Categoría: Politica

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se reunió la noche del martes con el empresario canadiense Jeff Booth y la directora de la Oficina Nacional del Bitcoin, Stacy Herbert, quien así lo informó en redes sociales.

“Qué increíble conversación la de anoche entre el presidente Bukele y Jeff Booth”, informó la directora de la Oficina del Bitcoin en El Salvador, Stacy Herbert, este miércoles. En la reunión también participó

“Jeff verificó por sí mismo que El Salvador es el país de Bitcoin”, indicó la cuenta @bitcoinofficesv, de la Oficina del Bitcoin del gobierno salvadoreño, que también detalló que Booth es “socio general de uno de los mayores fondos de capital de riesgo de Bitcoin” y autor del libro “El precio de mañana”.

Booth es un empresario canadiense que ha definido el Bitcoin como el único camino pacífico hacia una “transición económica global justa” y que, en junio de 2024, en el Oslo Freedom Forum, expuso que la inflación actúa como un “impuesto oculto” y en un sistema sin inflación las decisiones son más justas y transparentes.

Además de ser defensor del Bitcoin, Booth fue cofundador de BuildDirect, plataforma en línea para la industria de la construcción que alcanzó un valor superior a los $500 millones y fue fundador de Ego Death Capital, firma de inversión que apoya empresas centradas en Bitcoin. También, ha financiado proyectos del ecosistema bitcoin como Fedi y es miembro de la Young Presidents Organization, una red global de líderes empresariales menores de 45 años con altos niveles de éxito.

El gobierno de El Salvador tiene una reserva de 6,165 bitcoines, equivalentes a $600.7 millones pese a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió en el acuerdo para otorgar $1,400 millones de financiamiento que se limitará “la participación del gobierno en las actividades económicas relacionadas con bitcoin, así como en las transacciones gubernamentales y compras de bitcoin”.

El diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), aseguró que el régimen de excepción ha venido a dar “una llave de tranquilidad” a los salvadoreños pero que hay otros problemas como el económico y, concretamente, la “pérdida” de la agricultura.

“Tenemos otros problemas que poco a poco tenemos que irlos arreglando, el problema económico es bastante grave, el problema de empleo, falta de empleo, el problema de la agricultura en el campo, hay que ver cómo se saca adelante, estamos perdiendo la agricultura en el país”, indicó en una entrevista que le realizó el creador de contenido Edenilson Calderón.

Para el legislador, los precios de los insumos agrícolas y la falta de enseñanza en la labor agrícola son dos factores que perjudican al sector. Hizo un llamado al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que está siendo dirigido actualmente por el viceministro Óscar Domínguez Ruiz.

“Hay que tratar que de verdad de verdad reactivemos la agricultura, sabemos que el presidente está haciendo todo lo posible y que ojalá que el ministro también se ponga las pilas, no tengo pelos en la lengua para decir las cosas, así soy, la verdad hay que decirla”, exclamó durante la entrevista.

López Cardoza hizo “un llamado al presidente Nayib para que veamos cómo de verdad reactivemos la agricultura, no regalando un quintalito de abono”, ya que considera que a las personas hay que enseñarles cómo hacerlo. “La falta de enseñanza de cómo hacerlo o la falta de impulso es que se está perdiendo la agricultura”, reflexionó.

El político cuestionó cómo un agricultor puede comprar un quintal de abono a $25 o a $35 y al mismo tiempo vender el saco de maíz a $20.

El déficit de hortalizas y verduras ha aumentado de un 88 % a un 93 % según cifras de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo). Las manzanas de tierra utilizadas para el cultivo de granos básicos pasaron de 420,000 a 295,000 de 2021 a 2024, una reducción del 29.7 %.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se reunió con miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) «a fin de coordinar acciones de tutela de derechos humanos» en una «Mesa de trabajo interinstitucional», informó este miércoles la institución en redes sociales.

Durante el año 2024, la PDDH recibió 833 denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas supuestamente por agentes de la PNC y miembros de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES), un 7.8 % menos que el año 2023, año en el que se reportaron 903 denuncias, según el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (OUDH).

