Categoría: Politica

  • Becas universitarias de Integración requerirían financiamiento de unos $15 millones para 2026

    Becas universitarias de Integración requerirían financiamiento de unos $15 millones para 2026

    Las becas de educación superior entregadas por la Dirección de Integración podrían requerir un financiamiento de $15 millones provenientes de préstamos para el próximo año, aunque el monto definitivo dependerá de la cantidad de jóvenes que apliquen a los programas correspondientes.

    El presidente de Integración, Alejandro Gutman, aseveró esta semana que, si bien no puede precisar el monto exacto, calcula que el monto necesario para financiar las becas de educación superior podría ser de $15 millones provenientes de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

    El funcionario detalló que están «en plena conversación» con el BID para la adquisición de un préstamo que dé «sostenibilidad al programa» de becas por al menos unos cuatro o cinco años. Detalló que también se ha reunido con el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina.

    «El financiamiento viene por préstamo. Yo no le podría dar precisión, sé que el año que viene probablemente estemos alrededor, y no quiero quedar atado y lo digo para que no lo puedan editar y que sean mal interpretadas mis palabras porque dependerá de la cantidad de gente, pero yo le calculo más o menos que estará alrededor de los $15 millones para los costos para el año que vienen».

    Alejandro Gutman, presidente de la Dirección de Integración.

    El funcionario reiteró que el programa de becas no está contemplado dentro del proyecto de presupuesto que presentaron al Ministerio de Hacienda para el siguiente año fiscal 2026, porque estaría completamente financiado por el préstamo con el BID.

    Entre los años 2024 y 2025, al menos 5,200 jóvenes bachilleres iniciaron sus estudios de educación superior con becas otorgadas por la Dirección de Integración. Los becarios son seleccionados si participan en los programas que ejecuta la institución, cuyo número de participantes son 19,000 y se espera que el próximo año puedan ser al menos 20,000.

    Integración ha firmado convenios con 25 universidades salvadoreñas para otorgar becas. El último fue firmado este martes con la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA) para que 150 jóvenes inicien el próximo año sus estudios.

    En el caso de la UCA, su rector, Mario Cornejo, explicó que el mayor porcentaje del financiamiento económico de las becas es subsidiado por el gobierno y un porcentaje mejor por la institución educativa.

    Aunque no precisó la cifra, el presidente de Integración afirmó que, para el presupuesto 2026, han solicitado más fondos que los otorgados para 2025. Según la ley de presupuesto de este año, la institución recibió $16,208,047.

  • Asamblea mantendrá sus gastos en $46.9 millones para 2026: aún no publica su presupuesto

    Asamblea mantendrá sus gastos en $46.9 millones para 2026: aún no publica su presupuesto

    La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa presentó el monto de presupuesto que proyecta para el 2026 por $46.9 millones, una cifra igual a la aprobada para el ejercicio fiscal del 2025.

    La Asamblea Legislativa aún no publica su proyecto de presupuesto, sino únicamente una carta de dos páginas dirigida a la Junta Directiva y firmada por cuatro diputados directivos de Nuevas Ideas y uno del PDC, quienes detallan el monto general y explican lineamientos presupuestarios.

    Entre los aspectos que destaca la Junta Directiva en el documento está la búsqueda de un presupuesto «con asignaciones esenciales» «que permitan la operatividad» para la aprobación de las leyes y confirma «el apoyo económico a estudiantes de recursos limitados mediante el programa de becas Dagoberto Gutiérrez, a nivel nacional, para el periodo 2024-2027», además promete la «mejora de la infraestructura física y tecnológica de la institución».

    En 2024, el presidente del Legislativo, Ernesto Castro, proyectó bajar el gasto legislativo en $15 millones durante tres años, por la reducción de 84 a 60 diputados que componen la Asamblea Legislativa a partir de 1 de mayo de 2024.

