Categoría: Politica

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa votó este lunes a favor de la autorización al Ministerio de Hacienda para que pueda otorgarle la garantía soberana del Estado a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) al préstamo de $150 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o Banco Mundial.

El director general de Crédito Público e Inversión, Marlon Herrera, explicó el préstamo servirá para perforar “hasta 8 pozos profundos” y la construcción de una central geotérmica en el campo geotérmico del distrito de Chinameca, municipio de San Miguel Oeste, departamento de San Miguel.

Parte de los fondos también serán destinados a la construcción de un sistema de recopilación de vapor desde los pozos con tuberías de acero hacia la central geotérmica, una conexión de la central a la subestación, programas sociales y la creación de un Centro de Excelencia Geotérmica en donde se desarrollarían capacitaciones a estudiantes y profesionales en industria geotérmica y sectores afines.

“Esta operación de crédito que permitirá financiar los diferentes proyectos en esta temática vendría apoyar lo que es las diferentes alternativas o fuentes de energía que tiene la CEL, tanto la geotérmica, la hidroeléctrica, el gas natural licuado, entre otros”.
Marlon Herrera, director de Crédito Público.

Ante una pregunta del diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, el funcionario explicó el artículo 148 de la Constitución de la República indica que “corresponde a la Asamblea Legislativa facultar al Órgano Ejecutivo para que contrate empréstitos” y el otorgamiento de garantías soberanas. Agregó que la CEL “tiene la facultad para contratar empréstitos o acceder a cualquier tipo de financiamiento” y por ello ha negociado este préstamo.

Las garantías soberanas también requieren dos votaciones, autorización y aprobación, por lo que el contrato de garantía soberana requerirá una votación adicional de aprobación.

Durante el año 2025, la Asamblea Legislativa ha autorizado y aprobado la suscripción de contratos de garantías para un total de $240 millones en préstamos, $50 millones por el Fondo Social para la Vivienda (FSV) y $190 millones por el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal). Con los créditos aprobados, el financiamiento avalado por la Asamblea Legislativa supera los $1,000 millones solo de deuda firmada durante 2025.

El dictamen favorable podría ser incluido en la agenda de la sesión plenaria convocada para este jueves 29 de mayo, la que se divulga el mismo jueves minutos antes del inicio de la sesión.

El diputado opositor Francisco Lira insistió este lunes en que el gobierno debe informar sobre medidas que disminuyan el impacto que pueda generar un aumento del salario mínimo en las micro y pequeñas empresas.

“Debería tenerlo pero no hay”, dijo cuando se le preguntó sobre un posible incentivo del Estado.

Según el legislador un aumento al salario mínimo para las personas que han optado por “emprender” en la economía salvadoreña provocaría un “caos, despido masivo, baja productividad”. “Vienen a emprender con esto. No es posible, lo que va a a generar es un caos, despido masivo, baja productividad”, fueron sus palabras.

La semana pasada, el diputado solicitó a la Asamblea Legislativa la emisión de un dictamen para recomendar al Ministerio de Economía y a la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) para que dé un informe sobre el estado actual del sector y que expliquen cuáles son “las medidas complementarias que van a impulsar de forma paralela a la implementación del salario mínimo”.

“Solo de salario son $43.80 por colaborador, se le tiene que sumar la cuota patronal de Seguro Social, de AFP, más las vacaciones, o sea que el aumento real no es de $43.80, estamos llegando casi a los $70, ese impacto lo va a sostener el emprendedor, micro y pequeño empresario”, indicó.

Aseguró que “la gran empresa ya lo tiene planificado porque muchos de ellos ya pagan más del salario mínimo” pero previó impactos en la micro y pequeña empresa.

“Ese impacto lo va a sostener el emprendedor, micro y pequeño empresario… Después de escuchar y reunirme con varios sectores, llegamos a la conclusión que me dicen: deben haber políticas públicas complementarias que logren sacar adelante, porque si no, yo como emprendedor, que tengo dos personas, tengo dos opciones: despedir a uno o cerrar el negocio”, afirmó.

