Categoría: Politica

El director ejecutivo de El Rescate de Los Ángeles, Salvador Sanabria, relató que las principales preocupaciones de un grupo de salvadoreños y mexicanos que asistieron a un taller de conocimiento de derechos fueron qué hacer con sus propiedades y negocios, pero «principalmente cómo administrar la separación familiar» ante las inminentes deportaciones, tras las órdenes ejecutivas de Donald Trump.

El también presidente del Instituto Salvadoreño del Migrante (Insami) sostuvo que ha habido una «campaña de terror» ante lo cual recomendó a los salvadoreños elaborar un plan de emergencia y conocer sus derechos constitucionales. La campaña de Trump, consideró, ha sido «de terror» porque ha tenido un discurso «xenobófico, racista, antimigrante» y de criminalización de comunidades que trabajan en los Estados Unidos para sostener a sus familias.

Él no tiene dudas de las órdenes ejecutivas de Trump pero tampoco dice tener dudas de que tienen «aspectos inconstitucionales» que están siendo desafiados; concretamente, mencionó las enmiendas cuarta, quinta y décimo cuarta de la Constitución de los Estados Unidos.

El espíritu de esos funcionarios que ha nombrado el señor Trump es muy grande, sin embargo, la realidad es otra. El presupuesto que tienen las agencias que están participando en esta campaña de temor en nuestra comunidad migrante en los EE.UU. es limitado y, por lo tanto, su capacidad para la deportación de los millones que quiere el señor Trump está por verse.
Salvador Sanabria, presidente de Insami.

Pese a esta campaña de temor, el líder de la organización migratoria no cree que se cumplan las metas ambiciosas de deportación que Trump porque el presupuesto se queda corto. «El señor Trump en los cuatro años que estuvo no pudo superar al que tiene el trofeo de 'deportador' en jefe en Estados Unidos, el señor (Barack) Obama», observó.

La cuarta enmienda de la Constitución de EE.UU. establece el derecho de sus habitantes a mantenerse a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias. La quinta enmienda establece que ninguna persona será privada de libertad sin el debido proceso legal, aplicada al gobierno federal. La 14a. enmienda establece que toda persona nacida o naturalizada en EE.UU. es ciudadana de EE.UU. y del estado en que resida.

Los salvadoreños más vulnerables

Ante las órdenes ejecutivas de Trump, los grupos de salvadoreños vulnerables a una amenaza de deportación son variados.

El presidente de Insami explicó que hay tres grupos de mayor riesgo:

1. Salvadoreños amparados bajo el «parole humanitario» que les permitía solicitar asilo mediante la aplicación CBP One antes de que se cumpliera un año de haber ingresado a Estados Unidos.
2. Salvadoreños que no se hayan presentado a la primera audiencia para ventilar su petición de asilo ante un juez de migración.
3. Salvadoreños que nunca aplicaron a ningún alivio migratorio temporal o permanente.

«La clase de salvadoreños que están en la peor situación son aquellos que entraron a este país, que nunca aplicaron para ningún alivio migratorio temporal o permanente y que, en este momento, laboran en las sombras, bajo el radar, que podrían ser interrogados o detenidos en un retén y, al ser interrogados sobre su situación migratoria, pueden ser objeto de remoción hacia su lugar de origen».
Salvador Sanabria, director de El Rescate de Los Ángeles.

Sin embargo, afirmó que hay otros grupos que son considerados vulnerables pese a que aún están amparados bajo programas específicos: más de 150,000 salvadoreños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) por ser un alivio que depende del Poder Ejecutivo, menos de 10,000 salvadoreños amparados en el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

La preocupación de los tepesianos

El coordinador de la Alianza Nacional TPS, José Palma, también ha detectado preocupación en la comunidad tepesiana porque, aunque este programa tiene una vigencia de 18 meses, se enfrentan ante la incertidumbre de qué hará Trump con este y saben que podría cancelarlo porque lo tiene «en la mira». «Es un presidente difícil de saber lo que él va a hacer», advirtió.

El 10 de enero pasado, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos extendió por 18 meses los permisos del programa de TPS para El Salvador, del 10 de marzo de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2026.

«La preocupación de muchas personas con TPS es que, aún implementando esta extensión, solamente dura por los próximos 18 meses y la pregunta es qué va a hacer el presidente Trump, si va a cancelar el TPS o si lo va a extender».

