Categoría: Politica

  • Autorizan a Hacienda a firmar préstamo para planta de aguas residuales en La Libertad por $71.8 millones

    Autorizan a Hacienda a firmar préstamo para planta de aguas residuales en La Libertad por $71.8 millones

    Con 59 votos, la Asamblea Legislativa autorizó este martes al Ministerio de Hacienda a que suscriba un préstamo con el Deuctsche Bank, S.A,E.U., por $71.8 millones para la “Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del distrito y departamento de La Libertad”.

    La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, votó en contra. Los diputados de Arena votaron a favor.

    El préstamo se pagará en un plazo de 10 años y seis meses, en 16 cuotas semestrales iguales y consecutivas, a una tasa integrada por la tasa de interés comercial de referencia más una tasa definida por el banco. El gobierno pagará una comisión de crédito 0.35 % sobre el principal del crédito, una comisión de gestión del 0.5 % y una comisión de compromiso de 0.5 %, además de una comisión de agencia.

    El crédito incluye el costo de la oferta económica y una prima en concepto de Póliza de Seguro de Crédito Comprador, de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación.

    Los fondos se destinarán a “renovar la red de saneamiento en el núcleo urbano del Puerto de La Libertad, y la construcción de una nueva red de saneamiento, que recoja las aguas negras de todas las zonas mediante un sistema de colectores y estaciones de bombeo para dirigirla a una planta de tratamiento de aguas residuales en el río Chilama”.

    La diputada Norma Lobo, de la bancada de Nuevas Ideas, explicó que se construirán cinco plantas de bombeo en diferentes zonas del Puerto de La Libertad.

    “Vamos a tener la construcción de cinco estaciones de bombeo, entre las cuales estarán desplazadas en el cementerio, en la Playa El Obispo, en la playa Conchalío, Chilama Oeste, Chilama II, que es la zona norte, y así también que es la planta de tratamiento de residuos. De esta manera también estamos mejorando la calidad de vida de los habitantes”.
    Norma Lobo (Nuevas Ideas).

    La diputada Sandra Interiano, de Nuevas Ideas, expresó que su voto estaba listo ya que este “proyecto va a venir a modernizar todo lo que es la conductividad de lo que es las aguas residuales». «Ahora estamos dando un paso más, teniendo una planta que nos va a garantizar que a futuro no vamos a tener contaminación ambiental”, auguró.

  • Colegio Médico dice no puede «guardar silencio» y rechaza «todo acto» contra Estado de Derecho

    Colegio Médico dice no puede «guardar silencio» y rechaza «todo acto» contra Estado de Derecho

    El Colegio Médico rechazó este martes en un comunicado que rechaza «categóricamente todo acto que atente contra el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes y el respeto a la institucionalidad democrática».

    «No podemos guardar silencio ante el debilitamiento de las instituciones democráticas, el irrespeto a la Constitución y derechos fundamentales del pueblo», expresó esta tarde.

    La gremial de profesionales de la medicina instaron a la ciudadanía a mantenerse «unida en defensa de la democracia y los derechos humanos» y «rechazar cualquier intento de imposición autoritaria».

    Sin referirse a algún hecho específico, el Colegio hizo un llamado a la comunidad internacional, organismos de derechos humanos a «pronunciarse» a favor de las normas democráticas y el Estado de Derecho.

    Durante los últimos días, el gobierno y la Fiscalía General de la República han ordenado capturas contra 16 transportistas, dos activistas de la cooperativa El Bosque y una abogada de Cristosal, todos señalados por la Fiscalía salvadoreña de distintos delitos.

  • Andrés Guzmán: «Algunos remábamos, aun sabiendo que la tormenta era inevitable»

    Andrés Guzmán: «Algunos remábamos, aun sabiendo que la tormenta era inevitable»

    El excomisionado de derechos humanos y libertad de expresión en El Salvador, Andrés Guzmán Caballero, rechazó las críticas que ha recibido luego de su renuncia al cargo anunciada por él mismo minutos después de la la captura de la jefa de la Unidad Anticorrupción de la asociación Cristosal, Ruth López.

