El senador demócrata Chris Van Hollen reaccionó a la noticia del retorno del salvadoreño Kilmar Ábrego a Estados Unidos, quien fue deportado por «error administrativo» y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Sobre el traslado del salvadoreño, el senador Van Hollen aseguró en su cuenta de X que: «Después de meses de ignorar nuestra Constitución, parece que la Administración Trump ha cedido a nuestras demandas de cumplimiento de las órdenes judiciales y el debido proceso para Kilmar Abrego García».
El demócrata visitó el país a mediados de abril con la intención de reunirse con Kilmar Ábrego, encuentro que se llevó a cabo el día 18.
«La administración tendrá ahora que presentar su caso ante los tribunales como debería haberlo hecho desde el principio», dijo Chris Van Hollen en el mensaje publicado este viernes.
“Como dije en la Oficina Oval: 1. Nunca introduciría de contrabando a un terrorista en los Estados Unidos. 2. Nunca liberaría a un pandillero en las calles de El Salvador. Dicho esto, trabajamos con la administración Trump, y si solicitan el regreso de un pandillero para enfrentar cargos, por supuesto que no nos negaríamos”, publicó Bukele en X.
Ahora el salvadoreño deberá enfrentar un proceso judicial en suelo norteamericano, donde se le acusa de haber contribuido para el ingreso de migrantes a los Estados Unidos de forma ilegal, incluyendo miembros de la MS-13.
After months of ignoring our Constitution, it seems the Trump Admin has relented to our demands for compliance with court orders and due process for Kilmar Abrego Garcia.
This has never been about the man—it’s about his constitutional rights & the rights of all.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseveró el viernes que el gobierno salvadoreño no se negaría a regresar a un pandillero a los Estados Unidos si este es solicitado para enfrentar cargos en dicho país, en referencia al retorno de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por error a los Estados Unidos, hecho divulgado minutos antes por el medio estadounidense ABC News.
«Como dije en la Oficina Oval: 1. Nunca introduciría de contrabando a un terrorista en los Estados Unidos. 2. Nunca liberaría a un pandillero en las calles de El Salvador. Dicho esto, trabajamos con la administración Trump, y si solicitan el regreso de un pandillero para enfrentar cargos, por supuesto que no nos negaríamos», indicó el presidente en X poco después de la publicación de ABC News sobre el retorno de Ábrego García a los Estados Unidos..
Ábrego García fue deportado en marzo de Estados Unidos para ser recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, sin que tuviera un proceso en tribunal abierto en Estados Unidos o en El Salvador, como parte de un acuerdo de servicio penitenciario por $6 millones anuales.
Tanto la administración Trump como el presidente Bukele lo acusaron públicamente de ser miembro de la pandilla MS-13 acusado penalmente por esa causa en ninguno de los dos países. Hoy enfrenta una acusación penal por tráfico de personas luego de una acusación supuestamente iniciada hace un mes en un tribunal de Teneessee.
«No más margaritas bajo custodia»
El presidente salvadoreño hizo referencia a las bebidas que fueron puestas en la mesa en la cual se reunieron el senador Chris Van Hollen con Ábrego García, trasladado el 17 de abril al hotel en donde se encontraba el senador demócrata, quien había presionado públicamente para verificar el estado de bienestar del salvadoreño recluido.
Ese día, Bukele compartió en X la fotografía con las bebidas afirmando que eran margaritas. Van Hollen afirmó que estas bebidas fueron colocadas por personal del gobierno salvadoreño.
Este viernes, Bukele expresó en X: «No más margaritas bajo custodia».
Desde abril varios congresistas visitaron El Salvador para presionar por la libertad de Ábrego García luego de que consideren su caso como un símbolo del incumplimiento de la Constitución en los Estados Unidos a una orden de la Corte Suprema estadounidense y de la violación al debido proceso en El Salvador.
Al conocer sobre el retorno de Ábrego García, Van Hollen escribió: «Después de meses de ignorar nuestra Constitución, parece que la administración Trump ha cedido a nuestras demandas de cumplimiento de las órdenes judiciales y el debido proceso para Kilmar Abrego García. Nunca se ha tratado del hombre: se trata de sus derechos constitucionales y de los derechos de todos».
El salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por error por Estados Unidos, encarcelado en la prisión CECOT y posteriormente en un penal de Santa Ana de El Salvador, está «en camino, de regreso a los Estados Unidos», publicó este viernes la red de televisión y radio estadounidense ABC News, que cita fuentes familiarizadas con el asunto y señala que hubo «discusiones diplomáticas de alto nivel» entre la administración Trump y del gobierno salvadoreño.
Ábrego García, según el medio estadounidense, enfrentaría en Estados Unidos dos cargos por presuntamente transportar a migrantes indocumentados en Texas, una acusación que habría sido interpuesta en un tribunal federal de Tennessee el mes pasado.
Una fuente del gobierno salvadoreño negó que haya habido discusión, como lo asevera ABC News. «No hubo discusión, el gobierno de El Salvador cumple la ley, un juez le ordenó a Estados Unidos que soliciten a El Salvador se le entregue a Kilmar y el país cumple con hacer la entrega al gobierno de Estados Unidos para que ellos hagan su traslado», dijo la fuente.
Kilmar Armando Ábrego García es un salvadoreño nacido en julio de 1995 que sin haber cumplido los 17 años cruzó la frontera sur de los Estados Unidos, por McAllen, Texas, probablemente el 25 de marzo de 2012. Su caso se ha vuelto el centro de una disputa política en Estados Unidos en la que relucen consignas de combate al crimen y a la migración irregular y el derecho al debido proceso que tendrían todas las personas antes de ser enviadas a prisión.
Ábrego García fue deportado el 15 de marzo desde Estados Unidos, recluido en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) en El Salvador y posteriormente en un centro penal de Santa Ana. Sin un caso penal abierto contra él, el gobierno de los Estados Unidos lo acusó públicamente en X de ser pandillero de la MS-13 y de ser sospechoso de trata de personas; él lo negó en los escritos.
El 10 de octubre de 2019, juez de migración de Baltimore, Maryland, denegó una petición de asilo a Ábrego García, pero también resolvió: «Se concede la solicitud del demandado de suspensión de la deportación». En esta resolución, se cita el testimonio de Ábrego García, cuando tenía 24 años, quien relata que su familia era extorsionada y era amenazada por el Barrio 18. Al final, el juez señala que «los hechos demuestran que la pandilla del Barrio 18 continúa amenazando y acosando a la familia Ábrego durante estos años, a pesar de que la familia se ha mudado tres veces».
El 10 de abril, la Corte Suprema estadounidense confirmó la validez de la orden del tribunal de distrito de Maryland al gobierno estadounidense para “facilitar y hacer efectivo el regreso de (Abrego García) a los Estados Unidos a más tardar a las 23:59 del lunes 7 de abril, día en que el gobierno estadounidense apeló la resolución.
“la orden requiere adecuadamente que el Gobierno facilite la liberación de Ábrego García de la custodia en El Salvador y que garantice que su caso se maneje como lo habría hecho si no hubiera sido enviado indebidamente a El Salvador”, indicó la Corte.
Ábrego García fue visto públicamente reunido con el senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, quien había intentado ir al CECOT para verificar su estado de salud. El gobierno salvadoreño lo trasladó a un hotel y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, publicó la fotografía de la reunión junto a dos copas con agua y cerezas que dijo eran “margaritas” y que según el senador fueron puestas por personal del gobierno salvadoreño.
Los gobiernos de Bukele y de Trump tienen un acuerdo bajo el cual El Salvador puede recibir supuestos criminales y recluirlos en el CECOT. El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseguró que el gobierno de El Salvador «no califica» a los deportados bajo este acuerdo porque Estados Unidos paga por el servicio. “Nosotros no calificamos personas que están ahí, solo las tomamos…, exacto, eso (el gobierno de Estados Unidos está pagando para mantenerlos ahí)”, dijo a Van Hollen, uno de los políticos demócratas que visitaron a El Salvador para presionar por el cumplimiento del debido proceso en el caso.
El 14 de abril, el presidente Bukele dijo que no devolvería a Ábrego García. «¿Cómo puedo introducir a un terrorista de contrabando en Estados Unidos? Claro que no lo voy a hacer. La pregunta es absurda», respondió Bukele, junto al presidente Donald Trump.
