Categoría: Politica

Designado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, viajó a Ciudad del Vaticano para participar en las exequias del papa Francisco, frente a cuyo féretro han pasado unas 150,000 personas en la basílica vaticana hasta el mediodía de este viernes.

«El Gobierno de El Salvador se suma al luto de la iglesia católica y duelo mundial por el fallecimiento del Papa Francisco», informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia, al anunciar el viaje de Ulloa, junto a su esposa Lilian de Ulloa, quienes expresaron sus condolencias en representación del gobierno de El Salvador.

Ulloa fue recibido por el jefe de Protocolo de la Santa Sede, monseñor Javier Fernández, quien lo acompañó a la capilla ardiente para rendir las honras fúnebres al Papa Francisco. «Resaltaron el legado de fe, humildad y compromiso que deja el pontífice», cita el reporte oficial.

El 23 de abril, Ulloa asistió a la Nunciatura Apostólica en El Salvador para firmar el libro de condolencias.

El papa Francisco, quien falleció el lunes a sus 88 años, permanecerá en capilla ardiente hasta las 7:00 de la noche en Roma (11:00 a.m. del viernes de El Salvador), luego se realizará una ceremonia privada del cierre del féretro y posteriormente un funeral solemne en la mañana del sábado.

Al funeral del papa Francisco asistirán unas 130 delegaciones de países, jefes de Estado como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reyes de España, Felipe VI y Leticia. Trump confirmó su asistencia el lunes. “¡Estamos deseando estar allí!”, escribió en Truth Social antes de la confirmación de la fecha del funeral de papa.

Diputados de oposición criticaron este viernes el «retraso» de la propuesta de aumento al salario mínimo, señalaron que el anuncio del presidente Nayib Bukele responde al descontento de la población por el alto costo de la vida y cuestionaron por qué el aumento solo será del 12 %.

Este viernes por la mañana, Bukele informó en su cuenta de X que envió al Consejo Nacional del Salario Mínimo una propuesta de incremento del 12% al salario mínimo.

“Este incremento llega con un año de retraso, considerando que la última revisión debió realizarse en 2024, según lo establece la ley”. Francisco Lira, diputado de Arena.

Lira agregó que la decisión «responde más a la acumulación de presiones por el aumento del costo de la vida, el descontento popular y las demandas sindicales, que una verdadera planificación gubernamental o visión de largo plazo».

Advirtió que deben estar atentos al proceso dentro del Consejo Nacional del Salario Mínimo.

Lira pidió responsabilidad en el análisis sobre el incremento “priorizando el bienestar de la población y que no únicamente sea una cortina de humo”.

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, preguntó los criterios en los que se ha basado el gobierno para proponer un incremento del 12 %.

“En agosto 2024, debía revisarse salario mínimo por mandato de ley. Lo venimos exigiendo desde hace casi un año, pero el Consejo ha estado sin sesionar. ¿12% de aumento? ¿Por qué no más? ¿Qué criterios se usarán para definirlo? ¿Analizarán la decisión o solo seguirán órdenes?”. Claudia Ortiz, diputado de Vamos.

Arena y Vamos habían propuesto revisar el salario mínimo ante la Asamblea. En agosto de 2024 Ortiz, propuso que la Asamblea Legislativa pidiera un informe al Ejecutivo para saber qué estaba haciendo el Ministerio de Trabajo para actualizar el salario mínimo y cuándo se haría esa actualización. La iniciativa no fue apoyada por la bancada de Nuevas Ideas.

El coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria, Mateo Rendón, calificó este viernes de positiva la “Ley de protección a la sanidad vegetal, salud animal e inocuidad de los alimentos no procesados de origen vegetal o animal”, aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa, pero duda de la capacidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para aplicarla.

“Lo positivo es que es una ley con bastante alcance. Es una ley muy amplia, hay muchos vacíos en la ley actual. La pregunta es si lo van a cumplir o no”, afirmó.

El representante resumió que la ley busca garantizar la sanidad vegetal y la salud animal, la inocuidad de los alimentos no procesados de origen vegetal y animal, la protección de los los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente.

“Claro, es positivo, tiene unos objetivos bastante grandes que a uno le cabe la duda de si lo irán a cumplir o no lo irán a publicar, por eso el objetivo de regular, controlar, supervisar el diagnóstico y manejo, prevención, vigilancia, verificación, certificación, registro, fiscalización, autorización, con todo lo que tiene que ver con las importaciones y exportaciones, bueno, ¿no será que vamos a caer en una gran burocracia con todo esto?”, cuestionó. A este listado de atribuciones, el representante del sector agropecuario agregó la verificación de las importaciones, exportaciones, empaque, transporte, distribución, entre otros.