Las expectativas, reveló, «no son muy altas» pero llamó a no perder esperanza, a organizarse para que conocer los derechos y «aprender maneras de cómo poder preparar en un caso que se llegara a terminar el TPS». Pero lo inmediato, advirtió, es registrarse urgentemente al TPS para lo cual hay un periodo de 60 días.

Trump firmó desde el 20 de enero varias órdenes ejecutivas contra la migración irregular, suspendiendo la entrada de personas indocumentadas a Estados Unidos en cualquier circunstancia y canceló la aplicación móvil CBP One que permitió, según WOLA, a 936,500 solicitantes de asilo programar citas en los puertos de entrada de Estados Unidos.

Los magistrados propietarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantendrán sus salarios mayores a los $5,000 para el año 2025 aunque han reducido 166 plazas de empleados por diferentes formas de contratación según la Ley de Salarios de 2025.

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Los magistrados propietarios ganan casi $6,000 mensuales, incluyendo gastos de representación y los magistrados suplentes perciben $3,003.97 mensuales, manteniendo los ingresos que tenían en 2024.

Los salarios se desglosan así:

• Magistrada presidente, Roxana Soriano, salario mensual de $5,980, que incluye $4,270 de sueldo y $1,710 en gastos de representación.
• Magistrados propietarios Rubén Alvarado, Cecilia Marroquín, Karla Guandique y Sofía Paniagua: salario mensual de $5,630, que incluye $4,200 de sueldo y $1,610 de gastos de representación.
• Magistrados suplentes tienen salario mensual de $3,003.97, que incluye $1,981.11 de sueldo y $1,022.86 de gastos de representación.

Por otro lado, el presupuesto de la institución electoral que se encuentra en ejecución contabiliza la eliminación de 166 plazas para 2025, de ellas, 14 por ley de salarios y 152 por contratos. En el documento de ley de salarios se evidencia que se suprimen plazas de jefes, colaboradores, técnicos, recepcionistas y motoristas.

Los salarios ostentados en esas plazas eliminadas iban desde los $703.50 hasta los $1,801.12. El salario más bajo lo ostentaban motoristas, técnicos de mantenimiento automotriz y técnicos de mantenimiento, mientras que el salario más alto lo tenía un Jefe del Departamento de Servicios Administrativos.

Las plazas que ya no son contratadas por ley de salarios:

• 1 colaborador de Secretaría General.
• 1 técnico de Auditoría.
• 1 encargado de prensa.
• 1 colaborador de comunicaciones.
• 1 jefe del Departamento de Servicios Administrativos.
• 1 secretaria de transporte.
• 4 motoristas.
• 1 técnico de mantenimiento automotriz.
• 1 técnico de mantenimiento.

Entre octubre y diciembre de 2024, casi 200 empleados del TSE fueron despedidos, no se les renovaron sus contratos o se les pidieron sus renuncias a sus cargos. A inicios de 2025, la institución mostró como un logro la reducción de $151,848 en remuneraciones. Entre los despedidos se cuentan personas con enfermedades terminales, sobrevivientes de cáncer y directivos sindicales.

El director ejecutivo de El Rescate de Los Ángeles y presidente del Instituto Salvadoreño del Migrante (Insami), Salvador Sanabria, consideró que no se está cumpliendo el derecho de los migrantes con órdenes de deportación a interponer su correspondiente apelación.

El experto detalló que, si una persona tiene orden de remoción, por cualquier razón, y es arrestado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, es llevado a un centro de detención y procesamiento.

Explicó que algunos centros de detención y procesamiento son administrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otros son administrados por contratistas que trabajan para ICE.

«En esas horas de detención, la persona aún tiene derechos constitucionales y puede solicitar, con la ayuda de un abogado o un representante acreditado por el Departamento de Justicia, el ser representado ante un juez de inmigración para apelar a que no sea deportado», relató a Diario El Mundo.

Sin embargo, aseveró que este derecho no se está cumpliendo. «Ellos están obviando ese proceso» para realizar una deportación expedita.

«Sin embargo, la realidad actual es que, si usted tiene la mala suerte de caer en esa redada, ellos están obviando ese proceso y expeditando su remoción».
Salvador Sanabria (Insami).