    En 2023, la Asamblea, con 84 diputados, tenía un presupuesto de $57.6 millones. Con la reforma al Código Electoral, en junio de ese año, la Asamblea pasó a conformarse de 60 diputados, lo que supondría un cambio

    El 9 de enero de 2024, al consultarle al presidente del Legislativo, Ernesto Castro, sobre el presupuesto para el 2024, tomando en cuenta esa reducción de diputados, proyectó que el presupuesto del Legislativo tendría por esa reducción de escaños una baja de $15 millones en tres años.

    «En general la reducción está alrededor de $3.5 este año, pero en general van a ser $15 millones en tres años, cuando eso se estabilice», dijo Castro, el 9 de enero de 2024.

    Para 2024, el presupuesto aprobado fue de $54.1 millones, presentando una reducción de $3.5 millones.

    Para 2025, el presupuesto aprobado fue de $46.9 millones, con una baja de $7.2 millones. Por lo que siguiendo lo proyectado por Castro de la baja de $15 millones, para 2026, el presupuesto del Legislativo debería ser de $42.6 millones.

    Sin embargo, en julio de 2024, la Asamblea decidió reorientar parte de los fondos que asignan a cada diputado: $2,200 por cada uno de los 60 diputados para el programa de becas «Dagoberto Gutiérrez», a partir de julio de 2024, hasta abril de 2027, un monto que suma $4,488,000. Al final, se reorientaron $5 millones.

    La Asamblea Legislativa tendrá que publicar el documento del presupuesto 2026 con el detalle que especifique las asignaciones presupuestarias para cada rubro.

  • RNPN adquirirá «software» de billetera ciudadana y verificación biométrica para identidad digital de los salvadoreños

    RNPN adquirirá «software» de billetera ciudadana y verificación biométrica para identidad digital de los salvadoreños

    El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) busca contratar el servicio de desarrollo de software de la billetera ciudadana digital y la verificación biométrica y autenticación documental para el Portal de Identidad Digital, por $174,500, según consta en las ofertas de compras publicadas el miércoles.

    Para el desarrollo del software de la «billetera ciudadana digital» ha presupuestado un gasto de $94,500; esta deberá estar vinculada al NUI, es decir, al Número Único de Identificación que genera el RNPN.

    La institución explicó en la oferta que la billetera digital es «la evolución de la actual aplicación DUI digital hacia una wallet electrónica multiservicios» para permitir que los salvadoreños «gestionen de forma segura su identidad digital» y que al mismo tiempo puedan custodiar «en una sola aplicación diversos documentos electrónicos».

    Los requisitos del RNPN para el software son:

    • Diseño integral de la billetera digital y la plataforma de gestión.
    • Arquitectura en microservicios y mecanismos de seguridad.
    • Planes de pruebas de interoperabilidad y resiliencia.
    • Estrategia de sostenibilidad y gobernanza.
    • Evidencia de proyectos previos en identidad digital y billeteras móviles.
    • Antecedentes en implementación de estándares internacionales.
    • Equipo propuesto con perfiles mínimos solicitados.
    • Dominio de lenguajes de programación como Java, Golang, Rust, TypeScript, Solidify, Dart y PHP.
    • Experiencia en infraestructura como Kubernetes, Mezmo, Krakend, Cloudflare, Firebase, Keycloak, PostgreSQL, MongoDB.
    • Evidencia de prácticas en CI/CD, zero trust y. escaneo de vulnerabilidades.
    • Documentación de APIs conforme a OpenAPI/Swagger.
    • Alineamiento con ISO/IEC 27001 y OWASP.
    • Uso de cifrado robusto.
    • Diseño compatible con criptografía post-cuántica.
    • Cumplimiento de la Ley de protección de datos personales y la Ley de ciberseguridad.
    • Experiencia del proveedor.

    Contratará verificación biométrica en «identidad digital»

    Simultáneamente, el Registro adquirirá los servicios de verificación biométrica y autenticación documental para el portal de identidad digital por $80,000.

    Esta contratación se divide en dos partes:

    • El servicio de 50,000 transacciones de la nube para validar la identidad de un ciudadanos en comparación biométrica facial entre dos imágenes: una selfie y una fotografía de un documento. Cada transacción costaría $0.20 y en total se gastaría $10,000.
    • Además de 50,000 para hacer identificación a distancia. Cada transacción costaría $1.40 y se requerirían $70,000.

