Categoría: Politica

La deuda política será eliminada en El Salvador. Así lo anticipa el presidente de la República, Nayib Bukele, al asegurar que los partidos políticos deben y pueden autofinanciarse, pese a la defensa del presidente del Legislativo, Ernesto Castro, a este financiamiento público a los partidos.

“Pues yo sí creo que se debe eliminar la deuda política en El Salvador. Los partidos políticos se pueden financiar como nos financiamos nosotros en el 2019. ¿Difícil? sí, fue difícil. ¿Pero no fue mejor así?”, publicó el mandatario.

El financiamiento público al que tienen derecho los institutos políticos, según la Ley de Partidos Políticos y la Constitución de la República, se calcula con base en la cantidad de votos que reciben los partidos para cada elección y la inflación respectiva. El precio lo establece el Ministerio de Hacienda.

Inmediatamente, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, le respondió a Bukele que es necesario y que iniciarán de inmediato el proceso para hacerlo.

“Un paso necesario y correcto desde todo punto de vista. Iniciaremos, de inmediato, el análisis para poder proceder lo más pronto posible a la eliminación de la mal llamada «deuda» política”.
Ernesto Castro a Bukele en su perfil de X.

El proceso abarcaría en principio reformar en principio la Constitución de la República que en su artículo 210 establece que “el Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia. La ley secundaria regulará lo referente a esta materia”.

Como ley secundaria, implicaría reformar la Ley de Partidos Políticos que en el Capítulo II, artículo 52, expresa el derecho que tienen los partidos políticos o coaliciones que participen en las elecciones “a recibir del Estado, una suma de dinero por cada voto válido que obtengan en las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, para Diputados al Parlamento Centroamericano y Asamblea Legislativa, y para Concejos Municipales”.

El miércoles, antes de la sesión plenaria se le consultó al presidente Castro si estaba de acuerdo en eliminar la deuda política y contrario a la posición que expresó hoy esto fue lo que respondió:

“Si nosotros podemos quitar la deuda política, para nosotros no es problema, pero las preguntas van a ser diferentes: entonces, ahora, ¿quiénes van a financiar a los partidos políticos? ¿Serán que los narcos van a financiar a los partidos políticos? ¿Serán que fuerzas oscuras van a financiar a los partidos políticos? ¿Quién los va auditar, si no son fondos del Estado? ¿Ahora los partidos políticos cómo van a hacer?”. Ernesto Castro, 22 de enero.

El director de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, Luis Rodríguez, sostuvo una primera reunión con el embajador británico en El Salvador, Ramin Navai, para revisar un plan de atracción de inversiones privadas.

“Hemos sostenido una primera reunión con el embajador británico, Ramin Navai con quien revisamos un plan de atracción de inversiones privadas, alianzas para el fortalecimiento del Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador y una estrategia cultural metropolitana en Industria Naranja”, informó Rodríguez en una publicación en su cuenta de X.

Por su parte, el embajador Navai expresó su disponibilidad y visión en esos temas para trabajar juntos como una alianza clave. “Un placer, Director. La atracción de inversiones y el intercambio comercial son claves para profundizar los lazos estratégicos entre nuestras naciones. ¡Esa es mi tarea!”, publicó Navai.

Rodríguez dijo a Diario El Mundo que el enfoque es atraer inversionistas no tradicionales.

“Preliminarmente hemos hablado de empresas en rubro de infraestructuras, variará según el portafolios de inversión que preparemos, la venida de industrias nuevas o negocios no tradicionales al país”.

Luis Rodríguez, director de Opamss.

Agregó que ven muy positivo tener una alianza con Reino Unido y trabajar en temas de inversión. “La alianza la vemos muy bien, un país con el que regularmente no vemos temas de inversión y que venga un embajador con ese enfoque, pues, es positivo para la estrategia de país que el presidente (Nayib Bukele) lleva… Pero como primera reunión fue productiva, fue una reunión inmediata de trabajo”, consideró el funcionario.

La congresista María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por Florida calificó de «gran noticia» que el presidente estadounidense Donald Trump cuente con el presidente salvadoreño Nayib Bukele para acabar con organizaciones terroristas internacionales.

«La lectura de Trump-Bukele es una GRAN NOTICIA para Estados Unidos y para nuestro hemisferio. Bukele es un FUERTE aliado y amigo de los Estados Unidos», expresó en una primera parte de su publicación la congresista republicana.

Además, señaló que Bukele es un aliado de Trump para que juntos acaben con organizaciones terroristas internacionales, como el Tren de Aragua, una organización criminal transnacional de origen venezolano.

