Categoría: Politica

  • Aumentan penas a homicidios, violaciones, estafas y robos, y crean delito de dilatación procesal

    Aumentan penas a homicidios, violaciones, estafas y robos, y crean delito de dilatación procesal

    La Asamblea Legislativa aumentó este viernes las penas de prisión para una veintena de delitos en El Salvador, estableciendo hasta 35 años de prisión por el delito de homicidio simple, hasta 60 años por homicidio agravado, hasta 20 años por robo y hasta 30 años de prisión por el delito de robo agravado.

    La reforma al Código Penal fue aprobado con 56 votos.

    El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, pidió aumentar más las penas para los delitos de homicidio simple y homicidio agravado, para mantener la «simetría» en los delitos cometidos contra la vida respecto a las nuevas penas para los delitos como hurto y robo. La modificación fue aprobada con 56 votos.

    En la reforma, se incluye el nuevo delito de «dilaciones procesales» que tendrá penas entre cuatro y ocho años de prisión, y que será aplicado tanto a la autoridad pública que retarde o permita el retraso de un proceso judicial indebidamente, así como para quienes en cualquier calidad dentro de un proceso judicial «paralicen el curso ordinario del proceso» con conductas negligentes o litigaciones temerarias que suspendan audiencias o interpongan recursos reiterativos, entre otros.

    Además, se permite la «excusa absolutoria», es decir, se eximiría la pena, una sola vez para una persona, a quien repare integralmente el daño en el delito de hurto.

    Las nuevas penas aprobadas en la reforma al Código Penal

    Homicidio simple: 25 a 35 años de prisión. Pena actual: de 10 a 20 años.

    Homicidio agravado: de 55 a 60 años de prisión cuando es ejecutado por funcionario público, autoridad pública, agente de autoridad o miembros de personal penitenciario, sea que se encuentren o no en el ejercicio de sus funciones. Para agravantes como alevosía, premeditación, veneno y motivos fútiles, se establecen las penas entre 35 a 40 años de prisión, y por agravantes como si la víctima es familiar, si el homicidio ocurriere para ocultar delitos de por ensañamiento, por precio, precedido de desaparición, las penas serán entre 45 y 50 años de prisión. Pena actual: de 30 a 50 años de prisión.

    Privación de libertad: 3 a 8 años de prisión. Actual: 3 a 6 años.

    Violación: 10 a 16 años de prisión. Actual: 6 a 10 años.

    Violación en menor o incapaz: 18 a 26 años. Actual: 14 a 20 años.

    Agresión sexual en menor o incapaz: 10 a 15 años de prisión. Actual: 8 a 12 años.

    Estupro: 5 a 13 años de prisión. Actual: de 4 a 10 años.

    Estupro por prevalecimiento: 8 a 17 años de prisión. Actual: 6 a 12 años.

    Hurto: 6 a 8 años si el valor es mayor a 200 colones. Actual: 2 a 5 años.

    Hurto agravado: 10 a 15 años de prisión por las agravantes, en las cuales se agregan: sobre objetos de infraestructura de servicio público o valor histórico, en estaciones de abordaje o servicio de transporte de pasajeros, de un vehículo automotor, de cinco o más cabezas de ganado, de uniformes de autoridad pública, entre otros. Actual: 5 a 8 años.

    Robo: 10 a 20 años de prisión. Actual: 6 a 10 años.

    Robo agravado: 20 a 30 años si en el hecho interviene un funcionario, empleado público o municipal, agente de autoridad, autoridad pública o servidor público. Actual: 8 a 12 años.

    Receptación: 6 a 10 años de prisión. Actual: 6 meses a 2 años.

    Conducción de mercaderías de dudosa procedencia: 6 a 10 años de prisión. Actual: 2 a 4 años.

    Proposición y conspiración (de robo, receptación, extorsión): Mitad del mínimo y el mínimo de la pena. Actual: igual pena que los delitos.

    Uso ilícito de vehículo automotor: 2 a 5 años de prisión. De 5 a 8 años por el uso de vehículo hurtado o robado en la ejecución de un delito.

