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El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció la noche del lunes que el Gobierno ya transfirió más de $12 millones a los empresarios del transporte colectivo como compensación por ofrecer el servicio gratuito durante siete días consecutivos en todo el país.

«En estos momentos, estamos realizando el pago de más de 12 millones de dólares a los dueños de las unidades del transporte público. Este pago corresponde al 100% de la ocupación (en toda hora) de todas las unidades de transporte público en nuestro país, durante los siete días de transporte gratuito. Es decir, hemos pagado por hoy, por mañana, por pasado mañana y por cada día hasta el domingo», anunció Bukele en redes sociales.

«Por tanto, no existe ninguna justificación para no brindar un servicio eficiente y digno a la población. Tampoco hay excusas válidas para no pagar el salario correspondiente a los más de 12,000 motoristas del sistema de transporte de pasajeros. Así que esperamos que mañana circulen TODAS las unidades, que se detengan en TODAS las paradas, que atiendan a TODAS las personas y que completen sus recorridos de manera ÍNTEGRA. No existe ninguna excusa para no hacerlo», agregó el mandatario.

El mandatario aseguró que por primera vez en la historia del subsidio al transporte, el Estado está al día con todos los operadores.

«Ahora les corresponde a los transportistas cumplir también. De lo contrario, se tomarán medidas sumamente drásticas», advirtió Bukele, quien demandó que todas las unidades circulen, se detengan en todas las paradas, atiendan a todos los pasajeros y completen los recorridos.

Más temprano, los representantes de la Mesa Nacional de Transporte confirmaron un acuerdo económico con el Viceministerio de Transporte (VMT), tras el decreto de transporte gratuito. Luis Regalado, portavoz del gremio, aseguró que la mitad del monto pactado sería abonado este mismo lunes para garantizar la operación continua.

«Esperamos que se lleve a cabo así como se ha hablado con ellos», señaló Regalado, quien también reconoció que hubo algunas dudas entre motoristas sobre los pagos diarios durante el período sin cobro, pero dijo que ya se estabilizó el servicio en las rutas afectadas.

El empresario afirmó que el 100 % de las unidades de autobuses y microbuses ya operan bajo el esquema gratuito y que esperan el cumplimiento total del acuerdo económico con el Gobierno, aunque no detalló el monto final convenido.

Sin embargo, el anuncio de los pagos coincidió con la detención de cinco empresarios del transporte colectivo, lo que generó críticas entre los transportistas.

«Todavía tenemos un poco de interrogantes de qué ha pasado con los compañeros detenidos», dijo Regalado,

Los detenidos son los empresarios Genaro Ramírez, de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS); José Alejandro Arriaza, vicepresidente de la ruta 202 de Ahuachapán; Alexander Sorto, presidente de la Mesa Nacional de Transporte y empresario de la ruta 205 de Sonsonate. Así como a los empresarios Nelson David Moreno, de la ruta 79, y Abel Reina, de la ruta 125 y 140 de San Martín.

La Policía Nacional Civil confirmó la detención de cinco empresarios del transporte por no dar el servicio «con normalidad» o por cobrar el pasaje, publicaron en su red social de X.

«Serán remitidos por incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y extorsión», aseveró la corporación policial en su publicación acompañada de las fotografías de los empresarios detenidos.

Diputados de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente dictaminaron favorablemente una iniciativa de reforma a ley especial de trasplante de células, tejidos y órganos humanos.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, explicó a los diputados que se necesitan las reformas para «continuar desarrollando el trabajo de trasplantes a nivel nacional y para ello se requiere ajustar aspectos técnicos de la ley, que en su mayoría son de forma y las de contenido para armonizar con la mejor evidencia científica disponible».

Dentro de las reformas queda establecido que cada hospital donde se realice un trasplante deberá contar con el Comité Hospitalario de Donación y Trasplante.

