Categoría: Politica

El diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, anunció que este viernes han “aplicado el pago del aguinaldo correspondiente al año 2025 a todos los empleados” de la institución.

“Gracias por su esfuerzo en la construcción de un mejor país”, aseveró en X.

Según la ejecución presupuestaria de la Asamblea Legislativa, actualizada hasta el 30 de junio de 2025, la Asamblea Legislativa destina $36.7 millones a las remuneraciones de un presupuesto total de $46.9 millones.

Los aguinaldos están incluidos dentro del código “51 remuneraciones” del presupuesto general, dentro del rubro “511 remuneraciones permanentes”, es el código “51103 aguinaldos”.

En el presupuesto de la Asamblea Legislativa del año 2025, los salarios van desde los $586 mensuales asignados a la plaza de ordenanza III hasta $4,400 mensuales asignados al gerente de operaciones legislativas y al gerente de recursos humanos para los empleados.

Los diputados tienen diferentes salarios según sus cargos en la junta directiva, así como si son coordinadores de grupo parlamentario.

El diputado presidente tiene un sueldo de $3,210.29, gastos de representación de $1,657.14, y gastos de transporte y comunicación, de $914.29, sumando un total de $5,781.72, según la Ley de Salarios vigente para 2025.

Un diputado vicepresidente tiene un sueldo de $2,825.15, gastos de representación de $1,485.71, y gastos de transporte y comunicación, de $914.29, sumando un total de $5,225.15. La Asamblea tiene dos vicepresidentas.

Un diputado secretario o un coordinador de grupo parlamentario tiene un sueldo de $2,568.58, gastos de representación de $1,371.43, y gastos de transporte y comunicación, siempre de $914.29, sumando un total de $4,854.30. La Asamblea tiene tres secretarios y cuatro coordinadores.

Y, también, según la Ley de Salarios vigente, un diputado que no ocupa ninguno de los cargos anteriores tiene un sueldo de $2,311.43, gastos de representación de $800 y gastos de transporte y comunicación de $914.29, también mensuales. En esta categoría están 50 diputados.

El presidente salvadoreño anunció este viernes el pago anticipado de aguinaldo a los empleados del Estado, luego de reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa que permite adelantar el pago desde el 20 de octubre. Aseguró que cuentan con “excedentes de caja”.

Las personas que tienen entre uno y tres años de servicio para un mismo patrono reciben un aguinaldo de 15 días de salarios; los que tienen entre tres y 10 años recibirán una prestación equivalente al salario de 19 días; y los trabajadores con más de 10 años de servicio recibirán un aguinaldo de 21 días de salario.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su “Tercer informa sobre situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas” exhortó a los Estados que aseguren un espacio cívico abierto, plural, seguro y participativo, y a que emitan políticas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y de organizaciones de la sociedad civil.

“La CIDH insta a los Estados de la región a promover un entorno libre de hostilidades y a garantizar el respeto a las libertades fundamentales de quienes defienden los derechos humanos”, indicó en el informe publicado el 16 de octubre.

Ofreció a los Estados su asistencia técnica para garantizar los derechos a las personas defensoras de derechos humanos y sugiere aplicar “enfoques de género y étnico racionales”.

Según la CIDH, los Estados deben revisar leyes y fortalecer protocolos en prevención de violaciones a derechos humanos y sobre el “derecho a defender los derechos humanos”.

Así mismo, la Comisión exhortó a cumplir las medidas cautelares que dicta, respondiendo a las comunicaciones emitidas por la CIDH y comunicar las medidas adoptadas.

La entidad de la Organización de Estados Americanos también instó a los Estados a avanzar en las investigaciones de los delitos, incluyendo los cometidos en la esfera digital, contra defensores de derechos humanos, y adoptar planes para combatir la estigmatización contra las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos.