“¿Cómo lo van a cumplir?, si por un lado el Ministerio está debilitado. Hoy en diciembre despidieron a más de 100 empleados. Hay una directiva de Sanidad Animal y Vegetal, hay una Dirección de Ganadería diezmada. Esto requiere de recurso humano, equipo y es lo que menos tiene el Ministerio”.
Mateo Rendón, coordinador Mesa Agropecuaria.

Cercos sanitarios contra las plagas

Una de las nuevas facultades que la Mesa Agropecuaria ve positiva es la introducción de medidas contra las plagas en vegetales y enfermedades en animales. “Como el gusano barrenador, una plaga que debió prevenirse como dice esta ley”, ejemplificó.

Hizo referencia a que la normativa establece medidas fitosanitarias y vigilancia en todo el territorio. «El MAG planificará, coordinará y desarrollará campañas, programas fitosanitarios y otras actividades para prevención y el control de plagas», dice el artículo 17.

Rendón reveló que él sugirió al viceministro de Agricultura el establecimiento de puntos de control para que el gusano no se expanda, como un cerco sanitario en la región oriental, donde había surgido el gusano barrenador, pero “el MAG carecía de esas facultades”.

“Esta ley le da la facultad de establecer medidas territoriales, así como hace la Policía que pone controles de vigilancia. Tú puedes hablar con la Policía y establecer por ejemplo que ganado de Morazán no salga a los tiangues y si salen que sea revisado o supervisado para que no lleve el gusano y le dije ‘poner un punto de control en el puente Cuscatlán para que todo animal fuera revisado, para que la plaga no se expandiera’, lastimosamente no se hizo y lo otro es que la mosca tiene capacidad de volar 200 kilómetros, pero bien se pudo hacer estas acciones que hoy las contempla la ley”, relató.

La nueva normativa amplía las atribuciones del MAG en la prevención, control y vigilancia de plagas en vegetales y enfermedades de animales, ingreso de animales, productos biotecnológicos de uso animal, alimentos no procesados de origen vegetal o animal, insumos agrícolas, alimentos para animales, establecimientos agrícolas, alimentos para animales, insumos biológicos de uso agrícola o animal, entre otros.

El artículo 71 obliga a las autoridades administrativas, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada a prestar al MAG su colaboración y auxilio para cumplir con la normativa.

Protección a los agricultores nacionales

El jueves, Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores (Campo), sugirió analizar si habrá «participación de los productores nacionales» y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) en la aplicación de la ley.

«Nosotros no estamos en contra, pero sí hay que buscar que se permitan otras variedades de cultivos, incluso el transgénico está bien que lo autoricen, pero que dejen participación de los productores nacionales. Estamos a favor de fomentar la agricultura nacional», insistió, al ser cuestionado sobre la regulación de la normativa a los productos biotecnológicos.

Treminio indicó que la producción de plantas genéticamente modificadas está prohibida en el país pero no el consumo, por lo cual se permite su importación, lo que afecta a los produtores nacionales.

El MAG deberá elaborar reglamentos técnicos en un plazo no mayor a seis meses desde la vigencia, que iniciará ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

El gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa modificar la Ley Especial de Migración y Extranjería para otorgar residencia a extranjeros que se adhieran a programas del gobierno central «de la clase que fueren» a un costo de $690 por un año.

El Ejecutivo explicó que la reforma busca beneficiar a los extranjeros que donen o inviertan en proyectos para dinamizar la economía del país.

«Que con la finalidad que personas extranjeras interesadas en apoyar el desarrollo económico, social y cultural de El Salvador, mediante la donación o inversión para la ejecución de programas o proyectos orientados a dinamizar la economía del país opten por una residencia definitiva, es necesario adoptar mecanismos que faciliten y eficienticen dicho tru00e1mite», justificó en la solicitud enviada por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

La propuesta agrega una nueva condición en el artículo 152 que indica «podrán obtener la residencia definitiva las siguientes personas»:

«13) Los extranjeros que se adhieran a los programas que promueva el gobierno central, de la clase que fueren, sin necesidad de obtener previamente la residencia temporal. La Dirección General de Migración y Extranjería definirá un Procedimiento Especial para tales efectos. Dichas personas estarán exentas de cumplir con lo regulado en el artículo 154 de la presente ley».

