Categoría: Politica

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa entrevistará a cuatro abogados candidatos al cargo de presidente del Tribunal de Servicio Civil (TSC), la institución que resuelve los recursos contra las resoluciones de las comisiones de servicio civil que seleccionan a los candidatos para la carrera administrativa de los funcionarios y empleados en el Estado y conocen de sus amonestaciones.

Los diputados votaron ayer por entrevistar a los cuatro candidatos William Vladimir Álvarez Flores, Ernesto Adalid Corea Barraza, Selvin Max Darwin Peña Rivera y Franklin Josué Nolasco Morales, el próximo 16 de junio a partir de las 2:00 de la tarde.

¿Quiénes son?

William Vladimir Álvarez Flores: abogado y notario, 42 años, con estudios de Maestría en Derecho Penal Económico en la Universidad de El Salvador (UES). Hizo su trabajo de investigación sobre lavado de dinero y las nuevas tecnologías como monedas criptográficas y tarjetas de pago electrónico. Señaló que la ley contra el lavado de dinero “pasa a tener vacíos legales” con la vigencia de la Ley del Bitcoin.

Ernesto Adalid Corea Barraza: abogado independiente, ha actuado como defensor particular o apoderado de trabajador en diferentes casos, del despacio jurídico Gámez & Asociados.

Selvin Max Darwin Peña Rivera: abogado, ha sido miembro del Sindicato de Empleados Judiciales (Sinejus).

Franklin Josué Nolasco Morales: presidente del Tribunal de Servicio Civil, gerente de Operaciones Legislativas de la Asamblea Legislativa. Fue ordenanza en las comisiones de Cultura y Educación, Financiera, Relaciones Exteriores de 2005 a 2012, laboró en Índice Legislativo de 2012 a 2016, fue técnico institucional de la Comisión de Defensa desde 2017, fue presidente de la Comisión de Servicio Civil de la Asamblea Legislativa de 2016-2018 y 2019-2021. Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador (UES) 2007-2013. Cursó educación media en el Complejo Educativo Pedro F. Cantor, en Izalco, Sonsonate, 2004-2005.

Los datos fueron encontrados en diferentes archivos en línea. La Asamblea Legislativa ha publicado únicamente las solicitudes de los candidatos.

El periodo del actual presidente del TSC, Franklin Josué Nolasco Morales, concluye el 27 de junio de 2025.

Los cuatro candidatos se inscribieron en el plazo de 17 días que estableció la Asamblea Legislativa, desde el 8 hasta el 25 de abril de 2025.

Los diputados defendieron el proceso de elección y lo calificaron de transparente. “Vamos a llamar a los cuatro profesionales que se están postulando a este cargo para que vengan acá a esta comisión y que nos acompañen a la entrevista que se les va a hacer, para que el pueblo, nuestros amigos periodistas que nos acompañan, pueden ver el trabajo en vivo, no sé qué más transparencia de eso puede haber, donde se conocen los nombres, las generalidades, cuáles fueron las preguntas, cuáles fueron las respuestas”, expresó el diputado Ernesto Castro, presidente de la Comisión Política y de la Asamblea Legislativa.

“No se le limita el ingreso a ningún partido político, a ningún diputado. Cualquier diputado puede venir a hacer sus preguntas”, dijo el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro.

La Comisión Política de la Asamblea inicia todos los procesos de elección de los candidatos a cargos de segundo grado, con una serie de entrevistas públicas a los candidatos. Estas entrevistas son transmitidas por los canales de redes sociales de la Asamblea Legislativa.

Luego de las entrevistas, la Comisión Política aprueba un dictamen favorable sin propuestas de nombres específicos para los cargos. En las sesiones plenarias, después de leído el dictamen favorable de la Comisión, cada grupo parlamentario propone nombres específicos y posteriormente sin discusión son aprobados. En el proceso, no se transmite algún proceso de deliberación.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes –con 59 votos y un voto en contra– la “Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas”, que busca limitar el endeudamiento público a un 70 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2045 y mantener las finanzas públicas en una condición estable a largo plazo.