    Pero hay quienes no entendieron que no todos estábamos escondidos en la bodega: algunos remábamos, aun sabiendo que la tormenta era inevitable.
    Andrés Guzmán, excomisionado de derechos y libertad de expresión de El Salvador.

    «El ruido pasará. El rumbo permanece. Que cada quien elija con qué hundirse; yo ya elegí por qué vivir», manifestó este martes el exfuncionario en X. Agregó que «dicen que las ratas abandonan el barco» y se refirió a «algunos» que «lanzan insultos desde la comodidad de la orilla y la complicidad con los terroristas».

    «Yo cierro el capítulo con la frente en alto y la conciencia en paz. No vine a ser aplaudido, vine a servir, y aunque moleste cumplí», indicó el colombiano, quien al inicio de su mensaje se refirió a «ratas, barcos y otras metáforas flojas».

    Guzmán publicó su renuncia a las 11:46 p.m. del domingo pero que había sido realizada el 15 de mayo y hecha efectiva a partir del 16 de mayo. Aseguró lo hacía «con profunda tristeza» y que una «regla esencial del poder» es «saber cuándo cerrar un capítulo y comenzar otro con visión estratégica y prudencia».

    Durante sus intervenciones en audiencias de organizaciones internacionales, Guzmán expresó que hacía «falta mucho por hacer» y que, luego de ser el «más seguro del mundo», se debía ser «el país más justo». También negó que en El Salvador haya torturas, violaciones a la libertad de expresión y persecución contra periodistas.

    Guzmán Caballero fue nombrado comisionado de derechos humanos y libertad de expresión de El Salvador desde el 24 de mayo de 2023 y fungió en ese cargo hasta el 16 de mayo de 2025, día en que fue aceptada su renuncia interpuesta un día antes. El decreto ejecutivo de creación del cargo de comisionado de derechos humanos y libertad de expresión fue emitido el 19 de mayo de 2023.

    De 2006 a 2022, durante 16 años, Guzmán Caballero fue alto ejecutivo de Adalid Corp, que fue contratada por la Defensoría colombiana para implementar un «Laboratorio Forense de Evidencia Digital» denunciado por sindicatos colombianos de espionaje. Guzmán fungió durante seis meses hasta abril de 2023 delegado para los derechos en entornos virtuales y libertad de expresión de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

    Su perfil de LinkedIn dice que Guzmán es especialista en derechos humanos en la red, inteligencia artificial, comercio electrónico, delitos de alta tecnología, aspectos técnicos y legales de BlockChain, protección de datos personales, pruebas técnicas, seguridad de la información, derecho informático y cibercrimen.

  • Fuerte encontronazo en el Senado de EEUU entre Marco Rubio y senador Van Hollen por El Salvador

    Fuerte encontronazo en el Senado de EEUU entre Marco Rubio y senador Van Hollen por El Salvador

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio y el senador demócrata, Chris Van Hollen, tuvieron un fuerte encontronazo verbal este martes en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado relacionados al caso del salvadoreño Kilmar Ábrego y la relación de la administración de Donald Trump con el gobierno de Nayib Bukele.

    Van Hollen, quien ha tomado como bandera la liberación del salvadoreño Kilmar Ábrego, deportado en marzo pasado y recluido inicialmente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y que incluso visitó El Salvador y se reunió con éste, cuestionó duramente a Rubio sobre diversos temas de política exterior como los recortes en la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), Ucrania, la guerra civil en Sudán, la admisión de refugiados sudafricanos blancos y el arresto de estudiantes universitarios extranjeros, hasta finalmente aterrizar finalmente con El Salvador y decirle que se arrepentía de haberle dado el voto para confirmar a Rubio como secretario de Estado.

    “¿Sabe en qué enfocó su energía, señor secretario? Bueno, su primera visita al Secretario de Estado fue para hablar con El Salvador, no para promover la democracia, sino para congraciarse con el presidente Bukele, quien se autodenomina el dictador más genial del mundo. El resultado fue un acuerdo de colusión por dinero para privar a los residentes de Estados Unidos de su derecho constitucional al debido proceso”, le recriminó Van Hollen a Rubio.

    El senador de Maryland insistió que la Corte Suprema de EEUU, en una decisión de nueve a cero, le ordenó facilitar el regreso a Estados Unidos de Ábrego García, de quien la administración Trump admitió fue deportado errónamente a El Salvador.

