Más de 2,600 los salvadoreños han sido beneficiados con becas o programas de formación académica por el gobierno de España según su información oficial.
El ministro consejero de la Embajada de España, Alfonso Pérez-Hernández Egart, reveló durante un discurso que la sede diplomática tiene registro de 44 funcionarios salvadoreños becados durante 10 años para estudiar maestrías durante 11 meses en España.
Además, tienen reportes de otros 100 becarios salvadoreños de la Fundación Carolina y 2,522 nacionales que han participado en cursos en centros de formación de España. Suman 2,666 salvadoreños beneficiados con estudios en ese país socio.
Solo el viernes, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) entregó ocho becas a funcionarios salvadoreños que laboran en cinco instituciones para que cursen maestrías durante casi un año en diferentes universidades españolas.
En las ocho becas se destinaron $195,000, es decir, por cada becario se desembolsará $2,223 mensualmente. De las 90 becas ofrecidas a empleados públicos de distintos países, solo ocho fueron ofrecidas en El Salvador, lo que representa el 9 %.
El consejero Pérez-Hernández Egart expresó en su discurso que se encuentran en la disposición de aumentar el número de oportunidades de estudio ofrecidas a funcionarios salvadoreños para el próximo año.
Los diputados de las comisiones de trabajo de la Asamblea Legislativa reportaron al pleno que en tres meses de trabajo emitieron 67 dictámenes favorables, hicieron 26 reuniones con invitados y que tienen un total de 180 expedientes “pendientes de estudio”.
Según las lecturas de los informes realizadas por diputados de Nuevas Ideas y del Partido de Concertación Nacional (PCN), la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Gobierno y Legislación, presidida por la diputada Ana Figueroa, es la que tiene la mayor cantidad de expedientes pendientes de estudio, 43. Esta comisión reportó que tuvo cuatro reuniones y emitió seis dictámenes favorables durante el trimestre que comprende los meses de mayo, junio y julio.
La siguiente comisión con más expedientes pendientes de estudio es la de Hacienda y General de Presupuesto, con 40; esta, sin embargo, es la que más dictámenes ha emitido, 29, y se reportó nueve reuniones.
La siguiente comisión con más trabajo pendiente es la Comisión de la Niñez e Integración Social, que reportó 14 reuniones; seguidas de las comisiones de Infraestructura, Tecnología, Salud y Seguridad.
La Asamblea Legislativa tiene ocho comisiones permanentes que tienen la obligación de presentar ante el pleno, cada tres meses, un “informe claro y sucinto sobre el trabajo realizado”.
Según el reglamento interno, son los secretarios de cada comisión los obligados a “supervisar el trámite adecuado de los expedientes en estudio o dictaminados por la comisión” y “verificar su envío al archivo después de dictaminado”.
Los secretarios de las comisiones son William Soriano (Hacienda), Elisa Rosales (Infraestructura), Lorena Fuentes (Niñez e Integración Social), Alexia Rivas (Política), Salud (Juan Rodríguez), Salvadoreños en el Exterior (Reynaldo López), Seguridad Nacional (Walter Coto) y Tecnología (William Soriano).
Las comisiones reportan así el trabajo entre mayo y julio, excepto la Comisión de Seguridad que entregó el 8 de agosto pasado un informe de su trabajo entre febrero y abril de 2025, y la Comisión Política, cuyo informe más reciente data de “marzo de 2025” y no detalla cuántos expedientes pendientes de estudio tiene. El informe de esta comisión reporta la aprobación de dos expedientes relacionados a la elección del fiscal general de la República y del presidente de la Corte de Cuentas de la República.
El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, criticó esta semana a la oposición por no votar a favor de la prórroga 42 del régimen de excepción, que suspende tres derechos constitucionales para facilitar capturas en El Salvador.
“Si a usted no le gusta que el pueblo viva dignamente, vaya a vivirse a otro país, pero aquí estamos los valientes, los que recibieron un país con muchos problemas y que lo están sacando adelante”, afirmó. “O son cobardes, o son valientes”, exclamó.
Mientras la oposición aseguró que la votación del régimen de excepción era un tema constitucional y de irrespeto a juicios justos, Soriano planteaba que se trataba de cobardía y valentía.