La ley aplicará al Sector Público No Financiero, que incluye al Gobierno Central –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, Ministerio Público, instituciones descentralizadas no empresariales, empresas públicas no financieras, como la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), así como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la Dirección de Obras Municipales (DOM), las municipalidades y el Fondo de Conservación Vial (Fovial). La ley incluye las obligaciones del Sistema de Pensiones, por lo que el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) estará obligado a dar la información que el Ministerio de Hacienda le pida.

La regla de responsabilidad fiscal será la siguiente:

1. La deuda con pensiones no podrá ser mayor al 80 % del PIB en 2030.
2. La deuda con pensiones no podrá ser mayor al 75 % del PIB en 2035.
3. La deuda con pensiones no podrá ser mayor al 70 % del PIB en 2045.

Sin embargo, el nivel de deuda límite de largo plazo “podrá ser revisado cada 10 años” con “una propuesta razonada a la Asamblea Legislativa”.

Además, las metas de deudas podrán suspenderse en los casos siguientes: si el PIB real cae al menos 1.5 % durante dos trimestres consecutivos o en caso de emergencia, calamidad pública, desastre natural, crisis económicas o conflictos bélicos internacionales que generen un costo fiscal de al menos 1 % del PIB.

La nueva normativa es una de las condiciones del acuerdo de financiamiento de aproximadamente $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual exige, además de una Ley de Sostenibilidad Fiscal, una reforma de pensiones que contenga los costos fiscales, una reducción en el gasto salarial, una reforma al servicio civil y la contención de gastos corrientes.

Con la nueva normativa, Hacienda deberá elaborar un Marco Fiscal de Mediano Plazo, una programación fiscal del presupuesto y de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) –gobierno central, instituciones descentralizadas y empresas públicas– a cinco años, que deberá ser publicado anualmente en el Portal de Transparencia Fiscal

Arena votó a favor y Vamos, en contra: ¿por qué?

El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), quien rechazó la dispensa de trámites, mostró su desconfianza en que la Ley de Sostenibilidad Fiscal se cumpla pero votó por la normativa.

«Vamos a apoyarla pero ojalá que este no sea un candado simbólico más que le está poniendo Nuevas Ideas al presupuesto general de la nación ni tampoco al endeudamiento, porque ya vimos que, después de aprobar esta ley de sostenibilidad fiscal, viene otro endeudamiento de $75 millones. Ojalá sea una verdadera herramienta de control donde ustedes se ajusten el cincho al igual que lo están haciendo muchos salvadoreños porque el dinero ya no les alcanza», afirmó.

Está claro que esta medida obedece a un cumplimiento que deben realizar al Fondo Monetario Internacional, que no busca más que frenar el endeudamiento que ustedes han realizado en todo este periodo. Llegó algo tarde, pero qué bueno que llegó.
Francisco Lira, diputado de Arena.

Por su parte, la diputada Cesia Rivas, de Vamos, votó en contra de la ley y mostró su desconfianza en que se cumpla. «Es pecar de inocentes», dijo. Aseguró que la ley significa el límite de la deuda pero también «la medicina amarga para la gente».

«Vamos a votar en contra porque nos han demostrado que pueden poner todo lo que quieran en el papel pero ustedes no cumplen la ley. Vimos cómo igual no importó y siguen comprando Bitcoin porque la medicina amarga la sigue probando el salvadoreño que va coyol quebrado coyol comido, pero vemos el despilfarro y el gasto desmedido en todo lo público y la falta de transparencia».
Cesia Rivas, diputada de Vamos.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, votó a favor ya que aseguró que será beneficioso para el país. «Con solo quejarse no cambiamos las cosas, probablemente algunos crean que somos inocentes, pero nosotros somos propositivos», dijo.

