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El gobierno pidió a la Asamblea Legislativa extender por cinco años más el decreto que facilita el traspaso de inmuebles en donde se encuentran los centros escolares al Ministerio de Educación, ahora incluidos los que estén hipotecados o en un proceso administrativo de legalización.

La petición ingresó en el pleno legislativo de este martes y será estudiada en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, que está convocada para lunes 24 de marzo a las 11:00 de la mañana.

La reforma se haría a la «Ley especial transitoria para la legalización del dominio de inmuebles a favor del Estado en el Ramo de Educación».

Primero, se declararía expresamente de utilidad pública e interés social los inmuebles que son ocupados por centros educativos oficiales o sus anexos, y permitiría procedimientos de legalización si los inmuebles están hipotecados o en proceso administrativo de legalización de tierras, dos factores que según la ley actual son improcedentes, junto a casos de litigio y en donde los propietarios son menores de edad.

La reforma propone introducir un nuevo artículo 25-A que permitirá transferir al Ministerio de Educación y al gobierno de El Salvador todos los inmuebles inscritos a favor de patronatos, asociaciones de padres de familia, fundaciones y asociaciones desaparecidas jurídicamente.

También busca que pasen al Ministerio de Educación los inmuebles de otras instituciones del Estado o autónomas activas o inactivas que estén en posesión de dicho Ministerio, para lo cual deberá identificarlos y solicitarlo al Centro Nacional de Registros (CNR).

La reforma, además, establece un proceso detallado para legalizar los inmuebles en donde se encuentren escuelas si Educación ha ejercido posesión del mismo por lo menos durante siete años.

El gobierno enfrentó durante el año 2024 una escasa inversión pública en la remodelación y construcción de escuelas. Según un informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda el Ministerio de Educación ejecutó 38.8 % de los proyectos de inversión «Mi nueva escuela», es decir, $96.6 millones de $249.1 millones que habían sido programados para ese fin.

El 4 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto para agilizar las remodelaciones y construcciones de centros escolares, permitiendo las contrataciones con solo «la comunicación y aceptación de los contratistas» y que estos «hayan demostrado capacidad, compromiso, celeridad». Educación puede modificar contratos por circunstancias imprevistas, fuerza mayor o interés público.

