Redacción DEM ADMIN HC

Categoría: Politica

  • Gobierno obtuvo 116 muestras de ADN de desaparecidos durante el conflicto armado con una inversión de casi $10,000

    Gobierno obtuvo 116 muestras de ADN de desaparecidos durante el conflicto armado con una inversión de casi $10,000

    A través del proyecto de Banco de perfiles genéticos, el gobierno salvadoreño logró la recolección de 116 muestras de ADN de personas desaparecidas en el país durante el conflicto armado. Con esto, buscan aumentar las posibilidades de identificar a los desaparecidos.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, durante el último año, obtuvo 116 muestras de ADN y 266 perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas. Este proyecto es responsabilidad de la Comisión nacional de búsqueda de niñas, niños y personas adultas desaparecidas.

    Solo durante los primeros meses de 2025, las autoridades lograron identificar los restos humanos de cuatro casos. En ese sentido, con las pruebas genéticas de ADN, las autoridades lograron establecer la relación biológica con los familiares.

    Para el próximo año, Relaciones Exteriores prevé la recolección de otras 200 muestras de ADN. Por medio de este proyecto, el gobierno busca «identificar el mayor número posible de personas desaparecidas».

    En este programa de Banco de perfiles genéticos el gobierno invirtió casi $10,000. De junio a diciembre de 2024 se destinaron $6,720 y de enero a marzo de 2025 otros $3,000.

    La Cancillería salvadoreña reporta que con el programa beneficiaron a 382 familiares de personas desaparecidas durante la guerra, 141 hombres y 241 mujeres. El proyecto tiene 10 % de ejecución.

    Asimismo, la institución reportó en su memoria de labores del período 2024-2025 que el análisis de las osamentas «de larga data» necesita de un análisis especial, por lo que se encuentra gestionando apoyo técnico con entidades como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

    Apoyo psicosocial a familiares

    Relaciones Exteriores reporta que la Comisión de búsqueda no solo investiga el paradero de los desaparecidos durante el conflicto armado sino que propicia el reencuentro con las familias o posibilita la restitución de los restos.

    La institución brindó acompañamiento psicosocial a más de 600 familiares de desaparecidos o de personas con las que ya se reencontraron. La atenciones se brindan a través de sesiones individuales y en talleres familiares, locales y comunitarios.

    Además, se reportan cinco reencuentros familiares entre presenciales y virtuales y, se realizaron cinco actos de duelo simbólicos o con restitución de osamentas para los familiares de las personas desaparecidas. Se han realizado también talles y espacios formativos para más de 200 familiares de personas desaparecidas.

    La Cancillería también entregó canastas alimentarias a más de 250 familiares de desaparecidos durante el conflicto armado a través del Ministerio de Desarrollo Local. Las canastas se entregaron prioritariamente a personas adultas mayores y niños de escasos recursos.

  • Dictaminan nueva Ley de Energía Geotérmica para concesiones a privados de hasta 30 años

    Dictaminan nueva Ley de Energía Geotérmica para concesiones a privados de hasta 30 años

    Sin cambios a la propuesta gubernamental, la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable de la nueva “Ley de energía geotérmica”, que permite la inversión privada en geotermia y darles incentivos fiscales a los inversionistas en los primeros 10 años en concesiones que durarán hasta 30 años.

    La normativa permite expropiaciones de terrenos necesarios que no puedan ser adquiridos mediante contratación directa por la Comisión Ejecutiva Hidroéctrica del Río Lempa (CEL) o los inversionistas privados a través de sus sociedades.

    La explotación de la energía geotérmica incluirá la perforación profunda de los yacimientos según el presidente de la CEL, Daniel Álvarez.

    “En El Salvador, el recurso geotérmico está a una profundidad de 800 a 3,000 metros”, detalló el presidente de la CEL a los diputados.

    La ley permitirá que los inversionistas, nacionales o extranjeros, no paguen derechos arancelarios por la importación, Impuesto sobre la Renta (ISR) y otros tributos durante los primeros 10 años.

    Con la normativa, la Dirección General de Hidrocarburos y Minas (DGHM) dará permisos de prospección de 12 meses prorrogables, autorizaciones para la exploración en hasta 50 kilómetros cuadrados por hasta tres años ampliables por dos años más, y concesiones por hasta 30 años que deberán ser aprobadas por la Asamblea Legislativa.

    El funcionario dijo que, con la normativa, buscan atraer inversiones, generar empleos, dar precios estables y lograr independencia energética.

