Categoría: Politica

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, realizará su visita a cinco países de la región –Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana– entre los días 1 y 6 de febrero, para impulsar la política exterior «America First» del presidente Donald Trump, informó hoy el Departamento de Estado de EE.UU.

Rubio se reunirá «altos funcionarios y líderes empresariales» para promover la cooperación en «detener la migración ilegal y a gran escala, luchar contra el flagelo de las organizaciones criminales transnacionales y los narcotraficantes, contrarrestar a China y profundizar las asociaciones económicas para mejorar la prosperidad en nuestro hemisferio», informó la portavoz del Departamento, Tammy Bruce, en una declaración de prensa.

En X, el Departamento de Estado reiteró que buscan cooperar en seguridad nacional, la protección de las fronteras y la mejora en la prosperidad económica de Estados Unidos.

Pondrá énfasis a prioridades de Trump

El secretario aseveró que durante su primer viaje a la región pondrá en «relieve las prioridades e intereses de la visión del presidente Trump», que busca «una región pro-estadounidense» donde los países «aliados sepan que Estados Unidos está con ellos».

Añadió que «la administración Trump pone a Estados Unidos» y explicó que en el ámbito diplomático «eso significa prestar más atención a nuestro propio hemisferio».

«Mi primer viaje internacional como Secretario de Estado pondrá de relieve las prioridades e intereses de la visión del Presidente Trump de una región pro-estadounidense donde nuestros aliados sepan que Estados Unidos está con ellos».
Marco Rubio, secretario de Estado.

La visita de Rubio se realizará en el marco de las masivas deportaciones de migrantes en situación irregular, así como de la declaraciones de la congresista republicana María Elvira Salazar, quien dijo tener información y conocimiento sobre que el presidente salvadoreño Nayib Bukele recibiría a pandilleros venezolanos del «Tren de Aragua» para recluirlos en cárceles salvadoreñas, luego de que CBS publicara que dicha posibilidad se analizara cuando el régimen de Nicolás Maduro estaba cerrada a recibir deportados.

.@SecRubio will travel to Panama, El Salvador, Costa Rica, Guatemala & the Dominican Republic February 1-6 to advance the Trump Administration’s America First foreign policy by strengthening U.S. national security, protecting our borders, and enhancing our economic prosperity.

— Department of State (@StateDept) January 31, 2025

La gira de Rubio a la región fue anunciada el martes, día en que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) había reportado 969 arrestos de migrantes en situación irregular. El miércoles, ICE registró 1,016 arrestos. Trump asumió su segundo mandato no continuo el 20 de enero, día en que el Senado estadounidense confirmó a Rubio como nuevo secretario de Estado.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, realizará su visita a cinco países de la región –Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana– entre los días 1 y 6 de febrero, para impulsar la política exterior «America First» del presidente Donald Trump, informó hoy el Departamento de Estado de EE.UU.

Rubio se reunirá «altos funcionarios y líderes empresariales» para promover la cooperación en «detener la migración ilegal y a gran escala, luchar contra el flagelo de las organizaciones criminales transnacionales y los narcotraficantes, contrarrestar a China y profundizar las asociaciones económicas para mejorar la prosperidad en nuestro hemisferio», informó la portavoz del Departamento, Tammy Bruce, en una declaración de prensa.

En X, el Departamento de Estado reiteró que buscan cooperar en seguridad nacional, la protección de las fronteras y la mejora en la prosperidad económica de Estados Unidos.

Pondrá énfasis a prioridades de Trump

El secretario aseveró que durante su primer viaje a la región pondrá en «relieve las prioridades e intereses de la visión del presidente Trump», que busca «una región pro-estadounidense» donde los países «aliados sepan que Estados Unidos está con ellos».

Añadió que «la administración Trump pone a Estados Unidos» y explicó que en el ámbito diplomático «eso significa prestar más atención a nuestro propio hemisferio».

«Mi primer viaje internacional como Secretario de Estado pondrá de relieve las prioridades e intereses de la visión del Presidente Trump de una región pro-estadounidense donde nuestros aliados sepan que Estados Unidos está con ellos».
Marco Rubio, secretario de Estado.