Entre sus recomendaciones, les pide a los Estados “abstenerse de incurrir en cualquier tipo de injerencia arbitraria o abusiva en el domicilio o sedes de organizaciones de derechos humanos, así como en la correspondencia y las comunicaciones telefónicas y electrónicas”.

El informe cita que en El Salvador la sociedad civil ha indicado que “utilizar identificaciones oficiales sobre su organización supondría riesgo frente a militares, policías y personas particulares que han adoptado el discurso estatal que aseguraría que estas organizaciones son financiadas por opositores al gobierno o que trabajan defendiendo pandillas”.

De El Salvador, se menciona el uso de un software para monitorear personas a través de sus teléfonos celulares, como el uso de Pegasus, así como la captura de Óscar René Martínez Iglesias, líder comunal y fundador del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales, el 9 de junio de 2023, a quien “se le determinó un año de prisión preventiva” y el asesinato de Rosa Elvira Flores Martínez, lideresa del Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM). Además, menciona agresiones digitales contra mujeres defensoras de derechos, la mayoría a través de redes sociales.

El informe busca evaluar los avances y desafíos en torno a los derechos de los defensores de derechos humanos, respecto a informes similares regionales emitidos en 2011 y 2006.

La construcción de los mercados de Santa Ana y San Miguel comenzará en noviembre de 2025 y sus presupuestos están programados para 2026, informó este viernes el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera Rodríguez, quien este viernes explicó el presupuesto a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) tiene proyectado ejecutar una inversión de $465 millones el próximo año, sin contar las inversiones que realizarían las instituciones adscritas a la institución.

En el mercado de Santa Ana, se programaron $24.4 millones para el presupuesto 2026.

“Se ha estado con el traslado de los vendedores hacia un punto temporal, luego de ese traslado, le vamos a mandar un informe al Banco Mundial y ellos nos permiten darle la orden de inicio. La obra se empieza desde el mes de noviembre pero tenemos que incorporar en el presupuesto del próximo año para hacer los pagos respectivos”. Romeo Herrera, ministro de Obras Públicas.

“Prácticamente se va a hacer de cero”, indicó.

Informó también que han programado $14.1 millones para la construcción del mercado de San Miguel.

“Este proyecto también ya está contratado, ya está adjudicado, hemos estado en coordinaciones, la próxima semana se van a estar haciendo los puestos temporales para los vendedores y esperaríamos que después de eso se trasladen y en el mes de noviembre empecemos la construcción del mercado de San Miguel. Lo llevamos en el presupuesto para hacer los pagos respectivos”, indicó. La construcción también será financiada con fondos del Banco Mundial.

En octubre de 2024, el ministro afirmó que los mercados se concluirían en 2026, sin embargo, en junio de 2025 el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, de Nuevas ideas, afirmó que el mercado de Santa Ana estaría completo a finales de 2026 o inicios de 2027.

La licitación para el proyecto «Reconstrucción del mercado municipal de Santa Ana y municipios aledaños, edificios 1 y 2» se publicó el 11 de octubre de 2024 con fondos del del préstamo de $200 millones del BIRF 8948-SV «Proyecto de desarrollo económico resiliente» aprobado el 25 de mayo de 2021 por la Asamblea Legislativa.

El mercado de Santa Ana tendría tres niveles de áreas húmedas, semihúmedas y área seca, además de área de comida.

La reconstrucción del mercado de San Miguel, incendiado el 6 de abril de 2021, fue publicada el 31 de agosto de 2023, con fondos del mismo préstamo. El mercado de San Miguel también tendría tres niveles y una terraza en un área de 19,464.88 metros cuadrados.

Ochenta y cinco personas del Movimiento Víctimas del Régimen (Movir) presentaron esta semana diferentes denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), informó su representante, Samuel Ramírez.

El Movir calculó que las 85 personas presentaron denuncias relacionadas con más de 100 o hasta 150 casos de capturas arbitrarias y otras agresiones, y otras pidieron que la PDDH haga revisiones médicas a los detenidos porque consideran que no tienen una buena condición de salud.