    «No damos abasto»

    El presidente de CEL explicó que el Estado no da abasto para la explotación del recurso geotérmico disponible en El Salvador y que por ello están abriendo a que lo hagan entes privados. «No damos abasto para lo que el país necesita energía», indicó.

    Aclaró que, con la inversión privada en la explotación de energía geotérmica, no cambiarán los planes de explotación que tienen las entidades del Estado. Detalló que la explotación geotérmica no solo sirve para generar energía eléctrica sino por ejemplo para «secar fruta».

    El diputado Samuel Martínez, de Nuevas Ideas, por los beneficios de la ley «en términos de energía más estable, precios competitivos o desarrollo económico”. «Se traduce en más competencia en la venta de energía eléctrica, hay que aperturar pozos, hay que hacer investigación de campos, hay que operar esas centrales, también se traduce en mayor generación empleos”, le respondió el funcionario.

    Álvarez detalló que planes del Estado “no cambian”. «Esto no es para lo que ya tenemos. Esto es para lo nuevo», detalló.

    El diputado Edgardo Mulato, del mismo partido, consultó si compañías nacionales o internacionales se han mostrado interesadas. “Sí, ya hemos tenido acercamientos de inversionistas que quieren explorar generar energía con geotermia, de hecho por eso es que tenemos la iniciativa de esta ley, se nos han acercado muchísimo en foros del Banco Mundial en donde sí hay un interés muy amplio en relación con la geotermia”, indicó Álvarez.

    Ante una pregunta de la diputada Elisa Rosales, el funcionario también prometió protección al medio ambiente porque los privados deberán explotar el potencial geotérmico bajo la experiencia de LaGeo.

    “Vamos a verificar que todo eso se cumpla, pero adicionalmente tenemos un brazo técnico que no es que no sepamos de lo que estamos hablando. Está LaGeo, en donde tenemos técnicos capacitados, el ‘expertise’ de decir ‘no, ustedes lo tienen que hacer de esta manera y así lo hacemos nosotros, en donde ustedes tienen que replicar esas buenas prácticas que nosotros ya hacemos como Estado’. Si no, les quitamos la concesión”, advirtió.

    La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) identificará áreas con potencial geotérmico para licitarlas a los inversionistas.

  • Cierra fundación Fudecso por Ley de Agentes Extranjeros

    Cierra fundación Fudecso por Ley de Agentes Extranjeros

    La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) anunció su cierre debido a la actual situación política del país, en donde señalan un “cierre del espacio cívico”, y la promulgación de la Ley de Agentes Extranjeros, vigente desde el pasado 7 de junio.

    “Tras 33 años de labor en favor de la democracia, las ciencias sociales y la ciudadanía en El Salvador, Fudecso anuncia su disolución ante el cierre del espacio cívico y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros”, escribió Fudecso en X.

    En un comunicado publicado la tarde de este lunes, la Fundación calificó la nueva Ley de agentes extranjeros de ser una “ley de censura” y una “ampliación de la aplicación del régimen de excepción contra la ciudadanía”.

    La nueva ley, según la fundación, afecta la ayuda financiera extranjera a las entidades no gubernamentales con un “impuesto arbitrario”, multas y amenazas de responsabilidades penales, en referencia al impuesto del 30 % sobre transferencias o donaciones extranjeras recibidas por personas naturales o entidades que operan en El Salvador y multas de hasta $250,000.

    “Aclaramos que Fudecso no ha sido ni es agente de ninguna entidad o gobierno extranjero. Preferimos disolver a Fudecso que perder nuestro derecho a ser ciudadanos libres”. Fudecso.

    Según la Fundación, “la principal amenaza de esa ley es la discrecionalidad para actuar contra las organizaciones no gubernamentales otorgadas al presidente de la República, al Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Local y al fiscal general, legalizando sus potenciales arbitrariedades”.

    Hace cuatro días, el 4 de septiembre, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), que nació en 1988, anunció su cierre debido a las condiciones de la nueva normativa.

    La Ley de Agentes Extranjeros obliga a cualquier persona u organización que reciba financiamiento extranjero a que se registre como «agente extranjero» en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) y obliga a los «sujetos obligados» a dar cualquier información sobre sus actividades o finanzas que considere y le pide el RAEX; y cobrarles un impuesto del 30 % sobre los fondos extranjeros. Fue anunciada por el presidente Nayib Bukele luego de una protesta cerca de su residencia.

