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En el marco de la oferta del presidente Nayib Bukele para que Estados Unidos envíe a sus criminales convictos hacia El Salvador para guardar prisión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el Socorro Jurídico pidió el viernes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que se reúna con organizaciones de sociedad civil para escuchar sus denuncias.

La directora del Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, pidió al secretario de Estado, Marco Rubio, que «por favor, también escuche» a la sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos sobre sus denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos al interior de los centros penitenciarios salvadoreños.

Escobar aseguró que han documentado testimonios de reclusos liberados del centro penal de Izalco, en Sonsonate, que han relatado que «hay cadáveres enterrados en fosas clandestinas». «La gente muere todos los días» en las cárceles salvadoreñas afirmó Escobar durante una entrevista en Red Informativa Arpas.

«Yo le hago un llamado en este caso al jefe del Departamento de Estados Unidos, que por favor, también escuche a otros sectores de la sociedad comenzando por sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos humanos, que nosotros hemos documentado la grave crisis humanitaria en estos otros centros penales de los que nadie habla».

Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico.

El Socorro Jurídico asegura que contabiliza al menos 366 reos muertos en los penales salvadoreños, de ellos, el 40 % pereció en la cárcel de Izalco.

«Ahí se han escrito las peores historias de horror y de terror», agregó Escobar, quien cree que «hay una fuerte» denuncia de que se pretendería «quemar centros penales (en El Salvador) para ocultar la prueba y la evidencia de estos tratos crueles».

Actualmente, Estados Unidos analiza si la oferta de Bukele para recluir a convictos de Estados Unidos en el CECOT es viable. De aceptar la propuesta del mandatario salvadoreño, el país norteamericano tendría que pagar una tarifa el gobierno.

Tienen reportes de posibles deportados

Ingrid Escobar también se refirió a las posibles deportaciones de salvadoreños bajo la nueva administración de Donald Trump en Estados Unidos, aunque la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, ha dicho que están recibiendo solo las deportaciones habituales y no masivas bajo el modelo Trump.

Escobar indicó durante la entrevista que tienen reportes de familiares de salvadoreños «que ya están capturados por Migración» para ser deportados hacia El Salvador. «Su único delito es no estar en sus documentos en regla», dijo. Además, criticó que faltó una negociación de Bukele con Rubio para brindar seguridad a los connacionales amparados al Estatus de Protección Temporal.

Esta semana, la vicecanciller, Adriana Mira, aseguró que han recibido solo los vuelos «ordinarios» o habituales con salvadoreños deportados, pero «no en esa deportación masiva anunciada en otros países».

Según los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante 2024 se deportaron a 15,284 salvadoreños. El tercer año con más deportaciones desde 2018.

Diputados de Nuevas Ideas presentaron el viernes por la noche ante el pleno de la Asamblea Legislativa la primera reforma a la Constitución de la República que aprobarían bajo el mecanismo rápido aprobado el 29 de abril de 2024 y ratificado el pasado 29 de enero de 2025.

«Derógase el Art. 210 de la Constitución», reza la reforma propuesta, en referencia al artículo que establece «la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia».

En su petición, los diputados calificaron de «contradictorio» que el Estado «deba reconocer o retribuirle al partido político o coalición la cuantía por votos obtenidos en determinado evento electoral», ya que «podría interpretarse que al final lo que busca el funcionario es obtener un beneficio económico de parte del Estado».

Esa primera solicitud de reforma constitucional pasó a estudio de la Comisión Política, que se reunirá el martes 11 de febrero.

El Estado programó $38 millones de financiamiento público para el financiamiento a los partidos políticos durante el año 2024; según los cálculos de la organización Acción Ciudadana, $27 millones serían para Nuevas Ideas, $2.7 millones para Arena, $2.5 millones para el FMLN, $1.2 millones para Gana.

De enero a junio de 2019, para las elecciones presidenciales, Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) recibió un total de $7,167,994, Vamos recibió $109,005.75; el Partido Demócrata Cristiano (PDC), 43,149.75; y el Partido Social Demócrata recibió $71,328.69, según datos del Ministerio de Hacienda.