    Estafa: 5 a 8 años si la defraudación es mayor a 200 colones. También, cometen este delito quienes usen tarjetas de crédito o débito en perjuicio de su titular o un tercero, sustraer producto financiero o instrumento distinto del efectivo para facilitar un delito. Actual: 2 a 5 años.

    Estafa agravada: de 8 a 15 años de cárcel. Si el valor supera los 87,500 colones o afecte a 10 personas o más, si es cometida en distrito distinto al domicilio del autor o intervengan una o más personas de organizaciones terroristas. Actual: 5 a 8 años.

    Daños: de 2 a 5 años de prisión. Actual: 6 meses a 2 años.

    Daños agravados: de 5 a 10 años de prisión. Actual: 2 a 4 años.

    Dilataciones procesales: 4 a 8 años de prisión. Se impondrá a la autoridad pública y también se considerará autores de este delito y se les impondrá la misma pena quienes actuando en cualquier calidad paralicen el curso ordinario del proceso o procedimiento, a través de actuaciones de mala fe o procesal, litigación temeraria, interposición de recursos reiterativos, entorpecimiento u obstrucción de la realización de un acto procesal.

  • Aprueban Ley Anticorrupción: NI envía saludos a quienes "andan" en el exterior, oposición pide investigar casos CICIES

    Aprueban Ley Anticorrupción: NI envía saludos a quienes «andan» en el exterior, oposición pide investigar casos CICIES

    Con 59 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este viernes una Ley Anticorrupción que crea un sistema y un centro anticorrupción que sería dirigido por la Fiscalía General de la República (FGR) y le da acceso directo en tiempo real a información de todas las instituciones parte del sistema.

     

    A favor de la normativa votaron los diputados de Nuevas Ideas, PCN, PDC y Arena. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se abstuvo.

    La ley obligará a los funcionarios y empleados públicos a declarar sus activos o bienes que posean, además de sus pasivos, todas sus deudas, al Ministerio de Hacienda. Estos «informes de activos y pasivos» serán declarados cada año a partir de 2025 y serán publicados por Hacienda, luego de 15 días de ser presentados.

    La nueva obligación no suprime la obligación ya existente de los funcionarios y empleados públicos de declarar patrimonio ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, establecida en la «Ley sobre el enriquecimiento ilícito», que está vigente desde el año 1959 en que se aprobó.

    Un fuerte saludo a todos aquellos que andan por Guatemala, que se fueron a México, Nicaragua, que están en Italia o Alemania porque jamás van a prescribir sus delitos y hasta allá va a llegar el brazo de la ley.
    Christian Guevara (Nuevas Ideas).

     

    Actualmente, las declaraciones patrimoniales de Probidad no son públicas y en 2021 en Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) cerró acceso a las adendas patrimoniales de los funcionarios.

    Con la Ley Anticorrupción, la Corte de Cuentas de la República remitirá todos «los informes de auditorías con hallazgos y observaciones» a la Fiscalía General de la República, así como toda la información que le requiera la Fiscalía.

    También establece la «obligación» de toda persona de denunciar contra empleados y funcionarios «contra quien tenga pruebas» de delitos de corrupción.

    La ley anticorrupción no solamente se enfoca a quienes incurran en prácticas corruptas sino que también en prevenir, que es lo más importante. Esta ley le da a la población salvadoreña una llave que antes no tenía.
    Raúl Chamagua (Nuevas Ideas).

     

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, exhortó al gobierno a quitar la reserva de información pública relacionadas a denuncias de corrupción en el actual gobierno y recriminó la eliminación de la Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador (Cicies) en junio de 2021, así como la mención de funcionarios en la Lista Engel.

    «Ustedes mismos, colegas diputados, han aprobado leyes que prácticamente permiten grandes espacios para la corrupción, por ejemplo, reformar leyes de compras públicas para que los mismos funcionarios públicos puedan vendarle al Estado».
    Claudia Ortiz (Vamos).

     

    La legisladora reclamó también la creación de esquemas de contrataciones públicas para que las sociedades anónimas puedan ser contratistas del Estado sin que sus integrantes sean conocidos públicamente, ejemplificó la Constructora El Salvador, S.A. de C.V., cuyos «accionistas son un secreto».

