Categoría: Politica

  • Vigentes leyes para atraer inversiones de alto valor e incentivar contratación de salvadoreños deportados

    Vigentes leyes para atraer inversiones de alto valor e incentivar contratación de salvadoreños deportados

    Ya están vigentes tres nuevas leyes en El Salvador que pretenden atraer las inversiones o patrimonios superiores a los $2,000 millones a El Salvador, incentivar la contratación de técnicos y de salvadoreños  deportados.

    Las nuevas normativas, aprobadas el 7 de agosto por la Asamblea Legislativa, están vigentes desde el pasado martes 19 de agosto.

    Estas son las tres leyes vigentes y sus beneficios:

    1. Inversiones de alto valor sin impuestos

    No se cobrarán impuestos sobre la renta, a transferencia de inmuebles, municipales y aranceles a las importaciones relacionadas a las actividades de inversión o patrimonios que se trasladen a El Salvador, si superan los $2,000 millones.

    El «Régimen especial para incentivar y facilitar las inversiones de alto valor en El Salvador»

    Fue aprobada el 7 de agosto y publicada el 11 de agosto. Inició su vigencia el 19 de agosto.

    2. Técnicos con altos salarios domiciliados o no

    También inició vigencia la exención del Impuesto sobre la Renta para los salarios superiores a $100,000 de los técnicos de grandes inversiones y de la fijación de una tasa del 10 % del mismo impuestos si sus salarios llegan hasta $100,000. Actualmente, se retiene cada mes el 30 % más una cantidad fija de $288.57 si el salario supera los $2,038.11 mensuales.

    El decreto se llama «Régimen especial para facilitar y promover el establecimiento de la capacidad técnica y administrativa del personal que labore con entidades que desarrollen nuevas inversiones en El Salvador», fue aprobado el 7 de agosto, publicado el 11 de agosto y está vigente desde el 19 de agosto.

    3. Incentivos para contratar a salvadoreños deportados

    El Ministerio de Trabajo creará el registro de empleadores «Empleos para Salvadoreños Retornados» con 6 meses o más de formalización. Estos podrán tener deducciones de renta de tres, cuatro y de hasta cinco salarios mínimos ($2,044 anuales), si han contratado de 2 a 6, de 7 a 12, y hasta 13 salvadoreños retornados o deportados.

    La ley define “persona retornada” como “la persona que voluntariamente o en cumplimiento de una decisión administrativa o judicial de un tercer Estado regresa a su país de origen” y aclara que esta definición “incluye el concepto deportado”.

    Esta ley aumenta el monto sujeto a la exención por importación de menaje de casa que actualmente es de $70,000 y sube a $100,000.

    La «Ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana» fue publicada el 11 de agosto y está vigente desde el 19 de agosto.

    Esta ley tiene otras dos novedades: permite a los salvadoreños en el exterior que puedan «constituir asociaciones y fundaciones sin fines de lucro», eximirlas de impuestos y que serían registradas como «asociaciones y fundaciones sin fines de lucro»; y controlará a las empresas reclutadoras de salvadoreños en el exterior, que deberán informar de sus actividades y sus contratos.

    ¿Y los bancos de inversión?

    La «Ley de bancos de inversión«, también aprobada el 7 de agosto con la idea de inyectar otros capitales en El Salvador, fue publicada el 11 de agosto e inicia su vigencia 30 días después, hasta septiembre de 2025. Esta normativa busca amparar instituciones bancarias que atiendan a inversiones que tengan al menos $250,000 de activos en dólares o criptomonedas como bitcoin –»activos de fácil liquidación»– denominados en la ley «inversionistas sofisticados».

    La Oficina Nacional del Bitcoin de El Salvador anunció la creación del «Bitcoin Bank». El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece límites al Estado salvadoreño en el ecosistema de criptomonedas.

  • En seis meses EEUU detuvo menos salvadoreños en fronteras que en enero de 2025

    En seis meses EEUU detuvo menos salvadoreños en fronteras que en enero de 2025

    La cantidad de encuentros de salvadoreños registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos llegó a una cifra récord de 212 en julio, 34 menos que el mes anterior y 2,969 menos que en julio del año pasado.

