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A un año de funciones del actual

concejo municipal de la alcaldía de La Libertad Sur (Santa Tecla y Comasagua) liderada por Henry Flores, de Nuevas Ideas, concejales del partido Vamos aseveraron este martes que la alcaldía no rinde cuentas sobre las misiones oficiales, su relación con la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L. (Cosavi) y a hacer públicas las reuniones de concejo.

“Hemos presentado más de cinco iniciativas, entre ellas que informen sobre el vínculo entre la cooperativa COSAVI y la municipalidad; también, para que las reuniones de concejo puedan llevarse a cabo de manera presencial en Santa Tecla, como en Comasagua; y para que la municipalidad rinda cuentas de todas las misiones oficiales, pero no son tomadas en cuenta, y esto deja en evidencia que esta administración tiene nulo interés de atender las necesidades más sentidas de los tecleños y los comasagüenses “, detalló Xiomara Lazo, concejal propietaria por Vamos en ese municipio.

Detalló que presentaron otra iniciativa para conocer qué plan tiene la municipalidad cuando opere la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) y sobre la transición para la operación de los mercados que tomará el Ejecutivo, “pero de nada obtenemos respuesta”.

Piden obras en cantones Granadilla y El Rosario

La concejal propietaria de Vamos en La Libertad Sur, Xiomara Lazo, y su suplente Alejandra Gallardo, también aseguran que hay un «nulo interés por las necesidades de la gente”.

Informó que, a partir de las necesidades desatendidas por la municipalidad, como Vamos, han gestionado recursos para ayudar a comunidades con “cemento, arena, bloque, para línea de contención de un pasaje, en el cantón Granadilla, en Santa Tecla; también, en el cantón El Rosario, Comasagua, apoyamos para mitigar los baches más grandes de su calle”, aseguró. Agregó que muchos habitantes les escriben “a diario, denunciando que en su colonia no pasa el recolector de basura”.

No existe autonomía

Al consultarle a la concejales si consideran que sus iniciativas no son tomadas en cuenta, como sucede en otras alcaldías y en la Asamblea Legislativa con propuestas de oposición, respondió que definitivamente “no existe autonomía municipal”.

“Definitivamente y claramente se ve en todas las municipalidades a nivel nacional, que no existe autonomía municipal. Las capacidades de las municipalidades para poder tomar decisiones ya no existen, parece que se está trabajando en un esquema vertical porque todas las decisiones que se toman desde Casa Presidencial son seguidas al pie de la letra por las alcaldías, no existe la autonomía del gobierno municipal”, cuestionó la concejal.

Por su parte, la concejal suplente Alejandra Gallardo dice que a pesar de los “oídos sordos” de la municipalidad, la gente debe mantenerse atenta y “organizarse” para seguir exigiendo que se cumplan sus necesidades y “observar” cómo cada funcionario realiza su trabajo.

Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, aseguró este martes que son más de 80 de organizaciones las que se sumarían a la marcha desde el Salvador del Mundo hasta la plaza Cívica, en el Centro Histórico de San Salvador, este jueves 1 de mayo por el Día del Trabajo.

La marcha iniciará a las 7:00 de la mañana, en la plaza del Divino Salvador del Mundo, vías que han estado colapsadas este martes por el cierre en la carretera Los Chorros.

Indicó que, de los participantes, al menos 50 son sindicatos de trabajadores públicos y privados que están agrupados en cinco federaciones. El lema de su marcha es «1 de mayo unitario, todas las luchas, una misma ruta». También, participará en la marcha el Foro del Agua.

«Tenemos más de 80 organizaciones que se han sumado a este llamado de unidad que hemos lanzado desde hace más de un mes, hemos salido con el lema «1 de mayo unitario, todas las luchas, una misma ruta», bajo ese lema hemos llamado a las diferentes organizaciones a juntar sus temas específicos para este 1 de mayo».
Héctor Rodríguez, miembros del Movimiento de Trabajadores Despedidos.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Fondo Solidario para la Salud (Sitrasalud), Silvia Navarrete, explicó que dentro de sus peticiones está la reducción de la jornada laboral de 16 a ocho horas diarias, el incremento del 40 % al salario mínimo y el reinstalo de los empleados públicos despedidos.

Navarrete reiteró su llamado a trabajadores formales, informales, veteranos y sociedad salvadoreña para «denunciar la violación de sus propios derechos». «Llamamos al pueblo a salir a marchar y denunciar las violaciones a los derechos humanos», dijo.