    “Usted ha desobedecido abiertamente las órdenes judiciales. Cuando le preguntan si ha estado en contacto con El Salvador para el regreso de Abrego García, usted presume con una cita: «Nunca le diría eso y que jamás se lo diría a un juez. Claramente, no le importa el derecho a la Quinta Enmienda a llevar a cabo un debido proceso, y tampoco le importa la Primera Enmienda, ya que ha estado muy ocupado secuestrando estudiantes de los campus universitarios por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, le increpó Van Hollen.

    Rubio, quien en sus declaraciones iniciales había dicho que “hemos profundizado nuestras alianzas con México, El Salvador y otros países para interceptar la migración ilegal en su origen y acabar con las organizaciones terroristas extranjeras como la MS-13 y el Tren de Aragua”, defendió la relación con El Salvador y la decisión de enviar pandilleros al CECOT.

    “En el caso de El Salvador, absolutamente. Absolutamente. Deportamos a pandilleros, incluso al tipo con el que tomaste una margarita. Y ese tipo es un traficante de personas, y ese tipo es un pandillero, y las pruebas serán claras”, le respondió Rubio sobre Kilmar Ábrego García.

    Van Hollen entonces estalló y dijo que le acusaban de cosas sin fundamento. Durante el encuentro entre el senador y Ábrego en un hotel de San Salvador, se observaban bebidas en la mesa y el presidente Nayib Bukele se refirió a ellas como «margaritas». Van Hollen dijo que ni él ni Ábrego probaron las bebidas.

    La discusión entre Van Hollen y Rubio se agitó tanto que el jefe del Comité, el senador republicano Jim Risch, tuvo que llamar al orden repetidas veces.

    “Aquí hay otro punto, ¿de acuerdo? Hay una división en nuestro gobierno entre el poder federal y el poder judicial. Ningún juez, ni el poder judicial, puede decirme a mí, ni al presidente, cómo llevar a cabo la política exterior; ningún juez puede decirme cómo debo comunicarme con un socio extranjero o qué debo decirles”, respondió Rubio.

    Según Rubio “un juez no puede ordenarme que negocie con un ministro de Asuntos Exteriores de Rusia; no pueden ordenarme negociar con un ministro de Relaciones Exteriores del presidente de El Salvador y si negociara con ellos, a lo cual les hemos respondido y les hemos dicho que hemos tenido comunicaciones con el presidente de El Salvador, no tengo ninguna obligación, bajo nuestra división de poderes en este país, de compartir con el poder judicial cómo llevé a cabo la diplomacia de Estados Unidos”.

    “De hecho, sería contraproducente. Si comenzara a compartir con los tribunales, o francamente, con los medios de comunicación, mis conversaciones con líderes extranjeros y todos sus detalles, ningún líder extranjero volvería a hablar conmigo y les romperíamos la confianza. Por lo tanto, he cumplido con todas las órdenes judiciales. Lo que no cumpliré es una orden de revelar lo que estoy diciendo y de lo que estamos hablando con un líder extranjero, porque entonces no hablarían conmigo; la diplomacia no funciona así”, insistió Rubio.

    El secretario de Estado está en la audiencia para defender el presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2026 que inicia en septiembre próximo.

  • Apoyarán a que 3,140 reos preparen «sus comidas» dice diputado Mulato en aprobación de $1.4 millones para cocinas en penales

    Apoyarán a que 3,140 reos preparen «sus comidas» dice diputado Mulato en aprobación de $1.4 millones para cocinas en penales

    Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma a la Ley del Presupuesto 2025 para incorporar al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) un total de $5,428,944 millones en dos proyectos del «Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en El Salvador», el cual fue aprobado desde el 3 de octubre de 2013 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $71 millones.

    El monto se ha dividido en dos partes: $55.2 millones ejecutados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; y $15.7 millones por el MOPT.

    De los $5,428,944 millones incorporados, se están asignando $1.4 millones para órdenes de cambio en el programa “Construcción y equipamiento de cocinas industriales en centros penales priorizados a nivel nacional”.