Reforma constitucional en una votación

Hasta enero pasado, una reforma constitucional en El Salvador exigía la votación de dos legislaturas diferentes, proceso que requería la intervención de dos conformaciones legislativas.

La sentencia de la Sala de lo Constitucional 33-2015 exigía que en todo proceso de reforma constitucional era necesario un «intervalo de tiempo adecuado para que la ciudadanía se informe de las alternativas en juego y de la exacta dimensión de la reforma constitucional sometida a su consideración», es decir, consideraba que la ciudadanía debía conocer la posición de los partidos políticos sobre las reformas constitucionales antes de la elección legislativa y no hasta después.

Sin embargo, el pasado 29 de enero, la Asamblea ratificó la primera votación de la reforma al artículo 248 de la Constitución que permitía, también, aprobar una reforma constitucional en una sola votación.

La oposición ha argumentado que la anulación de la deuda política es un pretexto para «trastocar la Constitución» de El Salvador.

Con 59 votos, la Asamblea Legislativa abrió el proceso de elección del procurador general de la República para el periodo que inicia el 2 de mayo de 2025 y finaliza el 1 de mayo de 2028.

Los candidatos pueden enviar sus hojas de vida y atestados desde ya en un horario de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. El último día para recibir currículums y los documentos requisitos es el viernes 28 de febrero de 2025.

El cargo lo ocupa actualmente el abogado René Gustavo Escobar Álvarez, quien acompau00f1ó recientemente al comisionado presidencial de derechos humanos, Andrés Guzmu00e1n, durante el Examen Periódico Universal de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a El Salvador. Escobar afirmó que durante el régimen de excepción «la defensa técnica se le ha brindado de manera oportuna a todas las personas procesadas», aunque organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que no se cumple el derecho de defensa.

Escobar Álvarez finaliza su periodo el 1 de mayo de 2025.

Los aspirantes deberán adjuntar constancias de Probidad, Investigación Judicial, Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Corte de Cuentas de la República.

También, deberán presentar constancia del Tribunal Supremo Electoral en la que conste no tiene afiliación partidaria, del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), la constancia de antecedentes penales y policiales, y solvencia del Ministerio de Hacienda en la que demuestre se encuentra solvente.

A ello deberán sumar el respectivo acuerdo de autorización de abogado, la certificación de la partida de nacimiento y una copia certificada de Documento Único de Identidad (DUI).

Tal como estaba previsto, la Asamblea Legislativa probó este viernes la Ley Anticorrupción, que contó con 59 votos, incluidos los del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Vamos es abstuvo.

Sin embargo, momentos antes de la aprobación, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, había pedido coherencia del gobierno con la ley, iniciativa del Ejecutivo.

Aprobar esta ley “es un paso que hay que apoyar pero que no va a ser suficiente, sino se toman medidas en coherencia con eso. La transparencia es un gran déficit de esta administración. Esta Asamblea Legislativa tampoco ha aprobado propuestas que hemos hecho para que los acuerdos de Junta Directiva sean públicos”, señaló Ortiz.

La diputada de Vamos reiteró que, en aras de la transparencia y en consonancia con esta ley, se deben quitar las reservas de información.

“Todos los esfuerzos de lucha contra la corrupción son importantes, son necesarios. Se va a aprobar esa ley, de acuerdo, pero también levantemos la reserva de información, que la reserva de información no dure siete años, sino que dure tres años, como hemos propuesto”, exhortó.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, también señaló que ya que se creó y aprobó esta ley “ya es momento” que se investiguen los casos que la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) dio aviso de posible corrupción.

“Todos los salvadoreños queremos que se combata la corrupción, pero también hay varios casos que se dieron durante la pandemia, que ya es momento que se empiecen a investigar qué fue lo que pasó, y lo que hicieron fue eliminar la CICIES, pues ahora con esto ya tienen una forma más para proceder e investigar a cualquier funcionario”, señaló Villatoro.

La diputada de Arena reiteró que es importante que, con esta ley, “el fiscal general de la República podrá proceder de forma oficiosa cuando vea que hay algún tipo de enriquecimiento ilícito y cualquier ciudadano puede poner algún tipo de denuncia cuando vea que algún funcionario está actuando de forma ilegal”.