En la mañana de este lunes, el presidente de Conamype, informó se han invertido más de $6.8 millones en un quinquenio para apoyar a más de 39,000 empresarios y artesanos en el país. “Estamos hablando de más de $6.8 millones que se han invertido en este último quinquenio”, indicó el funcionario, publicó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

El secretario general del FMLN, Manuel «El Chino» Flores, calificó este lunes de «fracaso» el desempeño del gobierno en su proyecto de construcción de escuelas, a seis años del gobierno, y cuestionó el silencio del gobierno salvadoreño ante la aprobación del impuesto del 3.5 % a las remesas aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. «Y el gobierno calla, ¿dónde está la embajadora, Cancillería, dónde está el régimen, exigiendo explicaciones?», preguntó.

«Le pueden poner cierre, reunificación, unificación, acercamiento, como sea le pueden poner, las están cerrando», dijo. «¿Será eso un logro de los seis años?, el decir que primero «Mi Nueva Escuela», que ya tenían el financiamiento del BID, después se pasó a tres escuelas diarias y después dos, entonces, ya vamos a ver qué pasa el otro año. ¿El ministro de Educación dónde está?, no existe, ¿el ministro de Agricultura?, no existe», agregó, en su conferencia de prensa semanal.

El gobierno de Nayib Bukele cumple seis años, ya que el 1 de junio de 2025 se cumple el primer año de su segundo mandato. El domingo 1 de junio Bukele pronunciará un discurso ante la Asamblea Legislativa; el pasado 22 de junio, explicó que no pudo cumplir su plan de construir o remodelar tres escuelas por día y lanzó su plan «Dos escuelas por día».

El secretario cree que en El Salvador podría haber otro impuesto a las remesas «porque está quebrado este gobierno».

El dirigente del partido de izquierda, dijo que «a todos los que viven afuera» no les recomienda «este tipo de régimen». El representante del FMLN criticó la aprobación de Ley de Agentes Extranjeros, el aumento de la deuda y la mordaza. «Cuando la sociedad es amordazada, la corrupción se magnifica», señaló. «Todo eso, esos cortinazos, vienen casualmente al tema de la captura de líderes defensores de derechos humanos, ¿qué quieren tapar?, ¿quieren crear un gobierno de miedo, donde nadie puede opinar, donde la prensa está amordazada, donde solo puede opinar la prensa progobierno?», cuestionó.

El dirigente ve la renuncia del comisionado de derechos humanos y libertad de expresión, el colombiano Andrés Guzmán, como una muestra de que «se fue huyendo de la realidad» para «no enfrentar lo que el pueblo salvadoreño está viviendo en derechos humanos». «¿Por qué renunció antes de la captura de la abogada Ruth López? Alguien que se siente cómodo con su trabajo no creo que renuncie», cuestionó.

Mostró preocupación ante el pronunciamiento de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), ya que si en El Salvador «se habla de libertades» y de ser el país «con la mayor seguridad del mundo», «se esté hablando de persecución de periodistas, es grave». «Una democracia está sustentada sobre la base de las diferencias. Nunca un periodista se fue durante los gobiernos del FMLN», dijo.

El FMLN perdió su representación en la Asamblea Legislativa desde el 1 de junio de 2024 y solo quedó con representación en gobiernos municipales y en el Parlamento Centroamericano.

Durante el presente año, la Asamblea Legislativa ha autorizado y aprobado contratos de créditos y de garantías soberanas del Estado por un total de $1,033.9 millones,

todos relacionados a deuda suscrita únicamente en 2025, 77 % de la cual ha sido aprobada al Gobierno Central.

En detalle, los diputados han aprobado –y previamente autorizado– un total de $793.9 millones en contratos de préstamos otorgados por bancos internacionales al Ministerio de Hacienda, pero también por el Legislativo han pasado las aprobaciones de las garantías soberanas del Estado que requieren los créditos que son firmados por instituciones autónomas de crédito o empresas públicas que tienen la facultad de endeudarse sin aprobación legislativa.

Tomando en cuenta únicamente garantías para créditos nuevos, es decir suscritos este año, la Asamblea autorizó a Hacienda a que respalde con garantías soberanas del Estado un total de $240 millones adquiridos por el Fondo Social para la Vivienda (FSV), $50 millones, y el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), $190 millones. El acreedor de estos préstamos de Bandesal y FSV es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y los contratos de crédito fueron firmados el 28 de marzo (FSV) y el 10 de abril (Bandesal), ambos de 2025.

Los contratos de préstamo se han firmado entre el 10 de marzo y el 7 de mayo de 2025.

Durante este año la Asamblea Legislativa aún no ha autorizado emisiones de títulos valores.

¿Para qué?