Sin embargo, Villatoro planteó preguntas que quedan a flote con la aprobación de la ley: los límites de deuda solo están planteados para los tres gobiernos siguientes, pero no para el gobierno actual; y mencionó que en el artículo 8 se considera suspender la Ley de Sostenibilidad Fiscal, «pero dice que solo se le va a informar a la Asamblea Legislativa, pero no se va a revisar el porqué se van a hacer las modificaciones».

«No solamente es que va a sanear las finanzas del Estado y que de esta aprobación depende el segundo desembolso. Si es cierto que muchas leyes se quedan en letra muerta pero nosotros queremos creer que sí van a cumplir estas metas».
Marcela Villatoro, diputada de Arena.

También, el diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, también sostuvo que, con la Ley de Sostenibilidad Fiscal, «se está transparentando el manejo fiscal con una proyección de deuda de hasta el 70 % del PIB», en referencia a la meta que se tiene hasta 2045. «Se van a transparentar los datos fiscales y las proyecciones y esto será bajo la tutela de los organismos internacionales», prometió.

La Ley de Responsabilidad Fiscal pasada estaba basada con un tope de deuda de hasta el 65 % del PIB, fue suspendida por la pandemia, es un esfuerzo por proyectar un nuevo techo fiscal.
Christian Guevara, diputado de Nuevas Ideas.

Con un voto en contra y 57 a favor, la Asamblea Legislativa ratificó este martes el “Acuerdo sobre la cooperación en la industria de la defensa” entre El Salvador y Turquía.

La diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, dijo que El Salvador tiene que estar preparado ante «cualquier eventualidad» y detalló que «esto no es solamente un acuerdo de intercambio de bienes, sino que es una colaboración muchísimo más profunda, que está destinada a fortalecer nuestras capacidades especiales en la materia de defensa».

«Estamos en un mundo estamos en constante cambio y que los desafíos en la seguridad pueden surgir en cualquier momento y de cualquier manera, obviamente nosotros como país tenemos que estar preparados ante cualquier eventualidad, este acuerdo nos va a permitir fortalecer nuestras capacidades en áreas cruciales, tales como el desarrollo, la producción, la adquisición y el mantenimiento de bienes y servicios relacionados con nuestra defensa nacional».
Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas.

«Nosotros vamos a poder modernizar y equipar mejor nuestras Fuerzas Armadas, asegurando que tengan todas aquellas herramientas necesarias para poder proteger a nuestra gente y nuestro territorio. Se trata también de la transferencia de conocimientos y de esta forma construir una base sólida para nuestra propia industria de defensa en el futuro», continuó la legisladora de Nuevas Ideas.

El acuerdo fue suscrito el 3 de marzo por El Salvador y el 16 de abril de 2025 por Turquía.

Según la solicitud, el acuerdo entre Turquía y El Salvador incluye intercambio de servicios de defensa, la participación de proyectos conjuntos en producción de sistemas de defensa, la «transferencia de conocimientos y tecnología especializada vinculados con la industria militar», visitas recíprocas de delegaciones técnicas, militares y empresariales, y «la formación y capacitación técnica-militar de cada uno de los funcionarios de cada país», la adquisición, desarrollo, producción de cualquier tipo de productos y servicios de la industria de defensa que necesiten las organizaciones de seguridad de las partes.

En agosto de 2023, el sitio defensa.com publicó que la Fuerza Armada de El Salvador se estaba modernizando con sofisticados sistemas turcos, incluido un helicóptero T625, camiones de 10 toneladas, vehículos todoterreno, un buque, 113 drones con tecnología de recolección de datos biométricos para el Ejército y la Policía, dispositivos de vigilancia, entre otros.

La canciller salvadoreña visitó Turquía en agosto de 2019, luego de lo cual se inauguraron las embajadas de El Salvador en 2020 y la de Turquía en 2022; y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, hizo una visita presidencial a Turquía del 19 al 21 de enero de 2022, y firmó seis acuerdos, uno de industria de la defensa.