    Los tres órganos que componen el Estado salvadoreño, desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, aquí no se hace excepción de nadie, las 44 alcaldías, las 87 autónomas, los 17 ministerios, todos, deberán presentar la información que requiere esta ley para determinar si cumplen o no con lo establecido. Y el que no cumpla simple y sencillamente deberá responder ante la justicia.
    William Soriano (Nuevas Ideas).

     

    El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que en los anteriores gobiernos nunca hubieran aprobado una ley similar.

    «La guerra contra la corrupción ha dado un paso fuerte, un paso bastante grande, eso es lo que le vamos a heredar a las nuevas generaciones, ese es mi compromiso», dijo el diputado cian.

    El legislador opositor, Francisco Lira, también pidió levantar la restricción en el acceso a la información pública que tienen todas las instituciones del Estado y opinó que el problema no es de falta de leyes.

    El Centro Nacional Anticorrupción va a perseguir los casos de esos funcionarios que han llegado a enriquecerse antes, durante y después de su gestión pública. Esperaría que se pudiera desempolvar todos esos casos de la extinta Cicies, será importante conocer el caso Catedral. Francisco Lira, diputado de Arena.

     

    La diputada Marcela Villatoro, de Arena, recordó que la aprobación de la ley obedece al acuerdo entre el gobierno para un financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de $1,000 millones, así como se desactivó «prácticamente» la Ley Bitcoin.

    Villatoro celebró que se investigue el delito de «tráfico de influencias», incluido en la reforma al Código Penal, ya que «durante la pandemia, se dieron casos de personas, miembros del gobierno, que obtuvieron contratos para beneficio propio. Estas personas deberían comenzar a ser procesadas».

    Añadió que nueva Ley Anticorrupción también habla del «nepotismo». «Eso quiere decir que las personas que se pongan a contratar a sus amigos, maquillistas, amigos que no tienen años en la cosa pública, modelos, cantantes, no podrían ser contratados en las instituciones de Gobierno, por lo tanto, también deberían seguir el proceso que dice esta Ley Anticorrupción», añadió.

    La legisladora aseguró que un funcionario del actual gobierno «no tenía ni para hacerle aceite al carro» y «de repente dueños de talleres en Santa Elena y hoy desaparecido». Pidió que, en el futuro, no se hagan excepciones en la publicación de los informes de activos y pasivos que deberán presentar los funcionarios.

    Qué bueno que se va a combatir la corrupción. Últimamente hemos conocido casos de personas que han tenido contratos de más de 25 años y que son de más de medio millón de dólares y que después de 11 meses ya los pagaron, entre otras cosas como ocupar la banca estatal para obtener préstamos para mí, mis familiares, ¿por qué?, porque para eso está la banca privada.
    Marcela Villatoro (Arena).

     

    Posteriormente, el diputado Caleb Navarro, sujeto de fracción de Nuevas Ideas, aseguró que no están discutiendo la reforma al Código Penal.

  • Asamblea autoriza préstamo del BID por $60 millones para infraestructura de datos

    Asamblea autoriza préstamo del BID por $60 millones para infraestructura de datos

    La Asamblea Legislativa aprobó este viernes la autorización para que el Ministerio de Hacienda firme un contrato de préstamo por $60 millones destinado al «Programa para el desarrollo de la infraestructura de datos de El Salvador» financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

    Los fondos serán destinados a la adecuación y equipamiento del edificio para el Centro de Datos del Estado y la capacitación de especialistas en infraestructura digital, con «un enfoque especial en mujeres, niñas y personas con discapacidad».

    Según el BID, con el proyecto se beneficiaría a 57 instituciones públicas, 1,140 trabajadores de tecnologías de información y 10,000 funcionarios públicos, y permitiría que todas las instituciones del Estado accedan a la «nube del Estado», aumentando la disponibilidad de servicios en línea y mejorando la gobernanza.

    Los legisladores también aprobaron cuatro garantías soberanas del Estado de préstamos de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) ya adquiridos de 2008 a 2022, por $57.5 millones, $100 millones, $301 millones y $163 millones.