La visita de Rubio se realizará en el marco de las masivas deportaciones de migrantes en situación irregular, así como de la declaraciones de la congresista republicana María Elvira Salazar, quien dijo tener información y conocimiento sobre que el presidente salvadoreño Nayib Bukele recibiría a pandilleros venezolanos del «Tren de Aragua» para recluirlos en cárceles salvadoreñas, luego de que CBS publicara que dicha posibilidad se analizara cuando el régimen de Nicolás Maduro estaba cerrada a recibir deportados.

.@SecRubio will travel to Panama, El Salvador, Costa Rica, Guatemala & the Dominican Republic February 1-6 to advance the Trump Administration’s America First foreign policy by strengthening U.S. national security, protecting our borders, and enhancing our economic prosperity.

— Department of State (@StateDept) January 31, 2025

La gira de Rubio a la región fue anunciada el martes, día en que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) había reportado 969 arrestos de migrantes en situación irregular. El miércoles, ICE registró 1,016 arrestos. Trump asumió su segundo mandato no continuo el 20 de enero, día en que el Senado estadounidense confirmó a Rubio como nuevo secretario de Estado.

Dos propuestas de ley presentadas el miércoles por el ministro de Salud, Francisco Alabi, proponen multas que van desde uno hasta 550 salarios mínimos por cometer infracciones en la realización de ensayos clínicos o investigaciones sobre salud.

Las normativas serán estudiadas por los diputados de la Comisión de Salud y Agricultura, que se reunirá el lunes 3 de febrero a las 2:00 de la tarde.

Un proyecto de “Ley de ensayos clínicos con productos regulados por la Superintendencia de Regulación Sanitaria” pide aprobar multas desde 50 salarios mínimos del sector comercio, equivalentes a $18,250, hasta 500 salarios o $200,750.

Proyecto de Ley de Ensayos Clínicos

1. Multas de 50 a 150 salarios mínimos a infracciones leves
2. Multas de 200 a 350 salarios mínimos a infracciones graves
3. Multas de 400 a 550 salarios mínimos a infracciones muy graves

En esta normativa sería infracción leve el uso de productos no declarados a la Superintendencia en un ensayo clínico.

También, sería infracción grave usar productos en actividades distintas al ensayo clínico y no proporcionar información requerida por la Superintendencia.

Entre las muy graves, se incluyen alterar resultados del ensayo clínico, divulgar información confidencial de la investigación, comercializar o transferir muestras biológicas sin consentimiento del sujeto de investigación, y presentar información adulterada o falsificada en el proceso de autorización del ensayo clínico.

El ministro de Salud también pide la aprobación de una Ley de investigación para la salud que establece multas desde uno ($365) hasta 80 salarios mínimos ($29,200). Los obligados a cumplir esta ley son personas naturales o jurídicas, del sector público o privado, organizaciones sin fines de lucro y entidades nacionales e internacionales que hagan investigaciones para la salud, así como entidades estatales. Las instituciones académicas públicas o privadas deberán asignar un presupuesto para realizar investigaciones para la salud e incluirlas como “eje transversal” en estudios de grado.

Proyecto de Ley de Investigación para la Salud

1. Multas de 1 a 10 salarios mínimos para infracciones leves
2. Multas de 11 a 25 salarios mínimos para infracciones graves
3. Multas de 26 a 80 salarios mínimos para infracciones muy graves

Un Comité de Etica cuyos miembros serán nombrados por el ministro de Salud podrá suspender o cancelar las investigaciones que “no se realizan de manera ética” y comités locales de ética también harán “monitoreo ético de los estudios” y comunicarán “cuando las investigaciones no se realizan de manera ética a fin de que se proceda a su suspensión o cancelación”.

Esta ley también crearía un Biobanco que albergaría datos y muestras para investigación de enfermedades y contribuir al desarrollo científico.

La propuesta de ley faculta al Ministerio de Salud a realizar “el cobro de los precios públicos por la prestación de los servicios a que se refiere esta ley”, sin embargo, eximen de pago de “las tarifas” a hospitales, clínicas, centros educativos en formación e instituciones financiadas con fondos públicos.

La Asamblea Legislativa estudiará una reforma al Código Municipal para eliminar la solvencia de pago de impuestos municipales como requisito para inscribir sociedades en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR) para “simplificar el trámite”.

La reforma se haría al inciso quinto del artículo 100 del Código Municipal que actualmente exige la presentación de la solvencia municipal «de los socios o de la sociedad» mercantil por su inscripción, modificación o disolución.

