Categoría: Politica

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aterrizó este sábado en EE.UU. donde el lunes tiene previsto reunirse en Washington con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para tratar temas de cooperación en materia de inmigración.

El mandatario centroamericano publicó en un mensaje de su perfil en la red social X un video en el que se ve su avión aterrizando en la base aérea Andrews de Maryland, en las afueras de la capital estadounidense, y siendo recibido por la autoridad local y la embajadora salvadoreña en EE.UU., Milena Mayorga.

Se desconoce por el momento la agenda del mandatario hasta el lunes, día en que está previsto que se reúna con Trump.

Desde su regreso a la presidencia el pasado enero, Trump ya se ha reunido con otros jefes de Estado de América Latina, aunque Bukele será el primero al que recibirá, no en su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida), sino en la Casa Blanca, lo que subraya la buena relación entre ambos y el lugar que ocupa el expublicista en la agenda del magnate neoyorquino.

Tras sellar un contrato que implica una prestación de seis millones de dólares por parte de Washington y del que se desconocen muchos detalles, El Salvador ha permitido el uso de su prisión de máxima seguridad, el Centro de Confinamiento para el Terroristo (Cecot), para albergar a supuestos miembros de las pandillas Tren de Aragua (TdA) y MS-13, expulsados de EE.UU.

En el marco de la gran ofensiva migratoria de Trump, Washington ha declarado que TdA está invadiendo su territorio y ha echado mano de una norma de 1897, la ley de Enemigos Extranjeros, para expeditar procesos de deportación de supuestos miembros de la organización criminal, la cual los expertos consideran incapaz de acometer semejante asedio sobre la primera potencia mundial.

Esa fue la ley que su Administración abanderó en un polémico operativo el 15 de marzo en el que envió al Cecot a 238 venezolanos y 23 salvadoreños a los que acusó, sin publicar pruebas, de ser pandilleros.

Posteriormente, las autoridades migratorias estadounidenses admitieron haber deportado por error a un salvadoreño llamado Kilmar Ábrego García, residente en Maryland, casado con una ciudadana estadounidense y al que un juez había prohibido devolver a su país.

El pasado jueves el Tribunal Supremo ordenó al Gobierno Federal asegurar su retorno, y este viernes, Trump mostró su deseo de acatar lo dicho por el máximo tribunal estadounidense, lo que apunta a que el anuncio de su repatriación tal vez podría producirse durante el encuentro con Bukele el lunes.

Los exalcaldes Wilfredo Salgado y Manuel «El Chino» Flores, opinaron sobre la advertencia que hizo el presidente Nayib Bukele a los alcaldes, el pasado 16 de marzo, de revertir nuevos cobros municipales y sobre el proyecto del gobierno de la Ley de Mercados.

Flores cuestionó que los ediles no defendieron la autonomía municipal y lo único que hicieron fue retractarse ante una advertencia.

«¿Quién defendió la autonomía municipal? Nadie, porque todo mundo tiene miedo por el régimen de excepción, y hay que decirlo con claridad, ahora con el régimen de excepción solo te ofrecen el Cecot (Centro de Confinamiento para el Terrorismo) Pero la autonomía municipal hay que respetarla», cuestionó Flores en el programa televisivo Pulso Ciudadano.

En cambio, Salgado aseguró que Bukele corrigió la plana a los ediles por los cobros «abusivos», que habían implementado a partir del 1 de mayo del año anterior.

“Lo que hizo fue frenar a los alcaldes con cobros abusivos, fue corregir la plana, aunque el «Chino» dice que es violar la autonomía, pero yo lo tomo que hasta un favor les hizo, porque si violás las reglas en las normas técncia de la Corte de Cuentas que te dice que no tenés que hacer cobros abusivos en las tasas, pero lo hacés, te vas clavado, te va a clavar, así de sencillo, sí un favor les hizo”, aseguró Salgado.

El también secretario general del Frente reiteró que el alcance del presidente Bukele al decir que no iba a permitir esos cobros a los alcaldes, fue “violar la auntonomía”, porque “hay separación de poderes”.

Ley de Mercados

Respecto al proyecto de Ley de Mercados que presentó el gobierno y que está en estudio a la Asamblea Legislativa, Flores dijo que lo que busca el Ejecutivo es tomar el poder de los mercados municipales.