    Estos préstamos fueron otorgados por el BCIE y no tenían garantía soberana del Estado, y sus fondos fueron destinados a proyectos como la expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre, «capital de trabajo», a Inversiones Energéticas (INE), LaGeo, Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal) y Compañía Eléctrica Cucumacayán (CEC); y a la central hidroeléctrica en el río Torola, San Miguel.

  • Vamos renuncia a la deuda política y pide reorientar fondos a estas escuelas

    Vamos renuncia a la deuda política y pide reorientar fondos a estas escuelas

    El partido político Vamos anunció este viernes que renuncia a solicitar ante el Ministerio de Hacienda la deuda política política, es decir, el financiamiento público por los votos obtenidos en las elecciones de 2024.

    La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, aseguró que han renunciado a este derecho aún reconocido por la Constitución de la República y la Ley de Partidos Políticos para solicitar que los fondos sean reorientados a la reconstrucción de escuelas en San Salvador y La Libertad.

    Rivas aseveró que «no existe registro alguno en el Ministerio de Hacienda, donde alguien pueda decir «Vamos ya solicitó la deuda política de las elecciones 2024″, no lo hemos hecho y no lo hicimos antes porque no hubo documentación alguna entregada» por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

    «Para que la ciudadanía sepa: como Vamos renunciamos a pedir la deuda política, a solicitarla ante el Ministerio de Hacienda, menos a cobrarla».

    **Cesia Rivas, secretaria general de Vamos.**

    Advirtió que, si el Tribunal Supremo Electoral pensaba que, con no entregarles documentos, retrasarían la entrega de la deuda política, les anunciaba que renuncian a dicho financiamiento público. «Les queremos decir como Vamos renunciamos a la deuda política», fueron sus palabras.

    Por su parte, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, aseguró que está medida responde a sus principios del gasto «racional» de los fondos públicos, por ello, pide que los fondos de la deuda política se mantenga en el fondo general y se usen para realizar reparaciones en siete escuelas públicas de San Salvador y de La Libertad, departamentos donde obtuvo más votos el partido.

    «Esa decisión que hemos tomado como partido está basada en nuestro compromiso con la transparencia y con el uso racional de los fondos públicos».

    **Claudia Ortiz, diputada de Vamos.**

    La diputada Ortiz aseguró que cree en un futuro en el que los partidos «no necesiten millones para representar a la gente» y en una política «integra y austera». «Esta es la primera vez en la historia de El Salvador, que un partido político renuncia a cobrar la deuda», afirmó.

    Ortiz pidió que los $322,000 que le corresponden a Vamos en concepto de deuda política sean reorientados para reparar las siguientes escuelas:

    Centro Escolar «Juana López» en San Salvador.
    Centro Escolar «Concha Viuda de Escalón» en San Salvador.
    Centro Escolar «Benjamín Sol Millet» en San Salvador.
    Complejo Educativo «Juan Ramón Jiménez» de San Salvador.
    Complejo Educativo «República de Perú» en San Salvador.
    Centro Escolar «Marcelino García Flamenco» de Santa Tecla, La Libertad.
    Centro Escolar «Arturo Ambrogi» en Lourdes Colón, La Libertad.

    El presidente de la República, Nayib Bukele, solicitó a través de redes sociales que los diputados de la Asamblea Legislativa reformen la Constitución de la República para eliminar la deuda política.

    La Asamblea Legislativa aprobó el 29 de enero una reforma que permitirá realizar reformas exprés a la Constitución de la República, un proceso que exige actualmente la votación de dos legislaturas distintas.

    Los diputados oficialistas han augurado que reformaron este artículo constitucional con el objetivo de eliminar la deuda política pero organizaciones proyectan que el objetivo del gobierno es «trastocar» la Constitución en cualquiera de sus artículos, que mantienen aún sus disposiciones que exigen alternabilidad en el ejercicio del poder presidencial.

    De los $38 millones de deuda por las elecciones de 2024, al menos $27 millones le corresponderían a Nuevas Ideas. Hacienda no ha informado si ya los desembolsó.