Es decir, los extranjeros que se adhieran a programas del Gobierno Central estarán exentos de solicitar permiso para ausentarse por más de dos años, como lo exige el artículo 154. Según este artículo deben solicitar un permiso a la Dirección General de Migración.

El gobierno también pidió agregar una tarifa de $690 por este servicio, dentro del Capítulo III sobre Tasas de Servicios Migratorios, un apartado de «Otorgamiento de Residencias Temporal o Definitiva» del artículo 325, de la siguiente manera: «Definitiva para personas extranjeras, según el numeral 13 del artículo 152, hasta por un año, por una tasa por $690.00».

La iniciativa pasó a estudio a la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, que fue convocada para el martes 29 de abril.

El u003Cstrongu003EMinisterio de Agricultura y Ganadería (MAG) u003C/strongu003Edeberu00e1 regular, fiscalizar y controlar los productos biotecnológicos de origen vegetal y de origen animal según la «Ley de protección a la sanidad vegetal, salud animal e inocuidad de los alimentos no procesados de origen vegetal o animal», aprobada el jueves.nnCon la nueva ley, el MAG autorizaru00e1, registraru00e1 y supervisaru00e1 las actividades de productos de biotecnología relacionados a sanidad vegetal y salud animal, y verificaru00e1 los establecimientos de este tipo de productos, así como de alimentos para animales.nnTambién, tendru00e1 la competencia de interceptar animales, productos y subproductos de origen animal, alimentos para animales y productos biotecnológicos de origen animal ante condiciones potencialmente peligrosas para la salud humana y salud animal.nnu003Cstrongu003EEn la ley, los productos biotecnológicos son definidos como los derivados de la u0022biotecnologíau0022 aplicada a la agricultura, ganadería, acuicultura y agroindustria, incluyendo u0022organismos modificados genéticamente, bioinsumos y herramientas para la mejora genética y la sanidadu0022.u003C/strongu003EnnLa nueva normativa crea el nuevo Capítulo V u0022De la protección sanitaria en el intercambio comercial internacional de mercancías y productos biotecnológicosu0022 y el nuevo Capítulo VII u0022Del registro y fiscalización de establecimientos, alimentos para animales y productos biotecnológicos de origen animalu0022.nnEn una opinión preliminar, u003Cstrongu003ELuis Treminio, presidente de la Cu00e1mara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores (Campou003C/strongu003E), aseguró que siempre el problema es que ponen a competir a los agricultores nacionales con los transnacionales.nn»Ese es el problema principal, van a decir vamos a crear empresas que se encarguen de eso pero los productores nacionales no van a poder uso de esta herramienta», dijo, aunque advirtió que la normativa actual ya estu00e1 desfasada.nnTreminio indicó que la producción de plantas genéticamente modificadas estu00e1 prohibida en el país. «Hace como unos 10-15 años se intentó comenzar a traer semillas genéticamente modificadas y el Marn (Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales) no lo permitió, es prohibido producir genéticamente modificadas pero no es prohibido consumirla», señaló.nnSin embargo, el representante de Campo observó que es necesario analizar si habru00e1 «participación de los productores nacionales» y del Marn para verificar si no perjudicaría el medio ambiente.nn»Nosotros no estamos en contra, pero sí hay que buscar que se permitan otras variedades de cultivos, incluso el transgénico estu00e1 bien que lo autoricen, pero que dejen participación de los productores nacionales», señaló. «Estamos a favor de fomentar la agricultura nacional», insistió.nnEl MAG deberu00e1 elaborar u003Cstrongu003Ereglamentos técnicosu003C/strongu003E en un plazo no mayor a seis meses desde la vigencia, que iniciaru00e1 ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. La normativa establece multas por infracciones desde cien hasta 30,000 salarios mínimos diarios del sector comercio.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) iniciará a mediados de junio las gestiones para la firma de los convenios con las instituciones que colaborarán para la conformación del

registro electoral de los salvadoreños en el exterior aptos para emitir el sufragio en las elecciones legislativas y municipales de 2027.

De acuerdo con el calendario electoral aprobado, se establece que el ente electoral empezará el 16 de junio la gestión para la firma de los convenios con el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La fecha límite para la firma de los convenios es el 19 de septiembre.

Simultáneamente, el Tribunal tendría que preparar las condiciones tecnológicas para recibir la información de dichas entidades. Este proceso llegaría hasta noviembre y ese mismo mes iniciaría el envío, recepción y validación de la información.