El viceministro de u003cstrongu003eAgriculturau003c/strongu003e, u00d3scar Domu00ednguez, pidio a la Asamblea Legislativa la aprobaciu00f3n de una nueva «u003cstrongu003eLey de protecciu00f3n a la sanidad vegetal, salud animal e inocuidad de los alimentos no procesados de origen vegetal o animalu003c/strongu003e» que sustituiru00eda la Ley de sanidad vegetal y animal de 1995.nnCon la propuesta, siempre habru00e1 un registro de fiscalizaciu00f3n, como en la ley actual, pero este se amplu00eda, ya que el u003cstrongu003eMinisterio de Agricultura y Ganaderu00eda (MAG)u003c/strongu003e no solo fiscalizaru00e1 los establecimientos que produzcan, distribuyan, expendan, importen o exporten insumos para uso agropecuario, sino tambiu00e9n registraru00e1 y fiscalizaru00e1 los establecimientos que formulen, elaboren, maquilen, almacenen, comercialicen, representen, reenvasen o apliquen insumos de uso agrícola.nnTambien, crearu00e1 el u003cstrongu003eSistema de Vigilancia Epidemiolu00f3gica y un Sistema de Alerta Precozu003c/strongu003e, que u003cstrongu003ese encargaru00eda de informar «de forma temprana», tanto nacional como internacionalmente, de la detecciu00f3n clu00ednica de enfermedades o del estado de salud de poblaciones animales.u003c/strongu003ennEn los puntos de ingreso al pau00eds, se estableceru00e1 un sistema de inspecciones, basadas en riesgo, tomando en cuenta el pau00eds de origen, alertas sanitarias, historial del importador, del producto y del establecimiento exportador.nu003ch2u003eSe amplu00eda el rango de multas mu00ednima y mu00e1ximau003c/h2u003enu003cstrongu003eEl proyecto contempla infracciones leves, graves y muy graves con sus respectivas sanciones, con multas desde los 100 salarios mu00ednimos hasta los 30,000 salarios, es decir, de $36,500 a $7.3 millones. Las sanciones actuales van de $7,300 a $18.25 millones.u003c/strongu003ennCon la nueva normativa, enviada el 13 de marzo a los diputados, se derogaru00eda el decreto legislativo 524, de fecha 30 de noviembre de 1995, publicado en el Diario Oficial el 18 de diciembre de ese mismo au00f1o, que contiene la «Ley de Sanidad Vegetal y Animal», que establece multas desde los 20 salarios mu00ednimos hasta los 50,000, es decir, de u003cstrongu003e$7,300 a $18.25 millones.u003c/strongu003ennEntre las infracciones leves estu00e1n: reenvasar, reempacar o reetiquetar insumos de uso agrícola o alimentos para animales y productos biotecnolu00f3gicos de origen vegetal o animal sin autorizaciu00f3n del MAG, y alterar envases, empaques, etiquetas o panfletos autorizados por el MAG para su comercializaciu00f3n.nnTambien, seru00e1 infracciu00f3n leve que el empleado o funcionario pu00fablico permita o facilite el ingreso al territorio nacional de animales y vegetales, productos y subproductos y alimentos de origen vegetal y animal, asu00ed como insumos de uso agrícola, alimentos para animales y productos biotecnolu00f3gicos, que no cumplan con los requisitos de importaciu00f3n.nnu003cstrongu003eEsta sanciu00f3n seru00e1 una multa comprendida entre 100 y 10,000 salarios mu00ednimos diarios del sector comercio, es decir, de $36,500 hasta $3,650,000.u003c/strongu003ennEntre las u003cstrongu003einfracciones graves u003c/strongu003eestaru00e1 ocultar u omitir informaciu00f3n sobre la sospecha o presencia de plagas cuarentenarias y no cuarentenarias reglamentadas en vegetales, enfermedades exu00f3ticas, endu00e9micas o zoonu00f3ticas en animales, o en establecimientos agropecuarios, adulterar insumos de uso agrícola o alimentos para animales y productos biotecnolu00f3gicos, asu00ed como comercializar, donar o suministrar insumos de uso agrícola o alimentos para animales o productos biotecnolu00f3gicos, vencidos o prohibidos. u003cstrongu003eLas infracciones graves seru00e1n sancionadas con multas entre 10,001 y 20,000 salarios mu00ednimos diarios del sector comercio: $3,650,365 a $7,300,000.u003c/strongu003ennSeru00edan infracciones muy graves impedir las inspecciones al personal del MAG, comercializar vegetales infestados con plagas cuarentenarias o animales infestados con plagas o infectados con alguna enfermedad exu00f3tica. u003cstrongu003eLas infracciones muy graves seru00e1n sancionadas con multas entre 20,001 ($7,300,365) a 30,000 salarios mu00ednimos ($10,950,000).u003c/strongu003e

Las peticiones de salvadoreños para obtener protección internacional en España han aumentado en un 73 % durante el último mes, según los datos del Ministerio del Interior del país europeo.

Al menos 112 salvadoreños han pedido protección internacional en España desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2025.

Durante enero de 2025, el Ministerio del Interior de España recibió 41 solicitudes de asilo o refugio por parte de salvadoreños; la cifra aumentó en un 73 % para febrero, con 71 solicitudes, 30 peticiones más que en enero.

El promedio diario de solicitudes de salvadoreños es 1.89 en los últimos dos meses. Aunque la cifra de salvadoreños que buscan protección incrementó en febrero, en el ranking global, bajó de posición.

En enero, El Salvador ocupó la posición 19 en países con más solicitudes y en febrero cayó hasta la posición 21.

