Categoría: Politica

  • A 33 años de la firma del Acuerdo de Paz: "Ni enfrentamientos, ni riesgo de ser capturado por ser joven"

    A 33 años de la firma del Acuerdo de Paz: «Ni enfrentamientos, ni riesgo de ser capturado por ser joven»

    Hace exactamente 33 años, un 16 de enero de 1992, la población salvadoreña daba testimonio del fin de una guerra que por más de una década sometió a miles de salvadoreños a enfrentamientos, persecuciones, asesinatos, torturas, secuestros y masacres.

    Tras una larga negociación, la noticia de la paz llegó a las familias salvadoreñas la noche del 31 de diciembre de 1991 desde Nueva York, un día de fiesta que terminó con abrazos de paz dentro de las familias y que se selló con la firma dieciséis días después. Ahora, un grupo de miembros de organizaciones, representantes de víctimas del conflicto o de crímenes cometidos en esa época, subrayan la importancia del fin del conflicto aunque aún ven desafíos.

    María Luz Rivas, representante legal de Comadres, quien nunca más volvió a ver a su padre desde que fue detenido y desaparecido en 1987, cuenta que, cuando se firmó la paz, sintió «alegría», pero que hoy ve «una gran deuda histórica» con las víctimas del conflicto armado como una Ley de Justicia Transicional que garantice justicia, verdad y no repetición.

    «Lo peor que me ha pasado durante la guerra es ese vacío que no se llena con nada, que es la pérdida de un padre, fue detenido y desaparecido justo en los años que una hija más lo necesita, cuando estaba sufriendo violencia de personas cercanas». María Luz Rivas (Comadres).

    «La firma de los Acuerdos de Paz significó paz y esperanza. Es importante que conozcamos la verdadera historia, que nos empaticemos con ella, que la reconozcan y que empaticen con las víctimas del conflicto armado». María Luz Rivas, Comadres.

    Dos militares pintan carteles sobre la paz en el cerro de Guazapa, el 15 de enero de 1992. / AFP.

    «Ni el riesgo de ser capturado por ser joven»

    Ramón Arita, sobreviviente de tortura, ahora miembro del Comité de Expresos Políticos (Coppes), fue capturado en septiembre de 1985 y sufrió torturas durante más de 10 días en la entonces sede la Policía Nacional (PN). «Nada justifica la tortura, ni el disentimiento político», dice. Pero en la época del conflicto, cuenta, «por el mero hecho de disentir» una persona «corría el riesgo de que alguien fuera capturado, torturado, asesinado o desaparecido».

    «En los acuerdos de Chapultepec se logró silenciar las armas. Era muy angustiante para la población saber que en cualquier momento podría ser víctima de fuego cruzado, la captura de gente inocente por mera sospecha o vendettas personales. Muchas veces se utilizaba la delación falsa sobre gente que no tenía ninguna participación».

    No creíamos que se debía negociar y llegar a un acuerdo de paz, pero el hecho llevó tranquilidad a la población, ya no iba a haber enfrentamientos y, en las ciudades, el correr riesgo de ser capturado sencillamente por ir pasando, por ser joven, había una persecución sobre la población civil tremenda. No digamos alguien que fuera señalado por ser líder de un gremio. Ramón Arita, sobreviviente de tortura.

    Él no creía en la firma de la paz, pero la aceptó. Ahora la define como «una paz aceptable» y advierte que «los crímenes no deben ser repetidos». La garantía de «no repetición» es una de las exigencias de la sentencia de la Sala de lo Constitucional –del año 2016– que anuló la amnistía absoluta decretada en 1993.

    Según Humberto Sánchez, presidente de Coppes, fueron más de 20 años de momentos difíciles en el país que se manifestaban contra «el libre tránsito, el libre pensamiento o la libre expresión individual o colectiva». Por eso, no cree la firma de la paz sea una farsa. «Represión, desapariciones, capturas, desplazamientos y una serie de otras condiciones, no se puede decir que los Acuerdos de Paz fueron una farsa», dice.

    «Es un tema que no se desarrolla en los colegios»

    Luis V. Villaherrera, un líder juvenil salvadoreño que no había nacido cuando se firmó la paz, cree que hablar de lo que sucedió en la guerra es una forma de no repetir la experiencia de la guerra, pero no ve una conciencia suficiente en los jóvenes.