    Durante los últimos seis meses se registran 1,732 encuentros de salvadoreños en las fronteras estadounidenses, una cifra menor a los 1,963 registrados en enero.

    Solo en la frontera sur los encuentros de salvadoreños cayeron a 101 en julio, suman 1,071 en los últimos seis meses de febrero a julio, una cantidad mucho menor que los 1,713 encuentros de salvadoreños realizados en enero por las mismas autoridades fronterizas.

    En los primeros siete meses del año, la CBP registra 3,695 encuentros de salvadoreños, cifra que contrasta con los 29,369 durante el mismo periodo del año 2024 y aún más con los años 2021, 2022 y 2023, que registraron encuentros de 32,000 a 65,000 encuentros cada año.

    Aduanas y Protección Fronteriza se encarga de la gestión y el control de las fronteras, con un enfoque en aduanas, inmigración, seguridad fronteriza y protección agrícola. También busca asegurar la frontera de amenazas terroristas, combatir la delincuencia transnacional.

    Las estadísticas de la CBP no incluyen las capturas registradas por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que actúa dentro del territorio de Estados Unidos y se encarga de la detención y deportación de migrantes, además de investigar delitos.

    La cantidad de personas arrestadas por la CBP es mucho menor a las realizadas por ICE desde enero de 2025. En julio, la CBP arrestó a 3,798 personas y ICE detuvo a 27,483.

  • Organizaciones rechazan reelección de Raquel Caballero como procuradora para Defensa de Derechos Humanos

    Organizaciones rechazan reelección de Raquel Caballero como procuradora para Defensa de Derechos Humanos

    Organizaciones rechazaron que Raquel Caballero de Guevara busque nuevamente su reelección como procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, ya que señalan que su trabajo ha sido «todo lo contrario».

    Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), cuestionó que Caballero de Guevara busque reelección y señala que el gobierno la tiene en el puesto para «callar y encubrir».

    «No ha hecho ningún trabajo en defensa de los derechos humanos, no he podido encontrar ningún pronunciamiento suyo sobre los cientos, quizá miles, de denuncias de abusos y violaciones a derechos humanos cometidas en los últimos 6 años del mandato. Está ahí para callar y encubrir, tal cual demuestra su silencio, su paso por dicha institución cumple casi al calco con el significado de la palabra pusilánime», cuestionó.

    El periodista agregó que, de los otros cuatro aspirantes a ocupar el puesto de procurador, aparte de Guevara, solo tiene referencias de Roswall Solórzano, a quien también cuestiona.

    «No conozco el perfil de las cinco personas que están aspirando, pero dos sí son caras conocidas por sus vicios y mañas. Una es funcionaria ligada al partido más cuestionado del espectro, Gana, y el otro es un sindicalista que se arrodilla al gobernante de turno», criticó.

    Arauz dice que solo hay que recordar cuando Caballero de Guevara fue procuradora por primera vez entre 2016 y 2019, cuando se conoció la contratación de un familiar en la institución.

    «Raquel Caballero de Guevara cumple con el perfil de ‘los mismos de siempre’, acuñado por el mismo partido de gobierno. Basta recordar la señora Caballero, estuvo EN ese cargo entre septiembre de 2016 y septiembre de 2019 gracias a un reparto de cuotas entre Arena, el FMLN y Gana. Volvió y quiere mantenerse en esa institución, pese a que ya ha sido declarada culpable de nepotismo y condenada al pago de multas por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG)», aseveró el presidente de APES.

    Por su parte, Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), dijo no sorprenderse de que la procuradora busque la reelección y que seguramente será la elegida porque «ha hecho la plana tal y como se la ha dictado» Nayib Bukele, que para ella ha sido «ser adorno» y «abandonar a las víctimas que todos los días acuden a la PDDH a denunciar violaciones de derechos humanos» ya que reciben «dilación en los procesos, negación de esas violaciones e incluso criminalización».