La marcha es una de las dos protestas opositoras convocadas para este jueves 1 de mayo. Los partidos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) informó ayer que se unirá a esta marcha; Vamos y Alianza Republicana Nacionalista (Arena) también informaron que marcharán pero aún no deciden a cuál unirse.

La otra marcha fue convocada por el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) para iniciar las 8:00 de la mañana desde el parque Cuscatlán. Las dos marchas concluirán en la plaza Cívica, a un costado de Catedral Metropolitana, en el Centro Histórico de San Salvador.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) informó en su revista mensual que se encuentra auditando al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en los programas que ejecuta con fondos públicos para el sector agropecuario.

En la revista mensual «TerritorioCCR», la institución fiscalizadora indicó que están realizando un examen especial a los proyectos y programas que ejecuta el MAG y en los que se ha destinado recursos públicos para el sector agropecuario. «El personal operativo se encuentra examinando el uso adecuado de los recursos públicos», afirmó la institución.

El jefe del equipo auditor, Nelson García, aseguró que, como parte del examen especial, estarán verificando la ejecución presupuestaria de los fondos del Ministerio, el cumplimiento de las leyes y normativas correspondientes.

La Corte señaló que ya finalizó la auditoría financiera que ejecutaba al Fondo especial de los recursos provenientes de la privatización de la administración nacional de Telecomunicaciones de El Salvador (Fantel) para el ejercicio fiscal de 2021.

Por otro lado, la CCR informó que concluyó 54 auditorías durante abril de 2025, de ellas, 53 son exámenes especiales y una auditoría financiera. Además, reportan 41 auditorías en ejecución y otras 14 se encuentran en en «borrador de informe leído».

Una reforma a la Ley general de migración creará un procedimiento especial para que extranjeros y sus familias que respalden o inviertan en programas que promueva el Gobierno Central tengan una residencia definitiva sin necesidad de tener previamente una residencia temporal y sin necesidad de cumplir el máximo de dos años para ausentarse del territorio salvadoreño.

Así lo explicó la gerente de Extranjería, Eleonora de Marroquín, quien detalló que los extranjeros beneficiados con esta reforma «estarían exentos de cumplir con lo regulado en el artículo 154«, que establece que un residente definitivo podrá ausentarse del país hasta por dos años y debe solicitar permiso para extender dicho tiempo hasta un año adicional.

Ese artículo 154 no aplicará para ellos, según Marroquín.

«El (artículo) 154 habla de la ausencia transitoria para este tipo de personas. No se les va a aplicar lo que es el estar dos años fuera del país, sino que ellos van a tener un tiempo ilimitado para estar fuera del país sin ningún inconveniente», fueron las palabras de la funcionaria, este martes, en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa.

El director general de Migración y Extranjería, Ricardo Ernesto Cucalón, detalló que el beneficio «incluye a todo el grupo familiar» y que aún no han pensado en beneficiar a «personas de confianza» de los extranjeros que apliquen, ante una pregunta de la diputada Evelyn Merlos, de Nuevas Ideas.

Cucalón agregó que investigarán quiénes son los extranjeros a quienes se les otorgará residencia definitiva, luego de que el diputado Francisco García Villatoro, de Nuevas Ideas, dijera que se garantizará que vengan personas «a lavar dinero y a esconderse» haciéndose pasar por «inversionista».

Sin montos mínimos de inversión

El Gobierno ha presentado esta reforma como un beneficio que se otorgará a los extranjeros que inviertan en El Salvador pero la propuesta de reforma a la Ley de Migración detalla que los beneficiados serán quienes se «adhieran» a programas «promovidos» por el Gobierno Central, sin incluir la palabra «inversión».

La propuesta reforma tampoco detalla montos de inversión mínima.

El director general de Migración explicó que «el programa va a determinar los montos». «Yo no le puedo dar un monto exacto», respondió al diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas. El funcionario explicó que, si el programa es la creación de escuelas, «habrá personas capacitadas que van a determinar qué montos se necesitan».

Luego, detalló que dentro del procedimiento que será determinado por la Dirección General de Migración y Extranjería, dirán «para este programa energético, educacional, tecnológico, para este programa el monto mínimo de inversión es tanto y la gente va a poder optar a eso».

Eliminarán Tarjeta Migratoria de Ingreso

A la reforma fueron agregados otros cambios solicitados por el director de Migración, Ricardo Cucalón, con el fin de eliminar la Tarjeta Migratoria de Ingreso (TMI) que es emitida por el director general de Migración y tiene un tasa actual de $12. La ley de migración indica que algunos extranjeros están exentos de esta tarjeta, según tratados y convenios internacionales o por reciprocidad con otras naciones.