El Salvador fue desplazado dos posiciones abajo del ranking de casi 100 países cuyos ciudadanos solicitan protección en España. El primer país que lo movió hacia abajo fue Somalia que pasó de 35 solicitudes en enero a 105 en febrero, mientras que Cuba pasó de 35 peticiones en enero a 79 el último mes.

Refugiados, rechazados y archivados

En lo que va de 2025, un total de 66 salvadoreños lograron el «estatus de refugiados», 20 en enero y 46 en febrero. Sin embargo, otros 236 que tuvieron resultados «desfavorables» en sus peticiones; en enero fueron 93 rechazados y, en febrero, 143.

Por otro lado, el Ministerio del Interior reporta solo seis casos archivados, uno en enero y cinco en febrero; 12 solicitudes por «razones humanitarias», seis en cada mes; y ninguna solicitud de protección subsidiaria de salvadoreños.

En enero de 2025, el gobierno español recibió 13,384 solicitudes de protección y en febrero la cifra casi se duplicó, llegando a 26,409 peticiones de refugio. De los más de 26,000 peticionarios, al menos 22,480 son hombres y 17,313 son mujeres. La mayoría de los peticionarios tienen entre 18 y 34 años de edad.

En total, al menos 1,413 personas han recibido refugio en España en los primeros dos meses de 2025, un 2 % son salvadoreños. Asimismo, unos 17,644 han sido rechazados, 4 % son compatriotas salvadoreños. El país con más ciudadanos refugiados en febrero fue Colombia, con 199 solicitudes aprobadas.

El presidente salvadoreu00f1o, Nayib Bukele, se refirió nuevamente a su visión sobre las ideologías en el mundo y la inexistencia de las derechas e izquierdas, definiendo las existentes como «humanistas y extincionistas».

El mandatario hizo esta reflexión la noche de este miércoles durante la inauguración del Instituto Kriete de Ingeniería y Ciencias (Instituto Key) y después de firmar un convenio para el otorgamiento de becas con el fundador de la nueva institución de educación superior, el empresario Roberto Kriete.

«Los nuevos becarios van a poder desarrollarse profesionalmente en ingeniería industrial, en computación, mecatrónica, robótica, inteligencia artificial, software, automatización y desarrollo de nuevas tecnologías, a ellos les iru00e1 bien, le iru00e1 bien al Instituto, le iru00e1 bien a nuestro país y colaboraremos a que le vaya bien al mundo», indicó.

Luego agregó:

«Porque ya el mundo ya… realmente cuando vemos lo que estu00e1 pasando en todos lados, ya el mundo no se divide en izquierda y derecha, se divide entre humanistas y extincionistas, y nosotros debemos de trabajar por ser humanistas, para que los seres humanos lideren las nuevas tecnologías y el futuro».
Nayib Bukele, presidente salvadoreu00f1o.

En su intervención, Bukele recordó que el gobierno anunció el su00e1bado que se otorgaron 15,000 becas a las cuales pueden acceder estudiantes que tengan notas mayores de 7. «Se escucha fu00e1cil pero no es fu00e1cil», dijo.

También habló de una combinación que hace el gobierno de una «mano dura y firme» con una «mano que ayude».

«Es importante que la mano dura del gobierno le garantice la libertad a los jóvenes para que puedan moverse por todo el país sin problemas, sin riesgos, que puedan venir a estudiar y salir noche y que no pase nada, que tengan la seguridad. Esa mano firme del gobierno les garantiza eso, pero por otro lado también necesitan de la mano que les ayude y que les dé las oportunidades para que ellos las tomen y puedan salir adelante», fueron sus palabras. Aseguró que «ya solo queda en ellos aprovechar» las oportunidades.

En agosto de 2024, en una entrevista a la revista Time, Bukele dijo que la izquierda ha perdido el rumbo a diferencia de la derecha que, consideró, «al menos estu00e1 planteando un rumbo». En dicha entrevista le preguntaron su evolución de una izquierda radical en 2012 a una posición en la que la mayoría de sus aliados se ubican en la derecha.