    «Si yo lo hablo con amigos con diferentes partes del país, hay poco conocimiento. Si nos vamos a jóvenes y niños, hay casi nulo conocimiento de lo que sucedió y la lucha que se creó durante ese momento», reconoce.

    Luis es un promotor de la democracia de 29 años y finalista del Premio de la Democracia Kofi Annan por su trabajo como presidente de la organización Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda).

    Históricamente yo no oía sobre este conflicto armado. Lo poco que escuché era que la gente se escondía, que eran dos bandos y eso era todo. En el colegio lo conocí muy brevemente. Es un tema que no se desarrolla en los colegios y es algo que debería marcar la historia salvadoreña. Contar el relato es muy importante y redignificar a las víctimas. Luis V. Villaherrera, presidente de Tracoda.

    Para las mujeres que sufrieron persecución de sus familiares durante la guerra fue imprescindible terminar con esa época.

    Antes de que iniciara oficialmente la guerra ya existía una persecución contra personas civiles. Comadres, como se conoce el Comité de Madres y Parientes de prisioneros, desaparecidos y mártires políticos de El Salvador, fue precisamente una organización creada en diciembre de 1975 por madres de víctimas de la masacre estudiantil ocurrida 30 de julio de 1975. ​​​​​​Este miércoles, otra de las integrantes de Comadres relató cómo a su hermano se lo llevaron y lo torturaron porque estudiaba en la Universidad de El Salvador (UES) en una época en que, recuerda, estudiar en una universidad o pertenecer a una organización era motivo de amenazas, capturas o torturas.

    Sin embargo, ahora las organizaciones señalan deudas con las víctimas del conflicto armado y no creen que la paz en El Salvador sea plena. Una de estas tiene que ver con tener un Estado de Derecho que vele por los inocentes que están pagando penas injustas pese a que ahora hay seguridad.

    Puede ser una paz simulada. La paz debe tener cimientos de justicia, igualdad y equidad. Sí creo que a este país le hace falta mucho para que sea un país justo, inclusivo y democrático. Hablar de paz yo creo que es hablar de una paz simulada. Óscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos.

    El acuerdo de paz que tuvimos fue lo mejor que se pudo tener en ese momento y los gobiernos que le siguieron, pues, tuvieron que haber construido país. Es algo que no se hizo porque se sembró esta polarización». Luis V. Villaherrera, presidente de Tracoda.

    Una guerrilla salvadoreña (izq.) observa una ambulancia en Mejicanos, el 12 de noviembre de 1989. / Francisco Campos-AFP.

    El presidente salvadoreño Alfredo Cristiani (izq.) estrecha la mano de los líderes guerrilleros salvadoreños (de izquierda a derecha): Schafik Handal, Joaquín Villalobos, Salvador Sánchez y Francisco Jovel tras la firma de un acuerdo de paz en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, el 16 de enero de 1992. El tratado pone fin a 12 años de guerra civil. (Foto de DAVID HERNÁNDEZ / AFP)

    El entonces presidente salvadoreño Alfredo Cristiani (izq.) estrecha la mano de líderes guerrilleros Schafik Handal, Joaquín Villalobos, Salvador Sánchez y Francisco Jovel, tras la firma del acuerdo de paz en el Castillo de Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992. / David Hernández-AFP.

  • Organizaciones insisten en derogación de ley minera y llaman a la "resistencia"

    Organizaciones insisten en derogación de ley minera y llaman a la «resistencia»

    Al menos 30 organizaciones sociales y religiosas insistieron este miércoles al gobierno salvadoreño en la derogatoria de la nueva Ley general de minería metálica porque consideran es la única forma de evitar «consecuencias ambientales, sociales y económicas irreversibles».

    Guadalupe Cortés, obispa de la iglesia luterana, leyó el comunicado de las organizaciones en el que lamentan que el gobierno y la Asamblea Legislativa «no hayan escuchado el clamor de la gran mayoría de la población que rechaza la minería metálica e instaron a los salvadoreños a «la resistencia ciudadana y popular» para mantenerse en contra de la nueva ley.

