Categoría: Politica

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha elaborado preliminarmente una propuesta de Plan General de Elecciones (Plagel) sin contemplar la implementación del voto electrónico para los comicios nacionales. El mecanismo electrónico de votación está siendo planificado solo para salvadoreños en el exterior.

Dos fuentes internas del Tribunal confirmaron a Diario El Mundo que el personal técnico encargado de la elaboración del Plagel no ha planificado la implementación del voto electrónico para la jornada electoral en territorio nacional del 28 de febrero de 2027.

Una de las fuentes explicó que se ha trabajado un Plagel “normal” y que posiblemente la determinación de un nuevo mecanismo de votación nacional no ocurra al interior del organismo colegiado, sino en otras instancias.

Una fuente técnica que pidió anonimato por seguridad explicó a Diario El Mundo que, en todo caso, es facultad de la Asamblea Legislativa establecer en el Código Electoral un nuevo mecanismo de votación nacional, mediante reformas que deberían tomar en cuenta opiniones técnicas del TSE.

El artículo 186 del Código Electoral establece la forma de impresión de las papeletas físicas con los sellos correspondientes; el 187 indica el procedimiento para determinar la cantidad de papeletas que deben imprimirse y ordena que las papeletas sobrantes sean destruidas.

El técnico indicó que, de implementarse el voto electrónico en El Salvador, la opción más viable es el voto presencial con urnas electrónicas, por lo que el TSE tendría que alquilar o comprar igual número de máquinas que Juntas Receptoras de Votos (JRV), de las cuales se instalaron 8,562 juntas en 2024.

Además, la Asamblea Legislativa tendría que permitir el desembolso de los fondos necesarios.

El lunes, el TSE informó que concluyó el estudio de los programas propuestos por el personal técnico en el Plagel nacional para voto en el exterior. Una fuente señaló que todavía falta que se presenten correcciones y que el organismo colegiado apruebe el documento definitivo.

Presidenta del TSE, a favor de voto electrónico nacional

La Asamblea Legislativa entrevistó en julio a los entonces aspirantes a magistrados del Tribunal. En ese momento, la ahora presidenta, Roxana Soriano, aseguró que la aplicación del voto electrónico en el territorio nacional y en el exterior era posible porque hay “bastante talento en el área de la tecnológica” y criticó que la contratación de 2024 se haya hecho con una empresa internacional que al final se llevó la plataforma “y dejan solo los archivos”, en referencia a la empresa española Indra.

Para el voto electrónico de los salvadoreños en el exterior en 2024, se presupuestaron $59,066,690 de los que se gastaron $32,012,918, dejando $27,053,772 que no se utilizaron. Es decir, se usaron más de $32 millones para la votación electrónica de 331,756 salvadoreños.

El último dato del registro electoral publicado por el TSE corresponde tal 5 de noviembre de 2023 y contenía a 6,214,399 salvadoreños habilitados para votar, 741,094 se encontraban registrados con dirección de residencia en el extranjero.

La nueva «Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas» aprobada el martes por la Asamblea Legislativa obligará a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a que entregue al Ministerio de Hacienda un estudio actuarial del sistema de pensiones en El Salvador.

Un estudio actuarial de pensiones incluye proyecciones de flujos de ingresos y egresos del sistema tomando en cuenta factores como la edad de jubilación, esperanza de vida, aportaciones o cotizaciones de los empleados y empleadores, así como obligaciones futuras del sistema.

El artículo 20 de la nueva normativa explica que el Ministerio de Hacienda accederá a esta información «con el objetivo prioritario de incorporar las cifras» sobre pensiones «en las proyecciones fiscales» del Estado salvadoreño.

La nueva ley, uno de los compromisos que asumió El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), le establece límites de endeudamiento público con deuda de pensiones en 80 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2030, 75 % para 2035 y 70 % para el año 2045.

