Categoría: Politica

  • Muere el magistrado de la CSJ, José Ángel Pérez Chacón

    Muere el magistrado de la CSJ, José Ángel Pérez Chacón

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó de la muerte del magistrado de la Sala de lo Constitucional, José Ángel Pérez Chacón, la noche de este domingo 2 de febrero, sin precisar las causas.

    «La Corte Suprema de Justicia lamenta el sensible fallecimiento del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Lic. José Ángel Pérez Chacón. Extendemos nuestras condolencias a su familia y rogamos a Nuestro Creador por su eterno descanso», dice la esquela publicada por la cuenta de la CSJ en su cuenta de X, el domingo a las 9:50 de la noche.

    Pérez Chacón se convirtió en magistrado de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa entrante disolvió la entonces conformación de la Sala y puso a nuevos magistrados.

    Tras su nombramiento en la Sala de lo Constitucional, en septiembre de 2021, Estados Unidos lo incluyó en la lista Engel.

    Abogado y notario, antes de llegar a la CSJ, Pérez Chacón era asesor del secretario jurídico de la Presidencia de la República de la primera administración de Nayib Bukele, en ese entonces, el secretario jurídico era Conan Castro.

    En las actas de la Corte se consignó que José Ángel Pérez Chacón fue quien pidió someter a votación la revocación de la extradición de Armando Eliú Melgar Díaz, alias «Blue» o «Cliper», requerido por el Tribunal del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos.

    En su hoja de vida, publicada en la CSJ, también consigna que fue colaborador jurídico en la Sala de lo Constitucional, sin precisar el año; también fue gerente legal de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y de la Unidad Técnica Ejecutiva de la Corte.

    Ademas fue asesor de la dirección ejecutiva del centro Nacional de Registros. Fue abogado y notario en el ejercicio libre de la profesión por más de 10 años.

    Su hoja de vida consigna experiencias en técnicas legislativas como ser miembro de la comisión revisora de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en 2004; y fue miembro de la Comisión Interinstitucional Redactora de las Reformas a la Ley del Menor Infractor entre enero y marzo de 2004.

  • Marco Rubio llega hoy a El Salvador tras advertir a Panamá de la influencia china

    Marco Rubio llega hoy a El Salvador tras advertir a Panamá de la influencia china

    El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará este lunes a El Salvador, la segunda escala de una gira por cinco países de la región con temas migratorio y de seguridad en la agenda bilateral.

    Rubio llegará a primera hora de este lunes y se espera que se reúna con el presidente Nayib Bukele, un viejo conocido del secretario de sus tiempos de Senador y al que visitó los últimos años.

    “Francamente el Presidente Bukele es el presidente más consecuente en la región en estos momentos. Por eso la primera llamada (del presidente Donald Trump) a un líder de la región la semana pasada fue al Presidente Bukele”, dijo el viernes el Enviado Especial para América Latina Mauricio Claver-Carone, en una conferencia de prensa desde Washington.

    Claver-Carone recordó que hace diez años “San Salvador era la capital de asesinatos del mundo y hoy en día es la ciudad más segura del mundo”.

    “Esos temas de seguridad que son de tanta importancia obviamente han convertido al Presidente Bukele en un líder regional. Hemos visto que le han hecho visitas de Estado. Todos los líderes le piden visitas de Estado. Hizo en Buenos Aires, hizo en San José, porque se ha convertido en ese factor relevante de seguridad y para nosotros en un gran aliado en los temas de migración”, explicó el funcionario.

    Además, Claver-Carone se refirió a un acuerdo migratorio de la primera administración Trump y dijo que “queremos revivir ese acuerdo” e incluir a los miembros de las pandillas venezolanas del Tren de Aragua.

    Rubio ha elogiado el liderazgo de Bukele y ha reconocido especialmente sus logros en seguridad

    Claver-Carone aseguró que la agenda trata “temas obviamente profundos, muy importantes”.

    Rubio también ha advertido que hará un énfasis en la región sobre la influencia de la República Popular China y aseguró que buscará contrarrestarla. El domingo, en su primera escala en Panamá, fue especialmente severo con el gobierno de José Raúl Mulino, al que advirtió que Estados Unidos tomará medidas si no realiza «cambios inmediatos» en el canal de Panamá respecto a la influencia de China.