“La historia nos va a juzgar, colegas, ¿qué hicimos en el tiempo que fuimos funcionarios de esta Asamblea Legislativa, ¿fuimos parte de la solución o un estorbo?, ¿dimos solución o dimos excusas?”, afirmó en el pleno.
El político prometió que, “mientras” tengan “el privilegio de tener la mayoría en la Asamblea Legislativa”, van a “garantizar que el pueblo tenga seguridad, salud, educación, buena infraestructura y lo necesario para llevar una vida digna en El Salvador”, aunque agregó que “falta mucho” por hacer en el país y que “no va a ser fácil”.
“Yo quiero ser recordado como parte de aquella generación de diputados valientes que ayudaron a derrotar a las pandillas más sangrientas del continente”. William Soriano (Nuevas Ideas).
El diputado de Nuevas Ideas sostuvo que “El Salvador está siendo transformado» e insistió que “es de los valientes acompañar esa visión”.
Invitó a la oposición a visitar la colonia Zacamil, ubicada en el distrito de Mejicanos. “Basta con circular en vehículo. No se bajen del carro, ya sabemos que les da alergia. Se darán cuenta del cambio de condiciones que la gente está teniendo día a día; que no es que el papel aguante, es que son transformaciones reales que ustedes pueden ver pero que no tienen el valor de admitirlas”, aseveró a la oposición.
Según el legislador oficialista, la oposición no debe tener “miedo” para votar por el régimen de excepción porque ya el gobierno actual los “venció”. “Ya nos enfrentamos a ellos y los vencimos, ahora se puede subir al caballito ganador”, exhortó a la oposición, para invitarlos a unirse a la votación.
Al final, el miércoles, el régimen de excepción fue prolongado por una cuadragésima segunda vez con 57 votos a favor y tres en contra. El gobierno atribuye al régimen de excepción la captura de 88,800 personas que según las autoridades pertenecen a pandillas; mientras, organizaciones y partidos de oposición señalan más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos, la mayoría capturas arbitrarias usando el régimen de excepción, además de torturas a los detenidos y más de 400 muertes de estos. El gobierno ha aceptado que hay un margen de error en la captura de personas durante el régimen de excepción.
Los dos legisladores del partido Arena, que el miércoles no votó por la prórroga del régimen de excepción, aseveraron que no están a favor de la liberación de pandilleros pero que rechazan la falta de juicios justos y el encarcelamiento de personas inocentes que tienen cartas de libertad.
Ambos diputados no se quedaron en la votación del régimen de excepción, ya que sus votos iban a ser registrados en contra.
«Nadie quiere sacar libre a ningún pandillero, nadie, los pandilleros deben estar presos, todos estamos de acuerdo que no podemos volver a ese hecho en este país y es un compromiso de todos nosotros no permitir que ellos vuelvan a las calles… Nadie quiere volver a ese pasado”. Marcela Villatoro, diputada de Arena.
La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró que no permitirán que les modifiquen sus votos y que no recurren a la Sala de lo Constitucional porque esta «está secuestrada por este gobierno». “No somos cobardes, hemos dado la cara», dijo.
Según la legisladora, atribuirles sus votos «en contra» del régimen de excepción es una estrategia para decir en campaña que «están en contra del pueblo».
«No estamos en contra del pueblo salvadoreño, ni tampoco de las medidas para cambiar lo que está pasando en este país. Lo que estamos en contra es, por ejemplo, cuando ustedes no cumplen las cosas como respetar los derechos con un juicio justo, donde les postergan dos años a las personas para que puedan defenderse porque ni siquiera les han encontrado que han cometido algún delito», declaró en el pleno.
Señaló al gobierno de tener encarceladas a personas con resoluciones de libertad. «Hay personas que tienen carta de libertad y no pueden salir, porque simple y sencillamente no se les ronca la gana», reclamó.
El diputado Francisco Lira, del mismo partido, aseguró que «nunca» se han «opuesto a que los mareros no vean la luz del sol» pero insistió en que hay personas inocentes capturadas.
«Los amigos que nos están acompañando con el uniforme celeste, saben que las mismas personas les dicen ‘tengo un familiar inocente en la cárcel’… Esos inocentes que tienen carta de libertad votaron por ustedes. Sigan así, el pueblo salvadoreño está observando los abusos del poder y ojalá que sigan pensando que la oposición solo somos tres diputados», indicó.