    Según el diputado Edgardo Mulato, con este proyecto buscan que 3,140 reos cocinen sus propios alimentos.

    “Este tipo de proyectos para el fortalecimiento, construcción y equipamiento de estas zonas, es porque el sistema penitenciario, que ya son cerca de 3,140 reos los que estaríamos apoyando o para poder darles un sistema alimenticio diferente, son ellos mismos los que van a estar preparando sus propias comidas, sus propios alimentos, para que podamos ahorrar, para que sea un sistema autosostenible en el sistema penitenciario y es ahí donde estos proyectos toman vida”, aseguró Mulato.

    Estos fondos servirán para cubrir órdenes de cambio de contratos de obra y supervisión, ya que en inicialmente el proyecto se ejecutaría por $3,653,275 y, con este refuerzo, el costo se eleva a $5,137,051. No se detalló si el costo se eleva por la cantidad de reos en fase de confianza a cubrir con el programa.

    Los $3,945,168 restantes de los $5.4 millones se destinarán al proyecto “Suministro e instalación de un sistema de dispositivos electrónicos para privados de libertad” para comprar “3,108 brazaletes destinados al monitoreo de los privados de libertad del «programa Cero Ocio».

    Mulato, el único diputado que pidió la palabra para opinar sobre la reforma presupuestaria, dijo que “el sistema penitenciario ha sido vital para poder albergar a una serie de delincuentes, una serie de convictos, además con el régimen de excepción, ya son más de 911 días sin homicidios en nuestro país». «Cuento esto en materia de fortalecer nuestro sistema de seguridad en El Salvador”, dijo.

    Mencionó trabajos que en 2022 realizaron los privados de libertad: en febrero de 2022 apoyaron la reconstrucción de hospitales, San Juan de Dios en Santa Ana, Santa Teresa de Zacatecoluca, el hospital en Metapán, el Saldaña en Los Planes, y el Hospital Zacamil, así como proyectos habitacionales en San Bartolomé Perulapía, Cuscatlán, en julio de 2022. «Más de 300 reos ayudaron a la mitigación de riesgos por lluvias que afectaron al país, en recolección de desechos sólidos, en enero 2023 a borrar grafitis, este es El Salvador de hoy para fortalecer la seguridad”, concluyó. Se sometió el proyecto a votación y fueron 57 votos a favor, incluyendo los votos de Arena, Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

  • Aprobada autorización de $100 millones del CAF para 125 escuelas, 100,000 estudiantes y 2,000 docentes

    Aprobada autorización de $100 millones del CAF para 125 escuelas, 100,000 estudiantes y 2,000 docentes

    Con 57 votos y un voto en contra, la Asamblea Legislativa autorizó el préstamo de $100 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) con los cuales se financiará la modernización de 125 centros escolares de San Salvador, La Libertad y San Vicente.

    El diputado Geovanny Zaldaña, de Nuevas Ideas, reveló que «se espera tener un aproximado de más de 100,000 estudiantes como beneficiarios» de este crédito, aunque aseguró que «la reforma del sistema educativo» ya inició en «infraestructura» física y digital. Son 2,000 docentes que recibirán una capacitación continua y apoyo pedagógico según la diputada Dania González, del mismo partido.

    «El gobierno ha estado en la reforma del sistema educativo, por supuesto tanto en la infraestructura como digital con el programa Mi Nueva Escuela, incluso también se ha buscado la capacitación de los docentes teniendo así una mejora en la formación, también, se tiene la distribución de libros de texto entre otros programas para mejorar la capacidad del aprendizaje por medio de la tecnología», fueron las palabras del diputado.

    «Aún con todos estos esfuerzos, aún hay retos que debemos superar, como por ejemplo la mejora en cuanto al rendimiento académico en materias especialmente de lectura, escritura y matemáticas y esperamos que con estos proyectos se puedan lograr».
    Geovanny Zaldaña (Nuevas Ideas).

    Zaldaña indicó que por ello es «pertinente autorizar» el préstamo.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra de la autorización. Aseveró que «es un riesgo» aprobar deudas que «no son cinco centavos» ya que si no hay un Estado transparente los fondos pueden ser destinados a un fin distinto, por lo cual volvió a sugerir blindar los presupuestos de educación y salud, para que estos fondos sean intransferibles. Mencionó que la administración actual presenta «serias deficiencias en la ejecución de proyectos de proyectos de inversión pública» como la construcción del Hospital Nacional Rosales y los préstamos en primera infancia.