La deuda pública total con pensiones de El Salvador alcanzó los $32,107.13 millones al cierre del año 2024, un 89.2 % del PIB. La deuda estatal con el Fondo de Pensiones llegó a $10,525.96 millones al cierre de 2024 y ya supera los $10,742.22 millones hasta abril de 2025.

ISP deberá informar a Hacienda

Además del informe actuarial, el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) deberá entregar toda la información que el Ministerio de Hacienda le requiera.

Una de las obligaciones del Ministerio de Hacienda será elaborar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) –dentro del plazo de tres meses– que contendrá una programación fiscal y un marco para el presupuesto estatal y el endeudamiento del Estado. El MFMP «deberá especificar la trayectoria de la deuda con pensiones».

Hacienda únicamente podrá corregir en un plazo máximo de dos años «los excedentes de deuda con pensiones sobre la trayectoria esperada».

En un acuerdo por $1,400 millones, el gobierno salvadoreño se ha comprometido con el FMI a publicar «una evaluación actuarial independiente» a finales de julio de 2025 y una propuesta de reforma al sistema de pensiones el 10 de febrero de 2026.

Las autoridades, según el FMI, reanudarán las evaluaciones de la sostenibilidad del sistema de pensiones «para cuantificar los riesgos de la garantía» sobre «todas las solicitudes públicas y privadas relacionadas con pensiones y para fundamentar la toma de decisiones».

El compromiso con el FMI incluye la contención de «posibles costos fiscales asociados con la reforma de pensiones de 2022, que aumentó las prestaciones, desvinculándolas de los saldos acumulados en cuentas de ahorro individuales, y dispuso que los fondos de pensiones privados financiaran lo que queda del anterior sistema público de reparto.

La Autoridad del Centro Histórico de San Salvador, conocida como APLAN, autorizará el uso de suelo a establecimientos que considere no están generando un «comercio invasivo».

La junta directiva de la APLAN aprobó el acuerdo de junta directiva 002/2025 “Disposiciones especiales para el uso diversificado y sostenible en el área delimitada del Centro Histórico de San Salvador” el 23 de mayo, que fue publicado en el Diario Oficial del 27 de mayo y están vigentes desde el 5 de junio.

¿Qué es comercio invasivo? Según el acuerdo, es «toda actividad económica que, por su localización, modalidad de operación o volumen, interrumpa, altere o deteriore el equilibrio de un espacio urbano» y afecte «negativamente el orden del espacio público, la movilidad urbana, la imagen patrimonial o la vocación cultural y turística del Centro Histórico».

Según las disposiciones, «comercio invasivo» es, por ejemplo, la «ocupación indebida de aceras, plazas, bienes de dominio público o fachadas protegidas«. Pero, advierte, no se limita a dichas situaciones.

En contexto: APLAN baja tarifas para establecimientos comerciales del Centro Histórico

En el proceso de autorización del uso de suelo, la APLAN evaluará la «concentración de ofertas comerciales similares» en el área del proyecto con el fin de «preservar la diversidad funcional del entorno y evitar la saturación de un solo tipo de oferta».

Para evaluar la concentración comercial, la APLAN verificará que el establecimiento propuesto «no promueva el comercio invasivo, ni genere externalidades negativas que afecten el espacio público, la movilidad peatonal y vehicular, o la integridad del entorno patrimonial». También, tomará en cuenta la cantidad y el tipo de negocios ya existentes, su similitud y la capacidad “de absorción del entorno».

Así, la APLAN autorizará el uso de suelo si no se detecta una concentración significativa o, si hay ofertas comerciales similares, el «proyecto aporte valor diferencial, cultural o de interés estratégico», o denegar su uso cuando se genere una saturación de la oferta comercial.

La nueva Ley de creación de la APLAN está vigente desde el 18 de mayo de 2023 y aplica a 84 cuadras delimitadas del Centro Histórico de San Salvador. Las inversiones, cuyo mínimo es de $25,000, suman hasta marzo más de $156 millones.