    La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, anunció este viernes que el partido renuncia a cobrar la deuda política de las elecciones de 2024. En su lugar, piden reorientar fondos para reparar escuelas.

    Video: @verocrespin pic.twitter.com/FxktlkduUE
    February 7, 2025

  • El Salvador y otros países adoptarán compromiso contra el tráfico ilegal de armas ante la OEA

    El Salvador y otros países adoptarán compromiso contra el tráfico ilegal de armas ante la OEA

    Ministros de seguridad y altas autoridades de seis países de Centroamérica y República Dominicana firmarán la próxima semana ante la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, una iniciativa conjunta contra el tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos.

    Con el acuerdo, se comprometen a realizar programas de prevención de la violencia, mejorar el control del ciclo de vida de las armas, mejorar las capacidades para la investigación y persecución penal, fortalecer controles fronterizos, crear unidades especializadas en tráfico de armas e implementar sistemas de rastreo efectivos.

    Los funcionarios se comprometerán a cumplir una «hoja de ruta para prevenir el tráfico y la proliferación ilícita de armas, municiones y explosivos», para las capacidades y coordinación entre los Estados.

    La iniciativa es impulsada por la OEA con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec), con el apoyo financiero de la Unión Europea.

    El evento contará con la participación del secretario general de la OEA, Luis Almagro; la alta representante para Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, Izumi Nakamitsu; el ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez; el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Alexis Abrego; la ministra de Interior y Policía de República Dominicana, Faride Raful; y el subsecretario de Seguridad en Prevención y Derechos Humanos de Honduras, Hugo Suazo.

    El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro está por confirmar comunicó la OEA.

    La OEA informó que asistirán la directora general de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, María Eugenia Mata Chavarría; y la jefa Ejecutiva del Ministerio de Asuntos Internos e Industrias de Nuevo Crecimiento de Belize, Sharole Carr Saldívar.

  • Deportaciones no han sido masivas y se mantienen en número habitual desde llegada de Trump, dice vicecanciller

    Deportaciones no han sido masivas y se mantienen en número habitual desde llegada de Trump, dice vicecanciller

    La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, descartó el miércoles que estén ocurriendo deportaciones masivas de salvadoreños durante las primeras semanas de la nueva administración de Donald Trump.

    Analistas preven que puede haber hasta 500,000 deportados anualmente durante los primeros dos años del nuevo gobierno norteamericano.

    La vicecanciller Mira aseguró ayer a medios de comunicación que están recibiendo los vuelos «habituales» con salvadoreños deportados desde Estados Unidos, pero que no constituyen deportaciones masivas como las anunciadas por el presidente Trump durante su campaña.

    Una periodista consultó a la funcionaria: «¿Es decir que vuelos con deportados a partir del 20 de enero para acá no han tenido?», a lo que la viceministra Mira aseguró que «han venido regular», pero no de forma masiva.

    «O sea, han venido regular los (ordinarios), pero no en esa deportación masiva que ha sido anunciada en otros países, definitivamente que no».

    Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores.

    La funcionaria aseguró a los medios de comunicación que han estado en «constante colaboración con el Departamento de Estado de los Estados Unidos» y sostuvo que «ha sido muy poco» el flujo de migrantes salvadoreños deportados.

    Además, exhortó a los medios de comunicación y salvadoreños para informarse sobre este tema a través de los medios oficiales, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República.

    «En este momento, en el esquema que ha sido planteado por el presidente Trump, nosotros no hemos recibido», aseguró Mira, quien se negó a detallar la cantidad de vuelos semanales que recibe el país con salvadoreños deportados.

    Según los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) solo durante 2024 se deportaron a 15,284 salvadoreños con estatus irregular en el país norteamericano. El tercer año con más deportaciones desde 2018.

    El experto en migración y política exterior, Napoleón Campos, aseguró a finales de enero que basados en los anuncios del presidente Trump para su segundo mandato, prevé que al menos 500,000 salvadoreños sean deportados anualmente durante los primeros dos años de la nueva gestión Trump.