    Para Patricio Pineda, miembro de la Mesa por una Pensión Digna, Caballero de Guevara debería responder preguntas sobre denuncias de violación de derechos humanos, como: ¿por qué no ha acompañado las demandas de habeas corpus de pesronas detenidas bajo el régimen de excepción?, ¿cuál ha sido su papel de los más de 430 fallecidos en custodia del Estado?, ¿por qué no ha dicho nada por la persecución contra periodistas y su salida del país?, ¿por qué  no se ha pronunciado sobre la expropiación en comunidades?

    Por su parte, Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), consideró «lamentable» que Caballero de Guevara busque la reelección en la PDDH cuando su trabajo ha sido nulo.

    «Es lamentable, pues ella ha tenido un papel totalmente contrario a defender a las víctimas de violaciones de sus derechos humanos, creo que no merece pretender continuar en el cargo. Por dignidad, debería mejor apartarse. Pero creo que es la misión que tiene ella. El presidente no va a querer poner a otra persona porque ella es de mucha confianza», dijo Ramírez.

    El líder de Movir señaló que lo mismo sucedió con el titular de la Procuraduría General de la República, René Escobar, de quien consideró que «ha actuado opuesto a las víctimas» y fue reelecto.

  • San Salvador Este aprueba $800,000 para fiestas patronales de los cuatro distritos

    San Salvador Este aprueba $800,000 para fiestas patronales de los cuatro distritos

    El concejo municipal de San Salvador Este aprobó a inicios de agosto un desembolso de $800,000 para comprar bienes y servicios de las fiestas patronales de los cuatro distritos que conforman el municipio durante 2025.

    Una fuente municipal dijo a Diario El Mundo que el concejo aprobó $800,000 para las fiestas patronales. Otra fuente confirmó el aval a los fondos e indicó que la fuente del financiamiento son recursos propios.

    La fuente indicó que el acuerdo fue tomado en la primera semana de agosto y que contempla las fiestas de los cuatro distritos: Ilopango, Soyapango, San Martín y Tonacatepeque. El acuerdo fue tomado sin el voto del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

    El concejo tiene representación de los partidos Nuevas Ideas, que ostenta el alcalde y el síndico, Cambio Democrático (CD), Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) y del FMLN.

    En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango Nercy Montano se conoció que el concejo también aprobó $800,000 para fiestas.

    El calendario de fiestas patronales:

    • Ilopango del 15 al 24 de agosto.
    • Soyapango del 12 al 19 de octubre.
    • San Martín del 1 al 11 de noviembre.
    • Tonacatepeque del 27 de noviembre al 6 de diciembre.

    A inicios de 2025, la alcaldía también aprobó $70 millones en títulos valores para el pago de deuda, entre ellas, un monto no detallado para pagar compromisos con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de Responsabilidad Limitada (Cosavi, de R.L.); la deuda con esta ascendía a $1.9 millones.

    En julio pasado, el concejo aprobó un préstamo de $15.5 millones con el estatal Banco Hipotecario (BH) para pagar deuda heredada de los distritos absorbidos a partir de la reestructuración municipal en mayo de 2024.

  • FMLN  dice «estamos presenciando es la judicialización de la política» ante detención de Benito Lara

    FMLN dice «estamos presenciando es la judicialización de la política» ante detención de Benito Lara

    El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) afirmó que con la captura del exministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, «estamos presenciando la judicialización de la política», expusieron este miércoles en una conferencia de prensa.

    En el comunicado, leído por el secretario departamental de San Salvador, Carlos Martínez, afirmaron que Lara se ha sometido al proceso desde el momento que fue acusado, pero que su captura no es un hecho aislado.

    «Anticipamos que intentarán imponer una condena para sostener su narrativa de que quienes defendemos los derechos humanos y denunciamos la corrupción somos enemigos. Lo que estamos presenciando es la judicialización de la política: la criminalización de la oposición como base para consolidar la dictadura».
    FMLN.

    El partido de izquierda pidió que Lara sea juzgado con base a tratados internacionales, respeto a derechos humanos y recordaron que por los cargos que ha ejercido es una persona vulnerable en prisión y piden que se garantice su integridad física, psicológica y moral.