Con la reforma este requisito no sería obligatorio: “Tampoco se inscribirán en el Registro de Comercio los documentos correspondientes a los trámites de modificación, transformación, fusión y disolución de sociedades, sin que se le presente a los registradores de comercio la solvencia de impuestos, tasas o contribuciones especiales municipales de la sociedad”.

También, se pide reforma al artículo 101 para habilitar que las solvencias no solo se expidan en papel simple, sino también por “cualquier medio electrónico disponible” y, además, siendo emitidas por el tesorero municipal u otro funcionario a cargo, eliminando que deberán ir “firmadas y selladas”.

En consecuencia, con la reforma al artículo 100 se elimina de la Ley General Tributaria Municipal el inciso segundo del ordinal 4º del artículo 89 que también establece la solvencia de impuestos municipales como requisito. Esta iniciativa será estudiada en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa de reformas a la Ley Penal Juvenil, para que los menores infractores en detención provisional o con penas por crimen organizado sean trasladados a centros penitenciarios administrados por la Dirección General de Centros Penales con «separación de pabellones».

La reforma se realizaría al artículo 119 de la Ley Penal Juvenil, que establece que los centros para menores infractores «serán diferentes a los destinados para los infractores sujetos a la legislación penal común».

Villatoro pide incorporar un nuevo inciso al artículo:

«En los casos de menores de edad a los que se imponga medida de detención provisional o pena de prisión por delitos cometidos en modalidad de crimen organizado, se cumplirá dicha privación de libertad en los centros penitenciarios administrados por la Dirección General de Centros Penales, en los que habrá separación en pabellones hasta que estos alcancen los 18 años de edad. El régimen penitenciario será el que aplique la Dirección, en atención a perfil dispuesto para la población reclusa por delitos ejecutados en esta modalidad y de acuerdo con las leyes aplicables. Una vez los internos cumplan la mayoría de edad, deberán ser sometidos al régimen general de adultos».

El proyecto contempla una disposición transitoria para que los menores que actualmente se encuentran internos por medida cautelar de internamiento o pena de prisión con base en la «Ley contra el crimen organizado» sean trasladados a los centros penitenciarios administrados por Centros Penales.

Estas reformas entrarían en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

La iniciativa pasó a estudio de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, que tiene previsto reunirse el miércoles 5 de febrero.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa de reformas a la Ley Penal Juvenil, para que los menores infractores en detención provisional o con penas por crimen organizado sean trasladados a centros penitenciarios administrados por la Dirección General de Centros Penales con «separación de pabellones».

La reforma se realizaría al artículo 119 de la Ley Penal Juvenil, que establece que los centros para menores infractores «serán diferentes a los destinados para los infractores sujetos a la legislación penal común».

Villatoro pide incorporar un nuevo inciso al artículo:

«En los casos de menores de edad a los que se imponga medida de detención provisional o pena de prisión por delitos cometidos en modalidad de crimen organizado, se cumplirá dicha privación de libertad en los centros penitenciarios administrados por la Dirección General de Centros Penales, en los que habrá separación en pabellones hasta que estos alcancen los 18 años de edad. El régimen penitenciario será el que aplique la Dirección, en atención a perfil dispuesto para la población reclusa por delitos ejecutados en esta modalidad y de acuerdo con las leyes aplicables. Una vez los internos cumplan la mayoría de edad, deberán ser sometidos al régimen general de adultos».

El proyecto contempla una disposición transitoria para que los menores que actualmente se encuentran internos por medida cautelar de internamiento o pena de prisión con base en la «Ley contra el crimen organizado» sean trasladados a los centros penitenciarios administrados por Centros Penales.

Estas reformas entrarían en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

La iniciativa pasó a estudio de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, que tiene previsto reunirse el miércoles 5 de febrero.

La eliminación del financiamiento público a los partidos políticos, conocida como deuda política, podría traer desigualdad en las elecciones de 2027 y un financiamiento «oscuro» de grupos de interés, según expertos de Acción Ciudadana (AC) y Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda).

La deuda política es un derecho de los partidos establecido en la Constitución de la República y la Ley de Partidos Políticos. Los partidos políticos tienen programado recibir $38 millones por lo que gastaron en la campaña presidencial, legislativa y municipal de 2024, de lo cual Nuevas Ideas recibiría más de $27.6 millones.