Los datos tendrán que ser auditados por la empresa fiscalizadora que contratará el Tribunal, cuyo proceso iniciaría el 25 de noviembre de 2025 y concluiría el 31 de agosto de 2026.

El proceso de contratación de la empresa iniciará en junio con la formulación de los términos de referencia y tendría que finalizar el próximo julio.

El artículo 13 de la Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero establece que el registro electoral de connacionales en el extranjero se creará a partir de los datos del RNPN, de Migración y de Cancillería y ordena que «bajo ninguna circunstancia, los salvadoreños en el extranjero estarán obligados a realizar un registro alterno».

Para las elecciones de 2024, Migración transfirió más de 8.1 millones de trámites de pasaportes al Tribunal para la conformación del registro. La transferencia fue custodiada por la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) y la Fiscalía General de la República (FGR). Migración y Cancillería proveen datos de los pasaportes salvadoreños.

El RNPN se encarga de transferir los datos de los Documentos Únicos de Identidad (DUI) emitidos dentro y fuera de El Salvador para integrarlos al registro nacional y exterior.

Para los comicios de 2024, el registro estaba compuesto por 741,094 salvadoreños en el exterior aptos para votar por internet –con DUI con dirección en el exterior– y 5.4 millones para emitir el voto electrónico presencial en centros de votación –con pasaporte salvadoreño y DUI con dirección en El Salvador.

De los 741,094 habilitados para votar por internet, solo 240,650 emitieron el sufragio (32.47 %), mientras que 500,444 (67.53 %) decidieron no votar.

Solo se reportaron 582 abstenciones y el sistema no permitió la emisión de votos nulos, de acuerdo con datos de la memoria de labores del TSE.

Mientras la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, asevera que se garantizará la protección de la información crediticia de los salvadoreños al almacenarnos en la nube y que esto será opcional, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, señala que será obligatorio para las agencias y cuestiona qué pasará si los estándares de protección de datos que tenga el país extranjero donde estén los servidores son distintos a los que hay en El Salvador.

La polémica o el contrapunto entre ambas legisladoras se desata por la reforma a la Ley del historial crediticio aprobada el jueves que incluye entre los «deberes» de las agencias el uso de la nube para almacenar información crediticia y que exceptúa la prohibición de compartir información para este fin.

González dice que los salvadoreños no tienen de qué preocuparse porque tendrán «todas las garantías de seguridad y protección de datos». «Eso no se está modificando», dijo.

«Esto no abre ninguna puerta al uso indebido de la información de los ciudadanos, todo lo contrario, nosotros hemos estipulado en el artículo 19 que seguimos protegiendo a los salvadoreños y no se podrá utilizar y compartir datos sin el consentimiento de los salvadoreños. Esto es algo opcional que van a poder tener los burós de créditos».
Dania González, Nuevas Ideas.

La diputada de Nuevas Ideas aseveró que «siempre» están respetando la naturaleza de las reformas de 2022 cuando se refirió al cambio a la prohibición regulada en el literal «h» del artículo 19, en donde, ayer, agregaron una salvedad.

El jueves, se aprobaron estas dos modificaciones a la Ley del historial crediticio:

1. En el artículo 17, que se titula «Deberes de las Agencias de Información de Datos», se agregó el literal «n»: «Utilizar el servicio de almacenamiento y procesamiento en tecnología de computación en la nube para la base de datos y su respaldo, también será permitido el almacenamiento en el territorio nacional». La oración inicial de este artículo dice: «Las personas jurídicas que operen como agencias de información de datos tienen los siguientes deberes».

Además, esta primera reforma detalla que se dará «acceso irrestricto al BCR y a la SSF» y que el BCR emitirá normas técnicas.

2. En el artículo 19, que se titula las «Prohibiciones a las Agencias de Información con Relación a sus Bases de Datos», se agrega la frase «salvo lo dispuesto en el artículo 17, literal n». El actual literal «h», vigente desde el año 2015, prohíbe «utilizar, transferir, compartir y comercializar» la información «sin el consentimiento expreso de sus titulares para realizar dichas actividades».

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, manifestó que aún hay preguntas no respondidas. Dijo que una es que la reforma al artículo 17 establece el uso de la nube «como obligación», es decir, no tendría carácter voluntario.

«Deben» utilizar el servicio de almacenamiento. En la comisión preguntamos si esto iba a ser un deber o una opción, ya que el artículo dice que son obligaciones, en la comisión se dijo que iba a ser opcional. Sin embargo, no se ha cambiado la redacción», observó.