“Ahora lo que viene, es que están hablando de apropiarse de la infraestructura municipal y claro que atenta contra la autonomía municipal, además, deben hacer reformas legales, hay un Código Municipal qué reformar”, aseguró el dirigente de izquierda.

En cambio Salgado defiende y asegura que los mercados son pérdidas para las alcaldías y que es una opción viable que los administre el gobierno.

“Los mercados nadie los quiere, porque no son rentables…los mercados generan pérdidas a tal grado que si uno le diera el mantenimiento que se debe a los mercados salís en números rojos. El mercado de San Miguel solo en el costo de recoger la basura para dejar limpio para el siguiente día, el CAM, si hay gente que paga $0.15 por el puesto, no es rentable”, aseguró Salgado.

Flores dijo que “quieren hacer ver como que le quitan un problema a la alcaldía, pero lo que se debe hacer es darle los recursos a las alcaldías”, aseguró Flores refiriéndose al Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes).

El proyecto del Ejecutivo establece que los «mercados nacionales» serán administrados por la Dirección de Mercados, hacia donde pasarán también los mercados municipales que sean intervenidos por instituciones del Órgano Ejecutivo.

La Dirección de Mercados arrendará los puestos de ventas, establecerá tarifas e impondrá multas de hasta $50 o revocatoria del arrendamiento por infracciones como no tener limpio el puesto de venta o mantener ventas ambulantes a un perímetro de 100 metros alrededor del mercado.

El

secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que van a “realinear la ayuda exterior” para ayudar a los países en temas necesarios y buscar autosuficiencia, sin prolongarlos o hacerlos perpetuos, cuando se refirió al recorte de programas en la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), de 6,000 a 900.

Rubio aseguró en una entrevista con Donald Trump Jr. que buscan apoyar a los países con “lo que generalmente necesitan” como seguridad para que sean “autosuficientes” y no necesiten «ayuda exterior en el futuro”.

El funcionario rechazó la idea de «perpetuidad” de los programas de ayuda y criticó programas que llegan a durar hasta 25 años, un indicador de que “no ha cumplido su propósito” según Rubio.

El secretario estatal informó que los programas que quedaron de USAID están siendo administrados por el Departamento de Estado de EE.UU. “El objetivo es que todos esos programas sean administrados por el Departamento de Estado para que podamos revisarlos directamente”, dijo.

“La ayuda exterior es algo que debemos hacer y seguiremos haciendo, pero cada dólar que gastemos en ella debe lograr al menos uno de estos tres objetivos: fortalecer a Estados Unidos, hacerlo más próspero o hacerlo más seguro”.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

El representante del gobierno de Trump rechaza que la ayuda se destine a “políticas internas de extrema izquierda” y lo que llama “el complejo industrial de ayuda exterior”, en referencia a “organizaciones no gubernamentales” y a subcontratistas para entregar la ayuda. Rubio confirmó que el “objetivo” es que “todos esos programas” que seguirán “implementando” –habló de 900– serán administrados por el Departamento de Estado.

El funcionario informó que “parte de eso se ha remitido al Departamento de Justicia para su análisis”, ante una pregunta sobre si cree que hay alguna relación con que el dinero “se devuelva a los demócratas, a la maquinaria de recaudación de fondos u otros asuntos turbios”.

“Hay personas que han ganado mucho dinero formando parte del complejo industrial de ayuda exterior, formando parte de esta red de ONG que hacen cosas”, afirmó.

Durante casi 24 años, la USAID desembolsó $1,585.4 millones a El Salvador, de un total de $2,780.8 millones de todas las agencias de ayuda estadounidense según foreignassistance.gov. Los mayores montos desembolsados de la USAID a El Salvador ocurrieron en los años 2012, con $210.5 millones; 2020, $197.2 milllones; 2019, $192.7 millones; 2011, $187.6 millones; y 2010, con $170.9 millones.

En el año completo fiscal más reciente (2023), los sectores con más desembolsos fueron: gobierno y sociedad civil, con $51.8 millones; gastos de operación, con $21.3 millones; respuesta de emergencia, con $14.9 millones; educación básica, con $14.04 millones; negocios y otros servicios, $13.2 millones; HIV/sida, $5.7 millones; prevención de desastres, $3.4 millones; política comercial, $1.3 millones; conflicto, paz y seguridad, por $1.9 millones; y $989,800 para salud básica.