    En el caso de la verificación a través de biometría facial, el sistema debe operar con tres resultados «coincidir, no coincidir y no es posible», con el estándar KYC para ejecución asistida y no asistida. El sistema debe ser capaz de verificar en las fotografías la coincidencia en la distancia de los ojos, proporción de rastros y la estructura facial.

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    Asimismo, debe detectar condiciones irregulares como uso de máscara, intento de fraude o inactividad porque la persona está dormida. La empresa debe ofrecer soporte 24/7 y ofrecer las 50,000 en al menos un año.

    «El servicio deberá permitir demostrar electrónicamente que una persona es quien declara ser, con el mismo nivel de confiabilidad equivalente a la verificación presencial». Registro Nacional de las Personas Naturales.

    Debe realizar identificación en tiempo real e implementar «mecanismos de detección de vida activa» para evitar fraudes con fotografías, vídeos o suplantación digital. La empresa debe garantizar el «almacenamiento seguro» de la información.

    El proyecto incluye la implementación del Documento Único de Identidad (DUI) digital. En junio pasado, el presidente del RNPN, Fernando Velasco, prometió la implementación de la «billetera de identidad digital» y una aplicación móvil que permitiría a los usuarios realizar trámites del DUI y emitir el documento «como credencial digital».

    Tanto el desarrollo del software de la billetera como la verificación de identidad del portal, se contratarían con fondos propios de la institución.

  • Vigente refuerzo de $250 millones del Banco Mundial para sostenibilidad fiscal en presupuesto 2025

    Vigente refuerzo de $250 millones del Banco Mundial para sostenibilidad fiscal en presupuesto 2025

    El refuerzo de $250 millones del Banco Mundial que serán incorporados en la unidad de obligaciones estatales dentro del presupuesto del Ministerio de Hacienda 2025 inició su vigencia el pasado miércoles 24 de septiembre.

    El préstamo otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) fue ratificado el 3 de septiembre de 2025 por la Asamblea Legislativa bajo el nombre “Préstamo de políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y resiliencia de El Salvador”.

    Según el decreto, estos recursos podrán usarse para atender “prioridades estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuente de liquidez y transferencias varias”, según el considerando III del decreto.

    Este préstamo es parte de los refuerzos que recibirá el Estado para sostenibilidad fiscal en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el Ministerio de Hacienda prometió que no utilizará deuda para gasto corriente a lo largo del año 2025. Repitió su promesa para el año 2026.

    Hacienda aún no informó el destino de estos fondos del Banco Mundial. Únicamente ha reiterado que el presupuesto 2026 será «el segundo» que no financiará gastos corrientes con deuda.

    El 1 de octubre de 2025, el ministro Posada Molina solicitó a los diputados que incorporen $113 millones provenientes de Hacienda a 13 instituciones del Estado; dijo en su solicitud y en la propuesta de decreto que los fondos provienen de «Fondo General» sin más detalles.

    En el decreto propuesto no se reforman los Ingresos. Únicamente se reforma el apartado III de “Gastos” del presupuesto general. Aunque se detalla, en un artículo 2, que «los recursos serán tomados de las asignaciones disponibles del presupuesto vigente del ramo de Hacienda con cargo al Fondo General”.

    Hasta este 1 de octubre, la Asamblea Legislativa ha recibido un total de $1,992 millones de 17 préstamos externos para su autorización o aprobación, de los cuales autorizó $1,895 millones y aprobó $1,585 millones. La autorización permite a Hacienda suscribir los contratos de préstamo; mientras que la aprobación permite continuar con los desembolsos respectivos, para lo cual deben reformar el presupuesto estatal.

    Los diputados también han recibido solicitudes de garantías soberanas del Estado para respaldar préstamos de autónomas por $1,481 millones, $900 millones de nueva deuda y el resto adquiridas en años anteriores.