Según el Observatorio, la disminución de denuncias podría deberse a la baja en la cantidad de capturas en el régimen de excepción o a la autocensura como mecanismo de defensa de las personas víctimas liberadas y sus familiares, ya que «optan por no denunciar los hechos que pudieron vulnerar uno o más de sus derechos».

Una reunión similar fue llevada a cabo en la Mesa Intersectorial de Sonsonate Centro, en donde participaron autoridades de la PNC, junto al Consejo Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) y miembros de la organización WorldVision.

El martes, la PDDH informó de la reunión de la Mesa Interinstitucional para Prevención de Violencia junto a representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Sibasi, y el Ministerio de Educación, entre otras instituciones del departamento de Morazán.

La información sobre la construcción del viaducto Francisco Morazán y la ampliación de la carretera Panamericana CA01W tramo Los Chorros está reservada desde el 5 de enero de 2024, de acuerdo con la organización Acción Ciudadana (AC), que solicitó información sobre la construcción.

La AC informó que, ante una solicitud de información, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) expresó que toda la información sobre el proyecto, incluso estudios, diseños, contratación y ejecución, es información reservada.

Según el informe de transparencia reactiva en proyectos de infraestructura pública 2024, de la AC, la organización solicitó “el listado de todas las contrataciones realizadas para llevar a cabo el proyecto en su totalidad”, lo que incluía: ubicación exacta, costo total de la obra, fuente de financiamiento, tiempo de ejecución, número de beneficiarios, empresa ejecutora, empresa supervisora y otros.

La respuesta fue que no era posible entregar la información porque es información reservada desde el 5 de enero de 2024 por un periodo de tres años, es decir, hasta el 4 de enero de 2027.

Efectivamente, según el índice de información reservada del MOPT, actualizado el 22 de enero de 2025, «toda la información relacionada con estudios, diseños, contratación y ejecución del proyecto “Construcción de viaducto y ampliación de carretera CA01W (tramo Los Chorros) entre Autopista Monseñor Romero y CA01W, municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, departamento de La Libertad” es «información reservada» en virtud del literal «g» del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), es decir, se considera que, al divulgarla, se comprometerían estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso.

La AC dio un puntaje de 0 a la transparencia de la obra y detalló que es información oficiosa según el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) información como nombre de la obra, ubicación, costo, fuente de financiamiento, fecha de inicio, tiempo de ejecución, número de beneficios, empresa o entidad ejecutora, empresa o entidad supervisora, nombre del funcionario responsable, contrato y sus modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías, nombre y características del contratista, plazo de cumplimiento y ejecución, forma de contratación, resolución de adjudicación, contrato, entre otros.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera Rodríguez, preguntado sobre la reserva de información, indicó que los medios de comunicación conocen la empresa constructora, el monto y es publicado en las redes sociales.

El Salvador presentó esta semana la «nueva visión» de país al cuerpo diplomático, empresarios, académicos y periodistas en Países Bajos, con una ponencia a cargo del embajador de El Salvador, Agustín Vázquez.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aseveró que la ponencia fue impartida con «vistas a acercarnos más a otros destinos del mundo» para que conozcan «las transformaciones que» se impulsan en El Salvador. Incluyó una charla sobre la historia del país. Según la Cancillería salvadoreña, se expusieron «los cambios profundos» implementados en El Salvador desde 2019 y en los que de acuerdo al embajador Vázquez se «ha priorizado el bienestar de la población y el desarrollo».

«El Salvador ahora acoge a un número creciente de turistas, es sede de eventos internacionales, y hoy, también, vemos regresar a nuestros hermanos que llevaban tiempo sin reencontrarse con su patria”.
Agustín Vázquez, embajador de El Salvador en Países Bajos.

Durante la charla, el embajador expuso la historia y la identidad de El Salvador y les presentó un vídeo con danzas folclóricas e imágenes de los recursos naturales y monumentos del país. Aseveró que los salvadoreños ahora pueden «enfocarse en la consecución de sus proyectos de vida» porque ahora viven en «paz y seguridad», además de la «generación de oportunidades».

El gobierno salvadoreño atribuye los bajos niveles de asesinatos a la ejecución del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, y por el que se reportan más de 80,000 personas arrestadas. El vicepresidente Félix Ulloa reconoció esta semana que buscan «reducir el margen de error» en el régimen.