    En 2023 y 2024, Rubio advirtió al presidente Bukele de mantenerse a distancia de China y pidió no negociar con la empresa china Huawei la concesión de la red 5G, algo que tampoco ha hecho Costa Rica. Precisamente Costa Rica será el próximo país en la agenda de Rubio, seguido de Guatemala y República Dominicana, donde terminará su periplo el 6 de febrero.

  • Gobierno pide aumento de penas de cárcel para delitos de corrupción

    Gobierno pide aumento de penas de cárcel para delitos de corrupción

    El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ha enviado a la Asamblea Legislativa un pliego de reformas al Código Penal que van enfocadas a aumentar las penas a una lista de delitos de funcionarios y empleados públicos, así como a instigadores o terceros.

    “El objeto es adaptar y actualizar la legislación penal a la realidad actual y a las exigencias del Derecho Internacional, con el fin de establecer regulaciones más estrictas para los delitos cometidos por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, así como para particulares que instigan o facilitan la realización de actos ilegales que impliquen la sustracción de fondos públicos o la corrupción estatal”, explica la iniciativa.

    En el caso del delito de enriquecimiento ilícito establecido en el artículo 333 del Código Penal cambiaría su redacción y queda de la siguiente manera:
    “El funcionario público, empleado público, servidor público, agente de autoridad o autoridad pública que obtuviere un incremento patrimonial significativo no justificado respecto de todos sus ingresos legítimos, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo, será sancionado con prisión de cinco a quince años”; actualmente tiene una pena de tres a diez años.

    El delito de negociaciones ilícitas establecido en el artículo 328 también cambia su redacción y su pena máxima que es de hasta ocho años, con la reforma aumentaría la pena de 12 a 15 años.

    Delitos como malversación en el artículo 332, el Código Penal actual no contempla prisión, solo establece que «será sancionado con multa de cincuenta a cien días multa». Si del hecho resultare algún provecho personal para sí o para un tercero, la sanción será de unos a tres años de prisión, inhabilitación especial del cargo o empleo por el mismo tiempo.

    La reforma agrega a la autoridad pública, servidor público o agente de autoridad y pide que la pena sea de tres a seis años de prisión.

    Pero, además que, si se generare un perjuicio al patrimonio del Estado o municipalidades o entidades con fondos públicos que la pena sea de seis a nueve años.

    Y, si del hecho resultare algún provecho personal para sí o para un tercero, la sanción será de nueve a doce años de prisión e inhabilitación especial del cargo o empleo por el mismo tiempo.

    El pliego de reformas que enlista varios delitos y sus aumentos de penas serán conocidos por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, que tiene previsto reunirse el miércoles 5 de febrero.

    Los aumentos de las penas solicitados por el Gobierno a la Asamblea Legislativa

    [Delito, pena actual y propuesta de reforma]

    Actos arbitrarios: De 2 a 4 años – De 3 a 6 años.
    Desobediencia: De 6 meses a 1 año – De 3 a 6 años
    Denegación de Auxilio: De 6 meses a 2 años – De 3 a 6 años
    Revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial: De 4 a 6 años – De 6 a 9 años

    De los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, empleados públicos, servidor público, agente de autoridad y autoridad pública:
    Peculado: De 6 a 8 años – de 6 a 9 años
    Peculado por Culpa: De 2 a 3 años – De 3 a 6 años
    De 3 a 5 años – De 6 a 9 años
    Negociaciones ilícitas: El máximo 8 años – De 12 a 15 años
    Cohecho propio: De 3 a 6 años – De 6 a 9 años
    Cohecho impropio: De 2 a 4 años – De 3 a 6 años
    Malversación: Multa de hasta 100 días – Hasta 9 años
    Enriquecimiento ilícito: De 3 a 10 años – De 5 a 15 años
    Infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos: De 2 a 4 años – De 9 a 12 años
    Ocultamiento o alzamiento de bienes producto de la corrupción: De 3 a 6 años
    Tráfico de influencias: De 1 a 3 años De 6 a 9 años
    Testaferro o consentimiento de uso de nombre: De 3 a 6 años

  • Más de 327,200 salvadoreños han sido deportados en los últimos 20 años

    Más de 327,200 salvadoreños han sido deportados en los últimos 20 años

    Un total de 327,201 salvadoreños han sido deportados durante los últimos 20 años de Estados Unidos a El Salvador, según datos publicados en los informes anuales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.