Se modifican conceptos como el de aloinjerto y alogénico, se cambia el concepto de donante cadavérico por donante fallecido quedando de la siguiente forma: A quien se le realiza la extracción de órganos u otras piezas anatómicas posterior a la comprobación de muerte cuando se basa en la existencia de irreversibilidad de muerte encefálica o muerte circulatoria, certificadas por personal capacitado; Además, se consideran aquellos que tienen como máximo cinco minutos de paro cardio respiratorio, que se ha revertido, pero se mantiene el criterio anterior.

En la reforma se elimina que «si el paciente no ha expresado su voluntad de donar, la familia hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, podrá autorizar la donación».

También se reforma el artículo 21 que habla sobre Donación en muerte encefálica que se establecerá basándose en valoración por estudio de imágenes iniciales, por criterio clínico que refleje ausencia de reflejos del tallo encefálico y por estudios de imágenes o estudio electrofisiológico ambos en caso de ser necesario.

También se reforma el artículo 23 que se refiere a la cantidad de personas que pueden autorizar el trasplante del fallecido cuando el en vida hubiera expresado su voluntad explícita de donante y solo podrán ser los padres, hijos, hermanos y cónyuges, explicó el ministro de Salud.

El funcionario dijo que la población de pacientes con insuficiencia renal crónica llega a 52,102 personas, «en el país una de las complicaciones más complejas es la insuficiencia renal y es donde el trasplante puede llegar a dar solución a la calidad de vida».

Dirigentes de partidos políticos opositores criticaron las capturas de los transportistas realizadas este lunes por la Policía Nacional Civil (PNC), luego que presuntamente ciertas unidades de autobuses no brindaran el servicio completo a los salvadoreños, mientras el Gobierno anunció que esta semana el transporte será gratis para todo el país.

La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, explicó a Diario El Mundo que solo el Órgano Judicial puede juzgar, por ello, considera que «es ilegal» lo que está haciendo el presidente de la República, Nayib Bukele, en ordenar capturas de transportistas por advertir capturas de empresarios que no brindaran el servicio con todas las unidades.

La PNC confirmó la captura de cinco empresarios transportistas: Genero Ramírez, Abel Reina, José Arriaza, Nelson Moreno y Alex Sorto.

«El tiempo nos dirá si su intención real es nacionalizar el transporte público. Al final debido a su improvisación es la gente la que termina pagando, y no ve soluciones a corto y largo plazo de sus necesidades».

Cesia Rivas, secretaria general de Vamos.

Rivas cree que las capturas deben servir «como un espejo» para quienes «se creen intocables, y que creen que el abuso de poder no los alcanzará». Asimismo, señaló que el gobierno improvisa las medidas e incumple la ley a su antojo «y que no respeta la independencia de poderes». «Dice que ¿nadie está por encima de la ley´, pero sus acciones indican que ese mandato no aplica para él ni para sus funcionarios», afirmó.

FMLN critica «caos»

Por su parte, el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel «El Chino» Flores, aseguró la improvisación del transporte gratis para este lunes generó “caos, caos y más caos» y considera que «fue una improvisación tan terrible que lo que ha hecho es poner al país en otro problema», tomando en cuenta que la escasez de autobuses y microbuses ha dejado varados a muchos salvadoreños.

Flores criticó al gobierno por querer resolver el problema «con amenazas» y especula que el Estado estaría pensando en «hacer su propia empresa privada» para el transporte colectivo tomando en cuenta que las autoridades esperan este año el arribo de los 1,500 buses chinos. El gobierno también ha gestionado otros 1,500 buses chinos adicionales y 5,000 indios.

«Ahora quieren resolver con amenazas, metanlos presos al final van a hacer su propia empresa privada, ya van a ver, con los buses que ya vinieron. Así como el tema de la recolección de basura, privado, el famoso ANDRES».

Manuel «El Chino» Flores, secretario general del FMLN.

Por otro lado, la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Marcela Villatoro, dijo a El Mundo que considera que las capturas son «cortinas de humo» cuando lo que los salvadoreños realmente quieren «son soluciones a la problemática de Los Chorros».

«Genaro (Ramírez) es otra cortina de humo más para no enfrentar el verdadero problema», añadió.