Los fondos de préstamos ya aprobados tienen como destinos programas de infraestructura de datos, Surf City fase I, sostenibilidad fiscal, mejora en salud y modernización educativa.

El Legislativo tiene un préstamo aún no aprobado, pero sí autorizado, que promete destinar al tratamiento de aguas residuales en La Libertad; y otro préstamo que busca suscribir con el Deutsche Bank para energía geotérmica, ambos aún están fuera del monto total aprobado.

Si se toman en cuenta estos dos préstamos aún no aprobados, la Asamblea estaría por llegar a los $965.7 millones únicamente en créditos a Hacienda, un total de $965,747,393.7.

De la misma manera, si la Asamblea Legislativa aprueba la garantía solicitada para respaldar un crédito de $150 millones del Banco Mundial a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) para energía geotérmica, la deuda suscrita este año bajo esta modalidad sumaría $390 millones. Así, si las aprobaciones se dan, la nueva deuda suscrita relacionada con ambas aprobaciones legislativas podría superar los $1,355.7 millones.

La Asamblea ha aprobado también garantías soberanas de deudas suscritas en años anteriores (2008, 2017, 2022), por créditos que suman aproximadamente $580.9 millones adicionales. La CEL pidió estas garantías soberanas de préstamos que aún tienen saldos pero fueron suscritos anteriormente.

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La organización Acción Ciudadana (AC) y la representante de Vamos en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) consideran que el nuevo proceso de contratación de la empresa que desarrollará el sistema de votación electrónica y las compañías auditoras debe ser más transparente y abierto a la población, por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La formulación de los términos de referencia para la adjudicación de las empresas implementadora y auditora del voto electrónico iniciará en junio.

El coordinador del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana, Malcolm Cartagena, aseguró que el nuevo proceso de contratación debe ser «más transparente» y claro, es decir, deben establecer con precisión desde un inicio las condiciones de la contratación. Calificó de «atropellado» el proceso de 2024 cuando varias empresas retiraron sus ofertas de servicios como «muestra de su descontento» porque las autoridades aceptaron adendas a las ofertas y otras irregularidades.

«Esto no debería de ocurrir en esta ocasión, sino que se debería de tener claridad desde el inicio para todos de las reglas, de qué es lo que quiere o requiere, mejor dicho, el Tribunal de cara al voto desde el exterior».
Malcolm Cartagena, coordinador del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana.

Ademas, el técnico de la AC señaló que, hasta el momento «no se conocen los resultados de las auditorías» que se ejecutaron al sistema de votación, al registro y al escrutinio de voto electrónico de 2024. «Eso no debería ser el caso, puesto que son las que permiten mejorar», consideró.

El índice de información del TSE indica que los informes de auditoría a las elecciones 2024 están en reserva por siete años.

Cartagena sugiere que se den a conocer los resultados de las auditorías para formular los términos de referencia de las contrataciones, tomando en cuenta lo que se debe corregir en este nuevo proceso electoral.

Por su parte, la directora ante la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) por Vamos, Wendy Alfaro, dijo a El Mundo que el Tribunal debe «actuar con verdadera apertura» para garantizar la transparencia «en todas las etapas del proceso electoral» especialmente en el proceso de contratación.

» La transparencia no puede ser una promesa, debe ser una práctica permanente y tal parece que quieren tener de lejos a la Junta de Vigilancia, porque no nos hacen parte de estos procesos a pesar que así lo establece la ley».
Wendy Alfaro, directora ante la Junta de Vigilancia Electoral por Vamos.

Alfaro considera que la institución electoral debe publicar los términos de referencia para las contrataciones, abrirlos a consulta, establecer principios técnicos claros y verificables, y permitir acompañamiento ciudadanos y técnico en todo el proceso. Considera que solo así se garantizará «la legitimidad y confianza en los resultados».

La representante partidaria aseguró que, si bien el Código Electoral establece que la Junta tiene «pleno acceso a las actividades» de fiscalización electoral, esto «en la mayoría de ocasiones no ha sido así». Instó a los magistrados a «apegarse al cumplimiento» de la normativa para permitirles vigilar todo el proceso electoral.

Sugieren que sistema y equipo le quede al TSE

El coordinador político de AC, Malcolm Cartagena, considera que sería bueno que el Tribunal avance en el proceso de contratación asegurando que el sistema implementado para el voto exterior sea de su propiedad, al igual que las máquinas de votación electrónica presencial para hacerlo «autosostenible».