  • TSE niega informes financieros de los partidos políticos y AC dice «pretende eludir su responsabilidad»

    TSE niega informes financieros de los partidos políticos y AC dice «pretende eludir su responsabilidad»

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) negó los informes financieros de los partidos políticos salvadoreños desde 2021 hasta 2024, consta en la resolución de la solicitud de información interpuesta por la organización Acción Ciudadana (AC), que aseguró que la institución «pretende eludir su responsabilidad» de fiscalización.

    La AC envió al Tribunal una solicitud pidiendo información sobre nueve puntos de la fiscalización de partidos sobre sus finanzas.

    La entidad concluyó en mayo que no es competente para brindar información sobre los informes financieros de los partidos «aduciendo que los encargados de permitir el acceso a esa información son los partidos».

    «La Ley de partidos políticos señala que la autoridad electoral es receptora de la información financiera de los partidos y tiene el deber de auditarlos y sancionarles. Además, considera que la fiscalización no es acto administrativo, sino jurisdiccional, lo cual es erróneo».

    Acción Ciudadana a través de un comunicado de prensa.

    En ese sentido, Acción Ciudadana considera que el argumento del Tribunal «pretende eludir su responsabilidad de fiscalizar el financiamiento y la transparencia de los partidos», especialmente cuando «persiste la opacidad sobre quién financia al partido Nuevas Ideas».

    Acción Ciudadana solicitó esta información:

    1. Fecha de remisión de los informes financieros de los partidos desde 2021 hasta 2024.
    2. Detalles de cómo fue el proceso de auditoría, las unidades responsables de la fiscalización, personal que realizó la auditoría, período en que se realizó la auditoría y número de partidos auditados desde 2021 hasta 2024.
    3. Detalles de la Unidad de fiscalización del financiamiento de partidos políticos sobre sus miembros, fecha de creación y lineamientos de funcionamiento.
    4. Principales hallazgos de la auditoría financiera de los partidos desde 2021 hasta 2024.
    5. Informe sobre verificación de publicación de información pública en los partidos.
    6. Informe sobre procesos administrativos contra partidos que denegaron información desde 2021 hasta 2024.
    7. Detalle de sanciones impuestas por el TSE a partidos que negaron información pública desde 2021 hasta 2024.
    8. Medidas implementadas por el TSE para fiscalizar a partidos políticos.
    9. Detalles sobre lineamientos para donaciones de partidos políticos en criptomonedas.

    Sobre la conformación de la Unidad de fiscalización del financiamiento de partidos políticos, el Tribunal aseguró que la información conlleva «datos personales» y no podía entregarla por eso, argumentó la oficial de Información, Rocío Guadalupe Peraza Bran.

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    Acción Ciudadana estima que con esta resolución el TSE «hace manifiesto su poco compromiso con la transparencia», y aseguró que la entidad está «desconociendo su rol fiscalizador de las finanzas y transparencia de los partidos».

    El artículo 24 de la ley de partidos señala que los institutos «tienen el deber» de publicar los montos de financiamiento y los nombres de las personas naturales y jurídicas que hacen aportes al partido. El artículo 3 dice que el Tribunal «es la autoridad máxima responsable de hacer cumplir» esta normativa.

  • Embajador de la UE se reúne con periodistas salvadoreños para «establecer puentes de diálogo»

    Embajador de la UE se reúne con periodistas salvadoreños para «establecer puentes de diálogo»

    El embajador de la Unión Europea (UE) en El Salvador, Duccio Bandini, se reunió este jueves con periodistas salvadoreños para «establecer puentes de diálogo». Aseguró que estos encuentros son fundamentales para «garantizar un flujo de información veraz».

    El diplomático europeo escribió en X que este es el primer encuentro con profesionales de la información en El Salvador, pues busca establecer puentes de diálogo «el papel de la Unión Europea como actor global y socio confiable».

    Afirmó que la UE tiene «una agenda constructiva para El Salvador», asimismo, agregó que para él es importante «escuchar las expectativas» de los periodistas salvadoreños porque son quienes «informan a la ciudadanía y construyen opinión».

