Categoría: Politica

Los trabajos de terracería en el lugar en donde se construiría el Estadio Nacional de El Salvador, cuya primera piedra se puso hace más de un año, continúan en enero de este año según pudo constatar Diario El Mundo en el terreno de la Escuela Capitán General Gerardo Barrios, ubicado sobre el kilómetro 5 y medio de la carretera a Santa Tecla, en el distrito de Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este.

De acuerdo con los datos registrados en proceso de aprobación del permiso ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el área total del terreno incluido el parqueo es 175,960 metros cuadrados, de los cuales será construida una superficie de 57,500 metros cuadrados.

Según el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), la construcción del Estadio Nacional de El Salvador a cargo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes) aún está «en proceso de evaluación», es decir, su proceso de solicitud de permiso ambiental no aparece finalizado ni aprobado. El gobierno no ha informado oficialmente de los avances en los procesos ambientales de la construcción.

Bajo el identificador «NFA965-2022» registrado el 12 de julio de 2022 a las 11:14 a.m., la construcción del Estadio, financiada por la República Popular China, aparece «en proceso de evaluación» en este sistema que divulga las fases de los procesos de estudios de impacto ambiental en El Salvador.

El sistema informa del estado o fase del proceso en la que se encuentra cada proyecto, obra o actividad que inicia la evaluación del Impacto Ambiental o formulario ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El Estadio Nacional de El Salvador, según la descripción del proyecto citada por el MARN, incluiría:

• Un «campo profesional de fútbol» con una tribuna de 50,000 asientos.
• Salas de espectadores.
• Salas de deportistas.
• Salas de gestión.
• Salas de prensa.
• Medio de comunicación.
• Salas de VIP y VVIP.
• Salas de operación del estadio.
• Salas de equipamiento.
• Dos campos de baloncesto al aire libre.
• Una cancha de fútbol rápido para 5 personas.
• Parqueo para 2,000 vehículos.
• Pavimento de la plaza exterior.

Trabajos de terracería continúan en el terreno de 175,960 metros cuadrados en Antiguo Cuscatlán en el cual se construirá el Estadio Nacional El Salvador.

Videos de Yolanda Magaña. pic.twitter.com/eFoDTq798v

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) January 8, 2025

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no ha publicado las actas y acuerdos que ha tomado el nuevo organismo colegiado, pero aseguró a Diario El Mundo que está trabajando en las versiones públicas para divulgarlas.

A través de una solicitud de información, la Secretaría General del TSE informó a El Mundo que las actas y acuerdos del nuevo organismo colegiado “se encuentran en proceso de elaboración” en la versión pública para “su publicación de conformidad” a la Ley de Acceso a la Información Pública.

El 21 de octubre, El Mundo solicitó al Tribunal: copia de las actas y acuerdos tomados por el colegiado cuyo período corresponde desde 2024 hasta el 2029 y copia del acuerdo en el que decidieron solicitar la renuncia de jefes, directores y personal de unidades de la institución.

La información fue solicitada por la Oficina de Información Pública a la Secretaría General, quien respondió que las actas y acuerdos «se encuentran en proceso de elaboración de su versión pública para su publicación» de conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública.

Por ello, el oficial de información notificó que no era «posible proporcionar la información solicitada».

Actas no disponibles desde 2022

En el portal de transparencia del TSE, se encuentran disponibles algunas de las actas desde 2012 hasta 2021; desde 2022 no se han divulgado las actas de las sesiones que sostienen los magistrados.

Según la Ley de Acceso a la Información Pública, la institución debe divulgar los proyectos de agenda, elaborados por la presidenta de la institución, en este caso, Roxana Soriano; pero las agendas no son publicadas desde 2021.

El director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, consideró que no extraña que la cantidad de información pública del ente electoral esté disminuyendo dados los antecedentes de la nueva presidenta Soriano, en instituciones como la Corte de Cuentas de la República (CCR).

A inicios de 2024, la CCR tenía más de un año de no dar a conocer las actas de sesiones de organismo, así como los informes de viaje pagados con fondos públicos. La última acta divulgada corresponde al período del expresidente Roberto Anzora.