La semana pasada, la embajada de El Salvador en Países Bajos también participó en otro evento que buscaba «posicionar la oferta exportable» del ron salvadoreño «Ron Guazapa» como «un producto de alta calidad dirigido especialmente a potenciales socios comerciales».

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, reconoció en una entrevista a una revista francesa que el gobierno se enfrenta con «menos de un 10 % de margen de error» en la aplicación del régimen de excepción, pero que lo consideran un éxito y que buscan disminuirlo.

Ulloa aseveró que se han liberado más de 7,000 personas de las más de 80,000 arrestadas desde el 27 de marzo de 2022.

«Lo que tratamos es reducir el margen de error», indicó en una entrevista publicada el martes a la revista francesa Le Grand Continent.

No nos vamos a levar preso a cualquier joven que anda con un tatuaje.
Félix Ulloa, vicepresidente a medio francés.

El vicegobernante aseguró que lo que están haciendo «no es perfecto», «y eso lo reconocemos, pero sigue siendo algo muy bueno». “Esos errores son los que se están corrigiendo. Hay una oficina en la policía de quejas contra el mal proceder de policías”, declaró en la entrevista.

Según sus declaraciones, el gobierno estableció protocolos de capturas y corrigió «las malas prácticas de policías o de militares que han abusado, violado derechos humanos o capturando personas por razones personales».

Ulloa reiteró que el gobierno ha liberado «a más de siete millones de personas que estaban atrapadas en sus casas por temor a las maras», al capturar a más de 85,000 personas señaladas de ser miembros de pandillas; y sostuvo que, gracias al estado de excepción, El Salvador tiene una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes.

La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) lleva un registro de 394 nombres de personas que han fallecido mientras estaban detenidos bajo custodia estatal luego de ser capturados bajo el régimen de excepción. Ingrid Escobar, representante del SJH, aseveró ayer que el 94 % de estos no tenía tatuaje ni antecedentes penales y el 6 % poseían tatuajes, habían sido pandilleros o tenían antecedentes penales.

Por otra parte, el informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) detalla que durante 2023 y 2024, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recibió 1,172 de denuncias de detenciones arbitrarias. De los 605 detenidos supuestamente de manera arbitraria en el último año, un total de 422 capturados –un 70 %– son hombres jóvenes entre 18 y 35 años, según datos publicados en el informe 2024 por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH).

El OUDH sí reconoció una disminución de homicidios durante el régimen de excepción, registrando en el último año una baja de 5.1 a 4 homicidios por cada 100,000 habitantes de 2023 a 2024, tomando en cuenta personas fallecidas en centros penitenciarios, osamentas y particulares fallecidos en enfrentamientos armados, datos que excluye el gobierno de su registro.

Con cifras del gobierno, el régimen de excepción lleva 85,900 capturas de «terroristas» hasta el 25 de abril pasado y 900 días sin homicidios hasta el pasado 4 de mayo.

El Ministerio de Vivienda y la Fiscalía General de la República (FGR) están trabajando en reformas a la

Ley especial para la regularización de lotificaciones y parcelaciones para uso habitacional, por «casos duros» que han enfrentado en el proceso de regularización de lotificaciones.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, aseguró que los equipos técnicos y legales de ambas instituciones se encuentran trabajando en un pliego de reformas a la normativa salvadoreña para casos complicados que han encontrado en las mesas de diálogo con las comunidades.

Uno de los casos «duros» que aún no han podido resolver se refiere a una comunidad que compró lotes en el terreno de un señor que al mismo tiempo les cobraba cuotas por los lotes e hipotecó el terreno al contratar un préstamo en un banco.

«Estamos trabajando en nuevas reformas, ya los equipos técnicos y legales del Ministerio de Vivienda, con los equipos técnicos y legales de Fiscalía para hacer reformas porque tenemos casos duros que resolver».

Michelle Sol, ministra de Vivienda.

Ahora, las autoridades tienen la dificultad para escriturar lotes que pagó la comunidad y que se encuentran en un terreno hipotecado por un préstamo al dueño original del terreno.