    Con estos encuentros, dijo, busca «garantizar un flujo de información veraz que aclare dudas en lugar de fomentarlas» entre Europea y El Salvador. Por su parte, la cuenta oficial de la UE informó que el encuentro fue «un espacio para conocerse y compartir prioridades y expectativas».

    La Unión Europea en El Salvador aseguró que reafirman su compromiso con la transparencia y con la libertad de expresión».

    La UE aseguró que con este encuentro reafirma «nuestro compromiso con la transparencia y con la libertad de expresión, basadas en información objetiva y verificada».

    La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) publicó un informe el miércoles en el que registra que 43 periodistas salvadoreños huyeron del país desde enero hasta junio de 2025, en su mayoría por temor a ser capturados por su trabajo.

    Esta semana el embajador Bandini también visitó esta semana las instalaciones del Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI) ubicado en la Granja Penitenciaria de Izalco para conocer a los menores que reciben atención en ese lugar.

    Bandini dijo que todos los menores «en cualquier contexto, merecen lo mejor: cuidado, atención y oportunidades para crecer». Los niños que se encuentran en ese CAPI son hijos de mujeres recluidas en la Granja Penitenciaria de Izalco.

  • Bukele dice “nunca más” Occidente les dará “sermones sobre democracia, derechos o libertad de expresión”

    Bukele dice “nunca más” Occidente les dará “sermones sobre democracia, derechos o libertad de expresión”

    El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró que “nunca más” Occidente les dará “sermones sobre democracia, derechos humanos o libertad de expresión”.

    El comentario del presidente puesto en X retomó un post de agosto de 2024 del gobierno del Reino Unido en el cual afirmaba: “Piensa antes de publicar”, en reacción a un post de la Fiscalía del Reino Unido que comentó: “El contenido que incita a la violencia o al odio no solo es dañino: también puede ser ilegal”.

    En el post se agregó que el servicio fiscal del Reino Unido “se toma muy en serio la violencia en línea y procesará a los responsables cuando se cumpla con los requisitos legales”. “Recuerde a sus seres queridos que compartan información responsablemente o se enfrentarán a las consecuencias”, advertía en ese entonces el servicio fiscal británico.

    Bukele retomó el comentario divulgado el 7 de agosto y expuso en inglés que no atenderá los “sermones” occidentales de democracia, derechos y libertad de expresión.

    Guillermo Gallegos, exdiputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional, le respondió: “Jamás, salimos adelante gracias a dios y a las decisiones que usted tomó, hoy somos libres y pacíficos, y con orden”.

    Bukele, quien asumió su segundo periodo presidencial el 1 de junio de 2024, acusó ese día a «fuerzas externas» de ejercer un «poder encubierto» y defendió la Ley de Agentes Extranjeros. En esa ocasión, señaló que los consejos de estas fuerzas externas dejaron “más pobres, más inseguros y más saqueados” a los salvadoreños. “A eso no vamos a volver”, dijo, de la misma manera.

    En esa ocasión, el presidente aseguró: «Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. ¿Cómo podemos combatir la corrupción si toda la oposición tiene la impunidad garantizada? Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad, ser periodista del club, porque tiene que ser de APES (Asociación de Periodistas de El Salvador), les permite infringir la ley sin consecuencias”. La APES publicó el 1 de octubre un informe sobre el exilio de periodismo salvadoreño.

    En mayo de 2025, Bukele cuestionó las calificaciones a las democracias del mundo que realizan diferentes entidades de investigación como la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU). Dijo que no tenía “nada en contra de las monarquías” pero preguntó por qué “las puntuaciones más altas las obtienen las monarquías hereditarias y los regímenes que prohíben a sus oponentes”.

    La EIU mantiene a El Salvador como un régimen híbrido con un puntaje de 4.61 en el Índice de Democracia 2024; el régimen híbrido es el anterior al autoritario. Antes están la democracia débil y la democracia plena.

    En agosto de 2025, el presidente defendió la reelección presidencial indefinida habilitada por la legislatura dominada por el partido oficial, Nuevas Ideas. Aseguró que el 90 % de los países desarrollados permiten la reelección indefinida “y nadie se inmuta”.