La legisladora de derecha insiste en «reducir la cantidad de personas en la calle» facilitando el trabajo desde casa para todas las personas que sea adecuado, no descuentos para empleados que lleguen tarde a sus trabajos por el tráfico o falta de buses, clases virtuales para estudiantes de escuelas, colegios y universitarios y habilitar carriles reversibles en las rutas alternas.

«Esos solo son cortinas de humo. Genaro es otra cortina de humo más para no enfrentar el verdadero problema. La gente quiere soluciones a la problemática de Los Chorros».

Marcela Villatoro, diputada de Arena.

El gobierno salvadoreño anunció ayer que retrasaría la habilitación de la carretera Los Chorros hasta el domingo 11 de mayo, debido a la inestabilidad de la zona por los trabajos que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). El presidente Bukele dijo que para mitigar las molestias por el cierre, se ofrecería transporte gratis en todo el país durante esta semana.

Sin embargo, muchos usuarios se toparon este lunes con pocas unidades circulando en algunas de sus rutas de buses. Lo que generó enormes filas en paradas de buses abarrotadas de salvadoreñas que esperan un espacio para movilizarse hacia sus trabajos.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele advirtió a los transportistas de que enfrentarán las consecuencias si siguen «afectando al pueblo», luego de señalarlos de no prestar el servicio de transporte colectivo la mañana de este lunes y provocar que las terminales y paradas de buses estuvieran abarrotadas de personas sin poder llegar a sus destinos.

A su vez, el mandatario les recalcó que deben dar el servicio de transporte gratis toda la semana, y que el gobierno les pagará.

«Se acabaron los tiempos en los que los transportistas ponían a temblar a nuestro país con sus paros de transporte. El Salvador ha cambiado, y nadie volverá a aterrorizar a nuestro pueblo. Jamás. Brinden el servicio al 100% y de forma gratuita durante toda esta semana, en todo el país, tal como fue acordado. El Gobierno les pagará hasta el último centavo. No tienen motivo para no hacerlo. O bien, intenten seguir afectando al pueblo… y enfrenten las consecuencias. Ustedes deciden», publicó Bukele en su cuenta de Facebook.

La advertencia del mandatario ocurrió minutos después que la Policía Nacional Civil confirmara y publicara la detención de cinco empresarios de transporte público, asegurando que «no brindaron el servicio con normalidad o estaban cobrando el pasaje, a pesar de que el gobierno ya había cubierto ese pago».

Los detenidos son los empresarios Genaro Ramírez de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), José Alejandro Arriaza, quien es vicepresidente de la ruta 202 de Ahuachapán; Alexander Sorto, presidente de la Mesa Nacional de Transporte y empresario de la ruta 205 de Sonsonate.

También detuvieron a los empresarios Nelson David Moreno, de la ruta 79, y Abel Reina, empresario de la ruta 125 y 140 de San Martín.

La PNC publicó que «serán remitidos por incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y extorsión».

Las detenciones fueron realizadas tras una orden de Bukele quien aseguró en X que la PNC debía «proceder con la captura de los propietarios de las rutas involucradas», que no salieron a brindar servicio este día y los acusó de «un claro sabotaje al país».

Segunda advertencia

Temprano, Bukele ya había arremetido contra los empresarios del transporte luego que no sacaran sus unidades a trabajar este lunes. «Muchos transportistas creen que aún están en los tiempos de ARENA y del FMLN, cuando podían hacer paros de transporte con total impunidad. Pregúntenle a Catalino Miranda cómo le fue la última vez que intentaron algo similar. Se equivocaron de nuevo», escribió el mandatario en su red social de Facebook, la mañana del lunes.

El mandatario hizo referencia a la captura del empresario del transporte público, Catalino Miranda, una detención ocurrida en marzo del año 2022, por aumentar el cobro del pasaje; Miranda fue condenado a tres años de cárcel luego de haberse autoinculpado de delitos de venta a precio superior y desórdenes públicos. Sin embargo, la Fiscalía le inició un nuevo proceso por falsedad.

El día que Miranda fue detenido, el gobierno había iniciado una revisión de no incremento al pasaje como una medida contra la inflación. A partir de entonces, el gobierno tomó el control de la ruta 42 que tenía bajo concesión Miranda. Meses después se transformó en ruta 40, haciendo los mismos recorridos, pero con lentitud según lo expresado por los usuarios.