El diputado recriminó a Nuevas Ideas que rechazó propuestas de Ley del registro de pandillas, ley para la defensa social y el abandono de la violencia, una ley para la revisión de casos del régimen de excepción y una comisión de alto nivel para liberar a los inocentes con carta de libertad, entre otras. Lira también exhortó a meter «presos a los funcionarios que negociaron con pandillas en este gobierno».
«Hemos acompañado colocar más penas a los pandilleros, que se pudran en la cárcel por el tanto daño que le han hecho al pueblo… No vengan con una campaña con una campaña de que si la oposición tiene más diputados, vamos a sacar a pandilleros, dejen de mentir». Francisco Lira, diputado de Arena.
Los diputados de Nuevas Ideas no respondieron a referencias sobre capturas de inocentes o juicios injustos, sino a la caída de homicidios durante el régimen de excepción. Consideraron que los diputados que votan por el régimen de excepción son valientes.
Lira también afirmó que «la oposición está en las comunidades que no reciben medicina, escuelas destruidas, agro abandonado, el dinero ya no les alcanza para comer». “Es una descripción del país que dejaron sus gobiernos y que poco a poco vamos avanzando, esas escuelas, ese agro que dejaron abandonado”, dijo el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, quien subrayó que en el Legislativo solo hay dos formas de votar «a favor» o «en contra».
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció el miércoles una propuesta para limitar el tiempo en que ciertos titulares de visas permanezcan en Estados Unidos porque consideran que su permanencia “prácticamente indefinida” es un “riesgo para la seguridad”.
Las visas bajo este nuevo límite serían al menos:
Estudiantes extranjeros (visas F): el gobierno federal establecería periodos de admisión y prórroga para estudiantes extranjeros y visitantes de intercambio de no más de cuatro años. Desde 1978 podían permanecer en EE.UU. por un periodo indefinido sin nuevos controles llamado “duración de estatus”.
Medios de comunicación extranjeros: establecerían una admisión inicial de un máximo de 240 días prorrogables, pero no superior a la duración de la actividad. Según la propuesta, deberán solicitar una autorización para prolongar su estancia al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), lo que exigiría evaluaciones periódicas.
El comunicado no detalló otras visas afectadas por la nueva política.
Según DHS, la permanece de estudiantes extranjeros, de intercambio y medios de comunicación extranjeros “cuesta una cantidad incalculable de dólares a los contribuyentes y perjudica a los ciudadanos estadounidenses” y la nueva regla “pondría fin a este abuso de una vez por todas”. Menciona que el gobierno tiene la carga de supervisar “a los estudiantes extranjeros y su historia”.
“Los estudiantes extranjeros han aprovechado la generosidad de Estados Unidos y se han convertido en estudiantes ‘perpetuos’, matriculados de forma indefinida en cursos de educación superior para permanecer en Estados Unidos”. DHS, 27 de agosto.
DHS indicó que la propuesta se realizó en 2020 pero fue retirada por el gobierno de Joe Biden en 2021.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) desembolsará $195,000 en la ejecución de ocho becas para funcionarios salvadoreños que iniciarán sus estudios en septiembre.
La Agencia indicó que cada becario es acreedor a una cuota mensual de $2,223 para cubrir sus estudios durante los 11 meses que duran los estudios de postsgrados. El programa de becas en el que participan los salvadoreños tiene 78 años de ejecución.
Los ocho becarios son empleados del Ministerio de Turismo, de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), del Ministerio de Agricultura, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y del Consejo Nacional de la Primera Infancia Niñez y Adolescencia (CONAPINA).
En los últimos 10 años, la Agencia Española ha otorgado 44 becas a funcionarios salvadoreños, con las que las autoridades buscan reforzar «los lazos de cooperación y amistad entre ambos países».
«Esta actividad es una expresión del compromiso de la Cooperación Española en alianza con el gobierno de El Salvador, que es reflejado en su marco de asociación país 2023-2026… El valor añadido de la Cooperación Española en esta actividad viene dado por la experiencia de las universidades públicas y privadas españolas». Ministro consejero de la Embajada de España, Alfonso Pérez-Hernández Egart.