    Bukele aseveró en agosto de 2024 que “El Salvador no solo es el país más seguro del hemisferio occidental, sino que también garantizamos que usted no será arrestado, censurado ni le confiscarán sus bienes por ejercer su derecho a la libertad de expresión”.

     

  • Gobierno pide refuerzo de $113 millones para Presidencia, MAG, Seguridad y otras 10 instituciones: ¿cómo se distribuyen?

    Gobierno pide refuerzo de $113 millones para Presidencia, MAG, Seguridad y otras 10 instituciones: ¿cómo se distribuyen?

    El ministro de Hacienda, Jerson Posada, le ha pedido a la Asamblea Legislativa modificar la Ley del Presupuesto General de la Nación para reforzar los presupuestos de 13 instituciones públicas, con un monto total de $113 millones.

    El monto mayor se destinaría a la Presidencia de la República, que ha solicitado $32 millones, únicamente se detalla que servirán para «compromisos impostergables» en lo que resta de 2025.

    Al Ministerio de Agricultura y Ganadería se le destinarán $26 millones y al Ramo de Seguridad Pública y Justicia se le reforzará con $17 millones, estas son las tres instituciones con los mayores montos.

    «En la actualidad varias instituciones del sector público tienen compromisos prioritarios e impostergables que requieren cobertura presupuestaria para lo que resta del presente año 2025», argumenta el ministro, en la petición enviada a la Asamblea Legislativa el pasado 1 de octubre, «cumpliendo especiales instrucciones del presidente de la República».

    Según explica Posada en el proyecto de decreto, los recursos para reforzar las 13 instituciones saldrán del Fondo General, ya que «el Ministerio de Hacienda ha identificado las asignaciones disponibles dentro del presupuesto vigente de 2025, que pueden reorientarse para reforzar a las instituciones mencionadas en el proyecto que se presenta».

    Así se distribuirán los $113 millones en las 13 instituciones del Estado para cubrir compromisos en lo que resta del 2025

    Presidencia de la República: $32 millones.
    Agricultura y Ganadería: $26 millones.
    Seguridad Pública y Justicia: $17 millones.
    Relaciones Exteriores: $10 millones.
    Fiscalía General de la República: $8 millones.
    Economía: $6.5 millones.
    Cultura: $3.8 millones.
    Turismo: $2.6 millones.
    Educación, Ciencia y Tecnología: $2.5 millones.
    Procuraduría General de la República: $2 millones.
    Obras Públicas y de Transporte: $2 millones.
    Medio Ambiente y Recursos Naturales: $500,000.
    Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: $190,000.

    La solicitud no detalla para qué son estos requerimientos presupuestarios en cada entidad. El proyecto de decreto será visto en la Comisión de Hacienda convocada para este viernes 3 de octubre a las 9:30 de la mañana.

  • APES reporta 43 periodistas salvadoreños exiliados este año, el 85 % tenía miedo a una posible captura

    APES reporta 43 periodistas salvadoreños exiliados este año, el 85 % tenía miedo a una posible captura

    La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 43 periodistas salvadoreños que se han exiliado desde el 1 de enero hasta el 9 de junio de 2025 según «Informe sobre el exilio del periodismo salvadoreño en 2025» emitido el 1 de octubre.

    El documento señala que los periodistas decidieron abandonar el país temporal o definitivamente «en razón del ejercicio de su profesión». El primer caso de exilio se reportó el 1 de marzo.

    En mayo se reportó la salida de 31 de los 43 periodistas exiliados, el 72 % de los casos, algo que coincidió con «el arresto de defensores de derechos humanos, arrestos de empresarios del transporte colectivo, represión de la manifestación de cooperativas y aprobación de la Ley de agentes extranjeros».

    «El impacto directo ha sido evidenciado en una disminución del flujo informativo dentro de los medios digitales independientes, que desde meses atrás ya habían experimentado un primer obstáculo en su sostenibilidad». Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

    Según la investigación, el 32.5 % de los periodistas exiliados son mujeres y el 67.4 % son hombres. La mayoría de los exiliados tienen edades entre 40 y 50 años. La asociación indica que los periodistas que abandonaron el país tienen carreras medias o bastantes consolidadas «con más de una década» de experiencia en los medios.