La segunda observación de Ortiz fue que no se discutió «el principio de soberanía de los datos«. Y preguntó qué pasaría si los servidores están en otro país con distintas leyes de protección de datos personales o de ciberseguridad de El Salvador.

«En otros países se autoriza el uso de servidores pero se da la obligación de que los datos de los nacionales estén sujetos a la legislación nacional, sin embargo, esto no está establecido en la ley», cuestionó.

Si los datos de los salvadoreños están en un país con un estándar diferente de protección, ¿ a qué debe hacerle caso el dueño del servidor o el que está administrando estos datos?.
Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

La diputada Dania González respondió que la protección de datos es «una de las prioridades» de los diputados de Nuevas Ideas.

«Yo sé que en ChatGpt no podemos encontrar todas o formular todas las preguntas que queremos o esas respuestas, habría que estudiar bien y tener claro que existe un comité de normas dentro del BCR que ellos ven cada uno de estos detalles para que las instituciones del Estado hagan su trabajo», respondió.

González reiteró que mantienen la prohibición del artículo 19 literal h, aunque la diputada no explicó la salvedad que fue agregada el jueves a esta prohibición aprobada en una reforma del 26 de noviembre de 2015.

El Comité de Normas del «Banco Central de Reserva (BCR)» deberá emitir las normas técnicas que garanticen «estándares de ciberseguridad y protección de datos en la administración y respaldo de las bases de datos» crediticios almacenados en la nube, luego de la reforma aprobada el jueves a la Ley de historial de crédito de las personas.

La Asamblea Legislativa aprobó el jueves una reforma que establece como «deber» de las agencias de información crediticia en El Salvador –actualmente son «Equifax, TransUnión y Infored»– el uso de un servicio de almacenamiento de datos en la nube para guardar datos crediticios de los usuarios del sistema financiero en El Salvador.

La reforma se realizó al artículo 17 de la «Ley de regulación de los servicios de información sobre el «historial de crédito de las personas», agregando ese nuevo deber de las agencias el uso del almacenamiento en la nube.

El almacenamiento podrá darse tanto en el extranjero como «en el territorio nacional», pero en cualquier escenario habrá un «acceso irrestricto» para el BCR y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), según la reforma al artículo 17, que regula los deberes de las agencias o burós de crédito.

«El Comité de Normas del BCR emitirá las Normas Técnicas para garantizar el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad y protección de datos en la administración y respaldo de las bases de datos», reza el nuevo literal «n» del artículo 17.

La reforma reitera que es prohibido compartir o comercializar la información de las personas sin el consentimiento expreso de sus titulares, pero introduce una salvedad o excepción: «Salvo lo dispuesto en el artículo 17, literal n», es decir, salvo cuando se comparta información crediticia de los salvadoreños para almacenar los datos en la nube.

Con 60 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves la nueva «Ley de protección a la sanidad vegetal, salud animal e inocuidad de los alimentos no procesados de origen vegetal o animal», que busca garantizar la sanidad vegetal, la salud animal y la inocuidad de alimentos no procesados de origen vegetal o animal en el país.

La nueva normativa crea atribuciones al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como ejercer la vigilancia y realizar el diagnóstico de plagas en vegetales, infecciones, infestaciones y enfermedades, así como regular el ingreso y la movilización de vegetales y productos vegetales, productos biotecnológicos.

El diputado Saúl Mancía, de Nuevas Ideas, aseguró que se busca «estandarizar procesos y garantizar que los productos que se importan, exportan, que se comercializan en el país cumplan con esas normativas para evitar los riesgos sanitarios».

«La ley ha sido ineficiente porque no se establecen mecanismos de trazabilidad. Cuando se importa un producto de origen animal, genética de ganado, hay tres formas de exportarlo, animales vivos, espermas o embriones. Por no tener una normativa clara que agilice el proceso, muchos ganaderos han tenido para mejorar la genética lo han hecho a través de puntos ciegos», dijo el diputado Mancía.

«Ahora no se puede decir que no se cuenta con la normativa legal», agregó.

Añadió que en este momento «ya se tienen las primeras cosechas de papa de semilla importada de Estados Unidos».

El MAG deberá autorizar, registrar, regular y vigilar la actividad de establecimientos de productos biotecnológicos de origen vegetal o animal.