El director ejecutivo de la AC, Eduardo Escobar, explicó a Diario El Mundo que la eliminación de la deuda política provocará que los partidos puedan generar «una relación de dependencia con grupos de interés» que financiarían sus campañas electorales. El investigador de las finanzas de los partidos consideró que la eliminación de la deuda también volvería «más desigual el proceso electoral» porque «tiene la ventaja quien tiene más financiamiento», en este caso es Nuevas Ideas, partido gobernante.

«Este es el primer efecto, pérdida de un grado de independencia que podían tener los partidos respecto de los sectores económicos y los grupos de interés. La segunda es que podría volver todavía más desigual el proceso electoral».
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.

Para el experto, la supresión de la deuda política busca «consolidar un sistema de partido hegemónico» que «afecta el pluralismo político» porque con la desigualdad electoral que generaría «no habría posibilidad para que otros actores puedan acceder a cuotas de poder».

Por su parte, el presidente de Tracoda, Luis V. Villaherrera, también cree que la eliminación de la deuda podría significar «la apertura de financiamiento oscuro» para los candidatos, quienes al verse presionados podrían recurrir a «buscar estos recursos» por no tener fondos para su campaña.

«El que no reciban deuda política puede significar la apertura de financiamiento oscuro en los partidos políticos, en los candidatos y esto no necesariamente va a ser abrir la puerta que el partido va a recibir el financiamiento de dinero oscuro, sino que candidatos pueden buscar estos recursos».
Luis V. Villaherrera, presidente de Tracoda.

El partido opositor Vamos no ha recibido deuda política de 2024 porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no les entrega los documentos necesarios para el trámite en el Ministerio de Hacienda. Villaherrera cree que todos los partidos deben recibir la deuda, de lo contrario todos deberían devolverla. Según un monitoreo de Acción Ciudadana, Hacienda ha desembolsado más de $10 millones en deuda política por los comicios de 2024 pero tiene programados $38 millones.

¿Quiénes financian y en qué se gasta?

Para el representante de la AC, el principal problema es la falta de transparencia y no el financiamiento público de los partidos. Consideró que seguirá existiendo la duda de «cuánto se recibe, cómo se usan esos fondos, en qué se gasta y quiénes son los que lo entregan» en el caso del financiamiento privado. Actualmente se desconoce la lista de donantes de Nuevas Ideas.

«El suprimir la deuda política no resuelve ese problema porque también está el problema de la falta de control de las autoridades estatales», sostuvo.

Nuevas Ideas, Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Nuestro Tiempo, partido cancelado, no entregaron la documentación requerida para el «Monitoreo del financiamiento de la política salvadoreña» que la AC publicó en diciembre de 2024.

La Asamblea Legislativa culminó el proceso de reforma constitucional para acortar el proceso de aprobación de reformas constitucionales. La primera reforma constitucional sería la supresión de la deuda política en el artículo 210 de la Constitución según el gobierno pero la oposición cree que esta es una «excusa» para cambiar la Constitución en otros temas.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, manifestó que la oposición es la que permitió que el hospital Rosales, considerado un patrimonio nacional, se convirtiera en una “verdadera casa del terror” y que dichas quejas no serán escuchadas.

“No escucharemos las quejas de la oposición, quienes permitieron que ese “patrimonio” se convirtiera en una verdadera casa del terror”, manifestó el mandatario en una publicación en la red social X.

El mandatario señaló que las personas que hayan tenido la “lamentable” necesidad de requerir a dicho centro hospitalario, sabe que “no podría ser más tenebroso” y que ningún salvadoreño debe ser atendido en dichas condiciones.

“Sin embargo, cualquiera que haya tenido la lamentable necesidad de utilizarlo sabe que ese lugar no podría ser más tenebroso y que ningún salvadoreño debería ser atendido en esas condiciones, mucho menos en momentos de preocupación y enfermedad”, añadió Bukele.

El mandatario señaló que “el pueblo salvadoreño merece un hospital digno y moderno y eso es exactamente lo que muy pronto les daremos ”.

Dicha afirmación surgió ante las críticas de la oposición, la cual considera que se está destruyendo dicho hospital, esto a raíz que la Dirección de Obras Municipales (Dom) interviniera los pabellones considerados como “históricos”.

El pasado miércoles 22 de enero, Bukele defendió la intervención de la Dom, y aseguró que hay “más de 30 años de imágenes vídeos y relatos” del hospital y lo calificó como una “casa del terror”, arremetiendo contra la oposición salvadoreña diciendo que «no hay nada más anacrónico».