    Son 10 años los que reportan mayor cantidad de órdenes de remoción o deportación, de 2007 a 2017, los primeros dos gobernados por George W. Bush (2007 y 2008), los siguientes ocho años, Barack Obama; y 2017 fue el primer año del primer periodo presidencial de Donald Trump.

    En 2004, Estados Unidos deportó 6,342 salvadoreños, una cifra que se triplicó a partir de 2007, cuando las órdenes de remoción de salvadoreños superaban las 20,000, cifra que se mantuvo durante cuatro años consecutivos hasta 2010.

    Después de una baja de dos años, se registró un repunte nuevamente hasta llegar a la máxima cifra en 2014, con 27,180 salvadoreños deportados. La cifra no bajó de los 20,000 hasta 2018, con 15,445 en el año.

    Durante esas dos décadas, es mucho la cantidad de deportados provenientes de Guatemala, Honduras y México, que tienen poblaciones mayores y por tanto más migrantes.

    Así, en los 20 años entre 2005 y 2024, Estados Unidos hizo 519,308 órdenes de deportación de ciudadanos de Honduras, 652,473 de Guatemala y 3,456,081 de México. En total, Estados Unidos registra un total de 5,589,986 deportaciones de personas originarias de distintos países durante las dos décadas.

    El presidente Donald Trump, quien ha calificado a los migrantes de salvajes, animales y criminales, anunció desde su campaña electoral que haría la deportación más grande de la historia durante su segundo mandato que inició el 20 de enero pasado.

    Comenzada la administración, la portavoz de la Casa Blanca anunció en X el 24 de enero que ya estaba en marcha la «mayor operación masiva de deportación en la historia». «Promesas hechas. Promesas cumplidas», escribió.

  • Luis Villaherrera: "Tracoda se ha visto afectada, estos programas ayudan a la seguridad nacional"

    Luis Villaherrera: «Tracoda se ha visto afectada, estos programas ayudan a la seguridad nacional»

    El presidente de la Fundación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda) sostiene que la suspensión de la ayuda estadounidense a El Salvador representa «un golpe increíblemente fuerte» y revela que algunas organizaciones están pensando únicamente en existir.

    Sin embargo, defiende los proyectos que realizan desde la organización porque está convencido que donde hay democracia y participación ciudadana, «la economía florece» y esto, subraya, ayuda también a la seguridad nacional de los Estados Unidos y de El Salvador. Diario El Mundo envió algunas preguntas al cofundador de Tracoda, que ha recibido dos reconocimientos en Estados Unidos por su trabajo. Así respondió:

    –¿Qué significa para usted y para Tracoda haber llegado a ser finalista en el premio de la democracia de Kofi Annan Foundation?

    Muestra que el trabajo que hacemos habla por sí solo. Recibir un reconocimiento de este tipo reafirma toda la trayectoria de Tracoda, de cómo unos jovenes de 17-18 años iniciamos un proyecto que creció tanto y que, de hecho, fue la única organización de Latinoamérica que recibió este reconocimiento en el 2024. Todo esto también es importante mencionar que socios como la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) han sido clave para el desarrollo de diferentes iniciativas que han beneficiado a la población.

    También usted ha recibido una mención honorífica en el premio Andrew R. Rice, fundador del Peace Corps de Estados Unidos. ¿Qué importancia tiene esta mención honorífica y qué significa para el trabajo que realiza Tracoda?

    Desde mi perspectiva es el reconocimiento de todo el staff de Tracoda, de su arduo trabajo y el impacto que se ha tenido con la población y con los que han creído en este proyecto. La democracia podrá ser abstracta para la población, pero es una realidad que nos impacta a todos. Tracoda ha impulsado iniciativas que han beneficiado a la ciudadanía, al gobierno actual y otros gobiernos, en casos específicos de corrupción.

    El ejemplo más claro es cuando GobData descubrió cómo el FMLN quería mover a sus empleados de confianza a cargos técnicos para blindarlos, o cuando lanzamos el primer proyecto donde mostramos el enriquecimiento ilícito de diputados de ARENA-FMLN-PDC y fue una investigación de alto impacto.

    Villaherrera es cofundador de Tracoda y becario de la Fundación Obama. / Cortesía.

    ¿Cómo es que una organización como Tracoda, dedicada a la transparencia y contraloría social, empieza a trabajar con comunidades? ¿Desde cuándo lo hacen? ¿Cómo decidieron hacerlo? ¿En torno a qué proyectos o problemas se reúnen?