El gobierno salvadoreño pidió a la Asamblea Legislativa la ratificación del «Acuerdo sobre la cooperación en la industria de la defensa» entre los gobiernos de El Salvador y Turquía para intercambiar de productos y servicios de defensa.
El acuerdo, cuyas entidades competentes son el Ministerio de la Defensa Nacional de El Salvador y la Secretaría de Industrias de Defensa de la Presidencia de Turquía, fue suscrito el 3 de marzo por El Salvador y el 16 de abril de 2025 por Turquía, entrará en vigor 30 días después de la última notificación diplomática del cumplimiento de requisitos legales.
Entre los beneficios que se esperan, indicó la canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, están el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la Fuerza Armada salvadoreña, el acceso a tecnología avanzada y la transferencia de conocimiento técnico-científico en defensa, el impulso a la «industria nacional» en manufactura y ensamblaje, formación y especialización y diversificación en cooperación de defensa.
El texto del acuerdo no fue enviado por la canciller Hill Tinoco, quien solamente dio un resumen de los “elementos clave” del acuerdo, así:
1. Intercambio de información y experiencia técnica en áreas relacionadas con productos y servicios de defensa.
2. Participación en proyectos conjuntos de desarrollo, diseño y producción de sistemas de defensa.
3. Transferencia de tecnología y conocimientos vinculados con la industria militar.
4. Visitas recíprocas de delegaciones técnicas, militares y empresariales.
5. Capacitación y formación del personal técnico y militar en instituciones designadas por ambas partes.
6. Adquisición, desarrollo, producción de cualquier tipo de productos y servicios de la industria de defensa que necesiten las organizaciones de seguridad de las partes.
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, las relaciones con El Salvador cobraron impulso en los últimos años, mencionando la visita de la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, en agosto de 2019, luego de lo cual se inauguraron las embajadas de El Salvador en 2020 y la de Turquía en 2022.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, fue el primer presidente en hacer una visita presidencial Turquía, del 19 al 21 de enero de 2022, según la Cancillería turca. Fue durante esa visita que firmó seis acuerdos, uno de ellos de industria de la defensa, y otros sobre economía, educación y desarrollo.
En agosto de 2023, el sitio defensa.com publicó que la Fuerza Armada de El Salvador se estaba modernizando con sofisticados sistemas turcos, en un paquete en donde se requería un helicóptero T625 que había sido inspeccionado por el presidente durante su visita a la fábrica, camiones de 10 toneladas, vehículos todoterreno, un buque, 113 drones con tecnología de recolección de datos biométricos para el Ejército y la Policía, dispositivos de vigilancia, entre otros.
En febrero de 2023, El Salvador desplegó a un contingente de militares a Turquía luego de un devastador terremoto en Turquía y Siria.
Los diputados Christian Guevara, Ernesto Castro y Rubén Flores, todos de Nuevas Ideas, agendaron el pasado 5 de junio una solicitud para solicitar que se otorgue un reconocimiento especial al equipo Alianza Fútbol Club por su «destacada trayectoria» y por haberse coronado campeón nacional por 19ª vez.
Los diputados pidieron que se invite al equipo y al cuerpo técnico de Alianza F.C. a la Asamblea Legislativa para entregarles ese reconocimiento.
La solicitud fue incorporada el 5 de junio a las 9:37 de la mañana, antes de que iniciara la sesión plenaria. Durante la misma sesión plenaria, Nuevas Ideas no votó por agendar una solicitud de la oposición para derogar la Ley de Minería Metálica.
Las piezas de correspondencia que son «agendadas» o incorporadas a la agenda de cada sesión plenaria son trasladadas a una comisión de trabajo de diputados, para que estos puedan estudiar la solicitud, aprobarla o no aprobarla.
Ayer, únicamente fueron introducidas cuatro piezas de correspondencia, una fue aprobada con dispensa de trámite, y tres pasaron a comisiones de trabajo: una solicitud de naturalización para el deportista Sebastián Ruiz García, una solicitud de ratificación del acuerdo de cooperación en defensa con Turquía y el reconocimiento al Alianza. En el caso del reconocimiento al Alianza, la solicitud fue traslada a la Comisión de la Niñez y la Integración Social.
La Asamblea Legislativa reformó ayer los artículos 100 y 101 del Código Municipal para eliminar las solvencias de impuestos, tasas o contribuciones municipales como requisito para la inscripción de una sociedad mercantil en el Registro de Comercio.