    «Nos sumamos a las múltiples llamadas a revertir esta ley, consideramos que las autoridades competentes todavía tienen en sus manos la posibilidad de evitar una catástrofe nacional de graves proporciones y de consecuencias ambientales, sociales y económicas irreversibles». Guadalupe Cortés, obispa de la iglesia luterana.

    Cortés recordó que, según publicaciones de medios de comunicación, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) «ha admitido que no cuenta con ningún estudio técnico que valide» la reactivación de la explotación minera en el territorio nacional.

    Las organizaciones reconocieron y «abrazaron» el acompañamiento de la iglesia católica y demás sectores «en la lucha de las comunidades» amenazadas que se encuentran situadas en zonas «de potencial minero».

    Peter Nataren, de Ades Santa Marta, señaló que toda empresa que realice explotación minera debe tomar en cuenta «los riesgos de cualquier conflicto social con las comunidades, debe de pensarlo».

    «Este gobierno no va a ser eterno, el oro no se saca en meses, son procesos de años, nadie garantiza que Bukele va a estar en los próximos 20 años todavía gobernando, entonces, las empresas deben pensar lo que van a hacer».
    Peter Nataren, de Ades Santa Marta.

    Por su parte, el obispo de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador, David Alvarado, aseveró que la minería «es muerte para el pueblo salvadoreño» tomando en cuenta que «todas las cuencas hidrológicas de este país van a dar» al río Lempa.

    Alvarado advirtió no solo la muerte del medio ambiente por las consecuencias de la contaminación minera sino de fauna, flora y de vidas humanas. «Nos unimos a decir ‘no a la minería’, la vida es más importante», afirmó.

    En la sesión plenaria de ayer, la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Marcela Villatoro, pidió la derogación de la ley minera vigente desde el 7 de enero, pero su petición obtuvo solo tres votos de la oposición.

    El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo anoche en una conferencia de prensa que «los ríos de El Salvador no están contaminados por la minería» sino que estarían contaminados «por otra cosa».

    Sin embargo, un estudio de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) indica que desde 1870 hubo explotación minera en El Salvador hasta mediados del siglo XX en la mina de San Sebastián en La Unión. En 2017 se aprobó una prohibición a la minería metálica.

  • Mesa contra la Impunidad exige estudio de ley de justicia transicional y acusa a Asamblea de obstrucción

    Mesa contra la Impunidad exige estudio de ley de justicia transicional y acusa a Asamblea de obstrucción

    Organizaciones aglutinadas en la Mesa contra la Impunidad de El Salvador (Mecies) consideró este miércoles que la Asamblea Legislativa realiza acciones de «obstrucción» y que viola su propio reglamento interior, al no estudiar el tercer proyecto de ley de justicia transicional presentado el 29 de octubre de 2024 por víctimas de crímenes de lesa humanidad.

    Las organizaciones aseguran que la Asamblea Legislativa transgrede la sentencia de la Sala de lo Constitucional del 13 de julio 2016, que declaró inconstitucional la «amnistía amplia, absoluta e incondicional» declarada en la «Ley de amnistía general para la consolidación de la paz» aprobada en 1993.

    Esta sentencia fue la que ordenó una «reparación integral a las víctimas de crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad cometidos por ambas partes» con ocho requisitos: 1. Establecimiento de los derechos, 2. Resarcimiento, 3. Compensación de daños, 4. Indemnización de daños y perjuicios, 5. Rehabilitación y readaptación de la víctima, 6. Satisfacción y reivindicación de las víctimas, 7. Garantías de no repetición y 8. Conocimiento público de la verdad.

    Las organizaciones calificaron de paradójico que los diputados «exaltan el decreto que designó cada 16 de enero como ‘Día nacional de las víctimas del conflicto armado’ aprobado en 2022» porque consideran que «busca tergiversar y negar la historia de los Acuerdos de Paz con fines políticos partidarios».

    Recriminaron que la Asamblea Legislativa haya archivado el proyecto presentado en 2021.

    La Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa, que en el periodo 2021-2024 fue presidida por la diputada Rebeca Santos, inició el 20 de septiembre un proceso de consulta para elaborar una ley de justicia transicional, en el que fueron citados el exprocurador Apolonio Tobar, Benjamín Cuéllar como representante de VIDAS, Geovanni Galeas, pero en mayo de 2024 la Asamblea Legislativa archivó los proyectos de ley impulsados por las organizaciones y partidos de oposición. «Ya perdieron su vigencia», argumentó en ese entonces el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas.