La ministra Sol indicó que las reformas irán orientadas a «poderle solucionar a las familias» afectadas por el uso «para dos fines» de ese terreno. «En el pasado, la gente actuaba de mala fe, a propósito para engañar, para robar», afirmó.

Las funcionaria explicó que hubo otras personas y funcionarios involucrados para permitir la hipoteca y señaló al anterior Centro Nacional de Registros (CNR): «Se prestaba a eso».

El Ministerio de Vivienda estima que más de 57,000 lotificaciones se han regularizado, de 350,000 familias afectadas por falta de escrituras de sus terrenos, es decir, el 16.2 %. En 2023, la Asamblea Legislativa reformó la ley para ampliar el plazo de los desarrolladores parcelarios para poder regularizar sus lotificaciones. La organización Comunidades de Fe Organizadas en Acción (Cofoa) aseveró que las reformas «desafortunadamente benefician más a los lotificadores».

La Asamblea Legislativa derogó este martes el artículo 30 de la «Ley especial sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos», que establecía criterios de priorización para asignar tejidos u órganos a trasplantar a los pacientes, entre ellos la «urgencia clínica» y el respeto al «principio del interés superior de los menores y adolescentes».

El artículo 30 derogado establecía siete criterios para priorizar la asignación de órganos, pero algunos de estos se retomaron en la reforma al artículo 29 de la normativa, que establece que los trasplantes serán avalados por el Comité Hospitalario de Donación y Trasplante de cada establecimiento de salud bajo los criterios de «aspectos territoriales, clínicos y de histocompatibilidad».

En la ley aprobada en 2022 se detallaba como criterios aspectos territoriales y clínicos, la gravedad del paciente, la urgencia clínica como «prioridad absoluta en todo el territorio nacional» y la decisión de la Junta de Delegados del CST (Consejo Salvadoreño de Trasplantes) sobre «qué paciente es el más indicado para recibir el órgano, basándose en los criterios clínicos de compatibilidad del grupo sanguíneo, características antropométricas, la gravedad del paciente, compatibilidad» y otras condiciones incluidas en el reglamento.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, intentó que se modificara el artículo 9 para revivir el criterio de prioridad en niños y adolescentes, por lo que propuso agregar en el artículo 9 de la reforma: «Los criterios se establecerán teniendo en cuenta aspectos territoriales, clínicos, de histocompatibilidad y respetando el interés superior de niños, niñas y adolescentes«.

Argumentó que si el criterio se mantiene la ley sería «más garantista para esta población especialmente que son niños y niñas adolescentes, más vulnerables». No tuvo votos.

El Ministerio de Salud emitió, el 15 de noviembre de 2024, su «Política nacional de donación y trasplante de células, tejidos y órganos humanos», publicada en el Diario Oficial del 18 de diciembre de 2024, según la cual uno de los principios será la «equidad», por lo que no atenderá a «consideraciones económicas o de otra índole».

«Las reglas de asignación definidas deberán ser equitativas, justificadas externamente y transparentes, valorando a la persona humana, sin importar diferencias económicas, culturales, sociales o de género», indica.

Según el Ministerio de Salud, el país tiene 52,102 personas con enfermedad renal crónica en diferentes fases, un 84.7 % en las fases 3, 4 y 5; y se tienen 3,382 pacientes en terapia en sustitución renal, 1,609 pacientes en diálisis peritoneal y 1,773 en hemodiálisis.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, considera que no existe una ley que avale la deportación y posterior reclusión de extranjeros de Estados Unidos a El Salvador, como ambos países practican desde el pasado 15 de marzo, cuando deportaron a 238 venezolanos que se mantienen en prisión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

“No hay una legislación aprobada que avale estas actividades. Hoy por hoy no ha venido a la Asamblea Legislativa que le dé un sustento jurídico a esa actividad que el Ejecutivo está realizando con personas extranjeras”, respondió el martes ante preguntas de periodistas sobre las respuestas del vicepresidente Félix Ulloa a un medio francés que lo entrevistó y en la cual aseguró que se trataba de un servicio de alojamiento penitenciario disponible en El Salvador para países extranjeros.