Por otra parte, el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, mencionó que el nombre de Turquía es Türkiye, en referencia al nombre de Turquía en idioma turco, que se estableció así ante las Naciones Unidas como parte de una campaña lanzada por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Tres abogados representantes de familiares de los venezolanos encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) pidieron este martes a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que les informe sobre el estado de salud de los extranjeros y, a la Dirección de Centros Penales, que les permita visitarlos.

El abogado Walter Márquez detalló que quieren conocer el estado de salud y la situación procesal especialmente de sus seis representados. Además, exigen que sean puestos en libertad los venezolanos que no hayan cometido delitos.

«Estamos requiriendo a la Procuraduría que se informe sobre el estado de salud y también la situación procesal de ellos y que sean puestos en libertad los que no tengan ninguna responsabilidad. Ellos recibieron el planteamiento, lo van a estudiar y luego nos darán la respuesta «. Walter Márquez, abogado de seis venezolanos.

El abogado Marquez dijo que esperan que la PDDH y Centros Penales den una respuesta a sus peticiones antes de este fin de semana, pues regresarán a Venezuela. Asimismo, esperan reunirse con la procuradora, Raquel Caballero de Guevara.

Política | Walter Márquez, abogado seis venezolanos recluidos en Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), llega a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH): «Estamos requiriendo que se informe del estado de salud y la situación procesal». pic.twitter.com/zhpW6bsEKQ

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) June 10, 2025

La abogada Reyna Cárdenas aseveró que no «existe una prueba como tal» de que los venezolanos estén en el CECOT solo «los vídeos» difundidos por el gobierno salvadoreño, donde se muestran a los venezolanos siendo trasladados a la megacárcel. «En algunos de los casos puntuales no han aparecido en esos vídeos y en eso solicitamos saber su estado de salud», pues desconocen las condiciones en las que se encuentran, afirmó Cárdenas.

A finales de marzo, el bufete Grupo Ortega presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un hábeas corpus para pedir la liberación de los 238 venezolanos que fueron trasladados por el gobierno de los Estados Unidos hacia El Salvador para guardar prisión en el CECOT.

El bufete había sido contratado por el régimen venezolano de Nicolás Maduro y representaba oficialmente a 30 de los venezolanos, cuyos familiares les entregaron poderes para representarlos.

A inicios de marzo, el presidente Nayib Bukele informó que recibió 238 miembros del Tren de Aragua para recluirlos en el CECOT a cambio de una tarifa de $6 millones anuales. Entre los encarcelados se encontrarían 23 pandilleros de la MS-13. La encargada de prensa de la Casa Blanca detalló que 101 de los deportados fueron expulsados bajo la ley migratoria Título 8.

Diputadas opositoras de la Asamblea Legislativa salvadoreña han asegurado que no se siguió el proceso constitucional para que los reclusos fueran traídos a El Salvador porque el artículo 131 señala que los tratados o pactos que suscriba el Ejecutivo con otras naciones deben ser ratificados por el Órgano Legislativo y el acuerdo fue suscrito únicamente con la Presidencia.

Con 58 votos, incluidos los de Arena y Vamos, la Asamblea Legislativa aprobó «un reconocimiento» al Alianza Fútbol Club por haberse coronado campeón nacional y también por su trayectoria.

«Yo le pregunté a un futbolista qué se siente sentir esa camiseta y me dijo: el orgullo capitalino, amor y pasión a la camiseta blanca… Este equipo enorgullece a cada salvadoreño, a cada capitalino», comentó en el pleno el diputado Dennis Salinas, de Nuevas Ideas, sobre el reconocimiento.

La Asamblea también aprobó, con 58 votos, incluidos los de Arena y Vamos, la nacionalidad salvadoreña para el patinador colombiano Sebastián Ruiz García para que represente a El Salvador en competencias internacionales y, con 59 votos, también al futbolista estadounidense Zander Knight Tidwel.