    En enero de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó, a iniciativa del presidente Nayib Bukele, el «Día nacional de las víctimas del conflicto armado«, el cual se expresó que «el conflicto armado en El Salvador fue una larga historia de abusos de poder e irrespeto a la democracia» y se reconoce los esfuerzos del gobierno actual para «proteger a las víctimas y sus familiares», de la Fiscalía para juzgar los delitos cometidos durante el conflicto y se comprometen a «trabajar por garantizar acciones que permitan la no repetición» de hechos contra una vida «con dignidad y justicia».

  • Solo el 58 % de los beneficiarios del TPS se registraron en la reinscripción de 2023

    Solo el 58 % de los beneficiarios del TPS se registraron en la reinscripción de 2023

    Solo el 58 % de los salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) realizó su proceso de reinscripción al programa durante el último proceso de 2023, indicó el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana.

    La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, aseguró este miércoles durante una entrevista en Diálogo 21 que, de los 234,000 beneficiarios, solo 137,000 habían cumplido con su registro «en la reinscripción anterior».

    La funcionaria atribuyó la falta de 97,000 salvadoreños para su reinscripción por temas de «desconocimiento» y porque pensaron que el proceso «era automático», por lo que explicó que la reinscripción es un trámite personal que los connacionales deben cumplir cada vez que el gobierno estadounidense decide habilitarlo.

    «Por favor, no dejemos esto a última hora, se trata de su seguridad, se trata de su estabilidad pero también se trata de la permanencia en Estados Unidos».
    Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana.

    A finales de agosto de 2023, la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (Asosal) externó su preocupación por la baja afluencia de connacionales para completar su reinscripción y aseguró que, en ese momento, el 70 % de las personas que atendían cada año no habían completado el proceso.

    La viceministra explicó que, si algún salvadoreño olvidó reinscribirse en el proceso anterior y desea completar el trámite en el nuevo proceso de este año, debe completar un proceso diferente con asesoría de Cancillería.

    Algunos de los documentos a presentar si olvidó reinscribirse son:

    • Informar y demostrar que ha residido en Estados Unidos.
    • Constancia de no haber cometido faltas durante su permanencia en Estados Unidos.
    • Escribir una carta de perdón.

    Para atender estos casos y dudas sobre el proceso, la Embajada de El Salvador en Estados Unidos con sede en Washington, tendrá disponibles asesorías con un abogado experto en temas de TPS.

    Los connacionales pueden consultar sus dudas en el consulado virtual al 1-888-301-1130 o al (503) 7070-1071. Todas las asesorías brindadas por Cancillería son gratuitas, indicaron las autoridades.

    La ampliación del TPS inicia el 10 de marzo de 2025 y finalizará el 9 de septiembre de 2026. Para beneficiarse de este programa, los salvadoreños deben reinscribirse a partir de este 17 de enero. La reinscripción estará habilitada por 60 días.

  • Participación privada en mineras dependerá de complejidad en extracción según el Gobierno

    Participación privada en mineras dependerá de complejidad en extracción según el Gobierno

    La cantidad de acciones que pueda solicitar una empresa privada minera en la sociedad de economía mixta que deberá establecer con el Estado salvadoreño dependerá de la complejidad en la extracción del material en el cual está interesado, según el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

    La Ley General de Minería Metálica –vigente desde el 7 de enero de 2025– establece que el Estado «será el único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país» y detalla que lo podrá hacer «a través de sociedades en las que posea participación accionaria y de economía mixta».

    La noche del martes, Bukele reiteró que el Estado tendrá participación en todas las sociedades, como lo establece la normativa. «En el 100 % va a haber participación accionaria del Estado», fueron sus palabras. Sin embargo, la regulación no determina qué porcentaje mínimo de acciones tendrá el Estado o qué porcentaje máximo tendrá la empresa privada interesada.

    El presidente explicó que, cuando se monte la Dirección de Minas, las empresas «tendrán que negociar con el Gobierno la participación del Gobierno en las operaciones» y, después, «dependiendo de la complejidad de la mina» y «el tipo de materiales» que buscan extraer, así serán las acciones que demandarán. «Entonces, dependiendo de la complejidad se van a establecer cada uno de esos contratos mineros», indicó.