Los inmuebles que operen como «conjuntos comerciales» en el Centro Histórico de San Salvador dispondrán de dos meses, que se vencerían el 4 de agosto, para presentar un plan de adecuación técnica y administrativa según nuevos requisitos vigentes desde este 5 de junio.

La junta directiva de la APLAN aprobó el 23 de mayo el acuerdo número 003/2025 «Disposiciones especiales para conjuntos comerciales en el área delimitada del Centro Histórico de San Salvador», que fue publicado en la edición del 27 de mayo del Diario Oficial e inició su vigencia el 5 de junio, junto a otras disposiciones sobre uso de suelo en el Centro Histórico.

El plan de adecuación técnica y administrativa deberá ser presentado ante la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador, conocida como APLAN, que administra y regula las normas de los establecimientos en la zona.

Las unidades comerciales de estos conjuntos comerciales deberán obtener una licencia de funcionamiento.

Según las disposiciones, un «conjunto comercial» es «toda edificación que cuente con dos o más unidades comerciales pudiendo compartir áreas comunes y/o servicios», con operación conjunta y espacio de actividad económica múltiple, independientemente de su propiedad.

Las reglas para los «conjuntos comerciales»

Entre los nuevos requisitos para los conjuntos comerciales está tener un administrador general, que será el enlace entre los comerciantes, los propietarios y la APLAN.

El administrador de cada conjunto comercial se deberá encargar del mantenimiento de fachadas y accesos, de unificar criterios estéticos de rótulos y elementos visibles, regulaciones patrimoniales, de la prestación y continuidad de los servicios esenciales y de garantizar la limpieza en áreas comunes, entre otros.

Los conjuntos comerciales también estarán obligados a cumplir normas de seguridad estructural, un diseño con circulación peatonal, garantizar el «estricto cumplimiento del uso de suelo autorizado», criterios estéticos y técnicos en rótulos y elementos visibles, así como la instalación de extractores de humo y conducción de gases para los establecimientos de alimentos.

El nuevo instrumento faculta a la APLAN a realizar inspecciones periódicas o aleatorias a los conjuntos comerciales.

Estas disposiciones, firmadas por el presidente ejecutivo de la APLAN, José Roberto Holes, no se aplicarían a centros comerciales creados como tales bajo una misma imagen comercial, pero sí deberán obtener una licencia general y sus establecimientos una licencia individual, con la APLAN.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externó en X su preocupación por la detención del abogado constitucionalista Enrique Anaya e instó al Estado salvadoreño a brindarle protección y garantías judiciales según las obligaciones internacionales y a «evitar el uso injustificado de prisión preventiva».

La CIDH hizo este llamado en X el 10 de junio, reiterando la preocupación externada en un comunicado emitido el 6 de junio por el organismo internacional en el cual externan su preocupación por las capturas de defensores de derechos humanos, como Ruth Eleonora López, el 18 de mayo; el pastor José «Ángel Pérez, el 12 de mayo; Alejandro Henríquez, el 13 de mayo; además de Fidel Zavala y las órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc).

La organización manifiesta su «preocupación por detenciones recientes contra personas defensoras de derechos humanos, y por la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros que puede limitar el funcionamiento legítimo de organizaciones de la sociedad civil y el espacio cívico en el país».

Pide no usar el derecho penal para intimidar

La CIDH señaló que «la revisión judicial de una detención debe ser inmediata». «Frente las alegaciones sobre el uso indebido del derecho penal con el posible fin de intimidar, castigar o impedir las actividades de defensa de derechos humanos, la CIDH llama al Estado a abstenerse de incurrir en esta práctica, y asegurar que las personas defensoras puedan ejercer sus labores en un ambiente libre de cualquier tipo de intimidación», sugirió.

La CIDH hace referencia directa a la detención de la jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, Ruth López, que la Policía realizó el 18 de mayo.

“Desde entonces, el equipo legal y familiares de Ruth López reportaron dificultades para conocer el lugar de reclusión y denunciaron que los cargos que se le imputan serían una forma de persecución política por su actuación como defensora. La CIDH urgió a las autoridades del país informar el paradero de la defensora, que fue confirmado posteriormente según información pública”, indicó.