El presidente retomó la publicación del usuario @RetroSivar que decía: «¡TRISTE! Así están acabando con el histórico hospital Rosales». El usuario de X eliminó la publicación luego de que fuera retomada por el mandatario.

También, el ministro de Salud, Francisco Alabí, dijo que los “pabellones históricos” estaban sostenidos por “infraestructuras de soporte». «Esto es un atentado, realmente no es una situación funcional», afirmó.

El titular de Salud dijo que a esa infraestructura «no puede dársele» mantenimiento porque «no tiene soporte». «No se le puede dar mantenimiento porque no tiene soporte, está sujeta a una infraestructura de soporte», indicó durante una entrevista radiofónica.

El historiador Carlos Cañas Dinarte denunció la primera semana de enero que las «láminas históricas del hospital Rosales» que habían sido fabricadas en Bélgica estaban siendo demolidas por personal de la DOM.

El nuevo hospital Rosales aún se encuentra en construcción y aseguró que esperan su inauguración este año. «Esperamos que sea en el lapso de 2025, uno de los proyectos más esperados», dijo Alabi.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, entregó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de Ley de Investigación para la Salud para centralizar en el gobierno la regulación y la supervisión de las investigaciones particulares o públicas sobre salud.

“Ante la diversidad de legislación que regula la investigación en el campo de salud, es pertinente que se emita una ley especial que permita al Estado conducir los procesos relacionados en aquellas áreas de especial interés nacional y que además permita la supervisión de las investigaciones particulares o públicas, dentro de parámetros técnicos, éticos y legales…”, argumenta el gobierno.

Si se aprueba, la ley será «obligatorio cumplimiento» para: personas naturales o jurídicas, del sector público o privado, organizaciones sin fines de lucro, entidades nacionales e internacionales, que realicen investigación para la salud en el territorio nacional; y para quienes realicen investigación para la salud con fondos púbicos.

Cada investigación será supervisada por el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud (INS).

Una investigación para la salud está definida en la propuesta como todo proceso que busque “generar nuevo conocimiento relacionado con la salud o ampliar el existente” para contribuir con la salud y el bienestar de la población.

La definición incluye investigaciones para la salud con seres humanos, en donde la normativa plantea “adherirse a los estándares éticos” internacionales del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) y la Declaración de Helsinski de la Asociación Médica Mundial.

Un «Comité de Ética» electo por el ministro de Salud

Con la ley se crearía el Comité Nacional de Ética de la Investigación en Salud de El Salvador (CNEIS-ES), que tendrá autonomía y estará a cargo del monitoreo ético de las investigaciones que aprueba. Los miembros del CNEIS-ES serán electos por el ministro de Salud, previa opinión y propuesta del INS.

Para el funcionamiento del Comité Nacional de Ética, el ramo de Salud deberá incorporar en su proyecto de presupuesto una partida presupuestaria específica para gastos de funcionamiento con “diversos comités locales”.

También, con la normativa, se crearía un Biobanco del Instituto Nacional de Salud (BINS) para conservación, organización, seguridad y trazabilidad de las muestras biológicas de interés en salud pública en El Salvador.

El BINS se desarrollaría progresivamente conforme se genere la capacidad técnica instalada y la asignación de recursos debiendo quedar instalado el 1 de enero de 2026.

El proyecto de ley plantea la creación del Fondo Nacional de Investigación en Salud (Fonis), que podrá recibir transferencias estatales, de autogestión, donaciones de personas naturales o jurídicas, de venta de servicios, de proyectos de investigación y transferencias extranjeras para investigación, capacitación e infraestructura.

Se establece el certamen anual de investigación en ciencias de la salud que se denominará “Premio para la Investigación en Salud, Dr. Luis Edmundo Vásquez y a la vez se derogaría la Ley del Premio Nacional de Medicina “Doctor Luis Edmundo Vásquez, emitida mediante decreto legislativo el 12 de agosto de 1983.

También, se deroga la Ley Especial del Certamen Anual de Investigación Odontológica Dr. José Benjamín Zavaleta, emitida por decreto legislativo el 11 de diciembre de 1997.

Esta iniciativa que consta de 72 artículos será estudiada en la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, que fue convocada para el próximo lunes 3 de febrero.

El proyecto de Ley Anticorrupción enviado por el presidente Nayib Bukele obligaría a funcionarios y empleados públicos a presentar al Ministerio de Hacienda declaraciones juradas de sus activos (lo que poseen), pasivos (sus deudas), adquisiciones y transferencias de bienes durante el periodo de declaración de renta.