Sin embargo, el artículo 100 reformado aún mantendrá el requisito de presentar la solvencia municipal solo en la inscripción de una modificación, transformación, fusión y disolución de una sociedad.
Los diputados también reformaron el artículo 101 para establecer que las solvencias pueden ser emitidas por un medio electrónico y no solo en papel simple.
La reforma fue aprobada con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados; la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.
“Se ha identificado que la solvencia municipal es un paso bastante burocrático ya que la idea o la naturaleza de las SAS es que este registro sea en línea o presencial pero sumamente rápido o también en cuestión de horas, sin embargo, no todas las municipalidades tienen la facilidad de poder entregarlas en un tiempo límite y que le funcione a nuestros emprendedores”, indicó la diputada Dania Gonzalez de Nuevas Ideas.
Ella señaló que con la reforma eliminan «una de las principales barreras que enfrentan los emprendedores salvadoreños, la exigencia de la solvencia municipal para registrar una sociedad por acciones simplificadas”.
“No podemos permitir que esta burocracia local se interponga entre el ciudadano y su derecho a poder emprender de forma legal”.
Dania González (Nuevas Ideas).
Además, también en la sesión plenaria del jueves, los diputados también derogaron la exigencia de la solvencia municipal para la constitución de las sociedades en la Ley General Tributaria Municipal. Esta reforma no pasó a estudio de comisión de trabajo, sino que fue introducida a última hora en la misma sesión plenaria y aprobada con dispensa de trámites.
La Ley General Tributaria Municipal, en el inciso segundo del numeral 4 en el artículo 89, tenía una disposición que exigía la solvencia municipal: «Tampoco se inscribirán en el Registro de Comercio las escrituras de constitución, modificación y disolución de sociedades mercantiles, sin que se les presente a los Registradores de Comercio, constancia de solvencia de impuestos municipales de los socios de la sociedad, según el caso». Esa disposición fue también eliminada.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele acusó la noche del jueves a «algunos» opositores de tener vínculos con delincuentes y advirtió que en El Salvador «ya no hay impunidad».
«La oposición ha pasado todo el día amenazando públicamente a cualquier persona que apoye o trabaje para el gobierno, incluso exponiendo a jueces, fiscales y periodistas que no se alinean con las órdenes de Open Society», empezó su publicación Bukele y siguió: «Algunos de los que emiten estas amenazas tienen vínculos claros con delincuentes. Les recuerdo que eso constituye delito, y que los días de impunidad ya terminaron. Después no digan que no se les advirtió».
La advertencia de Bukele ocurrió luego que en redes sociales se expusieran la identidad de fiscales que procesaron a la abogada Ruth López. Una investigación de El Diario de Hoy señaló que uno de los fiscales que acusó a la también jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal es el hijo del jefe del Estado Mayor Presidencial, una unidad de la Fuerza Armada dedicada a la seguridad del mandatario.
En su publicación, Bukele no señaló con nombre a los opositores a los que se refiere.
El pasado miércoles la abogada Ruth López enfrentó audiencia inicial por una acusación de enriquecimiento ilícito hecha por la Fiscalía Genera de la República. López fue detenida el 18 de mayo, y al momento de detenerla, la Fiscalía aseguró que fue por peculado, en un caso relacionado con el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas. En lugar de explicar el cambio de tipificación de delito, los fiscales pidieron al Juzgado Décimo Segundo de Paz que pusiera reserva total al caso. La jueza al recibir el requerimiento el pasado lunes, avaló la reserva total.
Ayer, la asociación Cristosal aseguró que la decisión de la jueza era una decisión política y «representa un grave retroceso en el respeto al debido proceso». «Encarcelar a Ruth es un acto político, no una decisión judicial. Es un castigo para quienes se atreven a cuestionar el autoritarismo y denunciar la corrupción».
«Su detención demuestra que el actual régimen no busca justicia: busca silencio», apuntó.
La detención de López, que ha participado en investigaciones sobre supuestos casos de corrupción en el Gobierno desde Cristosal y es una de las principales voces críticas del Ejecutivo del presidente Nayib Bukele, desencadenó una oleada de rechazo, condenas y exigencias nacionales e internacionales para una pronta liberación y respeto a su integridad.