«Es fantástico ver que el presidente Trump cuenta con él para ACABAR con las organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua. ¡El liderazgo es importante!», escribió la legisladora estadounidense.

La Casa Blanca, desde Washington, informó brevemente de la conversación que sostuvo Trump y Bukele el 23 de enero de 2025: «Hoy (ayer) el presidente Donald J. Trump sostuvo una llamada con el presidente Nayib Bukele de la República de El Salvador. Los dos líderes hablaron sobre trabajar juntos para detener la inmigración ilegal y tomar medidas enérgicas contra las pandillas transnacionales como el Tren de Aragua. El presidente Trump también elogió el liderazgo del presidente Bukele en la región y el ejemplo que da a otras naciones del hemisferio occidental».

El «Tren de Aragua» se convirtió en pocos años en una multinacional del crimen surgida en Venezuela. La banda surgió en 2014 y está compuesta por unos 5,000 hombres. Opera actividades mafiosas «clásicas»: secuestros, robos, drogas, prostitución y extorsión, pero más tarde se expandieron a la explotación ilegal del oro en un país que cuenta con algunos de los mayores yacimientos auríferos del mundo.

La Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) pidió este viernes la nulidad de los despidos de sindicalistas a través de una docena de demandas interpuestas en el Tribunal de Servicio Civil (TSC) ubicado en el bulevar Tutunichapa, en San Salvador.

El secretario general de la UNT, Erick Zelaya, aseguró que «al parecer» el gobierno salvadoreño «se ha empeñado en destruir la organización sindical». Detalló que las demandas presentadas corresponden a sindicalistas despedidos del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

«El Tribunal debe conocer y debe declarar la nulidad de estos despidos porque los compañeros directivos sindicales gozan a partir del 47 de la Constitución de fuero sindical, por lo tanto, no pueden ser despedidos».

Erick Zelaya, secretario general de la UNT.

El sindicalista aseguró que cerca de 450 empleados públicos en calidad de «sindicalistas» han sido despedidos en los últimos meses a pesar de tener fuero sindical. Calculó que las demandas deberían de ser resueltas en tres meses pero advirtió que hay procesos que tardan dos años.

«Nos negamos a entregar la institucionalidad del país», afirmó Zelaya, quien aseguró que los despidos han dificultado «la negociación de contratos colectivo» en las instituciones.

Desde junio de 2024 hasta enero de 2024, el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) ha registrado casi 6,000 empleados públicos despedidos. El presupuesto general 2025 contempla la reducción de más de 9,000 plazas en el gobierno para un gasto de $1,671,703,760.

Los salvadoreños en el exterior pagan anualmente miles de millones en impuestos al gobierno de los Estados Unidos, aseguró este viernes la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal.

Según Portal, esto destaca a los connacionales en «trabajadores honestos y cumplidores de la ley», por ello, aseveró que el gobierno salvadoreño está abogando «por medidas que reconozcan» el esfuerzo de los salvadoreños.

La funcionaria recordó que la mayoría de los compatriotas en Norteamérica trabajan en áreas de construcción, restaurantes, agricultura y hostelería, contribuyendo con $2 billones de impuestos, sumados los más de 17,000 connacionales que «son dueños de negocios».

La funcionaria aseveró en su post que los salvadoreños aportan dos «billones» de dólares, sin aclarar si se refería a millones de millones equivalentes al significado de la palabra en español o a los miles de millones equivalentes al significado de la palabra en inglés «billions».

«Nuestro Gobierno aboga por medidas que reconozcan el esfuerzo de nuestra diáspora en EE.UU., quienes aportan aproximadamente USD$2 billones al año en impuestos, destacándose como trabajadores honestos y cumplidores de la ley».

Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana.

La diplomática salvadoreña reconoció en una publicación en X que los connacionales en Estados Unidos conforman un socio estratégico para el desarrollo en El Salvador, porque contribuyen no solo con sus familias sino con inversiones «en educación, salud y actividades económicas».

Portal brindó estas declaraciones en el marco de la nueva ola de deportaciones de migrantes en Estados Unidos impulsada por el nuevo gobierno de Donald Trump. La funcionaria aseguró hace dos semanas que los salvadoreños amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS) no serían candidatos a deportaciones.

Para la diplomáticas, los deportados serán los migrantes que hayan cometidos delitos. Esta semana el gobierno estadounidense anunció redadas de migrantes en sitios considerados «santuarios» como escuelas e iglesias.

Especialistas prevén que en los primeros dos años de la administración Trump, al menos 500,000 salvadoreños sean deportados desde Estados Unidos, teniendo un impacto en las remesas de entre $1,500 y $2,000 millones al año.