Durante, la gestión de Soriano en la CCR, no se publicaron las actas de sesiones. Soriano fue nombrada como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública por el presidente Nayib Bukele y ha sido presidenta de la Corte y del TSE por propuesta de Nuevas Ideas.

«En esa medida no extrañaría que se dé una baja de información que anteriormente el Tribunal Supremo Electoral publicaba, que por sí, tal vez no ha sido de las instituciones más transparentes, pero sí tenía cierta información».

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.

En ese contexto, Escobar considera que Soriano está en el TSE «cuidando los intereses del gobierno». «Así como se le colocó en la Corte de Cuentas, así como estuvo en el Instituto de Acceso a la Información Pública», afirmó.

La ley de acceso establece que el Tribunal debe publicar proyectos de agenda, actas, resoluciones, calendario electoral, listados de candidatos, resultados de escrutinios y la conformación organismos electorales temporales.

Alianza Republicana Nacionalista (Arena) acordó realizar una auditoría interna a las finanzas del partido durante los últimos 20 años porque desconocen el destino de los $72 millones en financiamiento que habría recibido el instituto político desde 2014.

El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena (Coena), Carlos García Saade, aseguró este martes en un vídeo publicado en redes sociales que realizarán una auditoría financiera con un equipo externo para conocer el destino de los $72 millones que han recibido en los últimos 10 años.

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Saade aseguró que «les preocupa» que las antiguas dirigencias les dejaron una deuda de más de $7 millones, de la cual, una parte está respaldada legalmente, pero otra parte han «descubierto que es una deuda ficticia».

«Nos preocupa que las antiguas dirigencias nos dejaran una deuda de más de $7 millones, una deuda que mucho sí está respaldada con documentos legales y otra hemos descubierto que es una deuda ficticia». Carlos García Saade, presidente de Arena.

De acuerdo a Saade, con la renovación del partido «es importante transparentar las cuentas y así evitar los errores que cometieron en el pasado algunos dirigentes».

Un monitoreo de información de Acción Ciudadana revela que los partidos políticos recibieron desde 2014 hasta 2023, al menos $160 millones en financiamiento público y privado.

El informe señala que solo Arena habría recibido $72,663,529.13 de los fondos, es decir, el 53 % de los $160.4 millones. La actual dirigencia de Arena asegura que cuando asumieron la dirigencia «empezamos a ver cosas extrañas».

«¿Qué se hizo ese dinero?» cuestionó Saade sobre los $72 millones que habría recibido el partido. Saade aseguró que le dijeron que el dinero se gastó en campaña, pero que la actual dirigencia desea saber en qué se gastó exactamente.

En ARENA estamos convencidos de que la ética y la transparencia son esenciales para renovar nuestro partido y contribuir al desarrollo del país. Por eso, hemos decidido llevar a cabo una auditoría completa de los últimos 20 años. #AquíEstamos #RenovacionARENA #UnificarArena pic.twitter.com/QFucYlukJw

— ARENA (@ARENAOFICIAL) January 7, 2025

El senador norteamericano Andy Kim urgió este lunes al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) que mantenga el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños, para permitir que se mantengan unidas «miles de familias».

El senador Kim argumenta que la continuidad del TPS para las familias salvadoreñas las protegerá «de la inestabilidad y el daño», por ello, exhortó al gobierno del presidente Joe Biden a «hacer todo lo posible en sus últimas semanas para extender» la protección que otorga el TPS, según reportó el medio Insider NJ.

«No hay razón para que el Departamento de Seguridad Nacional retrase o niegue lo obvio: Los salvadoreños deben continuar calificando para el Estatus de Protección Temporal (TPS), que mantendrá a miles de familias juntas y las protegerá de la inestabilidad y el daño».

Andy Kim, senador norteamericano.

Kim aseguró que la ampliación del TPS le dará a las familias beneficiarias «la certeza que merecen», mientras trabajan «para hacer cambios al por mayor» a fin de «arreglar nuestros sistema migratorio».

El senador consideró en sus declaraciones que el TSE «es un programa crítico y uno bajo el fuego del presidente electo, Donald Trump», quien ha anunciado desde su campaña una ola masiva de deportaciones.

El programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano ha previsto que al menos 14,000 salvadoreños sean deportados anualmente a partir de la anunciada nueva política migratoria que implementaría Trump.