Una nueva Dirección de Mercados Nacionales, cuyo director y subdirector serán nombrados por el presidente de El Salvador, adjudicará y definirá las tarifas de arrendamiento para los puestos en los mercados o locales comerciales que hayan sido intervenidos o construidos por el Órgano Ejecutivo.
Los puestos no podrán ser subarrendados.
La «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos», aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa, iniciará su vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
El cobro de las tarifas por arrendamientos de puestosde los llamados «mercados nacionales» –intervenidos por el Ejecutivo– será potestad exclusiva de la Dirección de Mercados Nacionales. La normativa prohíbe expresamente que la municipalidad cobre «tasas o contribuciones a los arrendatarios de puestos de venta o de locales comerciales» y aclara que será la Dirección la que se encargará de los mismos.
La adjudicación de puestos tendría dos prioridades: «los comerciantes que anteriormente ocuparon los puestos del mercado o los locales» y los «grupos en situación de vulnerabilidad del lugar donde se encuentre el mercado» según el artículo 31.
La ley no establece criterios para definir las tarifas, fueron eliminados criterios que habían sido incluidos en el proyecto original, como las dimensiones del puesto, la ubicación y el flujo de personas. También se eliminó el mecanismo de la subasta al mejor postor.
Con esta ley, las municipalidades deberán entregar en comodato –por 50 años renovables– a la nueva Dirección los mercados construidos o remodelados por el Ejecutivo y estas inversiones serán declaradas de «utilidad pública e interés social».
La Dirección de Mercados Nacionales, que presupuestariamente estará en la Presidencia de la República, podrá adquirir préstamos a mediano y largo plazo, internos y externos.
Esta nueva entidad deberá velar por el orden de los mercados, podrá sancionar a los arrendatarios e incluso notificar a la Fiscalía General y revocar adjudicaciones de puestos a personas «naturales o jurídicas legalmente constituidas» que no tengan antecedentes policiales ni penales.
La ley fue aprobada la tarde del jueves con 57 votos de diputados de Nuevas Ideas, partido de gobierno, en medio de una discusión, en la cual diputados oficialistas señalaron que la situación de los mercados, en donde dominaban las pandillas, es herencia de gobiernos anteriores; mientras, la oposición aseveró que la ley aprobada viola la autonomía municipal y que el gobierno terminará por eliminar a las municipalidades para dejar solo las 14 gobernaciones.
Uno de los mercados que ha sido intervenido por el Órgano Ejecutivo es el mercado San Miguelito, que fue consumido por un incendio el 22 de septiembre de 2021. Inicialmente, la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) le adjudicó la construcción del mercado a la empresa mexicana Gallo Hermanos Constructores el 28 de octubre del 2022, por $33.6 millones, y posteriormente fue asumido por la empresa argentina IME S.A de C.V que se dedica a estructuras metálicas.
La instalación de establecimientos provisionales en los pasillos o vías de circulación del interior y perímetro exterior de los mercados nacionales estará prohibida por la nueva Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa.
Esta es una de las prohibiciones que aún se mantiene en la nueva normativa, aunque sí fue eliminada la prohibición de ventas ambulantes dentro del mercado y a una distancia de cien metros de su perímetro, restricción que estaban contenida por el proyecto original de la ley.
Los arrendatarios de los puestos o locales podrán ser multados, con montos desde los $5 hasta los $50, por las infracciones que cometan, pero también la Dirección podrá revocarles la adjudicación si las infracciones son «muy graves», como provocar desórdenes públicos o agresiones verbales o físicas.
La Dirección también podrá revocar la adjudicación de los puestos o locales si los puestos son modificados sin autorización de la Dirección.
Estas son las reglas para los puestos de venta en los llamados «mercados nacionales»
-Limpieza: Los adjudicatarios de los puestos deberán mantenerlos completamente limpios y en buenas condiciones de salubridad e higiene.
-Depósitos: El puesto de venta deberá disponer de depósitos de basura de fácil limpieza y desinfección, que deberán estar «cerrados».
-Horario: Se prohibirá el ingreso de personas fuera del horario, que será establecido por la Dirección de Mercados Nacionales.
-Sin establecimientos provisionales: Se prohibirán establecimientos provisionales en los pasillos o vías de circulación del interior y perímetro exterior del mercado.