En 2024, el Tribunal pagó $2.6 millones a la empresa española Indra por el alquiler de las máquinas de votación. Al final el proceso, la institución regresó el equipo técnico a la empresa. Cartagena dijo que fuera «formidable» que el TSE se quedara con las soluciones tecnológicas, aunque advierte que «los costos se incrementarían».

La secretaria general del partido Vamos y diputada suplente, Cesia Rivas, calificó de «mentira» la política política del gobierno actual en educación y cuestionó la nueva promesa de Nayib Bukele sobre «Dos escuelas por día».

«A seis años del gobierno de Bukele, lo que queda evidenciado es que la mentira es una política pública en su gobierno. Los discursos y sus promesas en el momento son aplaudidas por muchos, pero la realidad demuestra que son palabras vacías, ejemplo, lo que ha pasado en educación. Dijo abrir nuevas escuelas, pero lo que pasó es que muchas fueron cerradas, dijo que se renovarían más de 5,000 escuelas, pero llegaban y dejaban a medias la renovación, por ello, no llegan ni a 500 las escuelas «renovadas», cuestionó Rivas.

El pasado jueves 22 de mayo, el presidente Bukele inauguró un centro escolar en San Luis Talpa, en La Paz Oeste, en cadena nacional, acto que le sirvió para anunciar el programa de «Dos escuelas por día» que, prometió, incluirá días no hábiles y festivos.

Para Rivas, esto es más de lo mismo, ya que asegura que esa promesa la hizo también el 7 de septiembre de 2022 cuando llegó hasta el Complejo Educativo «Doctor José Ciro Brito», en Nahuizalco, Sonsonate. «Son 5,150 centros escolares que serán remodelados totalmente, un promedio de dos por día», dijo Bukele en esa ocasión, calculando 1,000 escuelas cada año.

La diputada jefa de la fracción de Arena, Marcela Villatoro, también puso en duda la promesa del presidente.

«Bueno ojalá que sea cierto, porque así dijeron de las ganancias de bitcoin y a la fecha las seguimos esperando», cuestionó Villatoro, refiriéndose a la promesa que hizo Bukele en 2021, cuando inauguró la construcción del hospital veterinario: «Además, quiero anunciar que con unos millones que nos quedan de las ganancias de bitcoin vamos a construir las primeras 20 escuelas bitcoin, totalmente equipadas y modernas»,

«Lo realmente urgente acá es que se haga una mejora al sistema educativo, desde mejor infraestructura escolar hasta mejores condiciones laborales para los maestros y educación de calidad para los alumnos», señaló Villatoro.

Para Rivas, después de seis años, el gobierno «ya debería haber cumplido las muchas promesas que ha hecho, pero ha abusado de su popularidad y hace esperar a la gente, cuando sí ha contado con el dinero para resolverle, ejemplo, las escuelas y el Hospital Rosales. Son millones los otorgados, pero esa inversión no se ve, así que, más que creer lo que Bukele dice, quedémonos con lo que él hace», señaló Rivas.

El presidente explicó el jueves que era la única crítica que admitía, pero argumentó que nunca se imaginó la situación de las escuelas que se encontraría y mostró un centro escolar construido de láminas.

El Salvador y el Reino de Marruecos se reunieron este sábado para analizar la posibilidad de abrir un nuevo consulado en el país africano, informó la Vicepresidencia de El Salvador a través de redes sociales.

El gobierno dijo este 25 de mayo que el encuentro se dio en el marco de la toma de posesión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, donde el vicepresidente de El Salvador, Felix Ulloa, sostuvo conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita.

La Vicepresidencia dijo que el nuevo consulado podría establecerse en la ciudad de El Aaiún.

“(Ambos) dialogaron sobre la posibilidad de abrir un Consulado de El Salvador en la ciudad de El Aaiún, como un paso clave para el reconocimiento de la soberanía territorial Marroquí en esa región”.

Vicepresidencia

Redes sociales

El Salvador inauguró su embajada en Marruecos en octubre de 2022, la cual se consideró como la primera de su tipo en establecerse en el continente africano.

Un año después, en noviembre de 2023, se inauguró un consulado honorario en la ciudad de Casablanca, Marruecos, considerado como un centro económico de la nación.

Pese a esta última inauguración, el portal de embajadas, consulados y misiones permanentes de la República de El Salvador en el mundo confirma que la representación en Rabat se mantiene activa.