El diputado Francisco Lira, de Arena, también criticó la reserva de información pública. “Para que se les crea al gobierno de Nuevas Ideas, que quiere combatir la corrupción, los invito, levanten la restricción del acceso a la información pública que tienen por 12 años, desentierren los 12 casos de la CICIES que ustedes mismos cerraron”, dijo, en un video de TikTok.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, exhortó a apoyar a los salvadoreños que viven en los Estados Unidos, así como a los retornados en torno a la reciente visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a El Salvador.

La diputada aseguró que hay «mucha inquietud» en los salvadoreños en Estados Unidos pero que hay «muchas cosas que se pueden hacer desde el gobierno salvadoreño» para apoyarlos.

“Ya la Asamblea Legislativa les dio el derecho al voto, ahora háganse cargo también de apoyar a los hermanos en el exterior con programas que les apoyen allá, porque quienes no tienen ciudadanía, ni residencia, están totalmente desprotegidos. No tiene acceso a atención médica, una situación laboral más complicada, es ahí donde los servicios consulares deben reforzarse y acá deben reforzar los servicios de apoyo a personas retornadas, para que la gente pueda tener opción de reconstruir su vida y también que existan condiciones para que la gente no se vaya”, recalcó.

Desde el primer día de su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó múltiples decretos para declarar la emergencia nacional en la frontera con México, bloquear la entrada de migrantes y deportar a «millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron». Esto ha generado mucha incertidumbre en los latinos con estatus irregular en Estados Unidos y entre ellos la comunidad salvadoreña.

Sobre los salvadoreños beneficiarios del TPS eran cerca de 234,000; según una presentación de Diálogo Interamericano son 180,375.

El Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano prevé al menos 14,000 salvadoreños deportados anualmente durante el gobierno de Trump.

La Asamblea Legislativa aprobó, con 59 votos a favor, la noche de este viernes un pliego de reformas al Código Penal con las que aumentan penas a delitos de corrupción y crean nuevos delitos.

En la discusión del proyecto de decreto, el diputado Caleb Navarro, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, expuso todos los delitos que tiene que ver con la corrupción de los funcionarios «se están aumentando los años de prisión, todos».

«A los actos arbitrarios que tiene el artículo 320 del Código Penal, estaba de 2 a 4 y pasa de 3 a 6 años de prisión… en el artículo 334-F le protege ciudadanía cuando usted tenga pruebas en sus manos para que vaya a denunciar actos de corrupción… También, hay un nuevo delito en el artículo 336-A el testaferrato o consentimiento de uso de nombre: el que presta su nombre para adquirir bienes con dineros que provengan de delitos de corrupción será sancionado con prisión de tres a seis años», detalló Navarro.

También, solicitó una modificación a la iniciativa, ya que en el artículo 39 en el concepto de «agentes de autoridad», que establece que son los agentes de la Policía Nacional Civil, agregaban a los militares cuando acompañen o realicen funciones de seguridad pública.

Navarro pidió modificación de la propuesta, que ya contaba con dictamen aprobado, para que siempre y únicamente quede como «agentes de autoridad» a los agentes de la Policía Nacional Civil.

¿Cómo quedaron las penas en la reforma al Código Penal a delitos de corrupción?

Actos arbitrarios: De 3 a 6 años.

Desobediencia: De 3 a 6 años

Denegación de auxilio: De 3 a 6 años

Revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial: De 6 a 9 años

De los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, empleados públicos, servidor público, agente de autoridad y autoridad pública:

Peculado: de 6 a 9 años, de 9 a 12 y de 12 a 15 años.

Peculado por culpa: De 3 a 6 años. De 3 a 5 años. De 6 a 9 años.Concusión: De 6 a 9 años.

Negociaciones ilícitas: De 12 a 15 años

Cohecho propio: De 6 a 9 años

Cohecho impropio: De 3 a 6 años

Malversación: Multa de hasta 100 días – Hasta 9 años

Enriquecimiento ilícito: De 5 a 15 años

Infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos: De 9 a 12 años.

Los nuevos delitos de corrupción en el Código Penal

Artículo 334-A. Ocultamiento o alzamiento de bienes producto de la corrupción.
Será sancionado con prisión de tres a seis años.