El ministro consejero de la Embajada de España, Alfonso Pérez-Hernández Egart, explicó que el programa de becas es parte de los proyectos ejecutados en el objetivo de desarrollo sostenible de «educación de calidad» y para «instituciones sólidas con El Salvador».
La Cooperación Española entregó mochilas a cada uno de los becarios que inician sus estudios en septiembre. / Verónica Crespín.
Pérez-Hernández Egart detalló que este programa de becas también es ofrecido para países como Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Filipinas.
En total, el gobierno español destina poco más de $2 millones para 90 becas, es decir, que en El Salvador se otorga apenas el 9 %. Hace dos años, se ofrecieron solo dos becas, por lo que la asignación de oportunidades de estudio ha aumentado en los últimos años.
«Apliquen en El Salvador sus nuevos conocimientos»
El diplomático español señaló también que los becarios poseen el compromiso de regresar a El Salvador cuando culminen sus estudios y aplicar en las instituciones de las que proceden los nuevos conocimientos que adquieran.
La directora de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), Karla de Palma, dijo a los becarios que recuerden «que están representando al gobierno de El Salvador, ustedes son funcionarios» reiteró.
«Tenemos una relación muy importante (con España), hay un marco de asociación país que se ha gestionado y negociado. Es una muestra fiel de ese amigo confiable que nos va a sumar y mejorar las capacidades institucionales». Karla de Palma, directora de la ESCO.
Andrea López, becaria del programa y empleada de ANDA, lo celebró: «Estoy convencida de que estos conocimientos no se quedarán en mí, sino que al regresar impactarán de forma positiva a la ANDA».
En el evento, estuvo presente la ministra de Turismo, Morena Valdez. El próximo año, la Cooperación Española celebrará su 40 aniversario de presencia en El Salvador.
El ministro consejero de la Embajada de España, Alfonso Pérez-Hernández Egart, aseguró que en las becas de los salvadoreños se invertirán $195,000. / Verónica Crespín.
Los gobiernos de El Salvador han estado negociando los términos de las deportaciones de los migrantes extranjeros aseveró en su visita el senador republicano Ted Cruz, luego de que más de 250 migrantes venezolanos estuvieran recluidos en El Salvador durante cuatro meses. Todos fueron señalados de integrar la banda criminal «Tren de Aragua» por el gobierno de Estados Unidos y ahora están en Venezuela.
“El presidente Trump y el presidente Bukele tienen una buena relación, y ellos han estado negociando los términos de las deportaciones de Estados Unidos a El Salvador”, fueron las palabras del senador republicano en El Salvador, a la pregunta de un periodista sobre si pediría al presidente Nayib Bukele que El Salvador acepte migrantes que están detenidos en Estados Unidos, de diferentes nacionalidades, tal como ya pasó con los venezolanos.
En la misma conferencia, brindada el martes por la noche, el senador también respondió que Bukele ha sido un “socio importante” en la respuesta que ha dado el gobierno de Trump a la crisis “por los últimos cuatro años” del gobierno de Joe Biden, a quien señaló de mantener las fronteras “abiertas” por lo cual ingresaron “asesinos, violadores y miembros de pandillas” a Estados Unidos. El funcionario destacó la reducción de los cruces fronterizos ilegales desde la gestión Trump.
El senador Ted Cruz en el Cecot, en El Salvador, el 26 de agosto. / Seguridad.
“El presidente Bukele ha demostrado un liderazgo similar aquí en El Salvador, ustedes tienen un líder electo por la población que no se rendirá a los cárteles y los criminales, pero sí va a proteger a la población”, finalizó su respuesta sobre si pediría al presidente salvadoreño recibir más inmigrantes extranjeros expulsados por Estados Unidos.
El senador Cruz visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) según las fotografías publicadas tanto por el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, y por el mismo senador.
“Recorrimos el Centro de Confinamiento del Terrorismo Cecot, la cárcel de máxima seguridad más grande de América. Sin duda esta experiencia será clave para compartir los logros alcanzados en materia de seguridad y fortalecer nuestras estrategias contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo”, indicó Villatoro, quien presentó a El Salvador como un “referente” en seguridad ante otras naciones.
Ted Cruz elogió la estrategia de seguridad de El Salvador. / Ted Cruz.