    Un foro académico organizado por Fudecso en julio de 2025. / DEM.
  • Gobierno abrirá un “Laboratorio de Tecnología” que será financiado con cobros por servicios a empresas grandes

    Gobierno abrirá un “Laboratorio de Tecnología” que será financiado con cobros por servicios a empresas grandes

    El Ministerio de Economía realiza los “últimos detalles” de la apertura de un “Laboratorio de Tecnología” que será financiado a través del cobro por servicios cuyo dinero será destinado a un “Fondo de Actividades Especiales para la Prestación de Servicios de Tecnología en Transformación Digital”.

    El lanzamiento del laboratorio de tecnología se realizará bajo una marca, que aún no ha sido divulgada.

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable 131 para crear el nuevo Fondo, que se denominará “FAES”. Con este laboratorio, el gobierno busca la “generación de empleo con nuevas tecnologías”.

    “Es el primer escenario donde empezamos a hablar de este Laboratorio de Tecnología debido a que es un proyecto importante para el Ministerio, cuya fecha de apertura se espera que sea este año”. Marta Solís de Iglesias, asesora del Minec.

    Una asesora del Minec explicó este lunes a los diputados de la comisión que la creación del fondo pretende “contar con las facultades de cobrar por servicio” y que será creado –y abierto en una próxima fecha de 2025– para mantener la “sostenibilidad operativa” de este nuevo laboratorio que a su vez busca “acelerar la creación” de soluciones de tecnologías sostenibles, impulsar oportunidades de negocio y desarrollar “talento especializado”.

    Aclaró que no se cobrará “a la ciudadanía en general” sino a empresas grandes: “La intención no es cobrarle a la ciudadanía general, sino más bien se refiere a clientes muy especializados que tienen que ver con empresas grandes”.

    La implementación del laboratorio está a cargo de la División de Innovación y Competitividad del Minec, que ha venido “trabajando” con empresas tecnológicas.

    El laboratorio, explicó, busca “impulsar la innovación, el emprendimiento digital y tecnológico así como promover la transformación digital y la competitividad del sector empresarial a nivel nacional e internacional”.

    “En este espacio, las empresas podrán conocer sobre nuevas tecnologías que les permitirán mejorar su productividad, manteniéndose competitivas en un mundo con clientes cada vez más demandantes”, leyó una presentación.

    Los servicios proveídos por el laboratorio estarían orientados al fortalecimiento de capacidades tecnológicas, como coworking, exposiciones tecnológicas, conexión estratégica o el uso del laboratorio por empresas grandes “que quieren exponer sus marcas”. Las tarifas o cobros deberán ser autorizadas por Hacienda. El proyecto de ley, que tiene siete artículos, no detalla los servicios ni las tarifas de los servicios que serían cobrados.

  • Secretario del FMLN cree que se aumentarán “años de jubilación” y pide debate público sobre reforma de pensiones

    Secretario del FMLN cree que se aumentarán “años de jubilación” y pide debate público sobre reforma de pensiones

    El secretario general del partido opositor FMLN, Manuel Chino Flores, cree que la propuesta de reforma de pensiones que el gobierno tiene previsto publicar en 2026 incluirá el aumento de los años de jubilación, que actualmente está fijado en 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres.

    Flores aseguró que el gobierno actual está complicado por las medidas que adoptaron después de la reforma aprobada en diciembre de 2022. Según Flores, esto ha permitido más ganancia a las administradoras de fondos para pensiones (AFP).

    “El gobierno tiene un gran problema, cómo dar respuesta a 800,000 cotizantes y 200,000 pensionados, $10,000 millones retirados, tiene que pagar, el problema es que el dinero se está acabando”, indicó.

    Según el documento final de la cuarta revisión 2025 del Fondo Monetario Internacional (FMI), del 15 de junio, el gobierno de El Salvador pospuso de julio hasta finales de septiembre de 2025 la publicación de una evaluación actuarial del sistema de pensiones que se utilizará como base para diseñar la próxima reforma de pensiones de El Salvador.

    La publicación de la propuesta de reforma de pensiones se realizará el 10 de febrero de 2026 para que la aplicación de la reforma se realice “a mediados de 2026” con la incorporación de recomendaciones del FMI.

    El FMI ha solicitado expresamente que la nueva reforma logre logre contener los costos fiscales asociados a la reforma de 2022, ya que esta «desvinculó” los beneficios de los saldos individuales y dispuso que con estos se financiara «lo que queda del sistema público de reparto anterior”, es decir, pensiones del sistema público.

