El director general de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, prometió ayer que investigarán a los extranjeros que soliciten el beneficio de residencia definitiva que podrán obtener si invierten o respaldan un programa impulsado por el Gobierno Central y con la cual podrán salir del país por «tiempo ilimitado».
La Asamblea Legislativa aprobará una reforma a la Ley General de Migración y Extranjería para que «los extranjeros que se adhieran a los programas que promueva el Gobierno Central, de la clase que fueren» puedan someterse a un «procedimiento especial» para obtener la residencia definitiva «sin necesidad de obtener previamente la residencia temporal» y sin cumplir la exigencia de no estar fuera del país por más de dos años, regulada en el artículo 154.
La reforma establece una tasa de $690 anuales por la residencia definitiva para personas extranjeras.
El diputado Francisco García Villatoro, de Nuevas Ideas, preguntó si habrá coordinación policial para garantizar que vengan a El Salvador “personas de bien” y no personas que quieran venir “a lavar dinero y a esconderse” haciéndose pasar por “inversionista”.
«No podemos permitir que haya gente malandrines que vengan al país a quererse acuerpar, asombrillar, a ponerse de paraguas en una residencia definitiva y son pícaros, traficantes de personas, de drogas, de lo que sea, gente que tal vez tenga una sentencia condenatoria en otro país», respondió el funcionario.
«Nosotros tenemos toda la facultad y todas las herramientas legales para poder averiguar quién es quién, por eso nosotros en el procedimiento especial vamos a tener todas las herramientas jurídicas para poder averiguar quién es la persona que está solicitando esto».
Ricardo Cucalón, director general de Migración.
Según el director general de Migración, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, le recalca en que él tiene que estar informado sobre quién está dentro de El Salvador.
«El señor presidente me recalca a mí, cuando tengo la oportunidad de platicar con él, tenés que saber quién exactamente está en el país y por qué razón, quién merece estar y quién no, ustedes tienen que saberlo, puedo contarlo aquí, hay gente que inadmitimos en el Aeropuerto, es mínimo pero hay», relató a los diputados de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.
El funcionario detalló que la Dirección General de Migración trabaja diariamente con las unidades de inteligencia a nivel internacional, específicamente poseen una unidad en San Salvador distinta a las oficinas de Migración que «chequea» y «desde donde manejamos el conocimiento (de) qué pasa por nuestro país y Centroamérica», dijo. Ejemplificó que, cuando iniciaron el gobierno de Bukele, se presentó un «conato de caravana y se detuvo» porque ellos trabajan junto con la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
Estas reformas no es un sinónimo de inmunidad para todo el que quiera venir, no significa que alguien que se acoja a este programa va a tener la libertad de hacer y deshacer lo que se ronque la gana en nuestro país. No es que le vamos a abrir las puertas a que cualquiera venga a hacer lo que quiera.
Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas.
«Cuando uno invita a la casa de uno, uno espera que la gente que invita se porte bien, haya o no haya licor, pero cuando alguien se sale del huacal, entonces hay que pedirle que se salga, porque no es bienvenido… Si esta persona no está dentro de los parámetros de comportamiento que exigimos, vamos a tener la facultad para retirarle esa residencia», dijo el director, luego de la intervención del diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas.
El beneficio aún no tiene un monto específico de inversión mínima que tendrán que realizar los extranjeros solicitantes de residencia definitiva en El Salvador.
Los requisitos para los extranjeros, según la gerente de Migración, Eleonora de Marroquín, será, además de presentar su pasaporte, no tener récord criminal y presentar la constancia del programa en el cual haya hecho la inversión o haya sido admitido.
Según el titular de Migración, el beneficio se aplicaría a la familia de la persona que respalde el programa impulsado por el Gobierno, aunque esto no está incluido en la propuesta de reforma.