«Definitivamente yo no me considero ni de izquierda ni de derecha… La izquierda perdió el rumbo mundialmente. Incluso, no tienen referentes, no hay exponentes. Si yo estuviera en ese cambio diría 'tenemos una crisis seria de identidad y tenemos que hacer algo ru00e1pido antes de que perdamos todos los cargos de elección popular' porque la gente no ve ningún rumbo en la izquierda», dijo en esa ocasión.

En febrero pasado, en una conversación con empresarios de la región latinoamericana que participaron en el XX Encuentro Empresarial de Padres e Hijos 2025, aseguró que quiere que El Salvador sea un país capitalista, proempresa y con una libertad empresarial total con un gobierno pequeño. “Nosotros queremos ser un país full libertad empresarial, capitalista, proempresa, un gobierno lo mu00e1s fuerte pero pequeño posible, pero que no tenga grasa, solo músculo, pero que ese músculo vaya a enseñar a pescar, a invertir en educación, a invertir en infraestructura educativa, infraestructura en salud, invertir en esos proyectos de país”, expresó en esa ocasión.

La

alcaldía de Santa Ana Oeste creó una Ordenanza de Contribuciones Especiales para vender productos como sombreros y otros con el objetivo de generar ingresos, según establece la ordenanza publicada en el Diario Oficial del 17 de marzo recién pasado.

Santa Ana Oeste lo conforman los siguientes distritos: Candelaria de la Frontera, Chalchuapa, El Porvenir, San Antonio Pajonal, San Sebastián Salitrillo y Santiago de la Frontera.

“Resulta necesario establecer una Ordenanza de Contribuciones Especiales con el fin de generar ingresos a través de diversas actividades determinadas”, establece la ordenanza publicada.

“Esta medida busca fomentar un sentido de pertenencia entre los residentes del municipio de Santa Ana Oeste, incentivándolos a adquieran productos ofrecidos por la municipalidad, adaptándonos a la actual realidad económica y promover la contribución mediante tributos municipales de carácter especial, con el objetivo de recaudar ingresos para la municipalidad a través de la venta de diversos productos”, indica el instrumento aprobado por el concejo que une seis distritos.

El artículo 1 especifica que la Ordenanza «tiene por objeto generar ingresos a través de diversas actividades determinadas tales como la venta de productos especiales» del municipio de Santa Ana Oeste «fomentando el sentido de pertenencia dentro del municipio y poder generar ingresos mediante contribuciones especiales para que así estos puedan ser reinvertidos en diversos proyectos municipales”.

Así, esta alcaldía venderá sombreros unisex, talla y color único a $75; camisas con estampado a $13.56; cinchos a $20.34; pines a $18.08 y pulseras a $9.04.

La municipalidad podrá disponer «únicamente del excedente» respecto a los precios con los cuales es adquirido cada producto y aclara que estos podrán ser adquiridos por los habitantes del municipio “de manera voluntaria”.

La ordenanza fue publicada el 17 de marzo en el Diario Oficial por lo que iniciará su vigencia el 25 de marzo.

El 24 de febrero, el alcalde de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, anticipó en su cuenta de X sobre la venta de sombreros a $75 y agregó que se podrán adquirir en línea en la página web de la alcaldía.

El gobierno redujo en noviembre de 2023 el Fondo para el Desarrollo Municipal (Fodes) del 10 % al 1.5 % de los ingresos corrientes del Estado que iba destinado a las municipalidades y en enero de 2025 derogó el Fondo de Apoyo Municipal (FAM), una inyección anual de $50 millones que iba a las municipalidades con menos de 73,000 habitantes, excepto el distrito de Antiguo Cuscatlán, del departamento de La Libertad.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha advertido desde el sábado que todas las municipalidades deben suspender cobros como tasas, licencias u otros creados a partir de mayo de 2024 y que, de lo contrario, los acusará del delito de extorsión ante la Fiscalía General de la República. Solo el concejo de San Salvador Centro derogó cuatro ordenanzas; el resto de concejos no ha informado de derogaciones.