Actualmente, el TPS está vigente para El Salvador hasta el 9 de marzo de 2025. Trump ha asegurado que con su nuevo gobierno daría por terminado el TPS y el programa de Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) por sus siglas en inglés.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ya supera los 1,400 pasaportes emitidos a salvadoreños en el exterior durante los primeros seis días de 2025, de acuerdo a los datos del Observatorio Digital sobre Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hasta el 2 de enero se reportaban 326 pasaportes entregados, por lo que, en los últimos cuatro días de enero se han entregado al menos 1,178 documentos de viaje a los connacionales en el extranjero, sumando unos 1,414 pasaportes hasta el lunes 6 de enero.

En enero de 2024, la Cancillería salvadoreña reportó la emisión de 16,552 pasaportes. Es decir, que el promedio diario de entregas de pasaportes fue de 533. Con esos datos se situó como el tercer mes de 2024 con más pasaportes emitidos.

Cancillería aún no reporta la cantidad de Documentos Únicos de Identidad (duis) entregados en representaciones y sedes consulares para salvadoreños en el extranjero en los primeros días de 2025.

Actualmente, Relaciones Exteriores cuenta con 81 consulados y representaciones en el exterior que cuentan con el servicio de entrega inmediata de pasaportes salvadoreños en el extranjero. El trámite se realiza en un promedio de 40 minutos.

La emisión de pasaportes en el extranjero tiene un costo de $35 y se debe presentar el DUI para adultos y para el caso de niños se debe presentar la partida de nacimiento y duis de los padres.

La memoria de labores de Cancillería indica que desde 2023 hasta 2024 entregaron 153,629 pasaportes, de ellos, unos 153,218 eran ordinarios y otros 411 provisionales.

Las solicitudes de salvadoreños para obtener refugio en México se han reducido en un 10 % durante el último año, de acuerdo con las estadísticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) publicadas el pasado viernes 3 de enero.

La Comisión compara en su último informe las cifras de solicitudes en los últimos años y revela que durante 2023 se reportaron 6,092 solicitudes de connacionales y que para 2024 la cifra se redujo a 5,479, equivalente a una baja del 10 %.

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Además, en 2022 se reportaron 7,855 solicitudes de refugio por parte de salvadoreños, representando una baja del 22 % en relación al 2023. El 2024 se colocó como el año con menos solicitudes de salvadoreños por refugio en México desde 2023.

Los datos de 2024 sitúan a El Salvador como el cuarto país que más solicitudes de refugio presentó a la nación azteca, solo por debajo de Haití, Cuba y Honduras. En promedio, 456 connacionales pidieron refugio cada mes.

Durante el último año, Comar recibió 78,975 solicitudes de refugio de al menos 10 países, especialmente latinoamericanos, de esta cifra, el 6.9 % fueron interpuestas por salvadoreños, según las cifras oficiales de la Comisión.

Los años con más solicitudes

Los datos de Comer indican que 2021 y 2023 fueron los años con más solicitudes de refugio presentadas al país azteca. En 2023, se recibieron 140,720 solicitudes y, en 2021, otras 129,432.

Mientras, la cifra de solicitudes cayó drásticamente en 2024. Las estadísticas de la entidad mexicana muestran que en 2023 se recibieron 140,729 solicitudes y en 2024 solo 78,975 equivalente a una reducción del 44 % solo en un año.

Desde 2020 hasta 2024, el año con menos solicitudes recibidas fue 2020 con solo 40,763, seguido de 2024 con 78,975; contrario a 2023 en el que casi se recibieron los 141,000 trámites de refugio.

La Sala de lo Constitucional «sobreseyó de una presunta inconstitucionalidad contra la elección de un magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)» por supuestamente violar las reglas de llamamientos a diputados suplentes en una sesión plenaria de abril de 2021, en la legislatura 2018-2021 presidida por el pecenista Mario Ponce.

Según la Sala, el periodo para el cual se eligió al «magistrado suplente David Omar Molina Zepeda» finalizó el 23 de septiembre de 2024, por lo que “el objeto de control ha perdido su vigencia”. La Sala explicó que el sobreseimiento “implica la existencia de vicios”, es decir, que el juzgador no se pronuncia sobre el fondo del asunto.