Artículo 334-B. Actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas.
La sanción será por la pena que esté prevista por el delito por el que estaban preparando, proponiendo, conspirando o concertando.

Artículo 334-C. Encubrimiento real.
Será sancionado con prisión de tres a seis años.

Artículo 334-D. Encubrimiento personal.
Sanción de tres a seis años de prisión.

Artículo 334-E. Omisión de denuncia o aviso. Para funcionarios públicos, civiles o militares.
Sanción de tres a seis años de prisión.

Artículo 334.F. Represalias por denuncia o aviso de corrupción.
Sanción de dos a cuatro años de prisión a inhabilitado para desempeño del cargo.

Además se crean y se intercalan entre los artículos 336 y 337:

Artículo 336.A. Testaferrato o consentimiento de uso de nombre.
Sanción de tres a seis años de prisión.

Artículo 336.B. Agravantes especiales:
a) Que el autor sea encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en esta ley.
b) Que el hecho delictivo haya sido cometido por un grupo delictivo.
c) Que el hecho haya sido cometido utilizando violencia en cualquiera de sus expresiones.
d) Que el hecho haya sido declarado culpable, en un delito análogo, por un tribunal nacional.
e) Cuando se utilice a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad para ocultar o alzarse de los bienes producto de las acciones u omisiones de los hechos delictivos contenidos en esta ley y esté comprobado que estos no tenían conocimiento de la responsabilidad del imputado en los mismos.
En los casos anteriores, la pena podrá aumentarse hasta en una tercera parte del máximo de la pena señalada al delito cometido.

Artículo 336.C. Atenuantes especiales:
Podrá rebajarse la pena hasta la mitad del mínimo en este Código para los delitos de corrupción si:
a) Revela cómplices.
b) Si da información que haga posible la incautación o decomiso de los bienes.

Luego de poco más de cuatro meses que la Corte de Cuentas de la República quedara acéfala, la Asamblea Legislativa decidió nombrar a Walter Salvador Sosa Funes como el nuevo titular del ente fiscalizador hasta el 27 de agosto de 2026.

La propuesta de Nuevas Ideas coincidió con la propuesta que hicieron también los partidos PCN y PDC.

El nombre de Walter Salvador Sosa Funes fue propuesto en el pleno por el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas. Inmediatamente, el diputado Reinaldo Carballo, del PDC, coincidió con el nombre de Walter Salvador Sosa Funes. De manera inmediata, Rebeca Rodríguez, del PCN, dijo que el perfil idóneo lo cumple el mismo candidato.

La elección del nuevo funcionario contó con 57 votos a favor de Nuevas Ideas y sus aliados, Arena votó en abstención y Vamos en contra.

“Habiéndose realizado la votación nominal y pública, el resultado es el siguiente: dos abstenciones, un voto en contra y 57 votos a favor. Por lo tanto, con 57 votos a favor, queda electo como presidente de la Corte de Cuentas de la República el licenciado Walter Salvador Sosa Funes, para el período que concluirá el 27 de agosto del año 2026”, afirmó el presidente del Legislativo, Ernesto Castro.

Inmediatamente, Sosa Funes fue llamado y juramentado.

Walter Salvador Sosa Funes fue uno de los once candidatos que fueron entrevistados para el cargo, luego de que Roxana Soriano de Viaud, quien era la titular de la CCR fuera nombrada como presiente del Tribunal Supremo Electoral.

Walter Salvador Sosa Funes, ha ejercido como juez de paz en Dulce Nombre de María (Chalatenango), jefe ad honorem de Oficina Regional Paracentral del Ministerio de Trabajo, fue técnico II en el Conna, receptor de denuncias de la Junta del Departamento de La Paz y colaborador jurídico de la oficina jurídica de José Virgilio Cornejo según el currículo público en el portal de transparencia de Trabajo.

En la entrevista ante los diputados de la Comisión Política, en noviembre, prometió «cumplir la Constitución».

Sus propuestas:

• Seguir apostándole a los cambios impulsados por Roxana Soriano.

• Digitalización de la Corte de Cuentas.

• Dotar con un capital humano para que puedan realizar su trabajo.

• Posicionar a la Corte de Cuentas y no volver a la institución «un circo», ejemplificó cuando llegó la entonces vicepresidenta Ana Vilma de Escobar al entonces presidente de la CCR, Rosalío Tóchez.