El CECOT fue el escenario principal del acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para recluir a migrantes extranjeros expulsados por la administración Trump y señalados de ser criminales, aunque sin proceso judicial o condena. El gobierno de El Salvador también pidió a EEUU que le envíe a los “sicarios de la MS-13 que están en Estados Unidos”.
El acuerdo se dio a cambio de $20,000 anuales por prisionero o $6 millones anuales e inició el 16 de marzo con la deportación de 238 venezolanos señalados de integrar la pandilla Tren de Aragua y 23 miembros de la MS-13. El 31 de marzo, EE.UU. deportó a otros 17 supuestos miembros del Tren de Aragua y de la MS-13.
La mayoría de venezolanos se mantuvieron en el Cecot durante 125 días, del domingo 16 de marzo al viernes 18 de julio, día en el cual El Salvador devolvió a todos los venezolanos (252) en un acuerdo a cambio de la liberación de 10 estadounidenses y presos políticos venezolanos.
Un mes después, el 18 de agosto, la BBC publicó un reportaje sobre el maltrato que denuncian ocho venezolanos mientras estuvieron recluidos en el Cecot, entre los cuales mencionan golpizas, tablazos, golpes en las costillas, encierro de 24 horas diarias, torturas en “La isla” o celda de aislamiento, y un caso de abuso sexual de cuatro guardias contra el maquillista Andry Hernández. Todos, según la BBC, estuvieron “incomunicados” con familiares y defensores. Dos de los ocho tenían órdenes de deportación.
Estados Unidos ha expulsado a migrantes extranjeros a otros países como Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Costa Rica y México. Según la BBC y The Guardian, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) demandó al gobierno de Trump por la deportación de migrantes sin órdenes judiciales bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
El senador republicano aseguró que Nayib Bukele no se rendirá a los cárteles y a los criminales. / Seguridad.
La nueva Ley de creación de la Red Nacional de Hospitales estará vigente desde el próximo sábado 30 de agosto, día en que empezarán a contar los seis meses que tiene el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para aprobar su reglamento.
La normativa fue publicada en el Diario Oficial del 22 de agosto e iniciará su vigencia ocho días después. Su artículo 105 indica que el presidente de la República aprobará el reglamento dentro de los 180 días contados a partir de la vigencia de la misma, es decir, a más tardar a finales de diciembre de 2025.
La ley ordena que los bienes, medicamentos e insumos adquiridos la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) para la remodelación, equipamiento, abastecimiento y funcionamiento del Hospital Nacional Especializado «Rosales» pasarán al patrimonio de la nueva Red Nacional de Hospitales. El ministro de Salud, Francisco Alabi, ha confirmado que el Hospital Rosales será el primero que estará bajo la nueva Red.
La ley no establece plazos para que el personal bajo el Ministerio de Salud pase a la Red Nacional.
El artículo 102 indica que el personal que labore en el Hospital Rosales continuará bajo el Ministerio de Salud mientras la junta directiva de la nueva Red Nacional emita mecanismos para que pasen a la Red «cuando se considere oportuno y necesario».
La Red Nacional también decidirá si admitir a los médicos que cursen actualmente su residencia médica para que puedan culminarlo «en la Red Nacional».
La nueva ley establece un régimen de compras y de contrataciones en los hospitales, exige cinco años de servicio obligatorio a los médicos que hagan su residentado en la Red, permite la contratación de médicos extranjeros sin homologación durante 10 años renovables, permitirá hacer concesiones y obliga a las entidades privadas a brindar colaboración si la Red lo requiere.
La directiva de la Red es conformada por un presidente nombrado por el presidente de la República, un director designado por el presidente de la República, el ministro de salud, un director nombrado por la DOM y un director nombrado por la Dirección Nacional de Compras Públicas.
El concejo municipal de San Salvador Centro aprobó el miércoles la firma de un convenio para oficializar la transferencia del 50 % de las tasas por recolección de basura a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES). La ley de creación de ANDRES obliga a la transferencia de dichos fondos.
Tres fuentes de la alcaldía confirmaron a Diario El Mundo que en cumplimiento de la ley de creación de ANDRES, el concejo avaló la firma de un convenio para asegurar que el 50 % de las tasas por recolección de basura sean transferidas a esta nueva institución.