    Si viene una empresa que va a buscar el iridio, ellos tendrán un ‘know how’ muy alto y van a demandar una participación accionaria mayor a una empresa que simplemente quiere sacar oro, que cualquiera lo puede hacer».

    Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

    El gobernante sostuvo que comúnmente la gente «piensa en el oro» pero que «hay materiales de mucho más valor» como el iridio y el gallium. El iridio es el metal más resistente a la corrosión usado en la fabricación de motores de avión y el gallium o galio es un metal que sirve para fabricar circuitos y dispositivos electrónicos.

    Bukele rechazó la noche del martes el argumento de que la minería contaminó los ríos de El Salvador señalando que la minería no estaba permitida en el país, en referencia a la prohibición vigente desde marzo de 2017 y que fue derogada desde el 7 enero de 2025. Sin embargo, El Salvador ya ha tenido actividades de exploración y extracción minera, así como minería artesanal.

    Según el mandatario, la participación accionaria estatal en las sociedades que realizarán actividades mineras en El Salvador fue un cambio de última hora a la normativa aprobada. «Nosotros pensamos que para garantizar que se haga bien, cambiamos la ley, se modificó antes de enviarse porque se puso que el gobierno tenía que tener participación en la empresa que está haciendo la minería», comentó.

    La minería metálica fue revivida en El Salvador pese al rechazo de la Iglesia Católica, ambientalistas y del 59.2 % de los salvadoreños según una encuesta divulgada en diciembre pasado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

  • Emisión de DUI en el exterior cae 28 % durante el último año

    Emisión de DUI en el exterior cae 28 % durante el último año

    Las emisiones de Documentos Únicos de Identidad (duis) en el exterior cayeron un 28 % en el último año, de acuerdo con datos de la Dirección General del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

    El sitio web del Observatorio Digital sobre Movilidad Humana de Cancillería muestra que, durante 2024, un total 127,616 connacionales tramitaron su documento de identidad en las representaciones consulares salvadoreñas.

    De enero a diciembre, el mes con más emisiones fue enero, con 13,511; seguido de julio, con 11,770 documentos; noviembre, con 11,756; y febrero, con 11,671. Los demás meses no superan las 11,000 emisiones.

    Sin embargo, durante 2023 se emitieron un total de 177,243 documentos frente a los 127,616 en 2024, lo cual, representa una disminución del 28 % entre los dos años.

    Contrario a 2024, durante el 2023, el mes con más emisiones de duis fue octubre, con 22,599 documentos, según el registro de Cancillería. Le siguió noviembre, con 20,139 emisiones.

    La disminución en las emisiones de duis coincide con el cierre del registro electoral para los comicios de 2024. El registro para el voto en el exterior se realizó el 5 de noviembre.

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    En 2022, Cancillería reportó la emisión de 175,038 duis; por lo que, en 2023, se registró un aumento del 1 % en las emisiones de duis, con los 177,243 documentos entregados a los connacionales.

    La "Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero" establece que los salvadoreños con DUI con dirección en el exterior pueden emitir el sufragio por la modalidad de voto por internet.

    El último reporte del registro electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconocía a 741,094 salvadoreños con duis con dirección en el exterior hasta el 5 de noviembre de 2023. El trámite de duis en el exterior tiene un costo de $35 y para salvadoreños en el territorio nacional $10.31. El documento se puede tramitar en jornadas del RNPN en el exterior o en sedes consulares.

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  • Vamos pide liquidar Fideicomiso Bitcoin y financiar subsidios; Bukele responde

    Vamos pide liquidar Fideicomiso Bitcoin y financiar subsidios; Bukele responde

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió, sin lograr los votos suficientes, la aprobación de una ley que liquidara el Fideicomiso Bitcoin y destinara sus fondos y bienes a financiar diferentes subsidios sociales.

    La legisladora argumentó que el gobierno invirtió inicialmente $150 millones para la convertibilidad automática de bitcoin a dólar pero que el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) requiere la reducción de la participación del gobierno en el proyecto Bitcoin para que la aceptación a esa criptomoneda sea voluntaria.

