos uno escondido por ahí, pero básicamente ya están todos; y bajas civiles, cero”, expresó en la entrevista publicada el 29 de diciembre de 2025.

Para esa fecha, el Gobierno reportaba 90,600 pandilleros capturados. Si el cálculo del mandatario es correcto, el 100 % de los pandilleros equivaldría a 95,368 y faltaría capturar a 4,368.

En la solicitud la prórroga 47, aprobada ayer por la Asamblea, el Gobierno argumentó que existe «la persistencia y el intento de reorganización de las pandillas en el país», debido a recientes capturas de personas de una «organización vinculada a la formación y operación de estructuras criminales» para «afectar gravemente a jóvenes y menores en entornos escolares por medio de intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas, tanto dentro como fuera de los centros educativos».

Vamos pide liberar a inocentes

La diputada Cesia Rivas, del partido opositor Vamos, aseguró que El Salvador tiene derecho a que no haya margen de error y exigió la liberación de las personas capturadas arbitrariamente.

«La ciudadanía está clara y nosotros también, que todos los pandilleros, todos los pandilleros, sus líderes, estén en la cárcel, sean enjuiciados y condenados por sus crímenes, es que eso lo queremos todos los salvadoreños… Lo repetimos porque para mentir son buenos. Y no nos cansaremos de decir: ¿acaso El Salvador no merece una seguridad sin margen de error?», cuestionó la legisladora de oposición.

El margen de error ha sido reconocido por el Gobierno. En mayo de 2025, el vicepresidente Félix Ulloa dijo que buscaban reducir el margen de error del régimen de excepción.

Rivas reiteró ayer que Vamos está de acuerdo en que «todo pandillero sea condenado» pero que «todas las personas que no tienen ningún vínculo con pandillas» deben ser liberadas.

«Sigan con sus mentiras, diciendo por qué uno vota en contra, votamos en contra de que sigan reservando la información, sigan sin rendir cuentas y que las víctimas de las pandillas siguen sin justicia y, para ejemplo, un botón, los desaparecidos, ni se atrevieron a puyar el botón», reclamó.

¿Relajar las medidas o endurecerlas?

En octubre de 2023, cuando solicitó la inscripción como candidato presidencial para su segundo periodo 2024-2029, Bukele pidió los votos para la Asamblea Legislativa «para continuar con el régimen de excepción, necesitamos tres cuartas partes».

Pese a ello, en diciembre de 2024, Bukele habló de relajar las medidas en referencia al régimen de excepción. «No creo que haya necesidad de endurecerlas, más bien creo que se van a poder relajar».

Sin embargo, en junio de 2025, defendió que se mantenga el régimen de excepción y rechazó las críticas internacionales a la medida. «Aseveran que el gobierno dio seguridad a costa de la democracia. «¿Qué es lo que quieren?, que eliminemos el régimen de excepción para que la comunidad internacional diga: ‘Qué bien, miren Bukele, ya quitó el régimen’, ¿quieren que tomemos decisiones para que afuera no me cataloguen como dictador aunque eso signifique que nuestro país sea invivible?», indicó en ese momento.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, realizará la mañana de este viernes una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca, San Vicente Sur, antes de sostener una reunión con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con quien por la tarde asistirá a la inauguración de un centro escolar.

Según la agenda preliminar de la visita del mandatario de Chile, también sostendrán una reunión con la comitiva que acompaña al gobernante electo y haría una declaración conjunta a los medios de comunicación junto al presidente Bukele. Posteriormente inaugurarán un centro escolar cantón San Ramón, la cual está ubicada en Rosario de Mora, San Salvador Sur.

Kast ha manifestado interés en que su ministra de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert, converse con el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, sobre la política carcelaria salvadoreña.

“Sería muy importante para nosotros que la ministra de seguridad también pueda conversar con el ministro de seguridad de El Salvador para ver cómo se ha ido desarrollando la política carcelaria en el país”, indicó.

José Antonio Kast Rist es un político de derecha electo en segunda vuelta presidente de Chile para el periodo 2025-2030 el pasado 14 de diciembre de 2025 con un 58.15 % de los votos; luego de que en primera vuelta obtuviera el 23.93 %. Es un abogado de ascendencia alemana y fue diputado durante cuatro periodos. En el Foro Económico Internacional América y el Caribe 2026, hizo un llamado a la unidad latinoamericana, a no relativizar el crimen o relativizar la economía, y aseguró que América Latina no está estancada por falta de ideas sino por falta de carácter.