La legisladora también opinó sobre la entrevista que hizo El Faro a dos pandilleros del Barrio 18 que fueron liberados luego de ser arrestados durante el régimen de excepción. «La entrevista vierte información que teníamos previamente por otras fuentes. Quiero mencionar un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos cuando funcionarios del gobierno salvadoreño habían ayudado a escapar a (Élmer) Canales Rivera. Yo insisto en la propuesta que se hizo en 2023 de hacer una comisión especial de investigación porque los hechos que están en esta entrevista son sumamente graves», aseveró.

Se refirió a la afirmación que le habría realizado un funcionario a uno de ellos sobre ‘sin cuerpo no hay delito’.

«Vimos durante el 2022, ustedes mismos lo vieron, un incremento de casos de desapariciones alarmante y aunque pedían ayuda del Estado para buscar a los desaparecidos había una gran indiferencia, entonces, cuando menos esto hay que investigarlo. Si a la gente se le han llevado con una llamada anónima cuando no han tenido nada que ver, por un tatuaje artístico, porque es joven, porque andaba en esa comunidad pero no ha tenido nada que ver, bueno, aquí hay más que una llamada anónima, aquí hay señalamientos bien graves que se suman a otros que han estado previamente», insistió la diputada.

Ortiz exigió «justicia para las víctimas de las pandillas, justicia para las víctimas del Estado y justicia para los que son responsables de estos hechos».

¿Qué dice sobre los 900 días sin homicidios según el gobierno?

Un youtuber le preguntó a la diputada qué pensaba de los 900 días sin homicidios durante el gobierno de Nayib Bukele según cifras oficiales.

“Lo que deseamos es que esa tranquilidad y ese menor índice de criminalidad sea sostenible, que no sea frágil como son los pactos entre grupos de crimen organizado, que son cosas que han pasado en otros países y que han pasado en nuestro país con otros gobiernos. Queremos una paz sólida, que no exista violencia, pero también que exista justicia e instituciones que la defiendan de forma independiente y al mismo tiempo políticas de desarrollo para que las causas de la violencia y el crimen no se sigan reproduciendo y las podamos parar de tajo”, respondió la diputada

También le preguntó si estaba contenta con el pasaje de transporte colectivo gratuito anunciado por el Gobierno: “Yo estaría bien contenta si quitan la reserva del proyecto de Los Chorros porque así podríamos servir por qué estamos sufriendo todo este gran relajo que está afectando a toda la población», indicó.

El director distrital de San Pedro Nonualco, José López, renunció al cargo y denunció supuesta concentración de poder y recursos centralizados en el distrito de San Luis La Herradura, dentro del concejo de La Paz Centro, informó este martes el funcionario. «Los directores distritales como en mi caso tienen únicamente voz no voto», dijo.

Esta es la segunda renuncia de director distrital en ese municipio de La Paz Centro, luego de la primera, que se registró la semana pasada, cuando la directora distrital de Santiago Nonualco, Marvin de Canales, renunció argumentando que debía «ser coherente» con sus principios.

Armando Jirón fue elegido como alcalde de La Paz Centro pero, luego de ser capturado por supuestamente haber autorizado la quema de ramadas en la Costa del Sol, el concejo eligió a Miriam del Carmen Granados Minero como jefa edilicia.

«La administración en que el concejo municipal de La Paz Centro presidido por el alcalde electo concentra todas las decisiones, mientras que los directores distritales como en mi caso tienen únicamente voz, no voto».
José López, director distrital de San Pedro Nonualco.

López indicó otras de las limitantes en su cargo eran la centralización de los recursos en el distrito de San Luis La Herradura y la falta de una planificación coordinada, tomando en cuenta que los fondos designados para San Pedro Nonualco «han sido insuficientes y en varias ocasiones se entregaron con meses de retraso».

Criticó que, desde el inicio de la gestión, no hubo «espacios de diálogo ni reuniones estratégicas» con el concejo para plantearles las necesidades de las localidades. «Lo que hemos presenciado es la continuación de malas practicas por parte de las diferentes jefaturas, del alcalde y parte del concejo municipal sin apertura ni voluntad de transformación», afirmó.

Como subdirector distrital fungía Jonathan de León, quien habría sido despedido injustificadamente, lo que habría «agravado la situación», por «la imposición de un miembro activo de la dirigencia de Nuevas Ideas» de ese distrito como nuevo subdirector.