El gobierno pidió a la Asamblea Legislativa ratificar el acuerdo entre el gobierno de la República de la India y el gobierno de la República de El Salvador en relación a la subvención por parte de la India para la implementación de proyectos de impacto rápido.

El acuerdo fue suscrito el pasado 6 de diciembre para la implementación de «Proyectos de Impacto Rápido», que permitirá al gobierno de El Salvador ejecutar anualmente cinco proyectos de hasta $50,000 cada uno, durante cinco años lo que representa un total de 25 proyectos por un monto que suma $1,250,000.

Según la petición de ratificación del acuerdo, «los fondos ingresarán al país a través de la Secretaría Técnica para el Financiamiento Externo (SETEFE) bajo el mecanismo PERE y serán utilizados para ejecutar proyectos enfocados en la creación de infraestructura física como carreteras, centros comunitarios, locales», entre otros, y de infraestructuras sociales para educación, salud, saneamiento y el desarrollo comunitario.

Al ser aprobado en la Asamblea Legislativa, el acuerdo estaría vigente a partir de la fecha de recepción por parte de la India de la notificación escrita de la parte salvadoreña sobre finalización de los procedimientos internos necesarios y tendrá un período de cinco años.

«Al sellar esta alianza, demostramos que, trabajando juntos, podremos construir un futuro más próspero y sostenible», dijo la canciller cuando firmó el acuerdo, en el que participó el embajador de la India, Manoj Kumar Mahopatra.

El acuerdo pasó a la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y gobierno que fue convocada para el próximo martes 28 de enero.

Uno de los candidatos a secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano, respondió que es necesario «respetar la decisión» del pueblo pero respetando el orden constitucional, al consultarle su visión sobre alternancia o la perpetuidad de los gobernantes en el poder, a la luz de la Carta Democrática de los Estados Americanos.

«Siempre que se cumplan los preceptos democráticos constitucionales, de que la autoridad constitucional esté constituida, de que haya una observación electoral internacional que sea absolutamente objetiva, despojada de ningún otro aspecto que no sea la verificación de un pleno cumplimiento de la parte institucional, la alternancia es para muchos ciudadanos una esperanza o una oportunidad y lo que hay que respetar es la decisión del ciudadano. El soberano es la máxima autoridad de cualquier nación», respondió.

¿Y el orden constitucional?

«Por eso, cumpliendo el orden constitucional, la decisión es del pueblo», respondió.

El candidato, aunque no quiso opinar sobre la reelección en periodo continuo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró que participó en la toma de posesión «dándole reconocimiento a la democracia de este país».

«Yo creo que todos los países tienen que resolver soberanamente sus divergencias, organizaciones como la OEA, las Naciones Unidas, tienen justamente que alentar y fortalecer las capacidades institucionales para que haya un pleno cumplimiento de la Constitución. Yo no puedo discutir si la interpretación de las autoridades constituidas en El Salvador es la correcta o no es la correcta», dijo en una entrevista a El Mundo.

Sin embargo, agregó: «Si se han cumplido los procesos constitucionales, institucionales y reglamentarios, ahí no hay nada que discutir».

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) publicó seis ofertas para comprar más de $11 millones en granos básicos y cereales para destinarlos al programa de «Alimentación y salud escolar» del año 2025.

Las ofertas de compra fueron publicadas el 15 y el 16 de enero, cuatro días antes de iniciar el año escolar, que arrancó el pasado lunes 20 de enero.

La primera oferta busca adquirir 11,781 quintales por $684,593.91 de azúcar cruda que podrá ser entregada en empaque comercial la primera vez «ya que el tiempo establecido es muy corto para la elaboración del material del empaque», explica el Ministerio en la consulta. En las siguientes dos entregas, en un empaque institucional que «mantienen los diseños del 2024».

La primera entrega, según las ofertas, podrá tardar 10 días hábiles. Los productos deben ser trasladados en diferentes entregas a bodegas de Zapotitán, San Rafael Cedros, Santa Ana y San Miguel.

También, el 14 de enero, se publicó la oferta de compra del Ministerio de Educación de 26,524 quintales de frijol rojo, nacional o importado, valorados en $3.05 millones, un contrato cuya vigencia puede finalizar hasta el 28 de febrero de 2026. La primera entrega del frijol fue requerida «antes de finalizar el mes de marzo».

Así mismo, el Gobierno busca comprar 47,030 cajas de 20 unidades de aceite comestible vegetal. Según la oferta de compra, la primera entrega se debe finalizar antes de marzo. En esta oferta, se aclara que la compra obedece a la entrega del refrigerio escolar por el «requerimiento adicional para entrega de segunda canasta a familias».