  • Más de 15,000 pasaportes fueron emitidos en enero de 2025

    Más de 15,000 pasaportes fueron emitidos en enero de 2025

    Más de 15,000 pasaportes fueron emitidos por los salvadoreños en el exterior solo durante el mes de enero de 2025 en los consulados y embajadas, según los datos de la Dirección General del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

    El Observatorio Digital sobre Movilidad Humana de Cancillería revela que la cantidad de documentos de viaje emitidos en el primer mes de 2025 fue de 15,023 mientras que en el mismo período de 2024 fue de 16,552.

    Lo que representa una disminución de 1,529 pasaportes equivalentes a una disminución del 9 % entre los pasaportes emitidos en 2024 y 2025 respectivamente. Enero de 2024 fue un mes previo a las elecciones de presidenciales y legislativas en las que los salvadoreños con pasaporte en el exterior pudieron votar por la modalidad electrónica presencial.

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    El portal de Cancillería no detalla en qué consulados o embajadas se han emitido los pasaportes de los salvadoreños. Aunque sí indica que en los primeros seis días de febrero, se han tramitado 2,221 pasaportes.

    La emisión de estos documentos aumentó un 19 % durante 2024 en comparación con el año anterior. Según las cifras de Cancillería, al menos 197,458 pasaportes fueron emitidos en el extranjero en 2024, mientras que solo 166,574 durante 2023.

    Requisitos para tramitar el pasaporte:

    • Documento Único de Identidad (DUI) original y vigente.
    • Comprobante de pago.

    Hay al menos siete países que poseen impresión inmediata de pasaportes de acuerdo a información de Cancillería: India, Turquía, Israel, Japón, Australia, Corea del Sur y China. Cancillería estima que más de 1.1 millones de pasaportes han sido emitidos en el exterior desde 2019.

    El trámite del pasaporte salvadoreño cuesta $35 en el extranjero y de $25 en el territorio nacional. Los salvadoreños con pasaporte pueden usar el voto electrónico presencial, según indica la ley para el ejercicio del sufragio en el extranjero.

  • Imputados podrían pasar en detención provisional indefinidamente "en algunos casos", advierten abogados

    Imputados podrían pasar en detención provisional indefinidamente «en algunos casos», advierten abogados

    La reforma al al artículo 8 del Código Procesal Penal aprobada el miércoles y que establece la privación de libertad, podría provocar que el imputado pase en detención provisional el tiempo de la pena, o la mitad de años del delito más grave, si el juez o el fiscal lo requieren, advirtieron abogados.

    El abogado penalista, Carlo Avelar explicó sobre la reforma en el artículo 8 que habla sobre la detención provisional y es que la modificación establece que, si bien el plazo de detención provisional para delitos menos graves es de 12 meses y el de delitos graves de 24 meses máximo, esto podría no aplicarse y extenderse el plazo cuando un juez o un fiscal lo requieran.

    “Por ejemplo, en el caso del régimen (de excepción) son más de 80,000 casos y la mayoría de ellos no han llegado a sentencia, entonces se van a extender los plazos, van a aplicar que cuando sea motivada la resolución va a poder estar en detención el tiempo que sea necesario, porque no existe un techo seguro en algunos casos por ejemplo en extradición, ahí no hay certeza del tiempo que pueda tardar”, explicó el abogado.

    La reforma afirma que: “…en ningún caso podrá sobrepasar las penas o medidas máximas previstas en la ley, ni exceder los plazos de 12 meses para los delitos menos graves y de 24 meses para los delitos graves. Excepcionalmente y mediante decisión judicial debidamente fundada emitida de oficio o a petición del fiscal no se aplicará esta regla mediante la realización de actos o diligencias de duración prolongada tales como peritajes, pericias complejas, conflictos de competencia, asistencia legal, mutua activa en materia penal y mientras dure el trámite de extradición activa o pasiva”.

    Entonces, según el abogado Avelar, «a petición del juez o la fiscalía, bajo resolución motivada no aplicarán esos plazos, entonces van a extender y podrán irrespetar los plazos de 12 y 24 meses. Tiene que ver mucho en los casos de agrupación ilícita y crimen organizado que van a durar años».

