La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externó en X su preocupación por la detención del abogado constitucionalista Enrique Anaya e instó al Estado salvadoreño a brindarle protección y garantías judiciales según las obligaciones internacionales y a «evitar el uso injustificado de prisión preventiva».
La CIDH hizo este llamado en X el 10 de junio, reiterando la preocupación externada en un comunicado emitido el 6 de junio por el organismo internacional en el cual externan su preocupación por las capturas de defensores de derechos humanos, como Ruth Eleonora López, el 18 de mayo; el pastor José «Ángel Pérez, el 12 de mayo; Alejandro Henríquez, el 13 de mayo; además de Fidel Zavala y las órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc).
La organización manifiesta su «preocupación por detenciones recientes contra personas defensoras de derechos humanos, y por la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros que puede limitar el funcionamiento legítimo de organizaciones de la sociedad civil y el espacio cívico en el país».
Pide no usar el derecho penal para intimidar
La CIDH señaló que «la revisión judicial de una detención debe ser inmediata». «Frente las alegaciones sobre el uso indebido del derecho penal con el posible fin de intimidar, castigar o impedir las actividades de defensa de derechos humanos, la CIDH llama al Estado a abstenerse de incurrir en esta práctica, y asegurar que las personas defensoras puedan ejercer sus labores en un ambiente libre de cualquier tipo de intimidación», sugirió.
La CIDH hace referencia directa a la detención de la jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, Ruth López, que la Policía realizó el 18 de mayo.
“Desde entonces, el equipo legal y familiares de Ruth López reportaron dificultades para conocer el lugar de reclusión y denunciaron que los cargos que se le imputan serían una forma de persecución política por su actuación como defensora. La CIDH urgió a las autoridades del país informar el paradero de la defensora, que fue confirmado posteriormente según información pública”, indicó.
La CIDH cuestionó la detención del líder comunitario y pastor José «Ángel Pérez, presidente de la Cooperativa El Bosque, y de Alejandro Henríquez, abogado de dicha cooperativa. Ambos fueron detenidos «en flagrancia», acusados por los delitos de «desórdenes públicos» y «resistencia». El 30 de mayo, el Juzgado de Primero de Paz de Santa Tecla decretó la detención provisional de ambos defensores de derechos humanos por 6 meses.
“A estos casos se suman la detención de Fidel Zavala y órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, todos defensores de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios. Organizaciones de la sociedad civil cuestionan que las causas penales serían una forma de represalia por su labor con personas detenidas durante el régimen de excepción y por denuncias de abusos en las cárceles. Adicionalmente, las organizaciones denuncian la detención de Félix «Ángel López Cañas, en febrero, sin orden administrativa o judicial, como un intento para amedrentar a su padre, Félix López, defensor laboral de exfuncionarios públicos despedidos”, indica la organización.
La Comisión también ha observado que se estaría “aplicando un plazo más largo que 15 días para presentar las personas detenidas a autoridad judicial”, utilizando el régimen de excepción, en el que vive el país desde el 27 de marzo de 2022.
CIDH critica Ley de Agentes Extranjeros
La Comisión enfatizó su preocupación por la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros a iniciativa del presidente de la República.
“La normativa establece obligaciones a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras cuyas actividades en El Salvador son financiadas desde el exterior, entre las cuales destaca la inscripción en un Registro en el Ministerio de Gobernación y la retención de 30 % de impuesto sobre todos los recursos recibidos… La CIDH expresa su preocupación por la tributación establecida, que puede inviabilizar la sostenibilidad financiera de las organizaciones y medios de comunicación alternativos o comunitarios que actúan en defensa de derechos humanos y que dependen de los fondos de la cooperación internacional», aseveró la organización.
La CIDH advierte «la discrecionalidad sobre qué sujetos podrán beneficiarse de una eventual exención de estas obligaciones y, en particular, la ambigüedad de los conceptos que determinan las actividades que son prohibidas de ser financiadas con recursos extranjeros», como fue redactada la ley.
El comunicado señala que en 2021, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión exhortaron al Estado de El Salvador pidieron no aprobar o derogar una normativa similar. La Comisión reiteró el rol de la libertad de asociación como una herramienta fundamental ejercer la labor de defensa de derechos humanos.