Ruiz García nació en Cali, Colombia, el 29 de marzo de 1999, ha participado en el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones en 2024, en Ibagué, Colombia; en el Gran Prix/Open Panamericano, en Antioquia, Medellín; en el Campeonato Nacional de Clausura en El Salvador y en la Copa Europea, en Alemania; y ha colaborado con la selección salvadoreña de patinaje y con clubes afiliados a la Federación Salvadoreña de Patinaje, como el Club Chinameca, Club El Polvorín en San Salvador, Fusalmo en Soyapango y Santa Tecla.

Tidwel nació en California, Estados Unidos, el 10 de enero de 2007, y ha participado en competencias en México, Estados Unidos, España y Guatemala, y ha participado en clínicas deportivas, talleres y eventos comunitarios. La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) consideró que su participación en la Selección Nacional de Fútbol sub 20 «puede contribuir significativamente al desarrollo del deporte en nuestro país».

Al final de las aprobaciones, el diputado Ernesto Castro, sugirió un reconocimiento al equipo femenino de Alianza F.C. «Le instruyo al equipo técnico para que hagan la iniciativa de ley», indicó.

La agenda de la sesión plenaria de este martes únicamente tenía el reconocimiento del Alianza, las dos nacionalizaciones y la ratificación de un acuerdo entre El Salvador y Turquía para la industria militar.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió el martes modificar agenda para introducir una propuesta de reforma y crear un fondo a favor de los migrantes retornados a partir de un cobro de $1 por boleto aéreo de salida desde El Salvador.

La propuesta es una reforma a la «Ley de integración de funciones del Consejo nacional para la protección y desarrollo de la persona migrante y su familia (Conmigrantes) al Ministerio de Relaciones Exteriores«.

“Quiero solicitar que se modifique esta ley para que en el cobro de viaje de salida en el viaje aéreo de cada pasajero que salga del país, se le cobre $1, de una tasa que sea destinada para crear un fondo de apoyo a los migrantes retornados”.
Claudia Ortiz (Vamos).

Ortiz explicó que el fondo serviría para brindar a las personas retornadas “diferentes programas de apoyo y protección y también un capital semilla, luego de una evaluación y diagnóstico realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores” con el fin de que inicien un negocio y salgan adelante económicamente.

La propuesta de modificación de agenda fue sometida a votación. Tuvo dos votos: Ortiz y la diputada Marcela Villatoro, de Arena. “Con dos votos a favor, no hay resolución”, dijo el diputada presidente, Ernesto Castro.

La propuesta de reforma

Art. 1.- Refórmase el inciso primero e incorpórese un inciso segundo del artículo 7 de la siguiente manera:
Otros ingresos
«Art. 7.- La distribución por el cobro de tasa por salida de cada pasajero vía aérea, que corresponde a un dólar de los Estados Unidos de América, que establece el artículo 326 literal a) de la Ley Especial de Migración y Extranjería, serán destinados para la constitución de un Fondo Especial para la Atención a Migrantes Retornados, el cual será administrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y tendrá por objetivo la atención integral a los salvadoreños en situación de migrantes irregulares para que sean incorporados a la economía de país.»
«El total de lo recaudado por el Fondo Especial para la Atención a Migrantes Retornados, será asignado para que el Ministerio de Relaciones Exteriores realice un programa especial para otorgamiento de capital semilla para salvadoreños retornados que de conformidad a un diagnóstico que se realice, y que, además se determine que ellos pueden y quieren quedarse en el país y realizar un emprendimiento.»
«Con la finalidad de garantizar un efectivo cumplimiento a lo dispuesto en la presente disposición, se faculta al Ministerio de Hacienda para que emita las disposiciones administrativas y financieras que sean necesarias.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, reformó el Reglamento del Consejo Superior del Trabajo para quitar la mención expresa de ocho empresariales como los electores de los miembros del sector empleador, sino dejar establecido que serán elegidos por “organizaciones de empleadores legalmente inscritas en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación”.