La resolución fue emitida el 16 de octubre de 2024 y remitida el 2 de diciembre pasado a la Asamblea Legislativa 2024-2027; y la demanda fue interpuesta contra el artículo 1 inciso 1 del decreto 857 aprobado el 9 de abril de 2021.

El abogado demandante, Fabricio Alvarenga Servellón, argumentó la supuesta violación del artículo 131 ordinal cuarto de la Constitución de la República, que «faculta a la Asamblea “llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso laboral o imposibilidad de concurrir de los propietarios”».

Alvarenga señaló que, en la sesión plenaria del 9 de abril de 2021, se procedió a la votación nominal y pública de un magistrado y, al no ser suficientes los votos, el presidente de la Asamblea “la dejó sin efecto” y, luego de un receso, se repitió la votación, y eligieron a David Omar Molina Zepeda, con 58 votos, como magistrado suplente de la CSJ. Durante esta elección «se desató una polémica y hubo reclamos incluso por parte del ya presidente de la República, Nayib Bukele».

En su demanda, el abogado arguyó que la elección de Molina Zepeda se dio «con el voto de 16 diputados suplentes, «sin que la Asamblea Legislativa haya justificado la ausencia de los propietarios y la necesidad de la suplencia».

La Asamblea Legislativa opinó que el acto no fue inconstitucional, ya que consideró que la reforma al artículo 186 inciso quinto letra “b” del Código Electoral que dio “legitimidad popular a los diputados suplentes”. Esta reforma permitió que los nombres de los candidatos a diputados suplentes aparecieran a la par de los candidatos a diputados propietarios. Según la Asamblea, una vez llamado un diputado suplente, este “posee las mismas facultades para deliberar y votar que un propietario”.

Por su parte, el fiscal general consideró que el demandante no argumentó la inconstitucionalidad y que la Constitución faculta a la Asamblea a “lograr el cuórum mediante el llamamiento de los suplentes”.

La resolución fue recibida en la sesión plenaria del 5 de diciembre de 2024 y pasó a estudio de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, al expediente 2357-10-2020-1.

«El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, aseguró este lunes que la Sala de lo Constitucional debería suspender y declarar inconstitucional la elección de tres magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)», «para efectos de credibilidad» del máximo tribunal de la República.

En abril de 2021, el entonces asesor de la Presidencia, abogado Javier Argueta, afirmó que «la elección de los magistrados suplentes no solo debía ser declarada inconstitucional por la Sala, sino investigada por la Fiscalía General de la República (FGR)»; en ese entonces, exhortó a la Asamblea a revisar si los magistrados electos cumplían requisitos, permitir el debate parlamentario y votar con diputados propietarios, no con suplentes.

El concejo de Cabañas Oeste otorgará permisos a casinos o establecimientos de juegos de azar a cambio de un cobro anual de $1,600 más un cargo adicional por máquina, de acuerdo con la nueva «Ordenanza especial reguladora del funcionamiento de casinos o establecimientos similares que se dedican a juegos de azar» del municipio de Cabañas Oeste, departamento de Cabañas.

La ordenanza de los casinos y juegos de azar de Cabañas Oeste fue aprobada el 19 de noviembre y publicada el 19 de diciembre. Inició su vigencia el 27 de diciembre de 2024.

El municipio de Cabañas Oeste incluye los distritos de Ilobasco, Tejutepeque, Jutiapa y Cinquera.

La licencia para el funcionamiento de casinos o negocios dedicados a juegos del azar tendrá un costo de $1,600 anual por cada establecimiento y $120 anuales por cada máquina de juego. La licencia se vencerá el 31 de diciembre de cada año, y deberá renovarse en los primeros 15 días de enero de cada año.

Para la obtención de una licencia, es necesario que presenten calificación o inspección de las instalaciones, solvencias municipal, de Hacienda y de Policía, cancelación, Documento Único de Identidad (DUI) y no encontrarse a menos de 200 metros de distancia de plazas, parques, lugares históricos, hospitales, centros de salud, zonas policiales, zonas militares, oficinas de gobierno, iglesias, centros escolares, colegios o universidades.

