Categoría: Politica

La asociación Cristosal publicó este martes un informe que expone testimonios relacionados a tres casos de supuestos cobros ilegales o extorsiones a familiares de privados de libertad para visitar a sus familiares, que les den atención médica o medicamentos.

La organización no gubernamental sostiene las condiciones carcelarias durante el régimen de excepción propician la corrupción.

El primero de los casos es el arresto de Fidel Antonio Zavala Pérez, arrestado el 9 de febrero acusado de estafa y de poseer una empresa fantasma para captar dinero de inversionistas; él poseía la empresa Capital Investments Corporation, S.A. de C.V.

Zavala estuvo en el penal del cantón Cutumay Camones, Metapán, y La Esperanza o Mariona, en San Salvador, en donde según Zavala habiá un sistema de “donaciones” para que los familiares de los detenidos pudieran ingresar a los centros y visitar a sus familiares privados de libertad.

“En Mariona, los reos de confianza, los de amarillo, corría que cobraban $10 por hacer el escrito de la forma legal que el equipo técnico lo pide para que sea considerado”, indicó.

Luego de la elaboración del manuscrito con la voluntad de ofrecer una donación, el equipo técnico analiza la oferta de donación, la autoriza o deniega, y posteriormente el familiar puede ingresar la donación en una visita de 20 minutos a una hora.

El informe incluye un segundo caso de pago directo de particulares a contactos directos de centros penales para obtener beneficios ilegales y pagos de hasta $5,000 o $7,000 a abogados como supuestos “intermediarios” para obtener beneficios como visitas o una eventual liberación.

Cristosal señala que el estudio “no se orienta a realizar generalizaciones concluyentes” sobre la “ocurrencia sistemática de los casos”, pero advierten “un indicio” de condiciones que propician estos actos, mencionando la precarización de las condiciones de internamiento y el régimen de incomunicación.

Por el contrario, el gobierno sostiene que el régimen de excepción ha logrado disminuir los homicidios en El Salvador. Sostiene que durante la gestión de Nayib Bukele, que gobierna por segundo periodo, se suman 1,000 días sin homicidios y cuentan más de 88,000 capturados «terroristas» o pandilleros. Mientras, las organizaciones suman 6,500 denuncias de violaciones de derechos humanos, torturas y 419 muertes de personas privadas de libertad.

El Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial inscribió a Acción Ciudadana (AC) como “agente extranjero”, anunció este lunes esta organización no gubernamental, que opera en El Salvador.

“Hemos sido inscritos en el Registro de Agentes Extranjeros”, anunció en un comunicado la organización no gubernamental especializada en analizar financiamiento público y privado de partidos políticos, acceso a la información pública, desempeño de la Fiscalía General de la República, entre otras actividades.

La asociación Cristosal también fue inscrita como agente extranjero en el RAEX confirmó una fuente de esta organización. Ambas organizaciones son críticas del gobierno actual.

La AC aclaró que pese a cumplir con la obligación legal de solicitar la inscripción, mantiene su posición de que la Ley de Agentes Extranjeros es “autoritaria y confiscatoria”, “busca restringir el espacio cívico” y viola los derechos de libre asociación y organización, la libertad de expresión y de patrimonio.

La organización anunció que informará “sobre cualquier aplicación de la ley que la haga más gravosa de lo que ya es”.

La ley obliga a todas las personas naturales y jurídicas que reciban fondos del extranjero para actividades concretas registrarse en el RAEX como “agentes extranjeros”, con lo cual estarían obligados a brindar cualquier información solicitada por el RAEX sobre sus actividades así como tributar el 30 % de todas sus donaciones.

El plazo de inscripción, que inició formalmente el 9 de junio, concluiría la primera semana de septiembre.

El RAEX depende de Gobernación, ministerio dirigido por Juan Carlos Bidegaín. Según la ley, los agentes extranjeros son personas naturales o jurídicas que realizan actividades que respondan a intereses, sean controladas o financiadas por mandantes extranjeros, que también deben inscribirse en el RAEX.

Los inscritos tienen prohibido realizar actividades con fines políticos u otros, o que según el Registro pongan en riesgo o amenacen la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país, o busquen alterar el orden público; las sanciones pueden ser multas de hasta $250,000 o hasta la cancelación de personerías.

El RAEX tiene «amplias facultades”, según la ley, para:

-Exigir a los agentes documentos o cualquier información que considere necesaria, de forma oficiosa, sobre los sujetos obligados; o informes que considere necesarios.

-Supervisar, fiscalizar y llevar un control de las actividades de los agentes extranjeros.

-Remitir a Fiscalía un informe semestral de las actividades registradas.

-Colaborar con otras instituciones del Estado sobre informes sobre “la actividad de los sujetos obligados” para investigación y procesos administrativos.

El Registro también puede decidir quiénes estarán excluidos del pago del tributo del 30 %.

La implementación de un sistema de pago electrónico en el transporte público de El Salvador será financiado con el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuyo dictamen favorable fue aprobado hoy por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

El financiamiento incluye “equipamiento y software” de este nuevo Sistema de Pago Electrónico (SPE).

El “Programa de Apoyo al Sistema de Movilidad Urbana del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS)” que financiaría el préstamo del BID busca mejorar la calidad del sistema de transporte público e “incrementar la eficiencia del sistema de pago del transporte público” en esa zona.

Este Sistema de Pago Electrónico forma parte del primer componente del crédito, que asciende a $22 millones, y que incluye el pago de una consultoría para elaborar un “plan de movilidad sostenible para el AMSS”. El representante de Hacienda indicó que buscan “mejorar la planificación del transporte público”.

Luego de la aprobación respectiva del dictamen por el pleno legislativo, el contrato de crédito será firmado y posteriormente se requerirá la aprobación del contrato de crédito por la Asamblea Legislativa, lo cual Hacienda proyecta ocurrirá en septiembre.

“Es muy factible que los recursos puedan ser incorporados ya en el presupuesto al menos en lo que queda en el último trimestre del presente año, entre octubre y noviembre”, indicó este lunes el director general de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, en la Comisión.

Sin embargo, según los datos de la propuesta del préstamo, el periodo de desembolso del crédito es de cinco años. Se pagaría en un plazo de 25 años con un periodo de gracia de 5.5 años. Será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).

Obras y un Centro de Inteligencia de Datos

Con estos fondos también diseñarán e implementarán un Centro de Inteligencia de Datos para analizar los patrones de movilidad de los usuarios del transporte público.

Según el funcionario, el programa también busca “fortalecer la seguridad vial en diferentes corredores viales”.

Por ello, un segundo componente de $35 millones incluiría obras de señalización, barreras protectoras, mejoras en cruces peatonales y eliminación de obstáculos Autopista a Comalapa (RN-05) y Carretera Troncal del Norte (CA04N), en donde se concentran dijo el 30 % de accidentes de tránsito.

Este componente financiará una “consultoría para la implementación del sistema de formación y certificación de informadores evaluadores de motociclistas”.

Un tercer componente por $3 millones se destinará a administración, evaluación y auditorías.

Según la presentación de Hacienda, con el programa, buscan disponer de “un sistema de transporte seguro” junto a otras iniciativas del gobierno como la renovación de la flota de buses, la reorganización de rutas y prevención de riesgos.

Los diputados también emitieron otros dictámenes, uno para ratificar el contrato de garantía soberana del Estado para un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al Fondo de Conservación Vial (Fovial), que aumentó de $250 millones a $400 millones, y que habían autorizado en julio pasado; y otros para ratificar dos préstamos del Banco Mundial para la sostenibilidad fiscal, uno por $250 millones y otro para emergencias por $100 millones.