Mientras cinco instituciones de control tuvieron una disminución en su presupuesto para el año 2025, la Corte Suprema de Justicia tuvo un aumento en sus fondos y la Corte de Cuentas de la República se mantuvo con la misma asignación presupuestaria, según el informe de Acción Ciudadana presentado el viernes.

Para el año 2025, el Estado salvadoreño ha destinado $680.8 millones a siete instituciones de control, lo que constituye un 7 % del presupuesto general del Estado.

El 72 % del presupuesto de las instituciones de control está asignado al Órgano Judicial y el restante 28 % está repartido entre seis instituciones de control: la Fiscalía General de la República tiene el 13 % del presupuesto de las entidades de control y la Corte de Cuentas de la República (CCR), un 7.4 %.

Las instituciones de control tienen una cobertura del 95 % de su necesidad presupuestaria, les harían falta un poco más de $31 millones.”

Julio Amaya, investigador.

Así mismo, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene una asignación del 5 % del presupuesto de las instituciones de control; la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), un 1.5 %; el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), un 0.3 %; y el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), un 0.35 %.

Los presupuestos de las instituciones de control bajaron desde un 37.7 %, en el caso de la FGR, hasta un 9.99 %, en el caso de la PGR.

Las necesidades presupuestarias planteadas originalmente por estas instituciones sumaban $711.9 millones, pero tuvieron un recorte de $31.1 millones a sus proyectos presentados a Hacienda.

La AC emitió siete solicitudes de información presupuestaria, una a cada institución de control: la Fiscalía denegó la información bajo el argumento de que la información es “reservada”; la CCR no entregó a información; la PDDH, el IAIP y el Órgano Judicial entregaron solo parte de la información, y solo la PGR y el TEG entregaron la información.

¿Qué información era?: monto del techo presupuestario comunicado por Hacienda, copia del proyecto de presupuesto presentado a Hacienda, copia de cualquier documento que ha servido de base para la elaboración del proyecto de presupuesto 2025 previo a los ajustes y modificaciones realizadas al techo presupuestario y presupuesto institucional aprobado por la Asamblea Legislativa para 2025.

El concejo municipal de San Salvador Este reformó la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales por

servicios del distrito de Coatepeque «siguiendo la directriz emanada por el presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez, relativa a las medidas de alivio económico» para disminuir el cobro que realizan sobre las tasas y contribuciones, y que se destina a las fiestas.

«Sobre todo ingreso generado por las tasas establecidas en la presente ordenanza, con destino el Fondo Municipal, los contribuyentes aportarán el 5 % que se utilizará para las festividades locales, cívicas y nacionales», indicó.

La reforma derogó las disposiciones que se basaban en el artículo 34 de la ordenanza, que establecía un cobro del 10 % para las festividades locales, cívicas y nacionales.

«Siguiendo la directriz emanada por el presidente Nayib Bukele, relativa a las medidas de alivio económico, considera oportuno continuar mejorando la situación económica de aquellas familias de escasos recursos, pequeñas y medianas empresas de este municipio, considera oportuno y alta necesidad normalizar y ajustar la ordenanza».

Concejo de Santa Ana Este.

La Ley de tarifa general de arbitrios de Coatepeque de 1987 estableció un cobro del 5 % sobre todo ingreso con destino al Fondo Municipal proveniente de tasas o derechos por servicios de oficina, impuestos y contribuciones municipales pagados por los contribuyentes, para la celebración de ferias o fiestas patronales, cívicas o nacionales. En 2010, el cobro aumentó al 10 % con la vigencia de la «Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de Coatepeque».

Sin embargo, una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo, emitida el 19 de septiembre de 2024, dictó que la alcaldía de Coatepeque debía determinar el porcentaje legal regulado en la Ley de Tarifa General de Arbitrios, es decir, 5 %.