Cada «Declaración Jurada de Informe de Activos y Pasivos«, según el proyecto, será publicada por el Ministerio de Hacienda en no más de 15 días hábiles luego de su presentación, información a la cual tendrá «acceso irrestricto» la Corte de Cuentas de la República, que hará investigaciones y reportará a la Fiscalía General de la República (FGR).

El miércoles 29 de enero, Villatoro entregó a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley Anticorrupción para crear un Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC) y un Centro Nacional Anticorrupción (CNA), ambos dirigidos por la FGR, dirigida actualmente por Rodolfo Delgado, nombrado por Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa desde de la destitución de su antecesor el 1 de mayo de 2021.

El CNA, según el proyecto, verificaría información de las instituciones del SINAC para investigar redes de corrupción, conexiones entre personas, instituciones y transacciones.

El nuevo SINAC estará conformado por: Fiscalía, Ministerio de Justicia y Seguridad, Policía, Corte de Cuentas, Órgano Judicial, Ministerio de Hacienda, Superintendencia del Sistema Financiero, Comisión Nacional de Activos Digitales, Centro Nacional de Registro, Ministerio de Obras Públicas por medio del Registro Público de Vehículos, Registro Nacional de las Personas Naturales y Dirección Nacional de Compras Públicas.

El proyecto, que pasó a estudio de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, presidida por el diputado Ernesto Castro, reitera que no prescriben los delitos de corrupción como peculado, peculado por culpa, concusión, negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio, cohecho impropio, malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros y documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional y tráfico de influencias; y considera la acción penal de orden público y aplicable independientemente de la fecha en la que se hayan cometido los hechos.

Bukele anunció la Ley Anticorrupción la noche del miércoles, poco después de la ratificación que requería la reforma al artículo 248 de la Constitución realizada precisamente para abreviar en un solo paso, sin necesidad de ratificación, cualquier reforma a la Constitución.

«Este día envié a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Anticorrupción, un paso decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador. Esta ley busca reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante medidas claras y contundentes», escribió el mandatario, que funge su segundo quinquenio.

En enero de 2023, la organización Acción Ciudadana reveló que la Corte Suprema de Justicia denegó información estadística sobre las personas que habían declarado patrimonio y la cantidad de procesados por enriquecimiento ilícito.

Puede leer: Funcionarios no presentaron más de 11,000 declaraciones patrimoniales en los dos últimos quinquenios

Cronología de las declaraciones patrimoniales en El Salvador

24 de julio de 2015
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordena a la Corte Suprema de Justicia entregar la declaración patrimonial del entonces magistrado Rodolfo González a un ciudadano. La decisión vuelve públicas las declaraciones patrimoniales.

1 de septiembre de 2015
El IAIP ordena a la Corte Suprema de Justicia entregar a ciudadanos solicitantes las auditorías de tres expresidentes de la República. Consideró que los exámenes, auditorías, análisis o dictámenes forman un solo cuerpo con la declaración y no pueden separarse. Fue así que inició un lapso muy breve en el cual informes de patrimonios de funcionarios eran públicos.

23 de febrero de 2016
La Corte entrega a dos ciudadanos solicitantes las auditorías patrimoniales realizadas a los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes por la Sección de Probidad.

16 de marzo de 2016
La Corte entrega la declaración patrimonial del expresidente Francisco Flores, que constaba de 38 páginas.

20 de junio de 2017
La Corte reserva documentos en trámite con datos financieros, bancarios, contables y patrimoniales de funcionarios, y deliberaciones cuando no haya resolución definitiva de la CSJ o cuando dicha resolución exonere al investigado de indicios de enriquecimiento ilícito.

30 de julio de 2019
El IAIP ordena a la CSJ entregar versiones públicas de informes de Probidad de funcionarios investigados en 2018.

22 de julio de 2019
La Corte Suprema de Justicia resuelve entregar declaraciones patrimoniales del presidente pero rechaza la entrega de adendas.

22 de junio de 2020
El IAIP revoca la resolución de la oficial de la Corte Suprema de Justicia y le ordena entregar las adendas patrimoniales.

4 de noviembre de 2020
IAIP revierte orden de entregar adendas de informes patrimoniales por ser de naturaleza confidencial.