    Según la reforma, la detención provisional también podrá extenderse “mediante resolución fundada por el equivalente de la medida pena dispuesta, para el delito imputado y en caso que se imputen varios delitos, por la mitad de la pena señalada en el delito más grave durante o como efecto de trámite en los recursos de sentencia condenatoria…”.

    El abogado penalista explicó que, con la reforma, si el delito por el que ha sido imputado tiene una pena de cinco o diez años, podría pasar ese tiempo en detención provisional.

    El miércoles también se aprobaron un pliego de otras reformas al Código Procesal Penal, entre ellas al artículo 417, sobre la admisión para un proceso abreviado.

    La reforma incluye un cambio total al numeral 3 de ese artículo en donde establecen que podrá proponerse el procedimiento abreviado cuando “el imputado rinda voluntariamente confesión judicial o extrajudicial detallando las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión de los delitos atribuidos y que señale a los copartícipes y cómplices en caos los hubiere; así como los elementos de prueba que faciliten la comprobación de los hechos del proceso en su contra o de otros que tuviere conocimiento”.

    Esta reforma, según el abogado litigante Waldo Feusier es “la más preocupante”.

    “De todas las reformas presentadas, esta me parece la más preocupante. Convierte cada procedimiento abreviado, y cada persona que opte por uno, en un «criteriado» listo para condenar miles de personas. Creo que la reforma tiene dedicatoria: El régimen de excepción y sus condenas”, cuestionó el abogado en su cuenta de X.

    Estas reformas fueron dictaminadas favorables por los diputados de la Comisión, por lo que serían aprobadas en pleno este viernes 7 de febrero.

  • Estos son los delitos con más aumentos de penas que aprobaron los diputados

    Estos son los delitos con más aumentos de penas que aprobaron los diputados

    El proyecto de reformas al Código Penal que llegó a la Asamblea Legislativa en julio de 2024 que entró a la Asamblea en julio de 2024 por iniciativa del ministro de Justicia y Seguridad Pública solo contemplaba aumentos de penas para delitos patrimoniales.

    El proyecto fue retomado el miércoles en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, de la Asamblea Legislativa con modificaciones para aumentar penas, no solo a delitos patrimoniales, sino también a otros delitos como homicidio simple, violación, agresión sexual en menor incapaz.

    «Esta propuesta ya había sido estudiada, debatida y se ha hecho una nueva redacción, no la redacción que se trajo en un primer momento, sino una nueva redacción con todos los argumentos de cada una de las personas que ha venido que ha traído argumentos y que ha justificado esta nueva manera de redactar el descongestionamiento de los tribunales», explicó el diputado secretario de la Comisión, Walter Coto, de Nuevas Ideas.

    En primer lugar modifican el romano IV en el que solo establecía sobre la protección a los bienes jurídicos relativos al patrimonio privado y le agregan «a los bienes jurídicos relativos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, la libertad sexual y el patrimonio»… considerando también el aumento de penas para algunos delitos con mayor incidencia delictiva.

    Así, los delitos que agregaron en la nueva redacción de reformas al Código Penal con los aumentos de penas son:

    Homicidio simple artículo 128: El que matare a otro será sancionado con prisión de quince a veinte años. Aumenta a de 20 a 26 años.

    Lesiones agravadas artículo 145: Si en los casos descritos en los artículos anteriores, concurriere alguna de las circunstancias del homicidio agravado, la sanción se aumentará hasta en una tercera parte de su máximo.

    Cambia a: La sanción se aumentará con una pena que se fijará entre la mitad del mínimo y el mínimo.

    Privación de libertad artículo 148: El que privare a otro de su libertad individual, será sancionado con prisión de tres a seis años. Cambia de 3 a 8 años.

    Violación artículo 158: El que mediante violencia tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con otra persona, será sancionado con prisión de ocho a doce años. Aumenta de 10 a 16 años.