La reforma fue aprobada el 17 de marzo de 2025 y publicada en el Diario Oficial del 3 de abril de 2025. Según el decreto, «será de aplicación inmediata». Fue firmada por la alcaldesa, Cecy Carolina Elías Escobar, y el secretario municipal, César Antonio Toledo Vargas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores habilitará dos correos electrónicos para realizar trámites de emergencias para apostillas o auténticas debido a las vacaciones de Semana Santa programadas entre el sábado 14 y el lunes 21 de abril, informó la institución en redes sociales.

La Cancillería salvadoreña atenderá trámites urgentes de apostillas o auténticas a través de los correos institucionales: aaguevara@rree.gob.sv y Wendy.quintanilla@rree.gob.sv. La institución no detalló cuál es el plazo de respuesta que tendrán los trámites realizados bajo este mecanismo.

Como todo el Estado –excepto el personal de turno–, las oficinas de Cancillería estarán cerradas desde este sábado 14 hasta el lunes 21 de abril por vacaciones de Semana Santa. Las atenciones se reanudarán en horario normal hasta el martes 22 de abril.

Si tienes planificado visitar nuestras oficinas en El Salvador, toma nota de la siguiente información.

Para trámites de emergencia, ponemos a tu disposición los correos:

aaguevara@rree.gob.sv

wendy.quintanilla@rree.gob.sv pic.twitter.com/U2IXr4wcNS

— Cancillería de El Salvador (@cancilleriasv) April 9, 2025

Duicentros de El Salvador informó también que solo cinco sucursales estarán abiertas el lunes 14 y martes 15: San Miguel; Portal Sagrega en la plaza Libertad; Santa Ana; centro comercial Galerías y Cojutepeque, en Cuscatlán. Los otros 16 duicentros estarán cerrados.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) transmitió el jueves una audiencia en la cual un ciudadano solicitaba información a la Universidad de El Salvador (UES) sobre el procedimiento de asignación de tres plazas de la Facultad de Ciencias Económicas. Los comisionados terminaron por declarar desierto el recurso de apelación luego de que el ciudadano apelante se retirara de la audiencia.

La audiencia fue presidida por Ricardo José Gómez Guerrero, presidente del IAIP.

En el caso, el apelante pidió información a la UES sobre detalles de procedimientos, los funcionarios involucrados en la asignación de plazas registradas bajo las partidas 2804, 2811 y 2819 de la ley de salarios de la Facultad de Ciencias Económicas durante el periodo 2021-2023. La oficial de información de la UES denegó la información porque «no ha sido generada».

El demandante propuso introducir dos documentos como pruebas pero el IAIP no se los aceptó. “Yo estoy proponiendo otros dos documentos, uno emitido por el secretario general de la UES, donde hace referencia sobre el procedimiento y otro documento emitido por el fiscal donde también alude al procedimiento que tiene que ver con las plazas”, explicó el demandante.

Nelson Boanerges López Carrillo, representante de la UES en la audiencia, indicó que el apelante «solicitaba prácticamente un detalle del procedimiento, copia del expediente de ese procedimiento y una nómina de las personas que participaron» y solicitaron agregar como prueba un informe emitido por el rector de la UES en el cual «establecía que no estaba generada dicha información».

Sin embargo, el IAIP decidió no aceptar las pruebas del demandante. «No coincide con la información requerida. No admite la prueba por no considerarse útil ni pertinente al presente proceso», dijo el presidente del IAIP.

«En vista que me han violentado mi derecho de defensa, paso a retirarme», respondió el demandante y se retiró.

El comisionado presidente del IAIP anunció que la «acción quedaría desierta» pero pidió salir de la transmisión pública para que los comisionados deliberaran y luego cerraron la audiencia.

«Se le estaba dando el derecho de defensa. Por abandono de audiencia de manera injustificada, el pleno da por finalizado el presente recurso de apelación», dijo el comisionado presidente del IAIP, quien citó el artículo 518 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gómez Guerrero dijo que incluso en redes sociales habían comprobado que el demandante iba a abandonar la audiencia si no le aceptaban las pruebas.

Posteriormente, este viernes, el demandante sostuvo que la Ley de Procedimientos Administrativos «no habilita» para declarar desierto un recurso de apelación, tras mensajes enviados a El Mundo a través de X.

En X, el solicitante de información señaló que los comisionados del IAIP «no les habilita para declarar desierta la apelación» porque la audiencia oral «no es acto indispensable en sede administrativa». «El incumplimiento de deberes no puede ser invocado para desestimar el derecho reclamado», señaló.