Bukele criticó específicamente el cobro que hacía la alcaldía de Ahuachapán Centro a negocios de ventas de celulares, municipalidad que derogó la tarifa.

Con 57 votos, el u00d3rgano Legislativo reformó el martes el presupuesto de 2025 para incorporar $1.9 millones de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública hacia el Ministerio de Gobernación.

La reforma presupuestaria se realiza luego de que el presidente Nayib Bukele u003ca href=»https://diario.elmundo.sv/politica/direccion-de-tejido-social-pasara-de-seguridad-a-gobernacion»u003ereformarau003c/au003e el reglamento del u00d3rgano Ejecutivo para delegar a Gobernación la dirección y ya no al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, debido a un necesario «reajuste» para «promover el desarrollo de la juventud de manera eficiente».

La u003cstrongu003eDirección de Tejido Socialu003c/strongu003e, la cual es manejada actualmente por Carlos Marroquín, estu00e1 bajo el ramo de Seguridad Pública, inició en 2020 con un presupuesto de $1 millón y proyecta un presupuesto de $2.4 millones para el año 2025.

El año con mayor presupuesto fue 2023, cuando se programaron $2.6 millones. Para el año 2025, esta dirección tiene $2.4 millones disponibles, de los cuales $943,330 se dirigen a remuneraciones, $1.4 millones en bienes y servicios, y $11,000 en gastos financieros.

A partir del año 2023, el gobierno también creó la Dirección de Integración, a cargo de Alejandro Gutman, con una función similar y un presupuesto de $23.3 millones en 2024 y $16.5 millones en 2025.

En julio de 2024 El Faro u003ca href=»https://diario.elmundo.sv/politica/bukele-pidio-deportar-a-los-cabecillas-de-pandillas-que-estan-en-eeuu-dice-embajadora-mayorga»u003erevelóu003c/au003e audios donde el director de Reconstrucción de Tejido Social decía que él habría sacado del país al cabecilla de la MS Élmer Canales Rivera, alias «Crook», por Guatemala. El su00e1bado, Estados Unidos envió a 23 pandilleros de la MS-13, entre ellos César Humberto López Larios, alias «El Greñas de Stoner», acusado en una corte de Nueva York por terrorismo.

La Mesa Territorial de la Zona Norte de La Libertad y el Foro del Agua presentaron este miércoles una propuesta de «Ordenanza ambiental marco para la protección del acuífero de San Juan Opico» en la alcaldía de La Libertad Centro, que prohíbe el cambio en el uso de suelo en zonas protegidas.

La propuesta de normativa municipal pretende que no se pueda modificar el uso del suelo en zonas protegidas por motivos industriales, urbanísticos, turísticos y comerciales.

Las organizaciones no informaron si la propuesta fue recibida en la comuna.

A través de una publicación en redes sociales, el Foro del Agua indicó que la ordenanza también busca la creación de un régimen hídrico y administrativo para «la protección, conservación y restauración» del acuífero de San Juan Opico. Asimismo, sugirió la creación de una nueva tasa municipal para «el monitoreo» del mismo acuífero.

La propuesta buscaría la creación de un Comité de Cuenca del acuífero para su vigilancia y protección, además de promover la participación ciudadana. Asimismo, se constituiría un régimen de infracciones para sancionar la contaminación en el acuífero.

El municipio de La Libertad Centro está integrado por los distritos de San Juan Opico y Ciudad Arce. De acuerdo con el Foro del Agua, la propuesta fue formulada a partir de la «consulta popular» en localidades como Quezaltepeque, San Matías, San Juan Opico, San Pablo Tacachico y Ciudad Arce.