    Por su parte, la exdiputada Anabel Belloso externó que Lara padece de hipertensión y debe consumir un medicamento permanente, por lo que pidió que se le permita el acceso a sus medicinas.

    El exministro Benito Lara fue arrestado el pasado lunes, cuando finalizaba el cuarto día del juicio de negociaciones con pandillas en el que es procesado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas, junto al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, quien sigue el juicio desde el penal de Ilopango; también es procesado el exministro de Gobernación Arístides Valencia, quien no está presente; el periodista Paolo Lüers también ausente, y Wilson Alvarado, quien supuestamente era el enlace con las pandillas.

    La detención se trató de una revocatoria de las medidas alternas impuestas desde hace cinco años cuando empezó el proceso y que fueron solicitadas por la Fiscalía General de la República la semana pasada; cuando la petición ocurrió, el Tribunal Primero de Sentencia, que lleva el caso, decidió rechazarlas porque dijo que no veía peligro de fuga; no obstante, este lunes, sin previa petición, los jueces revocaron su decisión y ordenaron detenerlo.

    El pasado martes, Benito Lara dijo que el arresto lo tomó por sorpresa porque si hubiese peligro de fuga, había tenido cinco años para hacerlo y no lo hizo.

  • Asamblea Legislativa entregó 100 becas «Dagoberto Gutiérrez»

    Asamblea Legislativa entregó 100 becas «Dagoberto Gutiérrez»

    La Asamblea Legislativa hizo la segunda entrega de las becas «Dagoberto Gutiérrez» a 100 jóvenes para que estos puedan iniciar sus estudios superiores.

    El presidente del Legislativo, Ernesto Castro, aseguró que «nunca antes otra Asamblea Legislativa se preocupó por desarrollar medidas, que permitieron a jóvenes de comunidades que fueron olvidadas, acceder a una carrera universitaria».

    «Por años, la vieja clase política ignoró las grandes necesidades de los territorios que ellos mismos abandonaron, le dieron la espalda a los ciudadanos más golpeados por la desigualdad y lo único que les preocupaba era repartirse el dinero público. Nosotros hemos dejado atrás esa manera de hacer política», aseguró.

    Detalló que las becas fueron entregadas a jóvenes de «Lotificación Edén 1, en San Miguel, Moncagua, Coatepeque en Santa Ana, Zacatecoluca, en La Paz, San Rafael Cedros, en Cuscatlán y de todos los lugares de los 14 departamentos del país. También tenemos de Apopa, la comunidad Santa Cecilia, la Calle Delgado de San Salvador, Santo Tomás, San Marcos, Panchimalco y de todos los lugares».

    Castro dijo a los jóvenes que este proyecto representa un «cambio histórico» en el país e hizo referencia a que los primeros 150 jóvenes becarios ya están cursando las carreras que eligieron.

    «Podemos decir sin temor a equivocarnos que el poder reside en la gente y no en los políticos… Jóvenes becarios, ustedes viven el privilegio que muchas generaciones nunca gozaron, tienen un país en paz… Ahora, lo que estamos viviendo en este país es obra de un milagro de Dios y eso, en el buen sentido de la palabra, debemos de aprovechar», les dijo el diputado Castro.

    La primera entrega de becas «Dagoberto Gutiérrez» que realizó la Asamblea se realizó en enero de este año, a 150 jóvenes.

    Fue el 17 de julio de 2024 que la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que ordena reorientar un total de $5 millones durante lo que resta del periodo legislativo 2024-2027 a programas o proyectos como becas según el decreto aprobado.

     

  • Marcela Villatoro cuestiona el trabajo de actual procuradora: «A mí me hubiera dado pena postularme»

    Marcela Villatoro cuestiona el trabajo de actual procuradora: «A mí me hubiera dado pena postularme»

    La diputada de Arena, Marcela Villatoro no ve con buenos ojos que Raquel Caballero de Guevara, actual procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, esté buscando ser reelegida en el cargo.