    Desde hace más de dos años, hemos desarrollado e implementado una estrategia territorial en las comunidades para fomentar la participación ciudadana y así también comprender sus dinámicas particulares. A través de este proceso, hemos identificado una necesidad apremiante de fortalecer los conocimientos y las habilidades de la participación cívica, que, de acuerdo a nuestros aprendizajes, se ha convertido en un paso previo para la organización comunitaria. En muchos casos, la desinformación era uno de los elementos disruptivos, y generaba caos y señalamientos. En muchos foros internacionales se discute sobre la desinformación y las fake news, pero esa realidad es algo que viven muchas comunidades y se refleja en cosas muy pequeñas. Por ejemplo, en una comunidad que utilizaba principalmente Facebook y WhatsApp para comunicarse, detectamos que la dispersión de la información generaba confusión y obstaculizaba la toma de decisiones. Al implementar dinámicas participativas y actualizadas, como el teléfono descompuesto pero con el uso de TikTok y WhatsApp, logramos que los vecinos identificaran la problemática que existía y luego tuvieran una conversación sobre esto.

    Las dinámicas locales son complejas, aunque no lo aprecien, y trabajar con las comunidades fue un proceso de aprendizaje que, para nuestra sorpresa, se basó completamente en la confianza entre el equipo y los diferentes grupos de poder que existen dentro del ecosistema comunitario.

    Gracias al apoyo de un implementador de USAID, lanzamos en una comunidad una serie de festivales en los que la comunidad se organizó, y en estos festivales todos los actores influyentes estuvieron presentes, generándose una conversación honesta que finalmente ayudó a la cohesión social.

    Es importante resaltar que en las comunidades hay confusión sobre cosas tan básicas como las vacunas o temas de regulaciones municipales, y con tanta información que circula en las redes, esto genera problemas. Uno de los elementos que abordamos dentro de los ejercicios es cómo identificar o, por lo menos, poner en duda noticias que potencialmente pueden ser perjudiciales para los ciudadanos.

    La fundación Tracoda empezó a hacer trabajo comunitario. / Cortesía.

    No en todas las comunidades hay Adescos. ¿El salvadoreño le teme a la organización comunitaria?

    Depende. En las comunidades con las que hemos trabajado existen Adescos (Asociaciones de Desarrollo Comunal), pero lo que sí es importante resaltar es que las dinámicas de poder a nivel local pueden tornarse muy complejas. Existen diferentes actores que tienen influencia, que en algunos casos es aún más que la misma Adesco. A partir de eso, hemos traído a los diferentes actores en nuestros proyectos a trabajar juntos porque el objetivo final es el bienestar de la comunidad. Lo que sí considero que existe es apatía por la figura de la Adesco. Esto, y no quiero generalizar, depende de comunidad en comunidad, pero es algo que existe.

    En muchas ocasiones hemos identificado líderes en comunidades que no están organizados de manera formal, sin embargo, sí lo están porque comparten sinergias y están articulados como grupo. Lo común en estos casos es que los líderes de estos grupos no son conscientes de que realmente hay organización.

    ¿Cree que se respeta actualmente la libertad de asociación en El Salvador? ¿Cuál es su experiencia desde Tracoda?

    En las comunidades con las que hemos trabajado, hay respeto por la libertad de asociación. Sin embargo, creo que es importante entender que existe poca organización formal, y en los casos donde esta existe, podemos ver que no hay una articulación para impulsar iniciativas que ayuden a la comunidad.

    ¿Han tenido alguna dificultad en las comunidades para reunirse?

    Al inicio fue complicado, precisamente porque hemos trabajado en comunidades que históricamente han sido estigmatizadas por las pandillas. Había cierto grado de temor al reunirse para los proyectos que estábamos ejecutando.

    ¿Qué mensaje le enviaría a los jóvenes salvadoreños en general y a quienes son apáticos a organizarse? ¿Tiene que ver esto con la política? ¿Con ser de izquierda o de derecha?