Diplomacia

La Vicepresidencia dijo que, durante el encuentro, Bourita y Ulloa hablaron sobre el compromiso de ambos países por fortalecer los lazos diplomáticos y la cooperación bilateral.

“El vicepresidente Ulloa ratificó el respaldo del Estado salvadoreño a la soberanía territorial del Reino de Marruecos, así como, su disposición para profundizar en la colaboración de temas de interés compartido”, dijo el gobierno en su publicación.

El comunicado compartido señala que la reunión reafirmó la amistad que mantiene El Salvador con el Reino de Marruecos.

En abril pasado, el Instituto Salvadoreño del Café (ISC) informó sobre el primer despacho de café a Marruecos, de un contenedor de 1,000 quintales de la Cooperativa San Carlos Dos, ubicada en Osicala, en Morazán. Según el ISC, cada quintal se negoció en $350.

Durante su viaje a Ecuador, Ulloa también se reunió con funcionarios ecuatorianos para dialogar sobre temas relacionados con seguridad.

En el marco de la Ceremonia de Posesión de Mando Presidencial de Ecuador, el Vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51), sostuvo una reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el… pic.twitter.com/ThQkttB7ta

— Vicepresidencia ESA (@VCpresidenciaSV) May 25, 2025

Un 2.6 % de los fondos que ejecutó el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en El Salvador fueron destinados a programas de gobernabilidad, estado de derecho y participación ciudadana en el año 2024, según el informe de anual de resultados.

El sistema de la ONU indicó que ejecutó $104.3 millones durante 2024 para 153 proyectos y programas. De ese monto, $2.7 millones fueron destinados para ocho programas de «gobernabilidad democrática, estado de derecho, participación política y cívica inclusiva, prevención y combate de la corrupción, transparencia y rendición de cuentas».

Las restantes áreas de trabajo en donde la ONU destinó fondos feron: protección y defensa de derechos humanos ($2.1 millones); mecanismos y espacios de participación cívicos, políticos y electorales ($383,500); gestión de políticas públicas por resultados ($187,000) y prevención, combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas ($10,100).

El informe señala que al menos 238 miembros de grupos comunitarios han sido capacitados sobre mecanismos de participación cívica y política.

Entre los logros mencionados por la organización internacional está el diseño de ocho normativas y herramientas de protección de derechos humanos, y tres espacios de participación cívica y política en los que se integraron grupos en vulnerabilidad.

Fondos destinados por grupos poblacionales:

• Mujeres y niñas: $804,200.
• Jóvenes: $563,500.
• Desplazados internamente: $397,600.
• Personas LGTBI: $216,600.
• Refugiados y solicitantes de asilo: $216,600.
• Otros grupos: $507,100.

Los fondos ejecutados provienen de cooperantes como países aliados, organizaciones y empresas privadas.

El mayor donante fue el gobierno de los Estados Unidos ,con $51 millones; Fondo verde del clima, con $9 millones; multidonantes de Acnur regional, $7.4 millones; el gobierno salvadoreño desembolsó $4.7 millones, entre otros.

Para este nuevo año, el equipo país de la ONU dice que trabajará en acciones que fortalezcan «las capacidades institucionales, promuevan los derechos humanos» y aborden desafíos estructurales. Prometieron intensificar su acompañamiento en «la transformación económica del país».

La Comisión que renegocia el contrato de arrendamiento del Mercado Cuscatlu00e1n desde 2024 no ha brindado informe al concejo sobre cómo avanza la negociación, mientras que la empresa encargada del arrendamiento ya puso en alquiler las instalaciones para empresas de call center.

Miembros del concejo aún esperan que se rinda un informe en los próximos días.

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Dos regidores del concejo municipal de San Salvador Centro afirmaron a Diario El Mundo que la comisión encargada de renegociar el contratado de alquiler no han rendido ningún informe en las sesiones de reunión. Una fuente indicó que la comisión fue creada en la reunión de trabajo del 8 de agosto de 2024.

La sindicatura de la comuna indicó en esa sesión que la comisión tendría como objetivo «la renegociación del contrato de arrendamiento y promesa de venta que recae sobre el inmueble en el cual se encuentra ubicado el Bazar Cuscatlu00e1n».