El especialista sostuvo que eso vieron en las deportaciones a Guatemala. El viernes, fueron deportados de Estados Unidos 79 guatemaltecos en un avión militar según el Instituto Guatemalteco de Migración luego de que el gobierno de Estados Unidos confirmara la detención de los primeros 538 «inmigrantes ilegales» el jueves.

Desde el inicio de su gobierno, Trump firmó varias órdenes ejecutivas que declaran emergencia en la frontera de Estados Unidos, impiden la entrada de personas indocumentadas con el argumento de que ocurre una invasión y encarga la integridad territorial al Comando Norte de Estados Unidos.

Según el sitio gubernamental USAGov, los extranjeros que no pasaron un control migratorio al entrar al país pueden ser deportados rápidamente en lugar de tener una audiencia en el tribunal o corte de inmigración, en donde un juez examina el caso y la orden de deportación. El migrante puede apelar la orden de deportación y, si cree que sus derechos civiles no se respetaron, puede presentar además una queja al Departamento de Seguridad Nacional.

La congresista republicana María Elvira Salazar, integrante del Caucus de El Salvador en el Congreso de Estados Unidos, aseguró este lunes que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, recibiría a miembros de las pandillas «Tren de Aragua» si no los recibe Venezuela.

«Yo en realidad no sé qué es lo que Maduro va a ser pero yo sé que Trump, si no envía a los del Tren de Aragua, si no nos acepta Caracas, los va a recibir Bukele, estoy segura porque tengo información y conocimiento que eso va a ser así», en declaraciones publicadas por la periodista Carla Angola a las 3:46 de la tarde.

A manera de explicación, Salazar agregó: «Bukele sabe lidiar con gangueros, con criminales y con bandidos; y las cárceles de Bukele son bien grandes».

Luego, la funcionaria estadounidense reiteró que Estados Unidos no quiere tener a miembros del Tren de Aragua.

«Los del Tren de Aragua, que no tienen nada qué hacer aquí, lo que hay que sacarlos a patadas, porque hay que entender que el peor daño que le pudo hacer a esta comunidad fue Biden en esos cuatro años», dijo, en referencia a la administración de Joe Biden que entregó el poder a Trump el 20 de enero.

La funcionaria propuso sacar «al Tren de Aragua pero no toquen a la señora Rosa que lleva 22 años limpiando los inodoros en Manhattan, que tiene tres hijos americanos pero que nunca ha cometido un crimen, pero al Tren de Aragua, que lo saquen a patadas».

Por su parte, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, no se ha referido al tema desde la publicación de CBS el domingo sobre el análisis de un acuerdo de asilo.

Sin embargo, este lunes escribió en X que «la oposición local se cree cualquier cosa y comienza a especular y a generar ataques basados en eso que se creyeron». «Y vuelven a quedar como estúpidos. ¿Cuántas veces más van a caer?», dijo, sin referirse a la crítica opositora que había recibido.

El presidente de Estados Unidos ha emitido desde el 20 de enero órdenes ejecutivas de cierre de fronteras y de remoción o deportación de migrantes irregulares argumentando que hay una invasión en los Estados Unidos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un inicio dijo rechazar las deportaciones en aviones militares, pero luego cedió después de que el presidente estadounidense lo amenazara con aranceles y supresión de visas.

«Si Maduro no recibe al Tren de Aragua, @nayibbukele lo hará. Tiene cárceles muy grandes. Tengo información sobre esa opción»
Lo que nos dijo ahora la congresista @MaElviraSalazar
Desde el Hotel Trump en Doral. pic.twitter.com/X43e2lcIsw

— Carla Angola TV (@carlaangola) January 27, 2025

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, señaló este lunes a la oposición salvadoreña de «especular» y de atacarlo basado en esas especulaciones,

una crítica que fue inmediatamente por los diputados de Nuevas Ideas.

El mandatario se refería a una «narrativa» pública en la cual la oposición «piensa» que ganaría, pero sin mencionar el tema específico que se habría discutido públicamente.

«Luego se emocionan porque piensan que tienen oportunidad de ganar alguna narrativa y ponen su poca credibilidad en la línea de fuego, luego nosotros les damos unos días y revelamos el juego completo. Y vuelven a quedar como estúpidos ¿Cuántas veces más van a caer?», fueron las palabras del gobernante.