    Organizarse es un derecho que tenemos. Organizarse nos da poder, voz y voto. La organización es clave para que una sociedad funcione, para garantizar el respeto a nuestros derechos. Nada tiene que ver si eres de derecha o de izquierda; con nuestros proyectos lo que tratamos es mejorar los canales de comunicación, y esto impacta directamente en la cohesión social y en la ejecución de proyectos. Además, les permite a los ciudadanos organizarse para impulsar desde mejoras en parques hasta la gestión de luminarias. Estos son ejemplos de resultados que se obtuvieron y que están más allá de ideologías políticas. Hoy en día, en este mundo tan polarizado, el diálogo debe primar y encontrar consensos va más allá del pensamiento ideológico que puedas tener.

    Estados Unidos ha puesto en pausa la ayuda que da el Departamento de Estado y USAID, lo cual afecta programas que oenegés como Tracoda realiza. ¿Cómo están viviendo esto?, ¿creen que los programas ayudan a la seguridad nacional de Estados Unidos como para lograr que se mantenga en una gestión Trump?

    Definitivamente esta orden que mandó el Departamento de Estado a USAID y a otras agencias representa un golpe muy duro a sociedad civil que trabaja con fondos de ellos, esto puede impactar tanto así de detener las operaciones completamente. Tracoda es una de las organizaciones que se ha visto afectada, precisamente por esta decisión que se ha tomado. Nosotros sí creemos que estos programas que nosotros estamos desarrollando en el país ayudan de forma indirecta al tema de seguridad nacional. Estamos trabajando con comunidades, estamos oyendo lo que las comunidades necesitan y a partir de esto con los proyectos se genera una microeconomía, cuando hacemos actividades, es la misma quien cocina, a ellos se les compran los insumos, entonces, esto ayuda al tema económico familiar de estas comunidades con las que trabajamos.

    Luis V. Villaherrera es presidente de Tracoda, una organización fundada a partir de proyectos de transparencia y datos. / DEM.

    ¿Qué consecuencias podría tener la suspensión de la ayuda?

    Una es el tema del desarrollo, USAID da financiamiento de infraestructura, detener esta cooperación va a significar en cierta medida una especie de pausa que se tenían con el Ministerio de Educación, por ejemplo. Para sociedad civil esto es un golpe increíblemente fuerte en la cual muchas organizaciones están pensando en la sostenibilidad y solamente en existir, sin personal, precisamente porque se detuvo completamente los contratos que se tienen con los implementadores de USAID.

    ¿Cómo el gobierno de Trump, que está contra el activismo de organizaciones feministas o medioambientales, puede entender que el trabajo de estas organizaciones es un beneficio?

    Al final del día, la realidad que se vive en Estados Unidos versus la que se vive en otros países cambia y de igual forma la retórica del presidente Trump. Esos proyectos que ejecutamos como sociedad civil ayudan porque, cuando estamos en un espacio donde hay democracia, participación ciudadana, la economía florece. Creo que van atados, el tema económico, con la democracia. Un inversor va a ir a un país donde sabe que tiene seguridad jurídica y hay un estado de Derecho, estos temas son cosas que el gobierno de Trump puede ver como beneficiosas, al final es una relación de beneficio entre organizaciones de sociedad civil que están empujando temas conectados al desarrollo económico.

  • Bukele elogia recorte de ayuda de EE.UU porque dice financiaba oposición y protestas

    Bukele elogia recorte de ayuda de EE.UU porque dice financiaba oposición y protestas

    El presidente Nayib Bukele, afirmó este domingo que el recorte de ayuda de Estados Unidos, financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), es beneficioso porque la mayoría de los fondos se «canalizan hacia grupos de oposición».

    «La mayoría de los gobiernos no quieren que los fondos de USAID fluyan a sus países porque saben dónde termina en realidad gran parte de ese dinero. Aunque se promocionan como apoyo al desarrollo, la democracia y los derechos humanos, la mayoría de esos fondos se canalizan hacia grupos de oposición, ONG con agendas políticas y movimientos desestabilizadores», manifestó Bukele en su cuenta de X.

    El presidente señaló que «en el mejor de los casos» un 10% de los fondos destinados en los proyectos son dirigidos a «proyectos reales» que ayudan a las personas necesitadas, sin embargo, expuso que «el resto se utiliza para alimentar el disenso, financiar protestas y socavar a las administraciones que se niegan a alinearse con la agenda globalista».

    Ante ello, Bukele, sostuvo que la reducción de los fondos contribuirá a frenar los intentos de financiar protestas y actividades destinadas a socavar los gobiernos democráticamente electos.

    Asimismo, el mandatario salvadoreño aseguró que «recortar esta supuesta ayuda no solo es beneficioso para Estados Unidos; también es una gran victoria para el resto del mundo».