    Los estudios actuariales previsionales hacen proyecciones de flujos de ingresos y egresos del sistema, según las cotizaciones de los trabajadores, el aporte de los empleadores, las edades de jubilación, la esperanza de vida y las obligaciones futuras de pago de pensiones.

  • TSE califica como «crucial» el apoyo del PNUD para que elecciones sean «integrales, confiables y transparentes»

    TSE califica como «crucial» el apoyo del PNUD para que elecciones sean «integrales, confiables y transparentes»

    El organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) participó en el evento de conmemoración de los 50 años de presencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador y calificó la cooperación del PNUD como «crucial para lograr elecciones integrales, confiables y transparentes».

    La presidenta del Tribunal, Roxana Soriano, aseguró que  esta cooperación «ha dignificado nuestra institucionalidad y sembrado valores» en las futuras generaciones.

    «Valoramos estas décadas de cooperación como un legado invaluable, que ha dignificado nuestra institucionalidad y sembrado valores democráticos para futuras generaciones». Roxana Soriano, presidenta del TSE.

    El Tribunal indicó que seguirán trabajando con el PNUD «en la construcción de instituciones sólidas, una ciudadanía informada y procesos electorales que destaquen» por eficiencia y desarrollo tecnológico.

    En el evento participó Roxana Soriano, presidenta del TSE, y las magistradas Cecilia Marroquín, Karla Guandique y Sofía Paniagua, y los magistrados suplentes Amílcar Claros y Francisco Molina.

    A mediados de julio, el TSE informó que la presidenta Soriano se reunió con la representante del PNUD en El Salvador, Maribel Gutiérrez, para hablar sobre los avances para la celebración de las elecciones del 28 de febrero de 2027.

    Magistrados propietarios y suplentes del TSE asistieron a evento de celebración de los 50 años del PNUD en El Salvador. / @TSEElSalvador
  • ¿Quiénes pueden ser deportados? Esto dice la Embajada de EE.UU. en El Salvador

    ¿Quiénes pueden ser deportados? Esto dice la Embajada de EE.UU. en El Salvador

    La Embajada de Estados Unidos en El Salvador explicó el domingo que la deportación es el proceso por el que las autoridades estadounidenses pueden expulsar a extranjeros que violen “la ley de inmigración”. Hasta junio, más de 2,600 salvadoreños fueron capturados en Estados Unidos por su condición de migración irregular.

    La sede diplomática también aseguró que los hay tres grupos identificados como los que pueden ser deportados: quienes cometes actos criminales, quienes representan un riesgo para la seguridad pública y quienes violan su visa o entran sin documentos.

    En ese sentido, la Embajada indicó que cuando una persona es detenida por las autoridades de inmigración, es llevada a un centro de detención, mientras que en otros casos son presentados ante el juez correspondiente.

    Sin embargo, en otros casos, el detenido puede ser deportado “de manera acelerada”, lo que implica que no se realiza una audiencia. Este mecanismo es utilizado para personas que ingresaron a Estados Unidos sin documentos válidos, con papeles falsos o que incumplieron su visa.

    Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), al menos 2,683 migrantes salvadoreños fueron capturados en el primer semestre de 2025 en Estados Unidos por presentar una condición irregular.

    Los datos indican que de los capturados, al menos 433 eran menores de edad no acompañados. La Patrulla Fronteriza de la nación norteamericana reportó a 424 de ellos y la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) registró otros nueve menores.

    Por otro lado, la organización Witness at the Border informó que de enero a junio, al menos 85 vuelos con deportados han llegado a El Salvador desde Estados Unidos. En enero se reportaron 8 vuelos y en junio 22, lo que representa un aumento del 175 %.

    Algunos expertos migratorios han señalado que entre los posibles deportados también se encuentran los solicitantes de asilo, los ciudadanizados, quienes poseen carné de residencia, menores nacidos en Estados Unidos cuyos padres son deportados y beneficiarios de protección temporal.

     

  • TSE niega cifras de inscripciones, cancelaciones y actualizaciones del registro electoral nacional y en el exterior

    TSE niega cifras de inscripciones, cancelaciones y actualizaciones del registro electoral nacional y en el exterior

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) negó a Diario El Mundo el acceso a las cifras totales de las nuevas inscripciones, de las cancelaciones y actualizaciones de los salvadoreños registrados en el registro electoral, que es la base para la elaboración del padrón para cada elección.

    El Mundo solicitó vía acceso a la información pública el listado de inscripciones y cancelaciones de ciudadanos, así como las actualizaciones en el registro electoral de los salvadoreños registrados y el detalle de cuántos correspondían al territorio nacional y en el exterior.