“Fueron 85 personas que entregaron documentos, unas personas presentaron dos o hasta tres, presentaron una denuncia de captura arbitraria, otra presentó una petición de revisión médica, más que todo eso es lo que más encontramos. Son 85 personas que reportaron documentos”, informó el jueves el representante de la organización no gubernamental.

Explicó que las peticiones médicas son realizadas por las familias cuando las personas han sido capturadas enfermas y “buscan que la PDDH vaya a las cárceles y verifique el estado de salud de esa persona”. “Tenemos casos que la PDDH, un año después de haberse solicitado esa revisión, han entregado respuesta y les han dicho que su familiar está muy grave, con insuficiencia renal, en una fase terminal”, señaló.

Las denuncias fueron presentadas el martes pasado en la oficina central de la PDDH. “Fueron más de 100 denuncias, en su mayoría son denuncias de capturas arbitrarias, otras son peticiones de verificación médica, hay una que la mamá asegura que su hijo fue golpeado, maltratado, mientras lo capturaban”, afirmó.

Ramírez consideró que este último es un caso de tortura, pero asegura que conoce otros casos de “torturas” de “personas que murieron” y cuyos familiares han desistido de seguir denunciando. “Me dicen ‘mire, ¿qué saco con andar moviendo el tema?, más es lo que me pongo mal’, entonces ya la gente ha desistido”, indicó.

También consideró que el sindicalista de la alcaldía de Mejicanos, José Leonidas Bonilla, capturado desde abril de 2022, fue torturado, pero aseveró que esa denuncia ya está en la PDDH.

A su llegada, el Movir pidió una audiencia con la procuradora, Raquel de Guevara. “La señora no quiso recibirnos”, indicó su representante.

El 6 de octubre pasado, la procuradora afirmó que no ha recibido ninguna denuncia de tortura en la PDDH.

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) reportó que entre el 1 de enero y diciembre de 2024, la PDDH recibió los casos de 95 personas que denunciaron haber sido víctimas de «malos tratos, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, tortura, entre otros» relacionados con «166 hechos que vulneraron este derecho», según información que les fue entregada por la PDDH ante una solicitud de información pública.

La memoria de labores de la PDDH registra también que del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025 recibieron 54 denuncias de malos tratos, 11 denuncias de «tratos crueles, inhumanos o degradantes», y 10 denuncias de «uso desproporcionado de la fuerza», 26 denuncias de «maltrato físico, psicológico o moral ejercido por agentes del Estado prevaliéndose de sus prerrogativas».

Las personas, empresas o sociedades propietarias de inmuebles construidos o intervenidos antes de la instalación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), el 12 de mayo de 2025, podrán solicitar la «regularización» de su situación según el nuevo artículo 92-A que fue incorporado a la ley a solicitud de la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas.

La nueva disposición fue aprobada el martes por la Asamblea Legislativa como parte de las reformas aprobadas a la Ley de la Creación de la DOT, y que incorporó nuevas facultades a esta instancia como la autorización de obras de terracería, tala de árboles y cambio de uso de suelo en las diferentes construcciones que se realizan en El Salvador.

Este procedimiento no aplicará cuando la propiedad construida o intervenida con obras esté en procesos hereditarios o la construcción haya sido realizada con permisos denegados.

La ley de la DOT inició su vigencia el 5 de noviembre de 2024 y establecía el inicio de operaciones de la DOT para 120 días después, es decir, para el 9 de marzo de 2025.

Sin embargo, la DOT oficializó su instalación a partir del 12 de mayo de 2025, fecha desde la cual las personas podían solicitar sus trámites relacionados a la construcción de diferentes obras ante dicha oficina, ubicada en el Centro Nacional de Registros (CNR).

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Un reglamento establecerá los requisitos para la regularización. La reforma fue un cambio a última hora solicitado verbalmente en el pleno por la diputada de Nuevas Ideas.