El artículo 4 actual del reglamento indica que el Consejo Superior del Trabajo se integra por ocho miembros propietarios y ocho suplentes de cada uno de los siguientes sectores: Gubernamental, Empleador y Trabajador.

Los miembros del sector gubernamental son designados por acuerdo del Presidente e incluye a funcionarios de ministerios.

Los miembros del sector empleador son designados uno por cada una de las siguientes instituciones: Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Asociación de la Micro y Pequeña Empresa (AMPES), Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes), UCRAPROBEX, Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco) y Procaña.

Los miembros del sector trabajador son designados por las federaciones y confederaciones sindicales inscritas en el Ministerio de Trabajo.

La reforma sustituye la forma de selección de los miembros del sector empleador, eliminando la mención expresa de las ocho entidad y estableciendo que ahora serán designados “por organizaciones de empleadores legalmente inscritas en el Registro de Asociaciones” del Ministerio de Gobernación.

El Consejo Superior del Trabajo es un organismo autónomo encargado de promover “la concertación económica y social entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores”, está facultado para hacer recomendaciones de política social.

La reforma fue aprobada el 5 de junio por el ministro de Trabajo y publicada en el Diario Oficial de la misma fecha.

El alcalde de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, quien actualmente percibe $500 mensuales, lanzó este martes una encuesta en redes sociales para aumentarse el salario y que la población le ayude a elegir entre tres opciones: $1,000, $2,000 o $2,250 mensuales.

El edil, quien se rebajó el salario en la primera sesión de concejo a $500, casi al final de un video publicado el lunes propuso modificar su salario y anunció que lo someterá a votación de la población en una encuesta en X.

«Vamos a presentar el día de mañana una encuesta donde va a haber tres salarios, son salarios acordes a las finanzas que pueden haber, no vayan a creer que son salarios altos, son salarios razonables y vamos a someterlo a votación», expresó el funcionario.

Aproximadamente a las 8:00 de la mañana, habían votado 1,586 usuarios de X, 47.9 % por $1,000 mensuales, 18 % por $2,000 mensuales y un 34.1 % por $2,250 mensuales.

El funcionario aseguró que su gestión municipal no ha aumentado la deuda en los seis distritos. «Debemos lo que las alcaldías anteriores hicieron, tenemos que hacerle frente a esa deuda», expresó.

Indicó que él como alcalde ha buscado dejar de ser «carga» para el gobierno central y «dejar de estar pidiendo», que si no hay Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), reinventarse.

«Nosotros dijimos que íbamos a mostrar un año tratando de hacer esta transformación y poder llevar la alcaldía a un nivel de empezar a caminar en esta visión de país que tiene el presidente», indicó.

Santa Ana Oeste es conformado por Chalchuapa, San Sebastián Salitrillo, El Porvenir, Santiago de la Frontera, San Antonio Pajonal y Candelaria de la Frontera.

Esta es la encuesta para que el pueblo determine mi salario.

Aclaro que a esto no se le sumará nada más, no habrá gastos de representación ni bonos ni nada agregado.

Háganme el favor de votar para determinarlo.

— Jorge Castro (@JorgeCastro_SAO) June 10, 2025

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa entrevistará a cuatro abogados candidatos al cargo de presidente del Tribunal de Servicio Civil (TSC), la institución que resuelve los recursos contra las resoluciones de las comisiones de servicio civil que seleccionan a los candidatos para la carrera administrativa de los funcionarios y empleados en el Estado y conocen de sus amonestaciones.

Los diputados votaron ayer por entrevistar a los cuatro candidatos William Vladimir Álvarez Flores, Ernesto Adalid Corea Barraza, Selvin Max Darwin Peña Rivera y Franklin Josué Nolasco Morales, el próximo 16 de junio a partir de las 2:00 de la tarde.

¿Quiénes son?