    «Lastimosamente ha existido un grave retroceso a los derechos humanos, es una lástima la gran vulneración que se ha dado de ellos y falta de garantías en procesos judiciales; la población se ha visto desnuda, desprotegida e indefensa. No ha existido un trabajo eficiente, a mí me hubiera dado pena postularme», señala la diputada.

    Para Villatoro, la funcionaria no ha cumplido con el rol que implica el cargo, que afirma debe ser «protagónico de defensa de los derechos de los desposeídos y menos privilegiados; y no ‘cachiporra’ por conservar un puesto.».

    Este 19 de agosto, el presidente de la la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, informó que son cinco los aspirantes a titular de la PDDH, entre ellos Caballero de Guevara. Respecto a los otros cuatro dijo: «Hay que estudiarlos en la Comisión Política y ver su participación en las entrevistas, así como respuestas y conocimiento real en materia de derechos humanos».

    Al consultarle si considera que puede haber sorpresa en esta elección de segundo grado o si cree que Nuevas Ideas reelegirá a Caballero de Guevara, la diputada respondió: «Con ellos es sencillo, el que se alinee, ese va a ser».

    La actual procuradora, quien termina su período el 15 de octubre de 2025, está buscando un tercer período. El primero lo hizo entre el 2016-2019. En ese período, el Tribunal de Ética Gubernamental la sancionó por la contratación de la hija de su cónyuge en la institución.

    Caballero de Guevara fue elegida nuevamente procuradora en 2022, propuesta por Nuevas Ideas. En este período, ha sido cuestionada por el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) «por guardar silencio sobre abusos en régimen de excepción».

  • Nueva demanda contra reelección indefinida se apoya en la resolución que permitió la primera reelección

    Nueva demanda contra reelección indefinida se apoya en la resolución que permitió la primera reelección

    La resolución que abrió la puerta a la primera reelección presidencial en El Salvador sirvió de argumento de una segunda demanda que presentó un grupo de personas contra la reforma constitucional para permitir la reelección presidencial indefinida.

    La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por el Movimiento de Izquierda Salvadoreña (MIS) la mañana de este miércoles 20 de agosto ante la Sala de lo Constitucional contra las reformas a la Constitución de la República aprobadas el 31 de julio para permitir la reelección presidencial indefinidamente.

    «Esta es una demanda de inconstitucionalidad con argumentos constitucionales, con la idea que se sume a la demanda inicial que presentó la diputada Claudia Ortiz, en la línea de exponerle a la Sala de lo Constitucional los artículos violentados con el paquete de reformas aprobado el 31 de julio», dijo Walter Raudales, líder del MIS.

    Uno de los argumentos de la demanda retoma la resolución de la Sala de lo Constitucional del 3 de septiembre de 2021, cuando abrió las puertas a la reelección presidencial, al permitir que “una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido Presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”. Esa disposición, el polémico primer inciso del artículo 152 de la Constitución, que según los magistrados permitía la reelección presidencial «por una sola vez», fue eliminado en la reforma constitucional del 31 de julio.

    Así, la Sala defendió que Bukele podía optar a ser candidato presidencial, ya que no fue presidente en ese periodo anterior, que fue gobernado por el expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

    «La Sala no se puede contradecir así misma, por aquella notificación donde argumentaron legalmente la reelección donde dijeron que solo se podía dos veces, entonces cómo van a argumentar ahora la reelección indefinida es importante ese planteamiento. Bueno ahí hay magistrados que creo van a actuar éticamente», comentó Raudales.

    El demandante rechazó el argumento de Nuevas Ideas sobre que las reformas fueron una demanda de la población durante consultas que han hecho por años. «La verdadera consulta hubiera sido un referéndum, esa hubiera sido la verdadera consulta y hubiéramos ido todos a votar si queríamos esas reformas o no. Pero preguntarles a un par de vecinos de ellos no es una consulta», cuestionó.

    Esta es la segunda demanda contra las reformas constitucionales que aprobó y ratificó, el mismo día, la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas, el 31 de julio pasado.

    Raudales dijo que, aunque conocen «las condiciones en las que está el sistema judicial», creen qu «hay magistrados, jueces y abogados notables que pueden estudiar la petición ciudadana desde el punto de vista ético» .