Los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron este lunes dictámenes favorables para tres contratos de garantías para créditos que suman $240 millones que irán destinados a financiar vivienda social y para apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas.

El primero por $50 millones es para que el Estado otorgue garantía soberana para un contrato de préstamo entre el Fondo Social para la Vivienda (FSV) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el «Programa de Financiamiento para Vivienda Social, Inclusiva y Sostenible».

El director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda explicó que estos $50 millones son para viviendas de interés social de hasta $40,000, para poblaciones vulnerables.

“Una vez ya sea aprobada la garantía, el Fondo Social puede aprobar los créditos y el 50% de este crédito va destinado a hogares liderados por mujeres y un 10% destinado para personas con discapacidad y el resto a poblaciones vulnerables y estamos hablando de tasas que oscilan entre el 4% y 7%, dependiendo los ingresos, plazo de hasta 30 años y va con criterios de sostenibilidad en temas de construcción”, explicó el funcionario.

Herrera dijo que los créditos irán destinados por medio del fondo, para vivienda nueva, usada o recuperada.

Los otros dos son contratos de garantías para préstamos, entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) uno por $130 millones y otro por $60 millones son para apoyar a las mipymes.

El crédito de $60 millones está destinado al «Programa de Financiamiento para la Eficiencia Energética y Energías Renovables en las MIPYME salvadoreñas», sobre esto Herrera explicó que “va destinado a las mipymes para apoyar sostenibilidad energética, entonces va destinado a las mipymes que buscan financiamiento para inversión en calderas, hornos de alta eficiencia, motores, iluminación y esto tiene que ver con mipymes que están en sector de restaurantes, panaderías que pueden acceder a esto”, explicó.

Y el préstamo por $130 millones servirá para financiar el «Programa de Apoyo a la Transformación Tecnológica y Digital de MIPYME en El Salvador».

Se otorgarán créditos bajo este programa para compra de equipos, maquinaria y programas informáticos, así como contratación de garantías extendidas, actualizaciones y mantenimiento de equipos y maquinarias; también para capacitación en transformación tecnológica digital, certificaciones y capital de trabajo asociado a la transformación tecnológica, detalló el funcionario de Hacienda.

Diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron un dictamen favorable para incorporar $30 millones para el proyecto de «Construcción y Equipamiento del Área de Bandas de Equipaje Llegadas del Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdamez.”

Los fondos provienen de una colocación de títulos según un plan presentado por Hencorp Valores Limitada, una tasa de interés del 8.25 % anual, con un plazo de siete años y dos años de gracia.

Marlon Herrera, director general de Inversión y Crédito Público, del Ministerio de Hacienda dijo que el proyecto es necesario por la cantidad de pasajeros que anualmente transitan por la terminal aérea que ya supera los cinco millones.

De los $30 millones, para este proyecto, tal como explicó el funcionario se utilizarán $27,174,372 «y la diferencia que complementa los $30 millones que corresponden a la titularización se destinarán para cubrir los gastos de interés, comisiones y otros gastos financieros en los que incurra CEPA”.

“Se construirá y equiparea un edificio de un área aproximada de 7,800 metros cuadrados que conectará con el edificio ya existente de la terminal de pasajeros dotado de elevadores, escaleras mecánicas y fijas, para disponer de mayores espacios que faciliten la atención de los servicios de migración, retiro de equipaje, aduanas, líneas aéreas y espacios para comercios”, explicó Herrera.

El funcionario detalló que el diseño y construcción del edificio incluirá el área destinadas para registro aduanal y migratorio, instalación de siete bandas de retiro de equipaje de llegada, área para oficinas de aerolíneas y para actividades comerciales de servicios que brindan los concesionarios.

En la parte externa se construirán calles de acceso para entrdas vehiculares con un anchode seis metros y una longitud de 240 metros de circulación.

Entre las obras complementarias se incluirán conexiones para redes informáticas y telefonía, sistedma de detección de incendios, nueva línea de aducción de agua potable y cisterna.