El diputado Ricardo Rivas, también de Nuevas Ideas, aseguró que la ley busca establecer un «marco robusto que garantice la sanidad vegetal, la salud animal y la inocuidad de los alimentos no procesados» tanto de origen vegetal como de animal.

Rivas sostuvo que el MAG podrá agilizar los trámites para las importaciones y exportaciones. «La ley actual fue creada en 1995 y no se adapta a la realidad que estamos viviendo, todos los países de la región tienen sus nuevas normativas», afirmó.

El diputado Ricardo Rivas dijo que él, hace 10 años quería sacar un permiso para exportar y «se tiraban la bola», y ahora se deja claro que el MAG es la institución competente.

«Les voy a hablar como productor de tilapia. Los viene a ordenar y darle a la ciudadanía para que puedan consumir producto de buena calidad», dijo.

El MAG tendrá la facultad de establecer regulaciones referidas a la introducción de productos biotecnológicos de origen vegetal o animal, microorganismos para uso vegetal o animal, para prevenir o controlar plagas y enfermedades, entre otras.

La jefa de fracción del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Marcela Villatoro, aseguró que no se debe criminalizar a los migrantes «solo por cruzar de forma ilegal» y defendió que la mayoría de migrantes salvadoreños busca «oportunidades».

Los diputados de oposición reaccionaron este jueves a la reciente publicación de un afiche por el gobierno de Estados Unidos, en el cual lanzó una advertencia a los migrantes que estén o lleguen de forma ilegal a Estados Unidos. «No es difícil de seguir: Cruzar ilegalmente. Unirse a una pandilla. Ser deportado. Fin de la historia”, describió la Casa Blanca el posible camino a un migrante que se una a una pandilla y se coloque tatuajes en los Estados Unidos.

“La mayoría de salvadoreños que van para Estados Unidos ha sido porque buscan oportunidades, porque no encuentran una situación económica buena en El Salvador. Con este tipo de situaciones, lo que están haciendo es criminalizándolos, es como decir que todos los que llegan a Estados Unidos son gente mala o que pertenecen a una pandilla y eso no es cierto, la mayoría son gente decente, que buscan un país mejor”, señaló este jueves Villatoro.

Su colega, el diputado Francisco Lira, de Arena, recalcó que “la migración es un derecho” y que la falta de oportunidades son las causas que provocan la migración en El Salvador.

“Hay que recordar que la migración es un derecho. La mayoría de las personas migran porque en nuestros países no hay oportunidades y eso es lo que está pasando en nuestro país. La migración sigue, no se ha detenido y que no vengan a decir que hay una migración inversa, que lo demuestren. Pueblo salvadoreño, ¿es cierto que en este país hay oportunidades? ¿Hay empleo, hay trabajo?”, cuestionó Lira.

Villatoro también reprochó que se esté discriminando a los migrantes: “No se debe fomentar la discriminación. No, por defender un gobierno, creer que los migrantes son criminales, porque el día de mañana cualquiera de nosotros pudiera tener la necesidad de buscar migrar a otro país, para mejores oportunidades”.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, aseveró que, en las decisiones que tome el gobierno de Estados Unidos, los salvadoreños no tienen influencia, pero sí en el rumbo de El Salvador y, actualmente, la pobreza es una realidad que sufre la mayoría de salvadoreños y que la única salida que han encontrado es la migración.

“Lo que hagan otros gobiernos es algo en lo que poco puedo influir como diputada, eso le corresponde a la política y los ciudadanos de ese país… Pero ¿cuál es la realidad que vivimos los salvadoreños?, aquí en esta Asamblea Legislativa dicen que dan gobernabilidad. No, no dan gobernabilidad, obedecen órdenes y, entonces, los salvadoreños están bajo el yugo de leyes que solo enriquecen a unos pocos y hoy por hoy la pobreza en El Salvador ha aumentado. La gente ya no aguanta la situación económica, la gente busca salidas y la única salida que encuentran es la migración”, señaló la diputada de Vamos.

Ortiz señaló que los salvadoreños han migrado en busca de un futuro mejor desde hace más de 30 años en busca opciones, “por eso se debe trabajar en un proyecto de visión con el que los salvadoreños no se tengan que ir, que cada joven que sale de bachillerato no se tenga que ir, sino que se quede aquí y salga adelante”, expuso Ortiz.

La migración irregular hacia los Estados Unidos ha tenido una caída durante los dos últimos meses. En marzo, únicamente 198 salvadoreños fueron detectados en la frontera sur de los Estados Unidos, 23 de los cuales eran menores de edad solos.