    «El esfuerzo de presentar esta demanda es también poner a prueba el sistema y evidenciarlos y hacer uso de un recurso constitucional, porque la misma Constitución nos valida esta opción de que los ciudadanos podemos acercarnos a las instituciones cuando sentimos que han sido violentados nuestros derechos, y la Sala tiene que hacer un estudio profundo de lo que se le está presentando», dijo.

    Raudales es un exmilitante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que fundó el MIS con la idea de «expresarse en las calles».

    Para este jueves 21 de agosto, el Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora (MDT) presentará una tercera demanda de inconstitucionalidad contra ese paquete de reformas constitucionales, indicó Patricio Pineda, quien es miembro de la Mesa por una Pensión Digna y que también acompañó la presentación de la demanda de este miércoles.

     

     

  • CAM de San Salvador Centro divulga las ordenanzas municipales en los buses y las escuelas

    CAM de San Salvador Centro divulga las ordenanzas municipales en los buses y las escuelas

    El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador Centro está brindado charlas en el transporte público y en escuelas sobre las ordenanzas municipales vigentes en los cinco distritos que componen el municipio.

    La comuna central informó este miércoles que los agentes del CAM a través de la Unidad Comunitaria impartieron una charla sobre «sensibilización y divulgación» de las ordenanzas municipales.

    En las imágenes compartidas por la alcaldía, se observa que los agentes entregan material didáctico a los usuarios del transporte colectivo. No detalló el plan de ejecución de las charlas, ni las rutas de buses y microbuses en las que se imparten las charlas.

    Los agentes fueron al Instituto Nacional del Comercio (INCO), en el distrito de San Salvador, para dar a conocer las ordenanzas municipales aunque no detalla cuáles son divulgadas.

    La cuenta de prensa de la alcaldía empezó esta semana a reportar la ejecución de estas charlas, sin dar a conocer detalles de su contenido. San Salvador Centro está integrado por los distritos de San Salvador, Mejicanos, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y Ayutuxtepeque.

  • CIDH emite resolución sobre los derechos de familiares de los privados de libertad

    CIDH emite resolución sobre los derechos de familiares de los privados de libertad

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 19 de agosto la resolución 2/25 que llama a sus Estados miembros a “garantizar los derechos de las familias y personas con vínculos afectivos de las privadas de libertad”.

    La CIDH subraya el derecho al “mantenimiento de los vínculos familiares como un elemento para la reinserción social” y “para mejorar la convivencia en detención”; e indica que se debe “facilitar visitas” con “periodicidad, modalidad y duración” señalados en reglamentos.

    En el fallo, la CIDH llama a “implementar acciones” para que los familiares de las personas privadas de libertad “tengan acceso a la información” sobre la “situación en detención de su familiar” sobre el “lugar de alojamiento, traslados, estado de salud, requisitos y condiciones para las visitas, y condición de incomunicación”.

    También señala que existen los siguientes derechos:
    -Comunicar de manera inmediata el fallecimiento de una persona familiar detenida, sus causas e investigaciones iniciadas.
    -Investigar y sancionar toda forma de violencia y discriminación contra los familiares en su interacción con el sistema penitenciario.
    -Reconocer el derecho de las personas encarceladas a ser privadas de libertad en espacios cercanos a sus familias, tanto para los privados como para sus familias.

    La resolución pide que en las “visitas entre personas detenidas y sus hijos o hijas”, los “Estados deben permitir contactos directos” y “asegurar que las prisiones cuenten con instalaciones apropiadas para reunirse que incluyan espacios amigables para niñas y niños de corta edad”.

    La resolución va dirigida a todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y fue aprobada en el marco del 193º periodo de sesiones. “Constituye el primer pronunciamiento en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre la materia”, indica la nota de prensa de la OEA.

    En la nota, se advierte que los familiares sufren afectaciones sociales, económicas y emocionales, ruptura de lazos de protección, obstáculos para mantener contacto adecuado y pérdida de cuidados, así como discriminación y estigmatización.