    «La Asamblea Legislativa no hace nada para pedirle cuentas a las carteras de Estado que tienen a su cargo estos proyectos. Lo que hemos visto es que presupuestos destinados a invertir en educación y salud se han trasladado al Ministerio de Hacienda para pago de deuda y esto es preocupante. Si no tenemos un Estado que funcione de manera eficiente y transparente, es muy alto el riesgo de que ese préstamo, que no son cinco centavos, no termine siendo eficiente y realizando el fin que tiene».
    Claudia Ortiz (Vamos).

    Según la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, el préstamo se destinará a la mejora del sistema educativo salvadoreño pero afimó que después de la pandemia de covid-19 «se logró dar cobertura» para una «calidad educativa».

    «Bien sabemos que después de la pandemia no se contaba con una infraestructura digital que diera abasto a cubrir toda la currícula educativa a nivel nacional de forma pública, sin embargo, el presidente Nayib Bukele con todo su equipo diseñó una estrategia y se logró dar cobertura, incluso hasta en los medios de comunicación tradicionales del Estado, para que los estudiantes siempre tuvieran una calidad educativa». Dania González (Nuevas Ideas).

    Diputados de Nuevas Ideas y sus aliados autorizaron la firma de un nuevo préstamo con el CAF. / Asamblea.

  • Relatoras de la ONU dicen Ley de Agentes Extranjeros “no es compatible” con la democracia

    Relatoras de la ONU dicen Ley de Agentes Extranjeros “no es compatible” con la democracia

    Las relatoras especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la libertad de asociación y sobre los defensores de derechos humanos manifestaron su profunda preocupación sobre la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, que incluiría un nuevo impuesto a las organizaciones no gubernamentales u oenegés (ONG).

    “El Estado debe respetar y garantizar el derecho a la libertad de asociación. La estigmatización de la sociedad civil no es compatible con una sociedad democrática”, indicó la relatora especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, retomando la opinión de Gina Romero, relatora especial de la ONU de la Libertad de Asociación y Asamblea. “Comparto la preocupación de mi colega”, indicó.

    Según la relatora de libertad y asociación de la ONU, Gina Romero, la nueva ley etiquetaría como “agentes extranjeros” a organizaciones y personas que “reciban fondos internacionales”, y permitiría sanciones “desproporcionadas” y “amplia discrecionalidad” en la calificación de “agente extranjero”.

    “Impondría registros obligatorios, restricciones arbitrarias y sanciones desproporcionadas, incluyendo multas, cárcel y cierre. El proyecto establece definiciones vagas y da al gobierno amplia discrecionalidad para decidir quién se considera ‘agente extranjero”, resumió, sobre la versión del proyecto de ley que fue aprobado en 2021 como dictamen favorable.

    Romero aseguró que el nuevo impuesto del 30 % sobre fondos internacionales “pone en riesgo la sostenibilidad de organizaciones que promueven derechos humanos, justicia, salud o cultura”.

    La relatora también opinó que esta ley “no es compatible con una sociedad democrática”, ya que “estigmatiza, silencia y debilita al tejido cívico del país”.

    “Exhorto a la Asamblea Legislativa a abrir un debate público plural y transparente, e incorporar los principios internacionales de derechos humanos antes de avanzar. Estoy a disposición a acompañar técnicamente cualquier proceso que garantice un marco normativo que respete las libertades fundamentales en El Salvador”, manifestó Romero, retomando una carta enviada al gobierno salvadoreño en noviembre de 2021.

    El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció una nueva Ley de Agentes Extranjeros que incluya un impuesto del 30 % a las ONG para resolver con esos fondos la situación de la comunidad de la cooperativa El Bosque, Santa Tecla, luego de una protesta cerca de residencial Los Sueños en la cual fueron capturados, la noche del lunes 12 de mayo, el presidente de la cooperativa, el pastor José Ángel Pérez, y el abogado Alejandro Henríquez.