    Los programas financiados a través de USAID y el Departamento de Estado fueron suspendidos por 90 días mientras el gobierno norteamericano evalúa si estos hacen que «EE.UU. sea un país más seguro, más fuerte y más próspero», según se informó a finales de enero de 2025,

    Un portavoz de USAID confirmó a Diario El Mundo la pausa en todos los programas y subvenciones que realiza en El Salvador, una suspensión anunciada el 26 de enero por el Departamento de Estado de EE.UU.

    Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la pausa se debe a una «revisión de todos los programas de asistencia exterior», ya que aseguran que buscarán que estos «sean eficientes y coherentes con la política exterior estadounidense en el marco de la agenda de Estados Unidos primero», algo que calificaron de «imperativo moral».

    La primera nota de suspensión de la ayuda fue enviada por USAID a las implementadoras, entidades que canalizan el financiamiento a instituciones beneficiarias de programas o subvenciones. Posteriormente, el 27 de enero, las implementadoras comunicaron a los beneficiarios el paro de actividades relacionadas a los programas o subvenciones.

    USAID tiene programas de ayuda a El Salvador desde enero de 1962. Posee programas de seguridad ciudadana, especialmente en colaboración con municipios, organizaciones comunitarias y empresas privadas en la creación de espacios públicos seguros; programas de mayor transparencia, rendición de cuentas y gobernabilidad; y financia también proyectos de ayuda alimentaria, mitigación de riesgos y ayuda a migrantes retornados.

  • Deuda total de pensiones llega a $10,525.96 millones al cierre de 2024

    Deuda total de pensiones llega a $10,525.96 millones al cierre de 2024

    El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) emitió un total de $1,032 millones de nueva deuda del Estado con el ahorro para pensiones que tienen los cotizantes en las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) durante 2024.

    Con la nueva emisión de un año, según el Banco Central de Reserva (BCR), el total de la deuda estatal de pensiones aumentó a $10,525.06 millones hasta diciembre de 2024, de los cuales un total de $2,130.23 millones están en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP).

    Los COP constituyen el nuevo mecanismo para tomar prestados los fondos de las AFP con el fin de que el Estado siga pagando sus obligaciones previsionales con beneficiarios del sistema público.

    Desde la reforma deuda de pensiones vigente desde el año 2023 la deuda total de pensiones ha aumentado en un 25 %

    Según la nueva Ley Integral de Pensiones, el dinero ahorrado para las pensiones, en las AFP, se puede invertir en deuda estatal, con el fin de que el Estado pueda para pagar pensiones del Sistema Público de Pensiones (SPP) hasta un 100 % (ilimitadamente); así como en financiamiento habitacional hasta un 40 %, en obras públicas y acciones de sociedades salvadoreñas hasta 45 %.

    El artículo 82 de la Ley Integral de Pensiones indica que los Fondos de Pensiones deberán adquirir los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) que corresponden al Programa Anual de Emisiones del ISP, dichos recursos serán utilizados «exclusivamente para la autosostenibilidad del sistema».

    Los COP devengarán una tasa de interés del 7 % anual fija y tendrán un plazo de 50 años a partir de su emisión.

  • CCR terminó diciembre 2024 con tres auditorías en ejecución

    CCR terminó diciembre 2024 con tres auditorías en ejecución

    La Corte de Cuentas de la República (CCR) cerró diciembre de 2024 con tres auditorías en ejecución que corresponden a exámenes especiales, de acuerdo con el informe brindado por la institución en su revista mensual TerritorioCCR.

    La institución reportó 34 auditorías en borrador, de las que 33 son exámenes especiales y solo una es financiera.

    La Corte registró 121 auditorías terminadas en el último mes de 2024, de las que 113 corresponden a exámenes especiales, otras siete son auditorías financieras y una es un examen especial de gestión ambiental.

    Los cifras corresponden a los datos entregados por la Coordinación de Auditoría de la Corte, que reúne datos de las siete direcciones de auditoría, de la Dirección de Auditoría Forense y de las tres direcciones de auditoría regional.

    Entre los procesos en ejecución, la auditoría tiene en proceso la fiscalización el uso de los fondos en el parque arqueológico San Andrés debido a la mejora de la infraestructura y equipamiento cultural del sitio. Como parte de las medidas, los auditores encargados de la fiscalización realizaron una visita técnica al sitio el 20 de diciembre «para verificar las obras ejecutadas» por el Ministerio de Cultura.