Los diputados emitieron dictamen favorable el cual será conocido en la sesión plenaria ordinaria de este martes 6 de mayo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este lunes su preocupación por la situación del migrante salvadoreño Kilmer Ábrego García, quien fue deportado a El Salvador por un error administrativo de las autoridades estadounidenses y demandó su liberación.

La CIDH hizo un llamado a los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador para que cooperen entre sí con el objetivo de corregir el error. Según la Comisión, ambos países deben acatar lo establecido por la justicia y facilitar la salida segura del migrante.

“La Comisión insta a ambos Estados a cooperar para corregir este error, de conformidad con la decisión judicial, liberarlo y garantizar su salida segura de El Salvador”, señaló el organismo regional de derechos humanos.

#UnitedStates: #IACHR continues to follow with concern the situation of migrants expelled to #ElSalvador. In particular, the case of Kilmer Ábrego García, who, according to official information, was deported to that country due to an administrative error and remains deprived of… pic.twitter.com/ILQls1MfW9

— CIDH – IACHR (@CIDH) May 5, 2025

La Casa Blanca ha emprendido una campaña en contra de Ábrego y ha publicado decenas de documentos de los encuentros que el migrante ha tenido con las autoridades, incluyendo también dos solicitudes de orden de restricción por parte de su esposa y un arresto de 2019 en Maryland.

El propio presidente Donald Trump ha acusado a Ábrego García de ser parte de la Mara Salvatrucha y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha dicho que no lo retornará a Estados Unidos y lo ha calificado de “terrorista”.

El salvadoreño, sin embargo, nunca ha sido acusado formalmente o condenado por un crimen y un juez le concedió en 2019 protección contra la deportación, después de que él pidiera asilo, testificando que temía volver a El Salvador por extorsiones a él y su familia.

Su abogado, Simón Sandoval Mohsenberg, acusó al Gobierno de querer dañar la imagen de Ábrego y aseguró que los hechos que han salido a la luz «no tienen que ver con el caso».

De acuerdo con información oficial, Ábrego García permanece privado de libertad en territorio salvadoreño, a pesar de que un tribunal ya había ordenado su retorno a Estados Unidos. El caso ha generado inquietud en organismos de derechos humanos que consideran que se están vulnerando garantías básicas del afectado.

Ábrego es uno de los más de 200 migrantes que Trump decidió enviar al CECOT, como parte de un acuerdo con el presidente Nayib Bukele para retener a los hombres por un periodo de un año a cambio de un pago de 6 millones de dólares.

Organizaciones en defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado la expulsión de migrantes al país centroamericano, acusando al Gobierno de estar sometiendo a las personas a «desaparición forzosa».

A pesar de que el Supremo de EE.UU. emitiera a finales de mayo un fallo instruyendo al Gobierno a «facilitar» el retorno del salvadoreño, tanto EE.UU. como El Salvador han negado tener la potestad para hacerlo.

La CIDH ha venido dando seguimiento a distintos casos de deportaciones que presentan irregularidades, en medio de crecientes tensiones sobre el trato a los migrantes en el continente.

Las agresiones contra periodistas aumentaron un 154 % durante 2024 en relación con las cifras de vulneraciones reportadas en 2023, según los datos del Informe sobre la libertad de prensa en El Salvador 2024 de la Asociación de periodistas de El Salvador (APES).

El informe señala que en 2023 se reportaron 311 agresiones contra profesionales de la información y para 2024 la cifra aumentó más del doble a 789, representando un aumento del 154 % en el último año. Con estos datos, el 2024 se convirtió en el año con más agresiones de los últimos siete años.

El año con menos agresiones fue 2018 con solo 65, con los datos de 2024, el porcentaje de aumento entre los datos de 2018 y 2024 es del 1,114 %. Es importante señalar que el año pasado se realizaron elecciones presidenciales, legislativas, municipales y de Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Entre las agresiones más frecuentes en tiempo ordinario que registra la Asociación están: la restricción al ejercicio periodístico, declaraciones estigmatizantes y bloqueo al acceso de la información. Mientras que en contexto electoral, las vulneraciones más habituales son la restricción al ejercicio periodístico, declaraciones estigmatizantes e intimidación.