La CIDH cuestionó la detención del líder comunitario y pastor José «Ángel Pérez, presidente de la Cooperativa El Bosque, y de Alejandro Henríquez, abogado de dicha cooperativa. Ambos fueron detenidos «en flagrancia», acusados por los delitos de «desórdenes públicos» y «resistencia». El 30 de mayo, el Juzgado de Primero de Paz de Santa Tecla decretó la detención provisional de ambos defensores de derechos humanos por 6 meses.

#ElSalvador: #CIDH observa con profunda preocupación la detención del abogado constitucionalista Enrique Anaya el 7 de junio en Santa Tecla por presunto lavado de dinero. Su defensor indicó la dificultad para conocer su paradero tras haber sido trasladado de la División Central… pic.twitter.com/zjAXsZACg8

— CIDH – IACHR (@CIDH) June 10, 2025

“A estos casos se suman la detención de Fidel Zavala y órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, todos defensores de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios. Organizaciones de la sociedad civil cuestionan que las causas penales serían una forma de represalia por su labor con personas detenidas durante el régimen de excepción y por denuncias de abusos en las cárceles. Adicionalmente, las organizaciones denuncian la detención de Félix «Ángel López Cañas, en febrero, sin orden administrativa o judicial, como un intento para amedrentar a su padre, Félix López, defensor laboral de exfuncionarios públicos despedidos”, indica la organización.

La Comisión también ha observado que se estaría “aplicando un plazo más largo que 15 días para presentar las personas detenidas a autoridad judicial”, utilizando el régimen de excepción, en el que vive el país desde el 27 de marzo de 2022.

CIDH critica Ley de Agentes Extranjeros

La Comisión enfatizó su preocupación por la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros a iniciativa del presidente de la República.

“La normativa establece obligaciones a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras cuyas actividades en El Salvador son financiadas desde el exterior, entre las cuales destaca la inscripción en un Registro en el Ministerio de Gobernación y la retención de 30 % de impuesto sobre todos los recursos recibidos… La CIDH expresa su preocupación por la tributación establecida, que puede inviabilizar la sostenibilidad financiera de las organizaciones y medios de comunicación alternativos o comunitarios que actúan en defensa de derechos humanos y que dependen de los fondos de la cooperación internacional», aseveró la organización.

La CIDH advierte «la discrecionalidad sobre qué sujetos podrán beneficiarse de una eventual exención de estas obligaciones y, en particular, la ambigüedad de los conceptos que determinan las actividades que son prohibidas de ser financiadas con recursos extranjeros», como fue redactada la ley.

El comunicado señala que en 2021, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión exhortaron al Estado de El Salvador pidieron no aprobar o derogar una normativa similar. La Comisión reiteró el rol de la libertad de asociación como una herramienta fundamental ejercer la labor de defensa de derechos humanos.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, se reunió con ejecutivos de Tanner Pharma Group, un farmacéutica estadounidense que distribuye medicamentos en más de 100 países y cuya oficina está en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos.

La reunión fue dada a conocer por la cuenta oficial de la Vicepresidencia de la República en la red social X.

“Esta organización brinda apoyo a pacientes que no pueden acceder a tratamientos en sus países de origen, ya sea por su inexistencia en el mercado local o por limitaciones económicas. En el caso de El Salvador, se identificaron algunos obstáculos regulatorios que actualmente limitan el ingreso de ciertos medicamentos”, publica dicha cuenta oficial, utilizada para dar a conocer las visitas que el vicegobernante hace por diferentes países.

La farmacéutica recibió contratos públicos por unos $1,050 millones de la agencia de seguridad sanitaria del Reino Unido principalmente para la provisión de tests rápidos contra el covid-19, contratos de los cuales surgió una batalla legal con FS Medical Supplies LLC, que acusó a dicha farmacéutica de excluirla secretamente en un acuerdo millonario en un tribunal federal de Carolin del Norte por $387 millones.