    Tipo de medio en el que trabajaban los exiliados:

    • Digital: 28 periodistas.
    • Freelance: 5 periodistas.
    • Escrito: 3 periodistas.
    • Agencia de noticias: 2 periodistas.
    • Asociación: 2 periodistas.
    • Comunitario: 2 periodistas.
    • ONG: 1 periodista.

    85 % con temor a posible orden de captura

    La APES reportó que el 85 % de los casos de periodistas salvadoreño exiliados huyó por miedo a una posible orden de captura en su contra debido a su trabajo informativo. El 6.9 % por acoso; el 2.3 % por acoso policial; el 2.3 % por publicaciones y el 2.3 % por seguimiento.

    Los periodistas que contaron sus casos a la APES detallaron que habían notado presencia o interacción con los cuerpos de seguridad en sus casa o donde familiares; así como algunos fueron advertidos de posibles investigaciones en su contra o que están incluidos en listas de investigados.

    En ese sentido, la asociación aseguró que 35 periodistas optaron por una exilio temporal y 8 tomaron salidas definitivas. Asimismo, algunos que han salido temporalmente «no tienen certeza de cuándo podrán volver».

    La APES hizo entrevistas con algunos periodistas exiliados como Mónica Rodríguez, periodista comunitaria; Gabriel Labrador, de El Faro, y Jorge Beltrán Luna. En los relatos, los periodistas comentan los indicios de posibles capturas y cómo, sin aviso, algunos tuvieron que dejar a sus familias.

    En el informe, la APES pidió al gobierno cesar «cualquier tipo de acoso, persecución, seguimiento y restricción al ejercicio periodístico y la libertad de expresión», asegurar el cumplimiento de normas internacionales y el retorno seguro de los periodistas exiliados.

    Además, pidió a la comunidad internacional que apoye a los periodistas en desplazamiento forzado, y que se mantenga vigilante «sobre el declive democrático» y las afectaciones que esto tiene en la libertad de prensa y expresión en El Salvador.

  • Seguridad pide incorporar $785,600 de préstamo aprobado en 2022 para programa de atención a jóvenes en riesgo

    Seguridad pide incorporar $785,600 de préstamo aprobado en 2022 para programa de atención a jóvenes en riesgo

    El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia recibirá este año $785,600 de un préstamo para atender a jóvenes en riesgo del departamento de San Salvador, según la solicitud del ministro de Hacienda, Jerson Posada, para reformar la Ley del Presupuesto General vigente.

    Los fondos provienen de un acuerdo financiero entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Italia con la entidad financiera Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., por $6,136,079.67 ($6.1 millones) para el «Programa de prevención y de rehabilitación de jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley».

    El préstamo fue aprobado el 18 de enero de 2022; en ese entonces, Nuevas Ideas reclamó el atraso en la aprobación del acuerdo suscrito en 2016. El préstamo se deberá pagar en un plazo de 26 años y tiene un periodo de gracia de 16 años.

    Seguridad planea utilizar los $785,600 para un «Programa de apoyo a jóvenes en situación vulnerable en distritos priorizados del departamento de San Salvador » y «actividades integradoras dirigidas a jóvenes».

    ¿Para qué se usarán los fondos?

    -Servicios profesionales en medicina general.

    -Programas de formación técnica para el trabajo.

    -Cursos laborales-vocacionales en las áreas de panadería, electricidad, fontanería, elaboración de productos artesanales.

    -Contratación de consultores técnicos y administrativos para la gestión del Programa.

    Estas actividades serán dirigidas y ejecutadas por la Dirección de Integración, dependencia del Ministerio de Gobernación, para lo cual firmó un convenio con Seguridad el 27 de junio de 2025.

    Seguridad proyecta «promover estrategias integrales de prevención y reinserción social, dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad» y «fortalecer el tejido social y generar oportunidades de inclusión económica, educativa y comunitaria».