El relator de libertad de expresión de la APES, Hugo Sánchez, explicó que el aumento de las vulneraciones a periodistas en años electorales se debe al despliegue de autoridades y periodistas para la cobertura de las elecciones. Asimismo, aseguró que estos datos se validan con los divulgados por otras organizaciones como Reporteros sin Fronteras que señaló que en El Salvador «continuan» los «ataques sistemáticos» contra medios críticos.

«Desde que se fundó el Centro de Monitoreo de Agresiones contra periodistas de la APES, nunca se había tenido un registro como este. Esto se puede explicar de alguna manera porque fue un año electoral. Generalmente cuando elecciones tienden a incrementar un poco las agresiones a periodistas».
Hugo Sánchez, relator de libertad de expresión de la APES.

La APES aseveró que los riesgos que sufren los periodistas no solo se refieren a censura indirecta o acoso sino que llega a «niveles de persecución que ponen en peligro su vida e integridad».

Por su parte, el presidente de la APES, Sergio Arauz, aseguró que «lo que está pasando en este momento refleja una situación más apremiante y más oscura» y advirtió que es probable que el informe del otro año se tenga que llamar «hacer periodismo no es delito», pues considera que en el contexto actual se está criminalizando el ejercicio del periodismo.

En cuanto a las agresiones con enfoque de género, la APES señala que las vulneraciones contra mujeres periodistas han aumentado en un 91.7 % en comparación con 2023. La asociación señala que en 20223 se registraron 34 agresiones y en 2024 se llegó a las 67 contra mujeres periodistas. la mayoría de las agresiones fueron con el componente de misoginia y sexista.

Sobre los agresores, la APES señala que la mayoría de las vulneraciones provienen del Estado y sus delegados, ejemplo, de ello es que en 2023 se reportaron 156 agresiones del Estado y para 2024 el número se elevó a 551. En general, el 70 % de las 789 agresiones fueron realizadas por funcionarios, empleados públicos, instituciones del gobierno, cuerpos de seguridad y personas delegadas del Estado.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, arremetió nuevamente contra los empresarios del transporte público luego que muchos no sacaran sus unidades a trabajar este lunes, 5 de mayo, cuando el gobierno anunció pasaje gratuito debido al cierre de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros.

«Muchos transportistas creen que aún están en los tiempos de ARENA y del FMLN, cuando podían hacer paros de transporte con total impunidad. Pregúntenle a Catalino Miranda cómo le fue la última vez que intentaron algo similar. Se equivocaron de nuevo», escribió el mandatario en su red social de Facebook, la mañana del lunes.

El mandatario hizo referencia a la captura del empresario del transporte público, Catalino Miranda, una detención ocurrida en marzo del año 2022, por aumentar el cobro del pasaje; Miranda fue condenado a tres años de cárcel luego de haberse autoinculpado de delitos de venta a precio superior y desórdenes públicos. Sin embargo, la Fiscalía le inició un nuevo proceso por falsedad.

El día que Miranda fue detenido, el gobierno había iniciado una revisión de no incremento al pasaje como una medida contra la inflación. A partir de entonces, el gobierno tomó el control de la ruta 42 que tenía bajo concesión Miranda. Meses después se transformó en ruta 40, haciendo los mismos recorridos, pero con lentitud según lo expresado por los usuarios.

La mañana de este lunes, Bukele ordenó a la Policía Nacional Civil detener a los empresarios que no prestaron el servicio del transporte público, en desobediencia a la concesión y a la medida gubernamental de pasaje gratis del 5 al 11 de mayo, debido al cierre de Los Chorros.

La falta de transporte en el país provocó que las paradas de buses lucieran llenas en la mañana de este lunes y los salvadoreños tuvieran dificultades para transportarse a sus lugares de trabajo y estudio.

El Ministerio de Obras Públicas anunció que iniciarían la revisión de aquellos empresarios que no dieron el servicio para empezar procesos sancionatorios.