Ulloa, según la información oficial, habló de «fortalecer la coordinación entre las entidades responsables de la autorización y gestión de medicamentos especiales» para «facilitar futuras colaboraciones en beneficio de la población salvadoreña«.

En este viaje, el lunes, Ulloa también visitó Bravo Team, una empresa de software y fabricación personalizada que busca «ampliar sus vínculos con El Salvador» e instalar un laboratorio tecnológico en El Salvador.

La cuenta oficial del funcionario salvadoreño menciona que Ulloa se encuentra desde el lunes 9 de junio en Charlotte, Carolina del Norte, EE.UU., en el marco del evento “Vitrina de El Salvador”.

La Asamblea Legislativa autorizó el martes al Ministerio de Hacienda a que suscriba un nuevo préstamo por $75 millones originalmente destinado a fortalecer la educación de El Salvador pero que podrán destinarse para «prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal».

Este contrato de préstamo aprobado por el CAF se denomina «Programa sectorial de apoyo al Fortalecimiento Integral de la educación en El Salvador», pero detalla que los recursos pueden destinarse a pago de deudas, transferencias o a la caja fiscal, así como proyectos estratégicos.

La CAF lo «otorgaría al país en reconocimiento de las políticas, acciones y gestiones prioritarias del Gobierno de El Salvador en cuanto al fortalecimiento integral de la educación», detalla el documento.

El plazo del préstamo será de hasta 18 años, incluyendo un periodo de gracia de hasta 24 meses, ambos contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo.

La solicitud de autorización para la suscripción del contrato de préstamo fue recibida por la Asamblea el lunes 9 de junio y aprobada al día siguiente, con dispensa de trámite, con 57 votos, de Nuevas Ideas y aliados. Vamos votó en contra y Arena se abstuvo.

La secretaria general del Sindicato del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (USTTISDEMU), Sonia Viñerta, expuso el martes la pérdida de 20 contratos colectivos, la desarticulación de sindicatos y el despido de sindicalistas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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Durante la plenaria general de la 113 conferencia internacional de la OIT, la sindicalista aseveró que «la situación en El Salvador es grave» ya que el régimen de excepción ha sido utilizado por el gobierno salvadoreño para «reprimir a dirigentes sociales, indígenas, populares y sindicales».

Señaló que contabilizan 16 dirigentes sindicales encarcelados, cinco se mantendrían en prisión; dos sindicalistas fallecidos bajo custodia del Estado; más de 450 dirigentes sindicales despedidos; la desarticulación de más de 50 sindicatos y de juntas directivas; y la pérdida de al menos 20 contratos colectivos.

«Esta represión política y criminalización de las luchas se suma a la recientemente aprobada Ley de Agentes Extranjeros, que criminaliza el derecho de asociación y libertad de expresión».
Sonia Viñerta, secretaria general del Sindicato del USTTISDEMU.

Requirió a la OIT y otros organismos internacionales que velen «por los derechos humanos y las garantías a la vida de las dirigencias sindicales» en El Salvador, que promuevan políticas públicas que «garanticen trabajo decente, justicia social, democracia, sostenibilidad ambiental y respeto irrestricto a la libertad y autonomía sindical».

La líder sindical calificó el clima de represivo e intimidatorio y pidió que la comunidad internacional dé «respuestas firmes».

En febrero, la OIT publicó un informe en el que pidió al gobierno salvadoreño que «ponga fin inmediatamente» a la persecución, violencia, amenazas, estigmatización y agresiones contra líderes sindicales y organizaciones «legítimas» y que «adopte medidas para garantizar que tales actos no se repitan». La organización internacional pidió al gobierno que acelere el registro y la emisión de credenciales a las juntas directivas de sindicatos para que se puedan «establecer y elegir libremente» a sus representantes.

Las redadas de inmigrantes que comenzaron el viernes 6 de junio agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en vecindarios del condado de Los Ángeles, han provocado reacciones de diputadas de oposición de El Salvador.