La organización Alianza Américas, red transnacional de defensa de los derechos de migrantes latinoamericanos, aseguró esta semana que el traslado de venezolanos desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador supone «graves problemas legales y éticos» porque se desconoce el organismo que habría determinado la supuesta afiliación a pandillas.

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Más de 200 integrantes del Tren de Aragua llegaron este domingo a El Salvador

El gobierno salvadoreño informó el domingo que recibieron 238 presos de Estados Unidos acusados de pertenecer a la pandilla venezolana «Tren de Aragua» y de la MS13. Sin embargo, Alianza Américas sostiene que los venezolanos han sido detenidos «en circunstancias legales ambiguas» y acusó a El Salvador de ser «cómplice de un peligroso precedente: normalizar la represión y el abuso institucionalizado de las personas migrantes».

«El traslado de estas personas a otro país plantea graves problemas legales y éticos. Sigue sin estar claro qué organismos determinaron sus supuestas afiliaciones, bajo qué autoridad fueron deportados o las condiciones de su detención y posible puesta en libertad».

Alianza Américas en un comunicado divulgado esta semana.

Consideró que el despojo de los derechos de los presos, clasificarlos como terroristas «y subcontratar su encarcelamiento a un gobierno extranjero» es «una maniobra cruel» que parte de la política anti-inmigración y «no por la justicia o seguridad» de Estados Unidos.

La red también rechazó el uso del CECOT «para detener a miles de personas acusadas de pertenecer a pandillas» y señaló que la prisión salvadoreña ha sido cuestionada «por sus condiciones inhumanas de subsistencia».

Alianza Américas condenó «enérgicamente» la decisión del gobierno de Donald Trump de invocar la Ley de enemigos extranjeros de 1798 por considerar que constituye «un abuso de poder que socava la democracia, el debido proceso y los principios que Estados Unidos dice defender». Esta ley permite que un presidente estadounidense pueda detener y deportar a ciudadanos de lo que considera «una nación enemiga»; ha sido usada en 1812, 1942 y en 1946.

El fin de semana, el gobierno estadounidense informó que envió 238 miembros del Tren de Aragua fuera de Estados Unidos a cambio de una tarifa de $6 millones anuales a El Salvador, además de 23 pandilleros de la MS-13. La encargada de prensa de la Casa Blanca detalló que 101 deportados fueron expulsados bajo la ley migratoria Título 8.

Diputadas de la Asamblea Legislativa salvadoreña

han asegurado que no se siguió el proceso constitucional para traer los presos hacia El Salvador porque el artículo 131 señala que los tratados o pactos que suscriba el Ejecutivo con otras naciones deben ser ratificados por el Órgano Legislativo.

Las diputadas de oposición cuestionan que ya han transcurrido 13 días desde que la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la investigación formal contra un refugio de animales de Ilopango y que no hay información sobre el caso ni sobre el alcalde destituido por Nuevas Ideas, José María Chicas.

«Si fuera un alcalde de oposición, inmediatamente le hubiera caído la Fiscalía y ya estuviera preso y ya anduviera con las chancletillas blancas y todo mundo lo anduviera acusando, pero a él no solo le dieron la oportunidad de irse, si no, no dejar las cosas con claridad», dijo la diputada de Arena, Marcela Villatoro. Agregó que la investigación sobre el maltrato de animales solo es la «punta del iceberg», ya que según habitantes de ese municipio hay mal manejo del municipio incluso en servicios básicos como recolección de desechos.

“Mucha gente de San Salvador Este nos habla sobre los malos trabajos que se hicieron por parte de esta alcaldía, desde el tema de basura, esa es una investigación que debe hacerse también y esté él (Chicas) en China o esté aquí, se le debe aplicar la justicia, que investiguen, también sería bueno que la gente denuncie en la Fiscalía”, expresó Villatoro el martes.

Por su parte, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, enfatizó que la Fiscalía debe informar el avance de este caso y, si es que se le imputó algún delito al exedil, ya que no está claro.