Dos especialistas en política exterior consultados por El Mundo señalan que podrían surgir nuevas alianzas circunstanciales entre países afectados por las amenazas arancelarias de EE.UU., lo que incluso podría favorecer a China.

Michael Paarlberg, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Virginia Commonwealth University y exasesor del congresista Bernie Sanders, considera que esta política a largo plazo podría reducir el comercio y la inversión global, así como la dependencia del dólar y de Estados Unidos como eje económico mundial, lo que «fortalecería a China».

Luis Villatoro Villaherrera, especialista en estrategia y política exterior, no descarta alianzas entre China, España o países latinoamericanos, dependiendo de la postura que tome EE.UU.

El 9 de abril, el presidente Donald Trump anunció una suspensión de 90 días al aumento de aranceles. «He autorizado una pausa de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este periodo, del 10 %, también con efecto inmediato», dijo. Sin embargo, se aumentaron los aranceles a China hasta un 125 %.

Villatoro advierte que los efectos políticos dependerán de cómo Washington gestione sus relaciones. «Habrá que ponerlo en espera a ver si se concreta alguno de estos tratos», dijo sobre la posibilidad de un nuevo acuerdo arancelario con EE.UU.

Mientras tanto, advirtió que China ya forja alianzas con España y países de América Latina. Citó el foro Celac-China que se celebrará el 13 de mayo en Beijing. «Se comentó en la Celac que, ante este conflicto arancelario, todo dependerá de cómo proceda Estados Unidos», indicó.

«Ya se están forjando (cambios en la geopolítica). Se firmó una alianza entre Beijing y España para reafirmar su relación comercial. China también se unió con Japón y Corea del Sur para aliviar las tarifas impuestas por EE.UU. Se están abriendo nuevas negociaciones entre países ajenos a EE.UU. Sí se están viendo algunos lazos que potencialmente pueden ser circunstanciales, pero se están dando», explicó.

El 11 de abril, el presidente del gobierno español se reunió con Xi Jinping y firmaron siete acuerdos para facilitar la venta de productos españoles a China.

Villatoro considera que China está «preparada» y «dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias» frente a una política estadounidense que busca demostrar su fuerza y que obliga a los países a negociar con EE.UU.

Paarlberg afirma que la visión comercial de Trump se aleja de la economía liberal del Partido Republicano, y se parece más a la de «economistas y sociólogos de izquierda de Latinoamérica de mediados del siglo XX, como Raúl Prebisch y Fernando Henrique Cardoso», quienes «rechazaban el capitalismo global y describían el libre comercio como fundamentalmente explotador» para América Latina y «solo beneficioso para los países centrales como Estados Unidos».

«Considera los déficits comerciales como inherentemente malos, incluso si el otro país es demasiado pobre para comprar productos estadounidenses», dijo. Por eso, cree que Trump busca que «Estados Unidos se aproveche de otros países antes de que estos puedan hacer lo mismo».

Sin embargo, cree que esta estrategia «no funcionará». Señala que ha provocado caídas en bolsas internacionales y ha dado la impresión de que EE.UU. actúa como «un agente de caos» más que como un socio confiable. «Esto desincentiva a otros países a comerciar con EE.UU. o a construir fábricas en ese país».

Aunque los nuevos aranceles están suspendidos temporalmente, Paarlberg recuerda que los aranceles contra China aumentaron y que este país respondió de igual forma.

«Trump intentará obligar a los países a elegir entre hacer negocios con EE.UU. o con China. Quienes vendan en EE.UU. pagarán precios más altos si usan piezas chinas. Países que exportan materias primas, como productos agrícolas, no se verán tan afectados», explicó.

A largo plazo, advierte que esta política podría reducir el comercio y la inversión mundial, así como la influencia del dólar y de Estados Unidos.

«Más países se verán incentivados a excluir a EE.UU. de sus alianzas comerciales, invertir menos en ese país, comprar menos bonos y vender menos productos a EE.UU. Esto podría fortalecer a China. También podría provocar una recesión global, ya que muchos países de América Latina aún dependen del mercado estadounidense», concluyó.