Las diputadas se Arena y Vamos lamentaron que el gobierno salvadoreño no se haya pronunciado.

“Esto debemos verlo con preocupación, la migración no es un delito, son personas que buscan mejores oportunidades, que buscan un futuro mejor y ayudar a sus familias. Es lamentable cómo los están maltratando con el uso de la fuerza. La migración es un derecho humano debería verse como tal”, expresó Marcela Villatoro, de Arena.

Agregó que los salvadoreños deben apoyar a los migrantes salvadoreños en Estados Unidos y presionar para que se busque una solución para ellos. «Que no vengan deportados hacia nuestro país, para que puedan mantenerse en EE.UU. con mejores oportunidades, aprovechando la comunicación que actualmente se ve entre ambos gobiernos”, señaló Villatoro.

La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, dijo que es preocupante porque “hay muchas detenciones que se están haciendo donde no hay respeto a la dignidad, a la integridad de las personas». «Pero más que eso lamentamos el silencio y lamentamos la falta de acción del gobierno del Estado Salvadoreño”, cuestionó.

Rivas dijo que es necesario conocer cuál es la situación de los migrantes, qué se está haciendo desde el gobierno salvadoreño, cuáles son las condiciones y si los consulados y embajadas están haciendo su labor a favor de ellos.

“Esperemos que no se recuerden de ellos solo para tema electoral, solo para el voto en el exterior, sino que recuerden que una familia está pasando una situación de humillación, denigrante para ellos y sobre todo de preocupación, la situación para ellos es tan alarmante, unos han dejado de trabajar, sus hijos han dejado de ir a estudiar, otros estás escondidos», indicó.

Según las fuentes federales, esa operación dejó alrededor de un centenar de personas detenidas la comunidad migrante que protestaba el fin de semana en Paramount, Compton y el centro de la ciudad, en medio de enfrentamientos violentos con la Policía. La presidente de México, Claudia Sheinbaum, dijo “no es con redadas ni con violencia como se atiende el tema migratorio”.

Este lunes 9 de junio la Administración del presidente Donald Trump decidió movilizar a 700 marines a Los Ángeles desde la base de Twentynine Palms, ubicada en el sur del condado de San Bernardino, California, para apoyar a la Guardia Nacional en la protección de instalaciones y personal federal, mientras llegan refuerzos adicionales, para las redadas antimigrantes.

El gobierno húngaro otorgará 10 becas a diplomáticos salvadoreños como parte de un memorándum de entendimiento firmado la semana pasada entre Hungría y El Salvador, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El acuerdo fue firmado por la
ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, y el ministro de de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, Péter Szijjartó. El documento suscrito por los diplomáticos contempla el intercambio diplomático entre el Instituto «Doctor José Gustavo Guerrero» y la Academia Diplomática del país europeo.

La Cancillería salvadoreña indicó que la alianza incluye el intercambio para programas de estudio, académicos, diplomáticos, conferencias y publicaciones digitales, de libros y revistas.

«Esta propuesta nace de la necesidad de fortalecer los conocimientos de los servicios diplomáticos de ambos países», afirmó Relaciones Exteriores de El Salvador.

«Para el gobierno la cooperación constituye una manifestación de solidaridad, buscando con ello tender puentes con naciones hermanas que nos permitan el intercambio de conocimientos y la consolidación de nuestro servicio diplomático”.
Alexandra Hill Tinoco, ministra de Relaciones Exteriores.

El Salvador estaría ofreciendo a diplomáticos húngaros las maestrías en diplomacia y en movilidad humana. El ministro Szijjartó dijo, según Cancillería, que está orgulloso de que «dos países con similares realidades» hagan sentir su voz al mundo.

Los dos diplomáticos se reunieron en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y habrían resaltado como áreas de desarrollo la seguridad, innovación, intercambio comercial, tecnologías, turismo, modernización, energía renovable y la agroindustria.