El IAIP bloqueó al demandante, cuando mencionó la inclusión de tres comisionados en la Lista Engel.

Los comisionados del @iaip_elsalvador olvidan que el artículo 17 de la LPA establece que el incumplimiento de los deberes no puede ser invocado para desestimar el derecho reclamado…

Así como hacen en el proceso NUE 35-A-2024, así que por este tipo de cosas son lista #Engel

— Fredis Pereira (@FredisPereira) April 11, 2025

Me retiré de la audiencia ref. NUE 35-A-2024 por violación a mi derecho de defensa por parte de los comisionados del @iaip_elsalvador, favoreciendo así la opacidad de las #AutoridadesUES de la @UESoficial

— Fredis Pereira (@FredisPereira) April 10, 2025

Esta fue una de las audiencias que han sido transmitidas por el IAIP, una institución pública encargada de dirimir las diferentes entre las instituciones del Estado y los ciudadanos que les solicitan información pública.

Durante los dos años más recientes, el IAIP únicamente ha transmitido cinco audiencias durante dos años desde su cuenta de Facebook:

1. Contra la Alcaldía de Santa Tecla Norte. 31 de octubre de 2024.
2. Contra la Alcaldía de La Libertad Norte, 16 de octubre de 2024.
3. Contra el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, 12 de marzo de 2024.
4. Contra Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 7 de septiembre de 2023.
5. Contra Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 20 de julio de 2023.

Fe de errata: Esta noticia fue corregida el mismo día de su publicación, ya que la información solicitada por el demandante fue sobre promoción o asignación de plazas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UES, no sobre contratación de plazas como inicialmente se había divulgado por error involuntario.

La organización Human Rights Watch (HRW) afirmó este viernes que los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador «han sometido a más de 200 venezolanos a desaparición forzada y detención arbitraria» y exhortó a las autoridades a «poner fin a la detención en régimen de incomunicación», sobre los más de 238 venezolanos deportados en marzo y acusados por el gobierno estadounidense de ser miembros de la pandilla declarada terrorista «Tren de Aragua» y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

En un comunicado en el cual hace ver que no han recibido respuestas de funcionarios estadounidenses ni salvadoreños, HRW argumentó que la «desaparición forzada se produce cuando las autoridades privan a una persona de su libertad y luego se niegan a revelar su estado o paradero», lo que «hace probable la comisión de nuevos abusos» sin una protección legal.

La organización internacional pidió públicamente al gobierno estadounidense «hacer pública la identidad de los venezolanos» y al gobierno salvadoreños informar sobre «el paradero específico de los detenidos». Según HRW, familiares de los deportados les han dicho que autoridades estadounidenses «afirmaron que no podían compartir ninguna información sobre el paradero de sus familiares» y que el comisionado presidencial de derechos humanos en El Salvador, Andrés Guzmán, no les ha respondido.

“Estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos. La crueldad de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha dejado a estas personas por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso”.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.

HRW reveló que envió una carta, el 5 de abril, a «autoridades salvadoreñas» para pedir información sobre la identidad, condiciones de detención en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) y «el fundamento jurídico» de la detención de los venezolanos deportados de Estados Unidos a El Salvador.

«El gobierno de El Salvador no ha respondido», indicó.

Detalló que familiares enviaron correos al comisionado presidencial de El Salvador para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán. «Pero solo recibieron una respuesta automática de acuso de recibo o un mensaje que indica que su petición había sido remitida a las 'instituciones competentes”, relató la organización.

«El gobierno salvadoreño no ha presentado ningún fundamento jurídico para detener a los deportados venezolanos y no ha ofrecido ningún indicio sobre su fecha estimada de liberación, si es que existe. Su detención parece ser totalmente arbitraria y potencialmente indefinida, una grave violación de las obligaciones de El Salvador en materia de derechos humanos». Human Rights Watch.

La organización internacional dijo haber entrevistado a 40 familiares de deportados que revelaron que las autoridades estadounidenses de migración no informaron a sus familiares que serían enviados a El Salvador.

