El déficit financiero que enfrenta la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) podría causar que las próximas elecciones presidenciales, legislativas y municipales enfrenten «serios riesgos de legitimidad» opinó la exdirectora de la JVE por el partido Vamos, Wendy Alfaro.
En el informe de Vamos por el término de las funciones de Alfaro como directora, se explica que la Junta enfrenta un «déficit financiero acumulado desde 2018» que amenaza su obligación de «ejercer una fiscalización efectiva» y que podría llevar a que las próximas elecciones enfrenten «riesgos serios de legitimidad».
La JVE se integra con un director propietario y uno suplente de cada uno de los partidos políticos legalmente inscritos, a quienes se les paga una dieta por cada sesión en la que participan, según la Constitución de la República.
El presupuesto de la Junta se ha mantenido igual por tres años continuos mientras han aumentado la cantidad de partidos políticos que integran la Junta, la inflación, los costos logísticos y «la negativa del Ministerio de Hacienda» para aumentar el techo presupuestario.
Alfaro señaló que el déficit financiero no permite que los partidos políticos operen equitativamente en la Junta, como el impago de dietas, la insuficiencia de vehículos, equipo y de recursos para la fiscalización internacional
Según fuentes internas de la Junta, la deuda en dietas de la JVE ascendía a $134,642.40 desde 2021 hasta mayo de 2024 a directores del Partido Independiente Salvadoreño (PAIS), Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) y a los partidos en liquidación Nuestro Tiempo y Cambio Democrático (CD). El año pasado, se sumó Fuerza Solidaria. La deuda aún no es pagada.
Dependencia al Tribunal Supremo Electoral
Alfaro, quien dejó el cargo alegando persecución política, recuerda en el informe que la Junta depende del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para su presupuesto, lo que considera «limita la independencia hacia el ente fiscalizado» y «dificulta la planificación estratégica». Afirmó que la situación impidió «auditar sistema de votación electrónica y transmisión digital de resultados».
Señaló que el trabajo en la Junta se caracteriza por la «parálisis institucional» porque se requiere de votaciones mayoritarias para tomar decisiones y se han retrasado audiencias con el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y para la fiscalización de centros de emisión del Documento Único de Identidad (DUI).
¿Qué debe mejorar según Vamos en la JVE?
- Capacitación electoral.
- Logística y entrega de paquetes.
- Aumentar la transparencia en la transmisión de resultados.
- Fortalecer la fiscalización de la Junta.
- Control durante el silencio electoral.
- Accesibilidad de ciudadanos en centros de votación.
- Que el TSE mantenga «comunicación transparente y expedita» con la Junta.
- Independencia financiera para la Junta.
- Tecnología y auditoría especializada.
- Ampliación de la fiscalización especializada.
- Reformas para que la Junta tenga facultades vinculantes.
Según los últimos registros de Comprasal, el Tribunal realizó al menos seis compras de servicios por $42,138 para la Junta entre mantenimiento de aire acondicionado, equipo informático, flota vehicular, planes de datos, arrendamiento de fotocopiadoras e impresión de formularios.