«Corresponde a las autoridades dar cuentas de qué ha pasado con el caso que fue muy notorio a nivel nacional y despertó mucha indignación y habría que ver cuál es el avance del proceso que se le ha imputado, si es que se le ha imputado algo, no queda claro tampoco», aseveró.

El 5 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una investigación formal contra un refugio de animales ubicado en el distrito de Ilopango, en San Salvador Este, sobre las condiciones en las que se encuentran los animales, luego que circularan en redes sociales imágenes de caninos en desnutrición severa.

«Actualmente, la FGR mantiene abierta una investigación para determinar las condiciones, procesos y diagnóstico en los que se encuentran los animales en dicho recinto, conforme a las leyes vigentes», informó el Ministerio Público.

El 8 de marzo el presidente Nayib Bukele pidió al concejo municipal de San Salvador Este evaluar “seriamente» la destitución del alcalde José Chicas, así como su retiro del partido de Nuevas Ideas.

«Es evidente que el actual alcalde de San Salvador Este está realizando una pésima gestión, no solo en lo concerniente al refugio de animales, sino también en la administración general de la alcaldía. Dada la ineptitud mostrada, considera que el concejo municipal debería evaluar seriamente su destitución», escribió en Facebook.

El concejo municipal de San Salvador Este destituyó la noche de este sábado a José Chicas como alcalde y nombró al regidor Marvin Elias Aragón como nuevo edil. Nuevas Ideas también lo expulsó.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) observó posibles irregularidades en el manejo de $34.9 millones durante el año 2024, un monto 24 % menor al determinado en los hallazgos de las auditorías de 2023.

Durante el último año, tanto los montos en condenas confirmadas por los magistrados de la Corte de Cuentas, como los montos observados en auditorías previas así como las resoluciones de condenas y absoluciones en primera instancia disminuyeron.

El informe, entregado ayer al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, indica que el año pasado las cámaras de primera instancia emitieron condenas a funcionarios o exfuncionarios por anomalías que ascienden a $25.7 millones, 77 % menos que un año atr&aacutes; y que absolvieron casos por $11.9 millones, 55 % menos que un año atr&aacutes;.

Durante el año 2024, la Cámara de Segunda Instancia de la CCR, conformada por el presidente y los dos magistrados nombrados por el Órgano Legislativo, confirmó condenas por $291,322.84, un monto 97 % menor al contemplado en condenas confirmadas en el año 2023.

La mayor disminución de montos cuestionados durante 2024 se registra en las condenas que fueron confirmadas por los magistrados de la Corte de Cuentas. En 2023, la Cámara de Segunda Instancia confirmó condenas por un monto de $13.8 millones, pero el año pasado confirmó condenas por $291,322.

Desde 2019, el año de mayor monto cuestionado en las condenas confirmadas por la CCR fue 2019, con $15.7 millones, monto que cayó en 2020 a $509,611.67; luego subió a $14.3 millones en 2021 y $13.8 millones en 2023.

Durante el año 2023, los montos cuestionados en las condenas emitidas por las Cámaras de Primera Instancia de la CCR sumaron $112.9 millones, un aumento de 783 % respecto al año anterior; en 2024, la tendencia bajó un 77 % a $25.7 millones.

Durante los últimos seis años, las auditorías de la CCR han cuestionado el manejo de $662,759,999.9, pero no todos los cuestionamientos son confirmados. Los casos son enviados a juicios de cuentas a las Cámaras de Primera Instancia y posteriormente, si hay solicitudes de revisión o apelación, son evaluados por la Cámara de Segunda Instancia, que es conformada por los magistrados de la CCR nombrados por los diputados.

En ese mismo periodo, las Cámaras de Primera Instancia han emitido condenas por $184,859,227.0, y la Cámara de Segunda Instancia ha confirmado condenas por $56,046,551.22 ante solicitudes de apelación o revisión que recibieron.