El Salvador fue criticado por salvadoreños en redes luego de una noticia de CBS en la cual se divulgó que negociaba con Estados Unidos convertir a El Salvador en «tercer país seguro», lo que permitiría recibir deportados extranjeros como de Venezuela, ya que Venezuela no acepta actualmente deportados de su país. «Se está considerando permitir que Estados Unidos deporte pandilleros venezolanos del Tren de Aragua a El Salvador», explicó el periodista de CBS en un noticiero.

«Promesa Tren del pacífico, realidad Tren de Aragua», escribió Mario Rogel. «Por si fuera poco parece que ahora El Salvador tendrá encima los ojos de los criminales del Tren de Aragua. ¿Qué le pedirá Bukele a Trump a cambio?», escribió Ruth López. «Bukele pasará de recibir dinero de AlbaPetróleo a recibir lo peor de los criminales de Venezuela, la mafia del Tren de Aragua», escribió Rafael Lemus, exasesor de Arena.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., tienen una visita programada a El Salvador, en una gira que incluye a Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. La gira se realizaría a finales de enero y principios de febrero.

Sobre este tema, Bukele no se ha pronunciado.

Otro de los puntos mencionados por opositores fue la disminución de la nota del presidente en la más reciente encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, de 8.43 a 7.73, luego de la aprobación de la Ley General de Minería Metálica. «Están desesperados por el desplome de la credibilidad y la caída en las encuestas», escribió Walter Raudales, del Movimiento Izquierda Salvadoreña (MIS).

La más reciente decisión de Bukele fue anunciada en X y fue el perdón generalizado de las multas de tránsito impuestas desde el 20 de diciembre, día en que inició la vigencia de la reforma a la Ley de Tránsito.

Según el presidente, para que muchas personas no crean que la intención del Gobierno es «recaudar dinero» –la reforma aumentó la multa máxima de $57.14 a $150–, anunció la condonación del 100 % de las multas del 20 de diciembre de 2024 hasta el 26 de enero de 2025.

Junto su anuncio replicó un video viral de un conductor que pedía, en inglés, no venir a El Salvador porque los capturarían por beber alcohol, en referencia a la reforma que castiga con prisión la conducción de vehículo con cualquier nivel de consumo de alcohol.

Los diputados de la Asamblea Legislativa han suspendido 19 reuniones de comisiones que programaron para el primer mes del año 2025 y solo han desarrollado dos reuniones.

En su lugar, han aprobado siete iniciativas con dispensas de trámites, sin estudiarlas en estos grupos de trabajo.

Así, los legisladores salvadoreños continúan con suspendiendo las reuniones de las comisiones de trabajo que tenían programadas.

Para este lunes 27 de enero, los diputados habían programado las comisiones de Hacienda y General del Presupuesto, Infraestructura y Desarrollo Territorial, por la mañana, ambas fueron suspendidas. Se prevé que por la tarde se reunirán las comisiones de Salud y Agricultura, y Seguridad Nacional que, según una fuente de la Asamblea Legislativa, también están suspendidas.

La primera sesión plenaria que tuvieron los diputados en el año se programó el 5 de enero. Ese día el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, convocó a tres comisiones: una a reunirse lunes y dos, el martes. Solo una se reunió: la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, para aprobar un acuerdo de transporte aéreo con Costa Rica.

En la siguiente sesión plenaria, del 8 de enero, el mismo funcionario convocó a seis comisiones: una, el jueves; una, el viernes, y tres, el lunes. Únicamente se reunió una comisión, la de Tecnología, Turismo e Inversión, que aprobó su informe trimestral.

El 14 de enero, en sesión plenaria, el presidente legislativo volvió a convocar comisiones: una, el miércoles; una el jueves; y en la siguiente semana, tres, el lunes; y una, el martes, un total de seis comisiones. Ninguna se reunió.

En la sesión plenaria del 22 de enero, el presidente legislativo convocó a siete comisiones de trabajo, seis ya suspendieron sus reuniones y una se reúne mañana martes.

La suspensión de las comisiones se refleja en las agendas de la Asamblea Legislativa, ya que en la primera sesión plenaria del año los diputados no tenían agendado ningún dictamen favorable –que son aprobados por las comisiones. Fue en esta sesión que se aprobó con dispensa de trámite la prórroga al régimen de excepción.