William Vladimir Álvarez Flores: abogado y notario, 42 años, con estudios de Maestría en Derecho Penal Económico en la Universidad de El Salvador (UES). Hizo su trabajo de investigación sobre lavado de dinero y las nuevas tecnologías como monedas criptográficas y tarjetas de pago electrónico. Señaló que la ley contra el lavado de dinero «pasa a tener vacíos legales» con la vigencia de la Ley del Bitcoin.

Ernesto Adalid Corea Barraza: abogado independiente, ha actuado como defensor particular o apoderado de trabajador en diferentes casos, del despacio jurídico Gámez & Asociados.

Selvin Max Darwin Peña Rivera: abogado, ha sido miembro del Sindicato de Empleados Judiciales (Sinejus).

Franklin Josué Nolasco Morales: presidente del Tribunal de Servicio Civil, gerente de Operaciones Legislativas de la Asamblea Legislativa. Fue ordenanza en las comisiones de Cultura y Educación, Financiera, Relaciones Exteriores de 2005 a 2012, laboró en Índice Legislativo de 2012 a 2016, fue técnico institucional de la Comisión de Defensa desde 2017, fue presidente de la Comisión de Servicio Civil de la Asamblea Legislativa de 2016-2018 y 2019-2021. Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador (UES) 2007-2013. Cursó educación media en el Complejo Educativo Pedro F. Cantor, en Izalco, Sonsonate, 2004-2005.

Los datos fueron encontrados en diferentes archivos en línea. La Asamblea Legislativa ha publicado únicamente las solicitudes de los candidatos.

El periodo del actual presidente del TSC, Franklin Josué Nolasco Morales, concluye el 27 de junio de 2025.

Los cuatro candidatos se inscribieron en el plazo de 17 días que estableció la Asamblea Legislativa, desde el 8 hasta el 25 de abril de 2025.

Los diputados defendieron el proceso de elección y lo calificaron de transparente. “Vamos a llamar a los cuatro profesionales que se están postulando a este cargo para que vengan acá a esta comisión y que nos acompañen a la entrevista que se les va a hacer, para que el pueblo, nuestros amigos periodistas que nos acompañan, pueden ver el trabajo en vivo, no sé qué más transparencia de eso puede haber, donde se conocen los nombres, las generalidades, cuáles fueron las preguntas, cuáles fueron las respuestas”, expresó el diputado Ernesto Castro, presidente de la Comisión Política y de la Asamblea Legislativa.

“No se le limita el ingreso a ningún partido político, a ningún diputado. Cualquier diputado puede venir a hacer sus preguntas”, dijo el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro.

La Comisión Política de la Asamblea inicia todos los procesos de elección de los candidatos a cargos de segundo grado, con una serie de entrevistas públicas a los candidatos. Estas entrevistas son transmitidas por los canales de redes sociales de la Asamblea Legislativa.

Luego de las entrevistas, la Comisión Política aprueba un dictamen favorable sin propuestas de nombres específicos para los cargos. En las sesiones plenarias, después de leído el dictamen favorable de la Comisión, cada grupo parlamentario propone nombres específicos y posteriormente sin discusión son aprobados. En el proceso, no se transmite algún proceso de deliberación.

Las sociedades mercantiles o empresas naturales o jurídicas de actividades comerciales o de inversiones extranjeras no serán consideradas «agentes o mandantes extranjeros», según el reglamento de la Ley de Agentes Extranjeros y no estarían obligadas a inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX).

“No se considerarán Agentes Extranjeros, Mandantes o Directores extranjeros a las sociedades o empresas de naturaleza mercantil, sean nacionales o extranjeras, ni a las personas naturales o jurídicas vinculadas o que desempeñen actividades de naturaleza económica estrictamente comerciales o relativas a inversiones extranjeras, siempre y cuando se ajusten a sus propias finalidades establecidas para sus negocios, caso contrario deberán proceder al registro correspondiente a través del RAEX”, indica el inciso tercero del artículo 8 del reglamento publicado en el Diario Oficial del 2 de junio.