-Sin subarriendo: Se prohibirá la «transferencia o subarriendo» de puestos de venta.
-Sin basura: Se prohibirá botar basura en áreas de circulación.
-Sin agujeros: Prohibirán abrir agujeros en las paredes del mercado.
-Sin desórdenes: Prohibirán perturbar la disciplina y el orden del mercado. También se prohíben las agresiones verbales y físicas, por lo cual podrán perder la adjudicación.
-No vender artículos descompuestos: Se prohibirá vender artículos descompuestos o de forma antihigiénica.
-No armas, velas, material peligroso: Se prohíbe también portar arma de fuego excepto el personal de seguridad, encender velas o luminarias «que puedan provocar incendios», almacenar material peligroso. También reitera prohibiciones legales como sustancias ilícitas. También se prohíbe limpiar los locales con sustancias corrosivas.
Estas son las multas de la nueva Ley de Mercados
Multas de $5 a $25 [infracciones leves]
no cumplir con acondicionamiento del puesto o local, no atender indicaciones de la Dirección, no mantener limpio y en condiciones de salubridad e higiene el puesto, y no contar con depósitos de basura de fácil limpieza y desinfección.
Multas de $25 a $50 [infracciones graves]
Impedir inspecciones, almacenaje en condiciones antihigiénicas, botar basura o productos descompuestos en pasillos, obstruir pasillos con estructuras, vender artículos antihigiénicos, encender velas, conductas reñidas con la moral o buenas costumbras, lavar instalaciones con sustancias corrosivas y acciones «que alteren la disciplina y el orden».
Revocación de la adjudicación y aviso a Fiscalía [infracciones muy graves]
Almacenar, vender o consumir sustancias ilícitas o de contrabando, conservar explosivos o material inflamable, almacenar material peligroso o contagioso, realizar desórdenes públicos o agresiones verbales o físicas, con o sin armas.
Mientras los diputados de Nuevas Ideas prometieron que la nueva Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales no aumentará los cobros por los puestos de venta y que establecerá un orden en los mercados nacionales, la oposición insinuó que las alcaldías de El Salvador serán eliminadas para dejar solo las 14 gobernación, criticó el modelo del mercado Cuscatlán y rechazó que los desalojos de vendedores sean voluntarios.
La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, dijo que la ley busca «regular las competencias de una institución que se encargará de la administración de los mercados a nivel nacional» y dar «una respuesta permanente» a los «comerciantes por cuenta propia» y a los «usuarios de los mercados», dejando «atrás el abandono histórico» de los mercados. Aclaró que la nueva normativa aplica solo a mercados «donde el gobierno ha hecho una inversión en infraestructura» o los que se entreguen en comodato por las municipalidades.
La legisladora prometió que no se aumentarán las tarifas:
«Esta ley busca establecer orden y reglas claras para el funcionamiento de los mercados y generar condiciones dignas. ¿Se aumentarán los cobros? No. En ninguna parte de la ley establece que se aumentarán cobros en los mercados». Elisa Rosales (Nuevas Ideas).
Además, prometió que los puestos no serán adjudicados «de manera antojadiza o por compadrazgos».
Para el diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la nueva ley «atenta gravemente la autonomía municipal», debilita a las alcaldías y es un «reflejo del ejercicio del poder autoritario y vertical» del gobierno actual. «Este modelo de centralización ya lo probaron en la década de los ochentas», indicó. Él preguntó a Nuevas Ideas si la intención es eliminar los municipios y solo dejar las gobernaciones.
Esta medida se suma a lo que ustedes han hecho, quitarle los recursos a las alcaldías, de reducir los municipios. ¿Qué rol van a fungir las alcaldías? O quizás lo que busca este gobierno es eliminar los municipios y solo dejar gobernaciones». Francisco Lira (Arena).
También para la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, la ley invade las competencias de las municipalidades. Ella señaló que es inconstitucional y que es «una expresión de la desigualdad económica» en el país. Retomó la historia de Rosita, una joven de 26 años que llegó a su oficina para pedirle ayuda ante una amenaza de desalojo en San Salvador. La diputada agregó que el Gobierno Central es mal administrador, –»miren Los Chorros, todo lo que tocan lo arruinan», dijo–, señaló que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) no pudo hacer las obras de los 262 distritos y preguntó si buscan eliminar a las alcaldías. «¿A quién van a beneficiar con esta ley?», preguntó.