    La nueva oficial de Información, Rocío Guadalupe Peraza Bran, explicó que los datos no podían ser entregados por la aplicación de la Ley de protección de datos personales dado que esta normativa no permite revelar datos que puedan volver identificable a una persona.

    «En consecuencia, al advertirse que los literales b y c de la solicitud de información se refieren a datos personales de ciudadanos contenidos en el registro electoral, se concluye que no es posible dar acceso a dicha información». Tribunal Supremo Electoral.

    Las actualizaciones del registro electoral no contienen datos como nombres, ni números de identificación, sino únicamente la cantidad de salvadoreños mayores de 18 años que son incorporados en el padrón electoral, es decir, el listado de ciudadanos aptos para votar.

    La falta de acceso a las actualizaciones del registro impide conocer la cantidad de potenciales votantes.

    La última actualización del registro electoral en noviembre de 2023. Estos reportes solo contienen datos estadísticos. / Captura de pantalla de reporte del TSE.

    El más reciente reporte de inscripciones y cancelaciones publicado por el TSE anterior corresponde al período junio de 2023 a abril de 2024.

    Mientras, la más reciente actualización del registro electoral corresponde a noviembre de 2023, cuando se cerró antes de las elecciones de 2024.

    El artículo 10 de la Ley de acceso a la información pública indica que los entes obligados deben publicar la información estadística que generen «protegiendo la información confidencial».

    Un patrón para negar información estadística

    Una fuente técnica que pidió no ser identificada por temor a represalias aseguró a Diario El Mundo que la institución electoral ha tomado un nuevo patrón de no entregar información pública, basándose en la Ley de protección de datos personales, aunque únicamente se requieran datos estadísticos.

    La fuente indicó que revisar las variaciones progresivas del registro en sus actualizaciones permite que se tenga certeza de que los inscritos en el padrón sí aparecen en el registro, por estar habilitados para votar, sin embargo, el no poder ver los avances numéricos «provoca que no haya credibilidad» en los datos.

    «No sabemos si se han integrado al padrón  que no les corresponde ser integradas o si al contrario, otras han sido sacadas del padrón. Entonces, esto impide conocer el crecimiento del padrón». Fuente técnica que pidió anonimato. 

    Aseguró que esta falta de información afecta a los partidos políticos porque no pueden «tener certeza del universo de votantes» al cual deben  dirigirse durante la campaña electoral o las actividades partidarias en territorio. «Es importante tener acceso a las actualizaciones para dar certeza de que solo están en el padrón las personas habilitadas para votar», afirmó.

    El Código Electoral, en el artículo 24, establece que el TSE debe llevar el listado de inscripciones y cancelaciones, y que debe ser publicado cada tres meses «por medios electrónicos», remitiendo copia a los partidos políticos.

    El artículo 87 de la misma normativa señala que el director del Registro Electoral debe «elaborar el padrón en forma depurada y actualizada cada seis meses».

  • Facilitarán constitución de fundaciones y organizaciones a salvadoreños en el exterior

    Facilitarán constitución de fundaciones y organizaciones a salvadoreños en el exterior

    Los salvadoreños en el exterior podrán constituir asociaciones y fundaciones sin fines de lucro en el exterior y solicitar su registro en El Salvador por medios digitales, gozando de los mismos beneficios que las constituidas con domicilio dentro de El Salvador.

    Así lo establece la nueva «Ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad» aprobada en agosto pasado, que también reguló la constitución de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro en el exterior.

    El registro de las sociedades de los salvadoreños que residan en el extranjero se realizará a través del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, que también administra el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), el cual, por el contrario, registrará y fiscalizará a las personas o entidades que financien sus actividades en El Salvador con fondos de «mandantes» extranjeros.

    Esta ley aclara que «las asociaciones y fundaciones constituidas en el exterior deberán regirse de conformidad con la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, es decir, la normativa que regula actualmente las organizaciones no gubernamentales (oenegés) establecidas en territorio salvadoreño.

    La ley ordena a Gobernación a compartir la información de estas entidades con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

    La nueva ley también otorga facilidades en la introducción de donaciones a la diáspora.

    El artículo 29 de la ley ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores a asesorar y acompañar a estas organizaciones de la diáspora que soliciten en sus solicitudes «de exención de impuestos para el ingreso de donaciones con fines sociales en el territorio salvadoreño».