El director Cucalón explicó que «hay países que pagan y otros que no», algo que consideró «incongruente», por lo cual pidió su derogatoria.

La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, preguntó si esa tasa se integraría a los boletos aéreos como se hace en otros países. «Lo seguís pagando, solamente que ya no lo ves», comentó. Después dijo que les queda claro que «esto no tiene que ver con un trámite de una visa» y que muchos extranjeros pasan por un «quiosquito» y si eso «sería el paso» que estarían quitando. El director de Migración respondió afirmativamente sin tomar la palabra. «Excelente», respondió la diputada.

La presidenta de la Comisión, la diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, sometió a votación la reforma solicitada por el director general de Migración. Todos votaron.

La Mesa Nacional del Transporte pidió públicamente este viernes al presidente de la República, Nayib Bukele, que les ayude para que la Asamblea Legislativa apruebe reformas a la «Ley de Transporte terrestre, tránsito y seguridad vial» que permitan la importación de automotores con más años de fabricación.

El secretario general de la Mesa, Lucio Vásquez, explicó que han perdido más de 1,000 unidades de transporte que salieron de circulación porque cumplieron 20 años de fabricación y que no han podido sustituirlas, ya que en Estados Unidos no encuentran autobuses que puedan importar hacia El Salvador, ya que Estados Unidos aumentó la antigüedad permitida de sus unidades cinco años más.

Aseguró que esa decisión limitó la cantidad de unidades que los transportistas salvadoreños pueden comprar de segunda mano para traer hacia El Salvador.

La actual ley de transporte prohíbe la importación de automotores livianos de pasajeros que tengan más de ocho años de fabricación y pesados de pasajeros de más de 10 años. Mencionó que el transporte de carga puede traer unidades de no más de 15 años de fabricación.

«Nosotros buscamos tener un margen más amplio de poder traer unidades que estén en mejor estado para venir a cumplir esa necesidad. Necesitamos cambios de la normativa en la ley, por eso nosotros le hacemos el llamado al señor presidente de la República a que nos ayude para que puedan hacer estos cambios».
Lucio Vásquez, secretario general de la Mesa Nacional del Transporte.

El titular de la Mesa aseguró que esperan que en 2025 salgan de circulación otras 700 unidades que podrían ser sustituidas rápidamente si se les permite traer unidades con más años de circulación, situación que dice traería una crisis a los transportistas.

Para Vásquez, de implementarse un aumento en la cantidad de años de fabricación para unidades de transporte, se generaría dinamismo e «inversión en el sector».

El sector no ve viable aumentar la cantidad de años de vida útil de las unidades porque afectaría a la población.

«Cuando nosotros hacemos estos cambios en la normativa, nos permite a nosotros obtener más formas de satisfacer aquellas necesidades a la población», dijo. Aseguró que, con estas medidas, podrían brindar servicios de transporte a cantones que por el momento no lo tienen.

Partidos políticos de oposición, ambientalistas y feministas han asegurado que tambiénParticiparán en la marcha del 1 de mayo, en conmemoración del Día del Trabajo. Las organizaciones partirán desde dos puntos: la plaza al Divino Salvador del Mundo y el parque Cuscatlán.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) convocó a sus simpatizantes a una marcha que iniciará a las 8:00 de la mañana en el Salvador del Mundo hacia la plaza Cívica, en el Centro Histórico de San Salvador.

El secretario general del FMLN, Manuel «El Chino» Flores, aseguró que marcharán por mejores salarios y prestaciones, por la libertad sindical, mejor servicio de salud y mejoras en las escuelas del país. El FMLN marchará bajo el lema «un solo frente, un solo pueblo».

Por su parte, los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) Marcela Villatoro y Francisco Lira marcharán también este jueves, en su calidad de ciudadanos.

Además, la secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, confirmó a Diario El Mundo que su instituto político marchará el próximo jueves 1 de mayo, aunque ninguno de los dos partidos detallaron cuál ruta seguirán.

Las organizaciones Socorro Humanitario, Foro Nacional de Salud, la Asociación del Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica (Amate), y el Movimiento Izquierda Salvadoreña (MIS) también marcharán desde el Salvador del Mundo.

La marcha que partirá desde el Salvador del Mundo fue convocada por el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) e iniciará a las 7:00 de la mañana, mientras que la marcha convocada por el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) comenzará a las 8:00 de la mañana desde el parque Cuscatlán.