Ella también preguntó si quieren que «el Gobierno central gobierne todo».
Ya no quieren llevar a los alcaldes a la reuniones de territorio porque les pelan la cara. La última fuente de ingresos importante que tenían las alcaldías se las van quitar. ¿Será que quieren destruir a las alcaldías y que sea el Gobierno central el que gobierne todo?». Claudia Ortiz (Vamos).
Herencia y desalojos voluntarios
Por su parte, el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, le respondió a Ortiz que la realidad de Rosita es el resultado de «lo que heredaron los gobiernos anteriores» y preguntó si el sistema de mercados ha funcionado, si hay «orden, justicia y claridad» en los pagos. Castro mencionó que, antes de la administración municipal de Nayib Bukele en San Salvador, había desalojos violentos, mientras durante su administración vieron «por primera vez cómo los dueños de los puestos y ellos mismos desmontaron sus propios puestos» por un «vínculo de confianza que se había creado».
«Llegaban los agentes metropolitanos y tiraban hasta con balas de goma a la gente, les pegaban, heridos, gritos, niños, personas de la tercera edad que habían agredido porque los estaban quitando a la fuerza. Ahí ni siquiera las alcaldías dominaba, los mareros». Ernesto Castro (Nuevas Ideas).
El diputado dijo que la ley busca «quitar algún rasgo de corrupción» que haya existido en la asignación de puestos de venta y que será «un apoyo para todos los comerciantes que los dejaron abandonados».
El Mercado Cuscatlán «fue todo un éxito»
La diputada Claudia Ortiz desmintió a Castro y aclaró que los vendedores que supuestamente desalojaron de manera voluntaria en San Salvador fueron amenazados con ser capturados aplicándoles el régimen de excepción, medida que suspende derechos constitucionales desde marzo de 2022. La legisladora también preguntó si el gobierno quiere aplicar el modelo del Mercado Cuscatlán y opinó que el gobierno quiere «con un maquillaje de orden» «adueñarse» de los ingresos de las municipalidades.
La gente ha visto en redes sociales cómo los agentes del CAM han golpeado a adultos mayores, mujeres embarazadas y eso sigue. La gente no ha desmontado sus puestos voluntariamente, los han amenazado con llevárselos presos con el régimen de excepción si no desalojaban. Claudia Ortiz (Vamos).
«El mercado Cuscatlán fue todo un éxito ese mercado, se cambió la nueva forma de mercados, ¿saben cuándo cayó ese mercado?, cuando cambió la administración, no pudieron administrarlo, no supieron qué hacer, no lo sé. Ernesto Castro (Nuevas Ideas).
«Que se acuerden de mis palabras»
Finalmente, la diputada Marcela Villatoro (Arena) aseveró que el Mercado Cuscatlán «no funcionó» ya que «cuando las cosas funcionan no importa la administración que siga después». En referencia a una entrevista publicada por El Faro, señaló que algunos de los puestos del Mercado Cuscatlán habían sido asignados a «familiares de las pandillas».
La diputada, quien también negó que las administraciones de Nuevas Ideas usen medios pacíficos para desalojar a los vendedores, aseveró que esta ley no va a funcionar «como no ha funcionado la DOM». «A nosotros no nos cabe duda que en los próximos meses o años, las alcaldías van a terminar de desaparecer y va a haber una reforma constitucional aquí sobre ese tema, y espero yo que todos se acuerden de mis palabras», dijo. Según la legisladora, la ley quita busca «ahogar a las alcaldías» y señaló que estas «no funcionan porque tienen personas incompetentes».
Es innegable la forma en la cual se está haciendo uso de la fuerza por parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos no solo en San Salvador. Han golpeado a las personas que andan haciendo sus ventas. Marcela Villatoro (Arena).
La Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales fue aprobada con 57 votos. Tanto Arena como Vamos votaron en contra. La ley permite que los mercados municipales que sean intervenidos por el Órgano Ejecutivo pasen a la Dirección de Mercados Nacionales, una instancia que dependerá de la Presidencia de la República y tendrá la potestad para adjudicar y revocar los permisos para los puestos de venta o locales comerciales ubicados en plazas o parques de todo el país.