    Violación en menor o incapaz articulo 159: El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de quince años de edad o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de catorce a veinte años. Aumenta de 18 a 26 años

    Reforma al inciso primero y final del artículo 161
    Agresión sexual en menor o incapaz artículo 161:
    La agresión sexual realizada con o sin violencia que no consistiere en acceso carnal, en menor de quince años de edad o en otra persona, aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de ocho a doce años. Aumenta de 10 a 15 años

    Quien mediante engaño coloque en estado de inconsciencia a la víctima o la incapacite para resistir, incurrirá en la misma pena, si realiza la conducta descrita en el inciso primero de este artículo. Si concurriere cualquiera de las circunstancias señaladas en el inciso tercero del artículo anterior, la sanción será de catorce a veinte años de prisión. Aumenta de 18 a 26 años

    Estupro artículo 163: El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal mediante engaño, con persona mayor de quince y menor de dieciocho años de edad, será sancionado con prisión de cuatro a diez años. Aumenta de 5 a 13 años

    Estupro por prevalimiento artículo 164: El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con persona mayor de quince y menor de dieciocho años de edad, prevaliéndose de la superioridad originada por cualquier relación, será sancionado con prisión de seis a doce años. Aumenta de 8 a 10 años.

    Sobre los delitos al patrimonio que ya estaban contemplados en el proyecto inicial los delitos con más incrementos de penas son robo que se castiga con penas de seis a diez años y aumenta a de diez a 20 años y el robo agravado que contempla penas de ocho a 12 años y con la reforma aumenta a de 20 a 30 años.

    En robo agravado que es el artículo 213 se agrega el numeral 4) «Si en el hecho interviniere un funcionario, empleado público o municipal, agente de autoridad, autoridad pública o servidor público.

    El expediente con todas sus reformas fue dictaminado favorable y sería aprobado en la plenaria de este viernes 7 de febrero.

  • EEUU no pretende "alejarse" de la ayuda exterior, pero buscaría programas que pueda "defender"

    EEUU no pretende «alejarse» de la ayuda exterior, pero buscaría programas que pueda «defender»

    Estados Unidos no buscaría alejarse de financiar ayuda extranjera para diferentes programas, sin embargo, buscaría que la misma sea otorgada a proyectos que «puedan defender, explicar y justificar».

    El gobierno estadounidense suspendió la ayuda extranjera por 90 días.

    El secretario de Estado, Marco Rubio, habría aceptado frente a los más de 200 empleados de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, que «Estados Unidos no se está alejando de la ayuda exterior» y aseguró que van «a seguir proporcionándola» y participando en programas, según una transcripción parcial a la que el medio CBS News tuvo acceso.

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    Pero Rubio destacó que para financiar proyectos, deben ser programas que puedan «defender, explicar y justificar» porque sino ponen «en peligro la ayuda exterior», tomando en cuenta que este es «el gasto menos popular del gobierno» norteamericano.

    «Estados Unidos no se está alejando de la ayuda exterior. No lo está haciendo. Vamos a seguir proporcionando ayuda exterior y participando en programas, pero tienen que ser programas que podamos defender».
    Marco Rubio, secretario de Estado.

    De acuerdo a la transcripción publicada por CBS News, Rubio explicó a los empleados que las medidas sobre ayuda exterior no se «tratan de política» sino que no es un gasto popular y recordó que él personalmente ha «pasado mucho tiempo» defendiéndola aunque reconoció que «es cada vez más difícil hacerlo».

    «Quienes estamos a cargo de la política exterior entendemos que es esencial» la ayuda exterior, afirmó Rubio ante los empleados de la Embajada, cuya visita se realizó este miércoles como parte de su primer viaje internacional a países como Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana.

    El 20 de enero, mismo día que asumió la presidencia, el mandatario estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para pausar por 90 días toda la asistencia exterior que brinda Estados Unidos. La medida fue notificada esa misma semana a instituciones salvadoreñas.

    Sin embargo, el secretario Rubio se reunió este lunes con el presidente Bukele y aseguró que Estados Unidos descongelará fondos para El Salvador en cuanto a una unidad de análisis de pasajeros y otra de seguridad fronteriza, además, de que se mantendrían «muchas» funciones de USAID en el país.