En la segunda sesión, del 8 de enero, solo se agendó el dictamen favorable para aprobar el acuerdo con Costa Rica; en la tercera sesión plenaria, del 14 de enero, tampoco se agendó algún dictamen favorable. Tampoco hubo dictámenes favorables programados en la sesión plenaria del 22 de enero de 2025.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa ha aprobado siete piezas de correspondencia con dispensa de trámites, es decir, que no han sido estudiadas en comisiones:

• 5 de enero: 1. régimen de excepción.
• 8 de enero: 2. exoneración a la alcaldía municipal de Sonsonate Este de impuestos para introducir dos vehículos donados por EE.UU.
• 14 de enero: 3. derogatoria de la Ley del Fondo de Apoyo Municipal (FAM) y 4. prórroga a disposiciones transitorias para la sustitución de unidades de transporte público.
• 22 de enero: 5. reforma a Ley de la DOM, 6. aprobación de las «Disposiciones transitorias para los extranjeros que laboran para la DOM» y 7. autorización para desarrollar sesiones plenarias en Cancillería por remodelación del Salón Azul.

¿Qué comisiones han sido suspendidas y cuáles han sido realizadas?

Lunes 6:

• Comisión Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno: se realizó. La comisión aprobó el acta número 13 del 10 de diciembre de 2024, y recibió a la directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, para explicar el Acuerdo sobre Transporte Aéreo suscrito entre El Salvador y Costa Rica.

Martes 7:

• Infraestructura y Desarrollo Territorial: suspendida.
• Salud, Agricultura y Medio Ambiente: suspendida.

Jueves 9:

• Niñez e Integración Social: suspendida.

Viernes 10:

• Tecnología, Turismo e Inversión: realizada. Únicamente aprobó el informe trimestral en donde se informó que tienen 22 expedientes en estudio en el trimestre agosto-octubre de 2024.

Lunes 13:

• Hacienda y Especial del Presupuesto: suspendida.
• Salud, Agricultura y Medio Ambiente: suspendida.
• Seguridad Nacional y Justicia: suspendida.

Miércoles 15:

• Salud, Agricultura y Medio Ambiente: suspendida.

Jueves 16:

• Niñez e Integración Social: suspendida.

Viernes 17:

• Tecnología, Turismo e Inversión: suspendida.

Lunes 20:

• Hacienda y Especial del Presupuesto: suspendida.
• Infraestructura y Desarrollo Social: suspendida.
• Seguridad Nacional y Justicia: suspendida.

Martes 21:

• Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno: suspendida.

Jueves 23:

• Niñez e Integración Social: suspendida.

Viernes 24:

• Tecnología, Turismo e Inversión: suspendida.

Lunes 27:

• Hacienda y Especial del Presupuesto: suspendida.
• Infraestructura y Desarrollo Territorial: suspendida.
• Salud, Agricultura y Medio Ambiente: suspendida según fuentes de la Asamblea.
• Seguridad Nacional y Justicia: suspendida según fuentes de la Asamblea.

Martes 28:

• Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno. Se prevé que se reúna para estudiar un acuerdo con India.

El Colectivo Epu pidió este lunes a los países que conforman la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que vigilen que El Salvador dé cumplimiento a las recomendaciones que le realizaron en el marco del cuarto Examen Periódico Universal (OPU).

«A los países que han realizado recomendaciones, a que puedan estar vigilantes del cumplimiento de las mismas» sugirió el colectivo a través de un comunicado dado a conocer este lunes en redes sociales.

El examen fue realizado el pasado lunes 20 de enero en Ginebra, Suiza por el Consejo de Derechos Humanos, en el que los países hicieron 74 recomendaciones a El Salvador. En el examen, rindieron un informe las autoridades salvadoreñas a representantes de Brasil, Chequia e Indonesia.

Irlanda reconoció las mejoras en materia de seguridad, pero reconoció que le «preocupa» que en el país ocurran «arrestos arbitrarios» en el marco del régimen de excepción, así como la denegatoria del debido proceso» para los capturados.

El colectivo también pide a la ONU que preste especial atención a «la criminalización promovida por el Estado en contra» de los cinco miembros de Santa Marta, a quienes se les repetirá el juicio en su contra, luego que el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas, los absolviera de un supuesto homicidio en el conflicto armado.