    Puede leer: FMI insiste en que el acuerdo garantiza uso voluntario del bitcoin

    Así, Ortiz pidió aprobar una ley que facultaría al Ministerio de Hacienda a nombrar una comisión liquidadora de todos los bienes e inversiones del Fideicomiso, para que los fondos se destinen a subsidios al consumo eléctrico, agua, gas propano, transporte público y escolar, alimentos a la canasta básica y medicinas.

    Sin referirse expresamente a la propuesta, Bukele criticó que la oposición sugiera destinos «ganancias» del bitcoin.

    El presidente consideró ayer que la inversión en bitcoin «es una inversión sólida» y reiteró que tienen «$300 millones de ganancia». «Ahora es ‘deberían usar las ganancias del bitcoin en tal cosa, pero si ustedes no creían en esas ganancias del bitcoin, ahora ustedes son los que van a decidir en qué se van a usar las ganancias del bitcoin, la oposición», criticó Bukele.

    Con el retorno de Trump a la presidencia de Estados Unidos, a partir de enero de 2025, Bukele prevé una revalorización y ecosistema «más amable» para el bitcoin.

    «Nosotros estamos a la expectativa de ver qué va a pasar en los próximos días, incluso con la administración Trump. Yo creo en lo personal que este año, especialmente este año por la asunción de Trump y la maduración de los BTS, creo que este año va a ser muy importante para el bitcoin y para todo el ecosistema», consideró.

  • Arena y Vamos instan a buscar beneficio de los salvadoreños en relaciones con EEUU

    Arena y Vamos instan a buscar beneficio de los salvadoreños en relaciones con EEUU

    Con la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero próximo en la presidencia de los Estados Unidos, Carl Meacham, exasesor del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que para que países como El Salvador profundicen relaciones con el país norteamericano, tendría que cumplir algunas condiciones, una es reducir la dependencia de China.

    Ante esto, las diputadas de Arena y Vamos opinaron que El Salvador debe ser muy cuidadoso con sus relaciones, pensando siempre en el beneficio de los salvadoreños.

    “Si esa es una de las condiciones, debería de considerarlo tanto Cancillería como el presidente de la República (Nayib Bukele), deben hacer los estudios necesarios porque, si esto sería un traspié en la relación con los Estados Unidos, pues que comiencen con los estudios necesarios al respecto para darse cuenta de qué es lo más beneficioso para los salvadoreños”, dijo Marcela Villatoro, de Arena.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, instó al gobierno a “tener unas relaciones internacionales sabias, inteligentes».

    «Con cualquier administración que llegue a gobernar los Estados Unidos, El Salvador tiene que trabajar con base a intereses compartidos para que más salvadoreños no tengan la necesidad de irse a Estados Unidos, porque acá no hay suficientes oportunidades, porque acá corre riesgo su seguridad y velar también por los salvadoreños que están allá bajo el TPS,” aseguró Ortiz.

    Meacham fue parte del panel en la presentación del Índice de Riesgo Político 2025 y explicó que los países que quieran profundizar su relación con Estados Unidos deben cumplir tres condiciones ante la «presión enorme y riesgos significativos» que implicará la gestión Trump para América Latina.

    Esas condiciones son alinearse con «los intereses» de EE.UU., reducir la dependencia de China e involucrarse en las iniciativas de seguridad de Estados Unidos son las condiciones mencionadas.

  • Bukele: "Los ríos en El Salvador no están contaminados por la minería"

    Bukele: «Los ríos en El Salvador no están contaminados por la minería»

    El presidente Nayib Bukele rechazó la noche del martes las críticas de ambientalistas y religiosos contra su proyecto de minería metálica en El Salvador aseverando que los ríos del país ya están contaminados con pesticidas, basura o residuos de las industrias salvadoreñas.

    «Esa foto de esos ríos contaminados no puede ser por la minería, tendría que ser por otra cosa. Los ríos en El Salvador no están contaminados por la minería, los ríos en El Salvador están contaminados por las heces fecales, todas las aguas negras y grises».
    Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

    Bukele convocó hoy a una conferencia de prensa en la cual anunció un subsidio para pagar los recibos de enero de energía eléctrica y agua al 95 % de familias.