Desde este punto, marchará también el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), la Confederación de Federaciones de la reforma agraria salvadoreña (Confras), jóvenes de la Universidad de El Salvador (UES) y la Mesa de mujeres, suelo y tierra.

Los diputados de la Comisión de Salud y Agricultura acordaron el lunes llamar al ministro de Salud, Francisco Alabi, para que explique los cambios que el funcionario ha solicitado a la «Ley de trasplante de células, tejidos y órganos humanos».

En una solicitud enviada el jueves 24 de abril, el ministro Alabi explicó que la reforma pretende «optimizar el sistema de donación y trasplante de células, tejidos y órganos» y «garantizar el acceso y cobertura a los trasplantes» a la población.

Los diputados leyeron el proyecto de reformas y, sin emitir opinión sobre el mismo, acordaron citar al ministro de Salud para la próxima reunión.

Gobierno dice busca «mayor equidad»

La ley actual fue aprobada el 5 de abril de 2022, pero el gobierno plantea que tiene «desafíos» para «mejorar la eficiencia del sistema» y garantizar «una mayor equidad en el acceso a trasplantes a través de un registro adecuado con criterios de inclusión y exclusión», según la carta recibida el pasado jueves por la Asamblea Legislativa.

Eliminan criterio de «urgencia clínica»

La reforma deroga el artículo 30 de la normativa actual, que legisla «los criterios de priorización» de selección y asignación de tejidos y órganos, además reduce el artículo 29, que regula las condiciones para incluir a los pacientes para recibir órganos en el Registro Único de Compatibilidad para Trasplantes, de cuatro a un solo inciso.

Del artículo 29, se dejan los criterios «territoriales, clínicos y de histocompatibilidad», y se eliminan «gravedad del paciente», «urgencia clínica como prioridad absoluta» y «características antropométricas» (mediciones del cuerpo humano).

Con la derogación del artículo 30, se eliminarían los siguientes criterios: «el respeto al principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes», «la urgencia clínica», «los pacientes que presenten anticuerpos citotóxicos y cumplan con el perfil del órgano a donar» y «la persona que haya donado órganos».

La urgencia clínica es definida por la ley como la condición del paciente «médicamente tiene como única alternativa de vida el trasplante y se encuentra apto para recibirlo.

El gobierno envió la propuesta de reforma sin dar una explicación pública sobre la misma.

La organización Cristosal publicó en un comunicado de prensa que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron a las instalaciones de la organización no gubernamental para «grabar y fotografiar las instalaciones de las oficinas, así como los vehículos del personal y de los medios de comunicación presentes».

«Los policías informaron que venían a verificar una «supuesta manifestación a favor de los venezolanos y una conferencia de prensa», detalló el comunicado de prensa, divulgado esta tarde por Cristosal, que lo consideró un acto «no aislado».

La organización dirigió esta mañana una conferencia de prensa en la cual la presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy de Derechos Humanos, la activista de derechos humanos Kerry Kennedy, denunció que el gobierno salvadoreño no le permitió reunirse con 10 venezolanos que, como abogada de la fundación, representa. En la conferencia, también denunció maltratos y torturas en las cárceles, falta de acceso a las familias y abogados de los detenidos, e informó que denunciaría en instancias internacionales.

Luego de la conferencia de prensa, el presidente salvadoreño Nayib Bukele criticó a las organizaciones nacionales e internacionales y las señaló de defender los derechos de los delincuentes y no de las víctimas.

Cristosal informó que los abogados de la organización informaron a los policías que era una «actividad legítima». «Al no tener ninguna orden, los agentes procedieron a retirarse», indicó el comunicado.

El gobierno de los Estados Unidos acordó con el gobierno de El Salvador deportarle extranjeros considerados por el gobierno de Trump como miembros de la pandilla Tren de Aragua, así como miembros de la pandilla MS-13. Sin embargo, familiares de algunos de los deportados aseguran que los migrantes no tienen antecedentes penales y algunos tenían estatus migratorio legal según familiares que hablaron con Cristosal.

El prolongado régimen de excepción, implementado en El Salvador desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, continúa «erosionando» la libertad de expresión y preocupa a mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, señaló este lunes la organización Amnistía Internacional en su informe anual.

Según AI, los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos «continuaron expresando su preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estado de excepción, como lo documentaron diversas organizaciones locales e internacionales».