    La ley también busca beneficiar a la diáspora para que participen, como «talentos», en actividades en El Salvador dentro de los siguientes sectores: educación, arte, cultura economía, deportes y ciencia, «para su desarrollo e integración en el ámbito nacional».

    El 97.9 % de los votos que logró Nayib Bukele en 2024 provino de los salvadoreños que residen en el extranjero.

    Un total de 331,756 salvadoreños en el exterior votaron en las elecciones presidenciales y legislativas de 2024, en una votación que por primera vez fue electrónica: 242,110 salvadoreños con «voto remoto por internet» y 89,646 «electrónico presencial» en 81 centros de votación. El sistema de votación costó $32,012,918 ($32 millones).

  • Algunas organizaciones no se inscribirán el Registro de Agentes Extranjeros por funcionar con voluntariado

    Algunas organizaciones no se inscribirán el Registro de Agentes Extranjeros por funcionar con voluntariado

    El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y la Mesa por una Pensión Digna, Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), así como el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) no pidieron inscribirse en el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) creado por el Gobierno de El Salvador porque no reciben fondos extranjeros.

    “Nosotros no recibimos fondos del extranjero y, si así fuese, no inscribiría a la Mesa porque es un atentado hacerlo, debido a que van a buscar control contra nosotros”, respondió Patricio Pineda, representante de la Mesa por una Pensión Digna, ante la pregunta si se inscribirían.

    Pineda reveló que la Mesa hace un esfuerzo de autofinanciamiento o voluntariado. “Compramos cositas para vender y vamos a las comunidades, muchos de nuestros miembros creen en nuestro proyecto y ellos voluntariamente aportan económicamente, y yo que pongo de mi bolsa”, detalló.

    Por su parte, la representante del SJH, Ingrid Escobar, advirtió que no percibirán donaciones del extranjero ya que se mantienen del voluntariado.

    “Somos un equipo de voluntarios, no nos vamos a inscribir por el momento”, señaló Escobar, quien reside en el extranjero por temor a represalias por sus críticas al gobierno. Actualmente, la SJH únicamente apoya a familiares de personas capturadas durante el régimen de excepción y las representa en demandas de hábeas corpus que son presentadas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

    Escobar, quien usualmente es crítica del gobierno actual, explicó que el respaldo jurídico en las demandas de habeas corpus no requiere financiamiento.

    El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) tampoco solicitó la inscripción en el RAEX, que abrió el periodo de inscripción desde el 9 de junio, dos días después del inicio de la vigencia de la ley.

    Samuel Ramírez, representante del Movir, explicó que esta no es una organización no gubernamental (ONG u oenegé) ya que surgió desde un inicio como un movimiento temporal y que se iba a mantener mientras durara el régimen. “La lucha es legítima”, sostuvo. El régimen de excepción está por cumplir tres años y medio.

    Ramírez también es crítico de la nueva ley que busca fiscalizar a las organizaciones que reciben fondos extranjeros.

    “La idea de esta ley es tratar de bloquear, eliminar aquellas organizaciones incómodas, nosotros ni siquiera intentamos inscribirla porque no era la intención formar una oenegé, sino un movimiento de víctimas que luchara con las víctimas durante el régimen, pensando en que iba a durar poco tiempo, resulta que lleva más de tres años”, indicó. Agregó que tampoco es que sean ilegales.

    Por su parte, Ángel Flores, coordinador de MILPA, informó que tampoco se inscribirán porque no reciben fondos del extranjero. “MILPA es un sindicato de trabajadores y trabajadoras del campo indígena, que se sostiene por las aportaciones de sus miembros”, explicó.

    El representante de MILPA cree que la nueva Ley de Agentes Extranjeros “obstaculizará el trabajo de organizaciones no gubernamentales que atienden temas sensibles o vinculados a los derechos humanos y de fortalecimiento organizativo de las comunidades o de grupos vulnerables” y puede ser “ser instrumentalizada para criminalizar o perseguir” a oenegés “bajo el supuesto de que realizan trabajo político”.

    Según Flores, esta normativa también estaría facultando al Gobierno “apropiarse de fondos de la cooperación internacional”.

    Otras organizaciones esperan su inscripción en el RAEX. La Fundación Comunicándonos y Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), Colectivo Feminista, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y la asociación Cristosal pidieron registrarse en el RAEX como agentes extranjeros, aunque Funde y Cristosal no solicitar ser calificadas como “sujetos excluidos” del pago del impuesto del 30 % sobre las donaciones o transferencias extranjeras que reciban.