La Ley de Agentes Extranjeros, aprobada el 20 de mayo y vigente desde el 7 de junio, busca regular a todas las personas o entidades cuyas actividades en El Salvador respondan a intereses o sean financiadas por una persona extranjera, y a personas o entidades que financien a los agentes extranjeros.

Así, la normativa obliga a inscribirse en el RAEX en un plazo de 90 días que vence a inicios de septiembre; las organizaciones dedicadas a fines sociales, si bien pueden solicitar exclusión del pago del impuesto del 30 %, no están exentas de la inscripción en el RAEX.

Las únicas exentas de la inscripción podrían ser las que, según el reglamento, están dedicadas a actividades “estrictamente comerciales o relativas a inversiones extranjeras”.

¿Quiénes deberán inscribirse y quiénes no?

Ante la pregunta sobre quiénes están obligados y quiénes están excluidos de inscribirse en el RAEX, la abogada Jayme Magaña, del movimiento Alas por la Libertad, respondió: “De la forma en que se da la redacción de la ley, su reglamento, cualquier persona que ellos decidan, que recibe o envía fondos para incidencia en el país”.

“Creería que se lo pueden aplicar incluso a quienes reciban remesas por servicios profesionales de cualquier índole”, afirmó la jurista.

Sobre la exclusión regulada en el inciso tercero del artículo 8 del reglamento, la abogada manifestó que la excepción tiene la condición de que “se apegue a su naturaleza jurídica”. La profesional sostiene que “puede incluir a cualquier persona que reciba fondos fuera del país”, indicó.

Según ella, con los vacíos que muestra la ley y el reglamento, estos instrumentos “pueden servir para perseguir a cualquiera”. “En 90 días veremos cómo aplican el reglamento”, indicó.

“Es decir que, si una empresa privada intenta hacer cualquier cosa que ellos crean que es incidencia, va a terminar en la lista de agentes extranjeros”. Jayme Magaña, abogada de Alas por la Libertad.

El abogado Oswaldo Feusier, docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, aseguró, sobre la exclusión del artículo 8 del reglamento, que «están pensando sobre todo en empresas que podrían traer inversión». «El problema es que las categorías son tan amplias», indicó.

Otro abogado consultado afirmó que cree que la excepción del artículo 8 del reglamento muestra que “no quieren afectar todas las relaciones económicas de las empresas extranjeras que contratan gente aquí” en el país.

El Ministerio de Gobernación inició el registro de agentes extranjeros el lunes 9 de junio y puso a disposición pública los formularios tanto para solicitar ser calificado como agente extranjero y para iniciar el proceso de inscripción en el RAEX.

«¿Eres Agente Extranjero? Regístrate en el #RAEX. Descarga la solicitud y el formulario en los siguientes enlaces… Una vez completados, puedes enviarlos al correo presentaciondetramites.raex@gobernacion.gob.sv o presentarlos en nuestras oficinas de atención. Para más información, escríbenos por WhatsApp 7070-3516», indicó @GobernacionSV en X.

La Ley de Agentes Extranjeros y la captura de defensores de derechos humanos fueron rechazados por la Embajada de la Unión Europea (UE) en El Salvador. Consideró que la Ley de Agentes Extranjeros «podría restringir el trabajo de la sociedad civil y contradice las obligaciones internacionales». «Las recientes detenciones de defensores de derechos humanos generan aún más preocupación», agregó la UE. La Embajada de Francia replicó el mensaje íntegro de la UE, mientras la Embajada de España únicamente manifestó preocupación por la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros.

Mientras, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, respondió a Unión Europea criticando su sistema: «El Salvador lamenta que un bloque envejecido, sobreregulado, dependiente de la energía, rezagado tecnológicamente y liderado por burócratas no electos todavía insista en dar sermones al resto del mundo».