En ese sentido, el Colectivo indica que el gobierno salvadoreño se centró en «la narrativa de reducción de la violencia tomando como única variable la disminución de homicidios» aunque «no se reconoció las flagrantes violaciones a los derechos humanos».

El Colectivo también aprovechó para pedirle a la Asamblea Legislativa la derogación de la nueva Ley general de minería metálica «por los impactos nocivos que representa para la vida» de los salvadoreños, así como la «contaminación del agua con metales pesados, muerte de flora y fauna», entre otros.

Este fin de semana, la iglesia católica también oficializó que estará recolectando firmas para pedir al Primer Órgano de Estado que revierta la ley que derogó la prohibición de la minería promovida por la iglesia, movimientos sociales y universidades en El Salvador.

Los diputados de la Asamblea Legislativa reportaron 177 expedientes pendientes de estudio y 54 dictámenes emitidos según los más recientes informes presentados por cada una de las ocho comisiones de trabajo ante el pleno.

Los informes más recientes corresponden a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2024, por parte de las ocho comisiones legislativas, que desde mayo de 2024 fueron reducidas desde 20 a 8 comisiones.

Las comisiones con más cantidad de expedientes son la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Gobierno y Legislación, con 42 expedientes; seguida de la Comisión de Hacienda y General del Presupuesto, con 41 expedientes; la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, con 22 expedientes; y la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, con 18 expedientes. Estos grupos de trabajo han presentado sus informes correspondientes al trimestre de agosto, septiembre y octubre de 2024.

Fue el 14 de enero de 2025 que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa presentó su informe del penúltimo trimestre del año 2024. Esta Comisión no detalló los expedientes pendientes de estudio, sino que recordó que hicieron entrevistas a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y emitieron tal dictamen.

En la Asamblea Legislativa de El Salvador, las comisiones suelen suspender sus reuniones pese a que son convocadas por el presidente de la institución, el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas.

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La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, presidida por la diputada Ana Figueroa, informó el 4 de noviembre que la Comisión tenía 42 expedientes pendientes en este y que durante el trimestre emitieron 10 dictámenes favorables: un informe de labores, reformas a la Ley especial contra los delitos informáticos, siete ratificaciones de acuerdos, entre estos el de la misión multinacional a Haití; y un permiso para aceptar el cargo de cónsul.

La Comisión de Hacienda informó que tenía 41 expedientes bajo estudio y que emitió 15 dictámenes favorables, y que tuvieron 10 reuniones con invitados.

Entre los dictámenes favorables emitidos por esta comisión hubo un informe de labores, una amnistía tributaria, tres aprobaciones de préstamos, seis reformas al presupuesto general del Estado 2024 y tres exoneraciones de impuestos.

Según la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, obra «en su poder dieciocho expedientes pendientes de estudio» y que emitió 10 dictámenes: cuatro informes de labores, reforma a la Ley especial para la regularización de lotificaciones, tres transferencias de inmuebles al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), la Ley de creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) y la reforma a la Ley de desarrollo y ordenamiento territorial del área metropolitana de San Salvador.

En un informe firmado por la secretaria Johanna Fuentes de Orantes, del 26 de agosto de 2024, la Comisión de la Niñez e Integración Social reportó que tenía 36 expedientes pendientes de estudio y que había tenido «dos sesiones de trabajo y tres reuniones». Esta comisión emitió el dictamen de la Ley del Registro del Estado Familiar.

El organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) despidió en diciembre al oficial de información, Duque Mártir Deras Recinos.

En el nuevo año, los magistrados aún no han nombrado a un nuevo oficial de información para dar trámite a las solicitudes de los ciudadanos.

Tres fuentes internas del TSE confirmaron a Diario El Mundo que Deras Recinos fue despedido en diciembre, junto con otros 140 empleados de la entidad electoral. El Mundo remitió una solicitud de información el 8 de enero, pero esta aún no ha sido ni siquiera notificada de admitida.

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Otras dos fuentes indicaron que la institución aún no ha contratado a otra persona para que asuma el cargo que dejó Deras. Según el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el oficial de información es nombrado «por el titular de la entidad», en este caso Roxana Soriano, quien fue propuesta para la presidencia del TSE por Nuevas Ideas, partido del cual fue precandidata en el pasado.