El nuevo artículo 92-A de la Ley de la DOT aún no ha sido publicado en el Diario Oficial, sin embargo, fue leído por la diputada Rosales así: “Las personas naturales o jurídicas propietarias de inmuebles en los que se hayan efectuado obras, actividades y proyectos de urbanización, construcción y actividades relacionadas con estas antes del 12 de mayo de 2025 y que a la fecha no cuenten con las autorizaciones o permisos correspondientes podrán solicitar a la DOT su regularización. Lo anterior no será aplicable a inmuebles que se encuentren en proceso de aceptación de herencia o cuando las obras, actividades o proyectos de construcción y actividades relacionadas con estas hayan sido realizadas con permisos denegados o en violación de la normativa correspondiente. Los requisitos para la regularización serán determinados en el reglamento y se aplicará un procedimiento especial autorizado para tal efecto”.

La DOT fue creada por el gobierno con el fin de simplificar o integrar los trámites de construcción, reduciendo los tiempos de los permisos y tramitando incluso permisos ambientales, de agua potable o de acueductos.

Esta oficina también será la encargada de autorizar el registro de ingenieros civiles, de electricidad, técnicos y personas vinculadas a los trámites de construcción solicitados a la DOT. El periodo de estas inscripciones vencía en noviembre de 2025 pero la reforma lo pospuso hasta marzo.

La reforma creó 38 nuevas tarifas y amplió las facultades de la DOT.

Desde enero hasta la fecha de 2025, la Asamblea Legislativa ha recibido solicitudes de préstamos por $1,992 millones, de los cuales ya ratificó los contratos de créditos por un total de $1,735.7 millones y tiene pendiente de ratificar cinco préstamos que suman $256.3 millones, cuya firma ya autorizó.

Pero no todos los préstamos aprobados durante el presente año han ingresado al presupuesto general del Estado 2025.

Durante el presente año, la Asamblea Legislativa ha aprobado un total de reformas presupuestarias por una suma de $1,044.1 millones desde el 12 de febrero de 2025 hasta la más reciente aprobada el 7 de octubre de 2025.

Más de la mitad de los fondos incorporados al presupuesto actual, $571.5 millones, provienen de préstamos según los mismos decretos aprobados.

Sin embargo, un total de $348.8 millones fueron incorporados de “asignaciones disponibles” que tenía el Ramo de Hacienda y “con cargo” al Fondo General, según los mismos decretos aprobados.

El resto de fondos provienen de recursos propios de instituciones descentralizadas, títulos valores, contribuciones patronales, donaciones y asignaciones del Ramo de Justicia y Seguridad.

La mayoría de los préstamos incorporados en el presupuesto de 2025 fueron aprobados en 2024 o en años anteriores.

De enero a mayo se incorporaron fondos de préstamos para financiar lo siguiente: $84.6 millones para proyecto de cable submarino, $13.5 millones para el programa de salud inteligente, $157.7 millones para el Aeropuerto Internacional del Pacífico, $852,967 para infraestructura deportiva, $993,347 para emergencias por desastres naturales, $4.7 millones para desarrollo económico local (aprobado en 2021), $8.7 millones para transporte e infraestructura resiliente, $105,981 para auditar un préstamo para emergencias por desastres naturales, $5.4 millones para el sistema penitenciario.

Desde julio, también se han incorporado: $5.8 millones para el sector agua y saneamiento, $9 millones para infraestructura de datos (Secretaría de Innovación de la Presidencia), $500,000 para mejora en la atención de salud, $22.7 millones para Surf City fase I (préstamo aprobado en 2025), $6 millones para siembra de maíz y frijol y $785,600 para jóvenes en situación vulnerable.

También fue incorporado un préstamo de refuerzo presupuestario, de $250 millones para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador, cuyo destino aún no se ha explicado. Este préstamo también fue aprobado durante el año 2025.