La comisión es integrada por seis miembros:

• Carlos Ernesto Palacios Castro, director de Finanzas.
• Beatriz Leonor Flamenco. de Cañas, síndica municipal.
• Michelle Alejandra Castro Amaya, directora de Desarrollo Municipal.
• Juliu00e1n Seledonio Mendoza, gerente legal.
• Ricardo Alfredo Su00e1nchez Orellana, administrador general de Mercados.
• Amado Santos Cartagena Alas, administrador del Bazar Cuscatlu00e1n.

Otra fuente indicó que el anuncio del alquiler de las instalaciones es «una medida de presión que hizo el dueño para agilizar el pago de la deuda o la entrega del inmueble».

Por otro lado, la concejal del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Liliana Andrade, dijo en sus redes sociales que esperan un próximo informe de la comisión.

La empresa Desarrollo Universal S.A. de C.V. publicó esta semana en medios de comunicación que ponían a disposición las instalaciones del «exmercado Cuscatlu00e1n» para oficinas de empresas de call center. Ofrece a las compañías que ubiquen hasta 5,000 empleados y 250 vehículos.

En 2016, la alcaldía de San Salvador dirigida por Nayib Bukele negoció que el contrato de alquiler del mercado Cuscatlu00e1n se firmara por 25 años con una tarifa de alquiler de $96,050. Dos años después, el inmueble fue puesto en alquiler sin previa notificación, por lo que la alcaldía renegoció con la empresa y se acordó reducir el plazo a 23 años y la tarifa se fijó en $67,000.

Luego, la empresa ofreció una nueva negociación. Así, el plazo de arrendamiento se redujo a seis años y la tarifa se estableció en los $67,500 mu00e1s IVA. Se acordó que el precio aumentaría 5 % cada tres años.

Un año después de iniciado el nuevo plazo, en octubre de 2020, el entonces alcalde Ernesto Muyshondt anunció que la alcaldía había decidido dejar de pagar el alquiler del mercado tomando en cuenta el «sobrecosto» y dijo que la Corte de Cuentas (CCR) les había indicado que el mu00e1ximo a pagar era $46,000.

La Corte de Cuentas realizó 10 reparos por responsabilidad patrimonial de $3 millones y responsabilidades administrativas contra Bukele y 17 funcionarios que dirigían la comuna. La Cu00e1mara Sexta de Primera Instancia de la CCR concluyó que existía un sobrecosto del 3,479 % en el arrendamiento del mercado en el plazo de 25 años.

Organizaciones no gubernamentales mencionan los artículos

6, 7 y 22 de la Constitución de la República, la

Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como las disposiciones legales que viola la nueva Ley de Agentes Extranjeros aprobada el 20 de mayo por la Asamblea salvadoreña.

El miércoles 21 de mayo, unas horas después de aprobada la Ley de Agentes Extranjeros por la Asamblea Legislativa, un grupo de representantes de las organizaciones, en conferencia de prensa, señalaron que están seguros que con la nueva normativa no solo se limitará el trabajo de las organizaciones, sino que

muchas se verán obligadas a cerrar.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, mencionó que los artículos 3, 4, 5 y 8 de la

nueva Ley de Agentes Extranjeros, que tienen que ver con los sujetos obligados, el quehacer y el registro obligatorio de personas y organizaciones, contravienen al artículo 7 de la Constitución de la República.

El artículo 7 de la Constitución de la República establece el derecho a la libre asociación en El Salvador: «Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación».

El artículo 9 de la nueva Ley, que habla sobre las prohibiciones de los sujetos obligados y “que tiene que ver con la prohibición de actividades, influencia política y alteración del orden público», transgrede el artículo 6 de la Constitución, según Escobar.

El artículo 6 de la Constitución establece el derecho a la libertad de expresión: «Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución, pero los que haciendo uso de él infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan».

Además, la organización Cristosal, en su análisis jurídico, consideró que la normativa viola también la

libertad de contratación, establecido en el artículo 22 de la Constitución.

«El Estado no puede imponer límites, ni censura previa a las actividades realizadas por ninguna persona natural o jurídica», consideró esta organización.

También sostienen que la nueva normativa viola la

Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la libertad de asociación y la libertad de expresión, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece el derecho a la participación de la sociedad civil en asuntos públicos y en la lucha contra la corrupción y el acceso a la información pública.

Según Cristosal, al prohibir actividades que

amenacen la estabilidad política o social, como indica la ley, «se estaría impidiendo que se investiguen actos de corrupción pública, violaciones a derechos humanos y cualquier otro acto que el Gobierno califique como dañino a la estabilidad política».