Una fuente indicó que durante los últimos días de trabajo de Deras Recinos, se le dio la orden de no responder solicitudes. Las resoluciones de organismo colegiado no se actualizan desde abril de 2024.

Para ser oficial de información se requiere:

• Ser salvadoreño.
• De reconocida honorabilidad, con experiencia en la administración pública.
• De preferencia con titulo universitario.
• No haber sido condenado por cometer delitos.
• Estar solvente de pagos.
• Tener más de 21 años de edad.
• Acceder al cargo por concurso transparente y abierto.
• Recibir un curso preparatorio impartido.

El oficial de información tiene dentro de sus funciones: publicar periódicamente la información pública de la institución, realizar los trámites internos para buscar y entregar la información pública solicitada por ciudadanos, además, debe llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información., sus resultados y sus costos.

Se podría afectar el derecho de los ciudadanos

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, dijo a El Mundo que se debería conocer si el Tribunal tiene a alguien «ejerciendo la función de manera eventual», pues recordó que con la inicial aplicación de la LAIP, el TSE no nombró un oficial de información sino que «tenía a un funcionario ejerciendo ese rol».

«Tiene que haber un nombramiento de la persona y una dedicación exclusiva al tema del acceso a la información sino, entonces estaría incumplimiento el Tribunal Supremo Electoral».
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.

De no haber un nombramiento exclusivo para la necesidad de oficial de información, el TSE «estaría incumpliendo» la ley, según Escobar, quien advierte que esta situación podría «significar en algún momento alguna afectación al derecho de acceso a la información».

Además, considera que el derecho a acceder a información pública de los ciudadanos que soliciten información podría verse «dificultado» si la persona que ejerce el cargo «no tiene los conocimientos sobre acceso a la información» porque «no va a realizar una buena gestión».

A inicios de 2025, el TSE presentó como un logro de los primeros 100 días de gestión un ahorro de $151,848 en remuneraciones luego de que despidiera a casi 200 empleados, mediante renuncias voluntarias solicitadas.

La Administración de Donald Trump analiza un acuerdo de asilo con el gobierno de El Salvador para permitir la deportación de migrantes no salvadoreños, indicó un

reportaje de CBS News.

Según el informe, que cita dos fuentes familiarizadas con las negociaciones, el acuerdo facultaría a los funcionarios de migración de Estados Unidos deportar a inmigrantes de otras nacionalidades a El Salvador.

Dicho acuerdo, conocido como «Tercer país seguro», incluye la deportación de presuntos miembros del Tren de Aragua, una pandilla sanguinaria de origen venezolano que Trump ordenó iniciar el proceso para que fuera designada como grupo terrorista.

Acuerdo de 2019

Las nuevas negociaciones reviven el primer acuerdo firmado por el primer gobierno de Trump con la Admiración Bukele el 20 de septiembre de 2019 para entregar asilo a peticionarios de Guatemala y Honduras, pero fue suspendido en febrero de 2021 con la llegada de Joe Biden a la Casa. . Blanca.

El programa polémico no entró en apogeo, ya que las negociaciones se demoraron hasta diciembre de 2020. En ese momento, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) anunció que EE.UU. UU. y El Salvador habían concluido el proceso para hacer efectiva la implementación del Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA).

Según CBS, la amistad con Bukele sería un alivio para Trump, ya que el presidente salvadoreño goza de popularidad entre los salvadoreños y los conservadores estadounidenses, sobre todo por el manejo de las pandillas con la implementación del régimen de excepción desde marzo de 2022

. Bukele y Trump sostuvieron una

conversación telefónica el jueves pasado, donde hubo acuerdos para trabajar «juntos para detener la inmigración ilegal y tomar medidas enérgicas contra las pandillas transnacionales como el Tren de Aragua».

«El presidente Trump también elogió el liderazgo del presidente Bukele en la región y el ejemplo que da a otras naciones del hemisferio occidental», informó brevemente la Casa Blanca.

En la primera semana del gobierno de Trump se han enviado aviones militares con deportados a Guatemala y Colombia, este último envuelto en una

crisis diplomática porque la Administración de Gustavo Petro se negó a recibir este domingo un vuelo.

En respuesta, Trump dijo que ordenó imponer aranceles del 25% a Colombia, así como restricciones de viajes y revocatoria inmediata de visas. un funcionario del gobierno colombiano.