• Lo más importante, dijo, es «cumplir la Constitución» para fiscalizar «todas aquellas instituciones, aquellos municipios» y «seguir todos los planes y todas las metas».

Luego de que los diputados de Nuevas Ideas y aliados autorizaron al gobierno a que suscriba un contrato de préstamo por $60 millones para infraestructura de datos, la diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), dijo: “No cumplen su palabra, dicen una cosa y hacen otra”.

“El presidente (Nayib Bukele) había dicho que ya no iban a haber este tipo de endeudamiento y los diputados rompieron con su palabra, porque fueron los primeros que empezaron a poner en redes sociales y andaban con la algarabía que esta Asamblea ya no se iba a endeudar más y es lo primero que hacen en las primeras sesiones plenarias de este año. Pero como todos conocemos, ellos no cumplen su palabra, dicen una cosa y hacen otra”, cuestionó la diputada Villatoro.

El préstamo por $60 millones será destinado al «Programa para el desarrollo de la infraestructura de datos de El Salvador» financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según el proyecto aprobado, “con dicho financiamiento se busca avanzar con la mejora de la prestación de los servicios digitales del Estado, mediante la realización de diferentes intervenciones para ampliar la infraestructura digital del país y a la vez permita aumentar las habilidades para el uso de dicha infraestructura y prestación de servicios.

La legisladora lamentó que seguir endeudando al país solo hará más pesada la carga financiera del país y que serán las nuevas generaciones que tendrán que irla pagando.

“Es una lástima para los salvadoreños, porque al final de cuentas es dinero que le va a tocar ir pagando a generación, tras generación y no tenemos responsabilidad fiscal como país, sino al contrario, terminamos endeudándonos en cosas que no son tan importantes como lo que sí necesita el país, por ejemplo: mejorar la infraestructura escolar o mejorar los hospitales entre otras cosas que no se están haciendo”, señaló la legisladora del partido opositor.

La autorización para el contrato de préstamo contó con 57 votos a favor.

La Asamblea Legislativa reformó este viernes el artículo 8 del Código Procesal Penal para ampliar el límite máximo de la detención provisional de un imputado en cualquier proceso judicial hasta la media pena del delito por el cual es acusado.

El máximo podrá extenderse hasta la media pena para el delito imputado o del delito más grave imputado si son varios delitos.

La reforma fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados.

Esta extensión de la privación de libertad podrá aplicarse “a todos los procesos penales que no cuenten con una resolución firme”.

“La privación de libertad también podrá extenderse mediante resolución fundada por el equivalente de la media pena dispuesta para el delito imputado y en el caso que se imputen varios delitos por la mitad de la pena señalada en el delito más graves durante o como efecto del trámite de los recursos de la sentencia condenatoria”, indica la reforma.

Actualmente, la detención provisional de un imputado de delito “menos grave” no puede exceder un año y la detención de un imputado por delito grave puede extenderse hasta dos años e incluso ampliarse un año más por el trámite de recursos. Con la reforma, este límite podrá extenderse.

También, la reforma permite no aplicar el plazo máximo de detención provisional en casos de:
1. Pericias complejas.
2. Conflictos de competencia.
3. Asistencia legal mutua activa en materia penal.
4. Mientras dure la extradición activa o pasiva.
5. De oficio o a petición de parte debe descontar prácticas dilatorias o litigación temeraria, incidentes procesales infundados u otras infracciones similares.

Según el gobierno, “al agotarse los plazos los acusados por delitos graves” son “puestos en libertad”. “La puesta en libertad anticipada de los imputados por el agotamiento de dicho plazo permite que estos puedan evadir la acción de la justicia, entorpecer la investigación o, en el peor de los casos, intimidar a los ciudadanos que han sido víctimas del delito o que intervienen como testigos o jurados”, dijo.

Hay muchos abogados que dilatan adrede los procesos, esto para que sus clientes puedan salir libres y en algunos casos hasta puedan huir del país, esto también le servía a muchos delincuentes para que al salir podían intimidar a los testigos, las víctimas y el jurado. Francisco Villatoro (Nuevas Ideas).