El gobierno de los Estados Unidos ha deportado a más de 200 venezolanos señalados de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua, 137 fueron deportados por la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y 101 bajo la norma migratoria Título 8 según la Casa Blanca. Funcionarios estadounidenses han dicho expresamente que todos los deportados son miembros de la pandilla, aunque no han publicado las condenas y los delitos correspondientes o procesos penales pendientes.

Estados Unidos logró un acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele para deportar a criminales extranjeros a El Salvador a cambio de $20,000 por detenido por un año renovable.

Un alto funcionario de los Estados Unidos aseguró que el acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos no es un «quid pro quo» o «dando y dando», cuando se le preguntó si de este acuerdo se derivaba un trato preferencial a migrantes salvadoreños en Estados Unidos.

El vocero del sindicato de los empleados municipales de Cuscatlán Sur, en el distrito de Cojutepeque, Rutilio Erazo, informó que terminaron la suspensión de labores, luego de dos días, ya que llegaron a acuerdos con la alcaldesa, Guadalupe Campos.

Después de dos días de suspensión de labores, en protesta por precariedad de condiciones laborales la alcaldesa accedió a reunirse con ellos y se comprometió a mejorarlos, dijo Erazo.

“Nos reunimos con la alcaldesa, sus asesores y el delegado de la Procuraduría, sección de Cojutepeque, y se tomaron varios acuerdos con el compromiso de levantar la suspensión”.

Rutilio Erazo,

Sindicalista de Cuscatlán Sur.

El sindicalista detalló que la alcaldesa se comprometió a reactivar la póliza de seguros de vida tanto de los empleados como de los vehículos recolectores de basura de la alcaldía, iniciar el proceso de compras de los uniformes y calzado de los trabajadores de recolección, el pago de viáticos, socializar el reglamento interno.

“El reglamento interno tenía muchas afectaciones y violaciones a nuestros derechos como el recorte de los bonos entre otros, pero la verdad no hay nada concreto hasta que se firme en acta, pero en caso de incumplimientos retomaríamos las acciones”, de suspensión de labores aseguró el sindicalista.

Según dijo, el acta estaría firmada el jueves 10 de abril, según les informó el secretario municipal. El jueves en la tarde, Erazo informó que los acuerdos no habían sido tomados y que después de vacaciones de Semana Santa podrían retomar las actividades de protesta.

Erazo dijo que la alcaldesa había argumentado que no había activados los seguros ni comprado los uniformes y calzados del personal por “lo financiero y también lo engorroso de los procesos de compra, pero ninguno de los dos es creíble, porque los uniformes desde noviembre del año pasado decían que ya habían iniciado los procesos y fue falso”, cuestionó.

Los municipios que integran Cucatlán Sur son Cojutepeque, San Rafael Cedros, Candelaria, Monte San Juan, El Carmen, San Cristóbal, Santa Cruz Michapa, San Ramón, El Rosario, Santa Cruz Analquito y Tenancingo.

Duicentros de El Salvador informó que solo cinco duicentros estarán habilitados el lunes 14 de abril y martes 15 de abril para atender cualquier trámite de Documento Único de Identidad (DUI), ya que todos los duicentros estarán cerrados durante la Semana Santa, del 16 al 21 de abril.

El lunes 14 y el martes 15 de abril estarán abiertos los duicentros:

1. San Miguel.

2. Portal Sagrega en la plaza Libertad.

3. Santa Ana.

4. Centro comercial Galerías.

5. Cojutepeque en Cuscatlán.

«Nuestros duicentros estarán cerrados por vacaciones de Semana Santa del lunes 14 al lunes 21 de abril. A excepción de San Miguel, Portal Sagrera, Santa Ana, centro comercial Galería y Cojutepeque que estarán abiertos el lunes 14 y martes 15 de abril». Duicentros de El Salvador en redes sociales.

El resto de los 16 duicentros del país estarán cerrados los días lunes y martes. Pero, desde el miércoles 16 de abril, estarán cerrados todos los duicentros sin excepción. Las atenciones se retomarán en horario normal el próximo martes 22 de abril.

Los empleados del sector público inician su descanso este sábado 12 de abril y finalizará el 21 de abril, volviendo a sus labores hasta el martes 22 de abril. En cuanto al sector privado, se toman como asueto según el Código de Trabajo los días jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de abril.