  • Vamos pide crear nuevo delito de uso de la fuerza contra manifestaciones pacíficas

    Vamos pide crear nuevo delito de uso de la fuerza contra manifestaciones pacíficas

    La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, pidió este lunes una reforma al Código Penal para castigar, con prisión de tres a seis años, a funcionarios públicos, agentes de autoridad o miembros del cuerpo de seguridad que autoricen o usen la fuerza contra las manifestaciones pacíficas o impidan que las personas lleven a cabo una reunión pacífica.

    Ortiz propone introducir un nuevo artículo en el Código Penal:

    Art. 293-A Uso ilegítimo de la fuerza contra manifestaciones pacíficas.
    “El funcionario público, agente de autoridad o miembro de cuerpos de seguridad del Estado que ordenare, autorizare, ejecutare o participare en el uso de la fuerza pública contra personas que ejercen de manera pacífica el derecho de reunión o manifestación, sin causa legal justificada o de forma desproporcionada, o que impidan por distintos medios que las personas lleven a cabo o participen en una reunión o manifestación pacífica será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo por igual tiempo”.

    Además, la legisladora sugirió incrementar la pena hasta una tercera parte del máximo indicado e inhabilitación en el cargo, si el uso de violencia se comete contra niños, personas mayores o con discapacidad, o si en el uso de la fuerza se usan armas letales, productos químicos o explosivos y, si el hecho fue parte de una política o patrón sistemático.

    También, si en consecuencia de “uso ilegítimo de la fuerza se producen lesiones, detenciones arbitrarias, privación de libertad u homicidio», propone que se impongan las penas establecidas en el Código por dichos delitos, “en concurso legal con este artículo”.

    Ortiz hizo esta propuesta después de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieran a líderes de la cooperativa El Bosque, quienes hacían una manifestación frente al centro comercial Las Piletas y de la residencial Los Sueños donde reside el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y del arresto de la abogada Ruth Eleonora López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal.

    En una transmisión hecha por radio Bálsamo, que inició a las 8:39 de la noche en Facebook se ve a la comunidad cuando agentes policiales se acercaron a preguntar por “los líderes”. La comunidad respondió que todos eran representantes y que no habían líderes. “Vengan, no tengan miedo, solo queremos platicar con ustedes”, decía uno de los agentes de la Policía, quienes en medio de esos llamados empezaron a tomar por la fuerza entre cuatro a cinco hombres de la comunidad. Los policías arrestaron a cuatro habitantes y al abogado. Al día siguiente fue capturado Alejandro Henríquez, abogado de la cooperativa.

    Imágenes de la concentración rodeada de agentes que se identificaban como 'Policía Militar'. / Fotografía de Arpas.

  • Claudia Ortiz denuncia ante PDDH detenciones arbitrarias y desapariciones de Ruth López y activistas de cooperativa El Bosque

    Claudia Ortiz denuncia ante PDDH detenciones arbitrarias y desapariciones de Ruth López y activistas de cooperativa El Bosque

    La diputada Claudia Ortiz presentó este martes dos denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por las «detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas» de Ruth Eleonora López, jefa anticorrupción de Cristosal, del pastor José Ángell Pérez, presidente de la Cooperativa El Bosque, y de su abogado Alejandro Henríquez.

    «Exijo a la PDDH que inicie una investigación por ambos casos y haga una inspección urgente en los lugares donde les mantienen privados de libertad», expresó la legisladora del partido Vamos. «Tememos por su bienestar, su integridad y su vida», explicó.

    En las solicitudes, piden que la PDDH requiere informes urgentes de las detenciones a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fiscalía General de la República (FGR), que use mecanismos para realizar las inspecciones con el fin de verificar que sus derechos sean respetados y que determine la existencia de violaciones a derechos humanos.

    También, solicitan que la PDDH emita recomendaciones y las haga públicas.

    Ortiz calificó de arbitraria la captura de la abogada de Cristosal y cuestionó que aún no haya tenido acceso a la defensa ni contacto con sus familiares.