Una de las fuentes explicó que el convenio será firmado con las distribuidoras de energía eléctrica porque en sus facturas se cobran las tasas de aseo, para establecer que el monto recolectado en tasas por recolección de basura sea dividido entre ANDRES y la alcaldía.
La fuente añadió que la firma del convenio es necesaria para dar cumplimiento a la ley de creación de ANDRES, que establece que la alcaldía debe entregar a dicha Autoridad el 50 % de las tasas por el servicio de residuos sólidos, con el fin de que sean depositados en el «Fondo especial para la logística y ejecución de la recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos».
«No hay claridad»
El concejal del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Simón Paz informó en sus redes sociales que no votó a favor de la aprobación del convenio porque «no hay claridad de los beneficios que ANDRES trae» para las comunidades.
Paz mencionó que no hay claridad de las medidas que la alcaldía tomará para enfrentar la falta de recursos que tendrá la municipalidad al transferir el 50 % de las tasas de aseo hacia ANDRES, ni de la situación que enfrentarán los empleados cuando la nueva Autoridad asuma por completo la recolección.
La concejal del FMLN Liliana Andrade escribió en sus redes que «salvó su voto» en la autorización del convenio porque considera que «con la creación de ANDRES se violenta el principio de autonomía municipal».
Aseveró que no será «cómplice de una situación que a todas luces no ha traído ningún beneficio para la población» y que podría significar una amenaza «para la estabilidad laboral del personal que labora el desechos sólidos y otras áreas».
A finales de junio, la alcaldía aprobó la firma del convenio inicial entre ANDRES y la alcaldía para que la nueva institución asumiera la recolección de basura en el municipio conformado por los distritos de San Salvador, Mejicanos, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Ayutuxtepeque.
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) emitió 545 Documentos Únicos de Identidad (duis) bajo la modalidad a domicilio para salvadoreños adultos mayores o personas con dificultades de movilidad desde junio de 2024 hasta mayo de 2025.
La institución informó en su memoria de labores que de los 545 duis a domicilio, unos 281 fueron entregados a hombres y 264 a mujeres. Los documentos bajo esta modalidad son gestionados por la Unidad de supervisión y control de Centros de Servicios.
La emisión de duis a domicilio aumentó un 11 % en comparación con los 491 entregados en el período anterior que abarcó desde junio de 2023 hasta mayo de 2024. Son 54 duis más los emitidos en el último año por el RNPN.
En el proceso de emisiones y entregas, la institución reporta que tuvieron interrupciones en el funcionamiento y en el acceso de los sistemas tecnológicos. La causa de los inconvenientes habría sido que ocurrieron fallas en la conectividad o en la comunicación.
Según lo reportado por la entidad el año pasado, los problemas de acceso a sistemas se han mantenido y las fallas en la conectividad siguen siendo las causas de los incidentes durante las emisiones.
En mayo de este año, el Registro informó que visitó a Marta Elena Urbina Galán, de 99 años de edad, para emitirle su DUI en San Luis La Herradura, en La Paz Centro. En ese caso, la emisión del DUI se realizó por primera vez.
Los técnicos del RNPN movilizan el equipo tecnológico necesario para tomar las huellas y emitir el DUI. / RNPN.
La entidad explicó en ese momento que el objetivo del programa es «garantizar el derecho a la identidad e identificación de los ciudadanos salvadoreños que, por razones de salud o edad avanzada, no pueden trasladarse hasta un Duicentro».
Para tramitar el DUI a domicilio para un adulto mayor o una persona con dificultades de movilidad, el peticionario debe descargar un formulario de solicitud del trámite en el sitio www.rnpn.gob.sv/servicios/servicio-de-dui-a-domicilio/.
La persona encargada del trámite debe presentar el formulario completo junto a un croquis del lugar de residencia que visitarán los técnicos, el recibo de $10.31 por el pago del DUI y una constancia médica en que se certifique el impedimento de asistir a un Duicentro.
Los documentos para la emisión del DUI a domicilio pueden ser entregados en cualquier Duicentro, en las oficinas del RNPN o en las sedes de Ciudad Mujer ubicadas en San Martín, Lourdes Colón, Santa Ana, Usulután, Morazán y San Miguel.