Además, si el solicitante es persona jurídica debe presentar escritura, tarjeta de identificación tributaria y credencial del representante legal.

El concejo pondrá una multa de un salario mínimo del sector comercio ($365) más 2 % de interés mensual si los establecimientos no son renovados o no tienen licencia vigente.

El casino o negocio podrá ser cancelado si hay una denuncia ciudadana comprobada de vulneración a la convivencia social armónica de los habitantes.

Si los niveles máximos permisibles de ruido se incumplen, se impondrá el doble de multa o se suspenderá el permiso por seis meses. Si persiste, las autorizaciones se cancelarán «definitivamente». «El propietario así sancionado no podrá obtenerlas nuevamente», indica la ordenanza.

El presidente de la república, Nayib Bukele, reformó el reglamento del Órgano Ejecutivo «para delegar al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial la dirección y la administración de la ‘Dirección de Reconstrucción de Tejido Social'», instancia que actualmente depende del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Según el considerando sexto del decreto ejecutivo aprobado en diciembre pasado, es necesario hacer «un reajuste en la organización administrativa del estado y sus dependencias» para promover «el desarrollo de la juventud de manera eficiente» para el bienestar y la paz social en los territorios.

Actualmente, la línea presupuestaria «0204 ‘Reconstrucción del Tejido Social 2024′» se encuentra dentro del «Ramo de Justicia y Seguridad Pública», dentro de la unidad presupuestaria «Programas especiales de prevención 2024». Para el año 2024, tuvo una asignación presupuestaria de $1.9 millones.

Para el año 2025, la ley de presupuesto incluye $2,486,300 para la línea de trabajo «04 ‘Reconstrucción del Tejido Social’, que se ubica dentro de la unidad «02 Programas especiales de prevención» del presupuesto del ramo de Justicia y Seguridad Pública»: $1.4 millones en bienes y servicios, $943,330 en remuneraciones, $11,000 en gastos financieros y otros.

El presupuesto de Justicia y Seguridad también incluye un presupuesto de $10 millones para el «Programa especial de combate a terroristas», un proyecto que tuvo $26 millones en 2024.

La Unidad de Reconstrucción del Tejido Social inició en el año 2020 con un presupuesto de $1 millón dentro del Ministerio de Gobernación, pero posteriormente pasó a Justicia y Seguridad.

La Dirección de Integración, que tiene una función similar, es una institución descentralizada, que tuvo un presupuesto de $23.3 millones durante 2024 y tendrá $16.2 millones para 2025. Según la ley de presupuesto, la Dirección de Integración busca implementar programas sociales para «la disminución de la violencia y la pobreza en El Salvador» para una «mayor integración en la sociedad».

El director de Reconstrucción del Tejido Social es «Carlos Marroquín Chica», quien labora desde el inicio de la gestión gubernamental actual; mientras el director de Integración es «Alejandro Gutman», quien inició sus labores en el actual gobierno el año pasado. Antes, Carlos Marroquín fue jefe de la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social de la alcaldía de San Salvador de 2015 a 2019.

La reforma al reglamento fue aprobada el 2 de diciembre, publicada el 18 de diciembre en el Diario Oficial y está vigente desde el 26 de diciembre de 2024.

El presidente de la República, Nayib Bukele, amplió hasta el 31 de diciembre de 2025 el uso de la Fuerza Armada para el apoyo a la Policía Nacional Civil (PNC) en el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública.

Este uso se realiza, según el decreto ejecutivo, mediante patrullajes y aprehensión de miembros de crimen organizado y delincuencia común.

La reforma fue aprobada el 4 de diciembre de 2024 e inició su vigencia el 1 de enero de 2025.

El decreto original fue emitido en noviembre de 2019, que renovó un decreto ejecutivo del 28 de septiembre de 2009, que durante el gobierno de Mauricio Funes también dispuso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, recurriendo al artículo 168 ordinal 12 de la Constitución, que permite disponer de la Fuerza Armada “excepcionalmente”.

El decreto de reforma indica que es necesaria “la continuidad de la participación de la Fuerza Armada” por los “resultados positivos en la lucha contra la criminalidad” y la “existencia de circunstancias”.