    «Claramente la detención de Ruth es una detención arbitraria, sin acceso a la defensa, sin que pueda tener contacto con sus familiares, ayer al final del día aún estaba en calidad de desaparecido, lo cual es gravísimo, eso lo vimos en los años 70, ¿por qué ahora?».
    Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

    Ortiz cuestionó que el régimen de excepción no solo se está aplicando a las pandillas, sino también a los defensores de derechos humanos, a investigadores de la corrupción a líderes que quieren defender su territorio.

    «Hemos visto la detención de los transportistas hace dos semanas, la semana siguiente la detención arbitraria totalmente en flagrancia y en video de los líderes de la cooperativa El Bosque que estaban pidiendo ayuda del Estado para no ser desalojados y luego la siguiente semana hemos visto la detención de Ruth Eleonora y previamente hemos visto la detención de Fidel Zavala, de veteranos de guerra. Este no es el país en el que queremos vivir los salvadoreños», aseveró.

    López fue capturada el domingo a las 11:00 de la noche aproximadamente, la Fiscalía salvadoreña la acusa del delito de peculado por supuestamente haber «colaborado en la sustracción de fondos» al haber sido «mano derecha» de Eugenio Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia. La abogada se desempeña como jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal y dirigió unas 15 investigaciones de corrupción en el actual gobierno según el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock.

    Menos de una hora después de su captura, el comisionado de derechos humanos y libertad de expresión de la Presidencia de la República, el colombiano Andrés Guzmán, anunció su renuncia que había sido interpuesta el 15 de mayo y aceptada un día después.

    Los familiares y los abogados de López informaron la tarde del lunes que aún no habían tenido comunicación con la detenida, que veían una posible desaparición forzada y exigieron su liberación. Su madre calificó de «crimen» lo que están haciendo con su hija y pidió públicamente al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que la liberen. La mañana de este martes, presumen que Ruth López se encuentra en la División de Tránsito porque les han dicho a sus familiares que lleven allí alimentos y medicinas, declaró el director legal de Cristosal, Abraham Ábrego, en entrevista a YSUCA.

  • Gobierno podrá reasignar «hasta 10 % de saldos» de seis préstamos del Banco Mundial según Hacienda

    Gobierno podrá reasignar «hasta 10 % de saldos» de seis préstamos del Banco Mundial según Hacienda

    El jefe del departamento de gestión de la deuda del Ministerio de Hacienda, Julio Darío Alemán, aseveró que la aprobación de la Opción de Respuesta Rápida, que será aprobada por la Asamblea Legislativa, permitirá que el gobierno de El Salvador reasigne “hasta el 10 %” de los saldos no desembolsados o no comprometidos» de seis préstamos del Banco Mundial.

    El dictamen número 92, que fue aprobado el lunes de manera unánime por la Comisión de Hacienda y General del Presupuesto, introduce una enmienda a seis contratos de créditos con el Banco Mundial que suman $1,100 millones.

    El decreto de enmienda podría ser aprobado en la sesión plenaria de este martes. La Asamblea Legislativa no divulga la agenda hasta que está por iniciar la sesión plenaria, cerca de las 12 del mediodía.

    La ORR fue suscrita el 11 de abril con el Ministerio de Hacienda “para una respuesta ágil ante una situación de emergencia por desastres”, luego de que el directorio del Banco Mundial decidiera aprobar la ORR para los prestatarios del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

    “Dicho mecanismo permite utilizar de manera más flexible y eficazmente los recursos de los préstamos ya existentes para una respuesta ágil ante una situación de emergencia, concediendo la reasignación de hasta el 10 % de los saldos no desembolsados y no comprometidos sin la necesidad de preparar nuevos financiamientos”.
    Julio Darío Alemán, jefe del departamento de gestión de la deuda del Ministerio de Hacienda.

    Según el funcionario, la ORR “actúa como un mecanismo flexible para permitir al prestatario la reasignación de fondos de manera ágil” en emergencias “sin afectar otros compromisos financieros” y “sin esperar largos procesos de aprobación”.

    El ministro de Hacienda y el representante del BIRF suscribieron la enmienda el 11 de abril. El mecanismo “se activa con la evidencia de que un evento ha causado un impacto económico y social adverso” y permite utilizar los recursos de los préstamos para la obtención de daños o necesidades derivados o eventos ocurridos de ser el caso.