Amnistía Internacional indica que «la mayoría de los detenidos han sido acusados de asociación ilícita y otros delitos relacionados con pandillas» y que, según organizaciones locales de derechos humanos, un tercio de las personas detenidas en virtud del estado de excepción «no tenía afiliaciones a pandillas ni antecedentes penales de ningún tipo, lo que reflejaba la aplicación indiscriminada de estas medidas entre la población».

Recuerda que un informe especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «confirmó que el estado de emergencia había provocado detenciones arbitrarias masivas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo la falta de supervisión judicial efectiva de estas detenciones y la imposición de prisión preventiva sin pruebas suficientes».

Además indica que las organizaciones de la sociedad civil «continuaron denunciando la ineficacia del sistema judicial, en particular la omisión de la Corte Suprema de procesar los recursos de habeas corpus, lo que aumenta la vulnerabilidad de los detenidos».

Amnistía Internacional también se refiere a que el sistema penitenciario salvadoreño «continuó estando críticamente sobrepoblado, con una tasa de ocupación del 350 %, según ONG locales, lo que lo convierte en uno de los índices de encarcelamiento más altos del mundo».

Indica que, de acuerdo con informes de organizaciones salvadoreñas, se registraron más de 300 muertes bajo custodia estatal entre marzo de 2022, cuando se declaró el estado de emergencia, y el 15 de diciembre de 2024.

Estas muertes, apunta, se atribuyeron a tortura y otros malos tratos, así como a atención médica inadecuada.

«La falta de transparencia estatal en las investigaciones y la presentación de informes sobre presuntos malos tratos y negligencia médica en casos específicos fue denunciada por los mecanismos de derechos humanos de la ONU», señala.

Para AI, «el prolongado estado de emergencia continuó erosionando la libertad de expresión», ya que los ataques contra periodistas y medios de comunicación aumentaron un 66 % en 2024 en comparación con 2023, según la Asociación Salvadoreña de Periodistas (APES).

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó el pasado 1 de abril la prórroga 37 de un régimen de excepción, implementado desde hace tres años para «combatir» a las pandillas, por «la aún existencia de estructuras terroristas» en el país.

Un grupo de organizaciones humanitarias ha recibido denuncias de al menos 6,889 víctimas de violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción, con la detención arbitraria con el 98 % de las denuncias.

El régimen suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días, que pasa a 15.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, señaló a organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales de siempre «saltar a defender» al delincuente y no a las víctimas, poco después de la visita de la activista de derechos humanos, Kerry Kennedy, quien luego de recibir testimonios de familiares de detenidos durante el régimen de excepción en El Salvador anunció que denunciará las violaciones a derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas.

El presidente reaccionó así a un comentario del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, en el cual el funcionario compartió un video en el cual un hombre con camisa amarilla agrede a una mujer para robarle sus pertenencias, afirmó.

«La ley y el pueblo salvadoreño se respetan. Este sujeto se equivocó al creer que podría robar pertenencias de otros sin consecuencias. Contamos con todas las herramientas necesarias para encontrarlos y llevarlos ante la justicia», escribió el ministro en su cuenta @Vi11atoro.

«Lo que me sorprende es que ninguna ONG, ni políticos, ni organismos internacionales se preocupen jamás por los derechos humanos de la mujer a la que asalta, pero siempre salten a defender los del delincuente: que si no se le da pollo y carne en prisión, que si no se le da oportunidad de salir libre a asaltar de nuevo, que por qué no se le permite estar libre durante el juicio. ¿Para qué? ¿Para que haga más daño a mujeres inocentes? ¿Por qué defienden los derechos humanos del delincuente y no los de las víctimas?», cuestionó Bukele a las oenegés.

En su visita, Kennedy dijo que están representando a 10 venezolanos que asegura «fueron secuestrados por agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y trasladados aquí a El Salvador junto con otros 250» venezolanos, pero que el gobierno no les permitió reunirse con ellos a pesar del derecho de defensa que tienen. Además, las representantes de la Fundación Robert F. Kennedy señalaron violaciones a derechos humanos dentro de las prisiones, como: 250 personas «enjauladas» en una celda con 50 «catres» y un inodoro, comida con yodo para los prisioneros hombres, falta de agua y comida para los prisioneros, no acceso a sus familias y a sus abogados.

Nadie discute que este delincuente tiene derechos humanos, claro que los tiene.⁰
Lo que me sorprende es que ninguna ONG, ni políticos, ni organismos internacionales se preocupen jamás por los derechos humanos de la mujer a la que asalta, pero siempre salten a defender los del… https://t.co/9SF2sgqKqX

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 28, 2025