    El gobernante salvadoreño sostuvo que los ríos de El Salvador ya están contaminados con basura, lixiviados, pesticidas, cultivos quemados, residuos de las industrias, basura, aguas negras, residuos hospitalarios, tinta de las textileras, entre otros, y argumentó que en el país aún no se practica la minería. «No encuentro un motivo por el cual nosotros no debemos hacer lo que el 100 % de los países del mundo hacen», dijo.

    Otro argumento del presidente a favor de la minería fue que Israel tiene «más estrés hídrico» y «más densidad poblacional que El Salvador». «Y tiene la minería aprobada y hacen minería en todos lados hasta en el mar Muerto», indicó.

    «Las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal, la minería se puede hacer bien o se puede hacer mal», indicó.

    El presidente no detalló cuáles sustancias se utilizarán en la minería metálica que se proyecta para El Salvador ni qué empresas están interesadas en asociarse con el Estado para hacer estas prácticas. La Ley General de Minería Metálica prohíbe expresamente únicamente el mercurio. Sin embargo, en la extracción de oro y plata pueden utilizarse otros como el cianuro, arsénico y drenajes ácidos, altamente tóxicos según ambientalistas.

    Un estudio de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) detalla que en El Salvador se han realizado actividades de explotación minera desde la década de 1870 hasta la de 1950 en San Cristóbal y a mediados del siglo XX, en la mina San Sebastián, Santa Rosa de Lima, La Unión, en donde se produjeron 32 toneladas de oro.

    Esta investigación también registró actividad minero de oro y plata en la mina El Dorado entre 1948 y 1953, y en 2002 la empresa Commerce Group Corp tuvo una nueva concesión de explotación por 30 años luego de adquirir la mina San Sebastián desde 1968.

    Puede leer: Sacerdotes católicos lanzan campaña contra la minería metálica en El Salvador

    Hacia 2006, el entonces Ministerio de Economía dio permiso a actividades de exploración a 29 proyectos para extraer unos 12 millones de onzas de oro y 78 millones de onzas de plata; pero luego de una campaña en la que se unió la Iglesia Católica e instituciones de educación superior la minería metálica se prohibió en marzo de 2017.

    La Ley de Prohibición de la Minería Metálica, derogada el 23 de marzo de 2024, prohibía el uso de químicos como cianuro y mercurio, y daba un plazo de dos años a partir de 2017 a la minería artesanal para convertirse a otra actividad productiva, algo que las organizaciones ambientalistas reclamaron que no se cumplió.

  • Bukele anuncia pago de recibos de agua y luz de enero al 95 % de la población

    Bukele anuncia pago de recibos de agua y luz de enero al 95 % de la población

    El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció este martes el subsidio estatal del pago de los recibos de agua y energía eléctrica al 95 % de la población, en una conferencia que inició a las 6:30 de la tarde.

    «El gobierno va a pagar la totalidad de recibos de agua y luz al 95 % de la población», anunció, presentándolo como una medida económica de su gobierno.

    El gobierno pagará hasta $80 del total del recibo de energía eléctrica y hasta un límite de $30 del recibo de agua potable. «Se entiende que alguien que consume más de $30 de agua es porque tiene capacidad para pagarlo», dijo.

    El gobernante explicó que el subsidio aplica al total de los recibos del mes de enero, aunque estos incluyan otros cargos y que, si ya se pagaron, el reintegro se realizará en febrero.

    «Si usted ya pagó (el recibo de energía), usted pagó el saldo completo, incluyendo tasas municipales, cualquier otro cobro, si está abajo de $80, eso va a descontarse en febrero», explicó Bukele.

    El mandatario aseguró que estuvo pensando qué podían hacer para beneficiar económicamente a la población luego de los gastos de fin de año y enero, y que decidieron realizar el «pago total de recibos de luz y agua que llegan en enero».

    El beneficio no aplica para comercio, centros comerciales ni para la industria, sino solo para hogares.

    El 16 julio de 2024, Bukele lanzó su plan económico para «recuperar la economía en El Salvador», detallando que la primera fase es la alimentación con la eliminación de aranceles a productos alimenticios e insumos agrícolas y la apertura de centrales de abastos. Aseguró que la segunda fase de su plan económico es la tecnología.