    La auditoría es un examen especial para verificar los ingresos, gastos y proyectos en el parque arqueológico desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. Desde enero hasta noviembre de 2024, la CCR finalizó 361 auditorías.

  • Tribunal electoral despide a otros seis empleados en enero

    Tribunal electoral despide a otros seis empleados en enero

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) despidió en enero a más empleados de áreas como la Oficina de Información (OIR), Dirección de Organización Electoral (DOE), cartografía y del área jurisdiccional, confirmaron dos fuentes internas a Diario El Mundo.

    Los seis despedidos ejercían cargos técnicos y uno que laboraba en Cartografía estaba hospitalizado debido a una enfermedad terminal, por lo que no fue notificado en diciembre junto a los otros 140 empleados despedidos ese mes, según las fuentes.

    Con estos despidos, la OIR encargada de procesar las solicitudes de acceso a la información pública se quedó sin personal. El oficial de información, Duque Mártir Deras fue despedido en diciembre, su asistente fue trasladada y finalmente despedida en enero.

    Desde octubre a diciembre de 2024, los nuevos magistrados acordaron despedir a casi 200 empleados entre jefes, directores y personal técnico de la institución. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del TSE (STRATSE) pidió públicamente que se revocaran los despidos.

    Según otra fuente interna, cuando los magistrados asumieron sus cargos, había alrededor de 295 empleados, de los que unos 170 eran afiliados al Sindicato. Luego de los despidos, quedaron unos 40 afiliados, pero la mayoría consideraban desafiliarse.

    La fuente aseguró que las autoridades presuntamente estarían presionando a los empleados a desafiliarse para que no aparezca en planilla el descuento por la cuota sindical.

    Otra fuente dijo que, a diferencia de trabajadores de otras instituciones, los empleados del TSE decidieron no pronunciarse «por el miedo de la gente» porque, desde septiembre, el contrato de seguridad privada venció y la institución recurrió a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

    Cuando los empleados eran citados en una oficina para informarles su despido, la entrada era resguardada por agentes de la PNC, por lo que los empleados tenían miedo de pronunciarse porque les sería aplicado «el régimen de excepción».

    El presupuesto del TSE para el año 2025 suprimía 166 plazas entre contrataciones por Ley de Salarios y contrato. Los magistrados propietarios mantienen ingresos por más de $5,000 que incluyen gastos de representación.

  • Bukele responde a las críticas de la Iglesia Católica sobre la minería y les increpa su papel en la tregua

    Bukele responde a las críticas de la Iglesia Católica sobre la minería y les increpa su papel en la tregua

    El presidente Nayib Bukele salió al paso este sábado a las críticas de la Iglesia Católica sobre la minería y les increpó que bendijeron la negociación del gobierno de Mauricio Funes con las pandillas.

    «Cuánto esfuerzo por detener la minería, de los mayores poseedores de oro del mundo. Pero jamás se pronunciaron cuando mataban 30 salvadoreños al día. Al contrario, avalaron y dieron su «bendición» para negociar con ellos», escribió Bukele en la red social X, claramente refiriéndose a la Iglesia Católica aunque sin mencionarla por su nombre.

    La Iglesia Católica está impulsando una campaña contra la minería y está apoyando la recolección de un millón de firmas por parte de organizaciones ambientales y religiosas para anexarlas en una demanda de inconstitucionalidad que presentarán a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Las firmas son recolectadas en parroquias católicas.

    Fue la Iglesia Católica la que impulsó la prohibición de la minería en 2017 y el arzobispo José Luis Escobar Alas dijo el viernes que «estamos pidiendo a la Asamblea Legislativa que reconsidere la aprobación de la Ley de Minería y se revierta lo actuado el 23 de diciembre».

    La jerarquía católica sostiene que la minería contamina las fuentes de agua y pone en peligro la salud y la vida de las personas de las zonas de explotación minera.

    Sobre el tema de la tregua, el entonces obispo católico castrense, Fabio Colindres, quien apoyó la tregua como mediador durante el gobierno de Mauricio Funes. La tregua derivó en un proceso judicial en el que el propio Funes fue condenado y también su exministro de Seguridad y de Defensa, David Munguía Payés. Colindres fue testigo en el proceso judicial.