Para la lecha, el Gobierno también pide que las bolsas de 800 gramos lleven «empaque institucional debidamente rotuladas de acuerdo con el diseño que proporcione el Mineducyt digitalmente», aunque aclara que para la primera aceptarán empaque comercial.

La primera entrega del producto se exige luego de 10 días hábiles de la orden del pedido, la segunda entrega se daría del 16 al 30 de junio de 2025; y la tercera está prevista para ser recibida del 3 al 14 de noviembre 2025.

Diputadas de oposición atribuyeron a la aprobación de la Ley General de Minería Metálica la disminución de la calificación que otorgó la población al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en la encuesta presentada por la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador (UFG).

En la encuesta realizada del 11 al 15 de enero la calificación al presidente bajó 0.7 de 8.43 en octubre de 2024 hacia 7.73 en enero de 2025.

La diputada Marcela Villatoro, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cree que la baja puede deberse a la Ley General de la Minería. “Que las últimas decisiones que se han tomado están afectando a las familias salvadoreñas y eso se ha visto reflejado en las encuestas. Desde la complicada situación económica hasta el haber aprobado la minería”, señaló.

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, señaló que esa baja en la calificación se debe a que la población no es escuchada ni sus necesidades han sido escuchadas en salud, educación y vivienda.

«No se puede tapar con luces LED la realidad, la realidad se impone, la gente no va a estar aplaudiendo cinco años más, la gente quiere que las realidades se atiendan”, cuestionó la legisladora de Vamos.

Agregó que lo que se está viendo es que tanto el Ejecutivo y el Legislativo priorizan la minería metálica cuando esta es rechazada por la población.

“Estamos viendo la priorización de esta Asamblea Legislativa y del Ejecutivo en el tema de la minería y la gente dice que eso no lo desea, que es un peligro muy importante para la población, la vida, la salud y el medio ambiente, entonces, claro, al no escuchar a la población y no enfocar las políticas del país hacia lo que la gente necesita, es lo que va a suceder”, manifestó.

En el estudio, el 48.33 % de los entrevistados afirmaron que El Salvador no tiene las condiciones para la minería y el 55.27 % no creen que exista minería metálica sin contaminación ambiental como lo asegura el presidente y los diputados de Nuevas Ideas.

“Este gobierno prefirió priorizar avariciosamente para beneficiar económicamente a ellos mismos y un sector que a la gente más pobre… Entonces ahí está la respuesta: nos vale el oro, queremos vivir”, criticó Villatoro.

La Asamblea Legislativa aprobó el 23 de diciembre de 2024 la Ley General de Minería Metálica y, así, derogó la Ley de Prohibición de Minería Metálica, que estuvo vigente en el país desde 2017. Los dos partidos de oposición Arena y Vamos votaron en contra.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, conversó la tarde de este jueves sobre «trabajar juntos para detener la inmigración ilegal» y «tomar medidas enérgicas contra las pandillas transnacionales como el Tren de Aragua«, una banda criminal surgida en Venezuela.

«Hoy el presidente Donald J. Trump sostuvo una llamada con el presidente Nayib Bukele de la República de El Salvador. Los dos líderes hablaron sobre trabajar juntos para detener la inmigración ilegal y tomar medidas enérgicas contra las pandillas transnacionales como el Tren de Aragua. El presidente Trump también elogió el liderazgo del presidente Bukele en la región y el ejemplo que da a otras naciones del hemisferio occidental», informó brevemente la Casa Blanca, desde Washington.

El informe no detalla si los mandatarios conversaron sobre las deportaciones masivas anunciadas por el presidente Trump desde su campaña electoral ni tampoco sobre la pandilla MS-13.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador, por su parte, dijo que Trump «elogió el liderazgo del mandatario salvadoreño en la región y el ejemplo que establece para otras naciones del hemisferio occidental» y que»trataron de otros temas de interés para ambos países», sin mencionar cuáles.

Inmediatamente después de toma de posesión, el 20 de enero, Trump declaró emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos, ordenando a los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional tomar medidas para denegar la entrada física no autorizada a extranjeros en la frontera sur, y deberán dar un informe en 90 días con la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807.

Trump declaró a Estados Unidos bajo «invasión de millones de extranjeros ilegales» incluidos «terroristas potenciales, espías extranjeros, miembros de cárteles, pandillas y organizaciones criminales transnacionales violentas y otros actores hostiles con intenciones maliciosas».

El gobierno de Trump considera que la práctica con los migrantes bajo estatus irregular de capturarlos, procesarlos y liberarlos «socavan el Estado de Derecho» y la soberanía estadounidense.