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La Embajada de Estados Unidos en El Salvador informó de una nueva política de restricción de visas estadounidenses que aplicará a funcionarios extranjeros que faciliten la migración ilegal hacia el territorio norteamericano.

Compartiendo un video de la portavoz en español del Departamento de Estado de EE.UU., Natalia Molano, la Embajada de EE.UU. detalló que la nueva política aplicará cuando funcionarios de migración, aduanas, de autoridades aeroportuarias y portuarias, que no apliquen las leyes de inmigración.

También recibirán estas sanciones de restricción de visado los funcionarios extranjeros que establezcan o implementen políticas y prácticas “que faciliten deliberadamente la inmigración a los Estados Unidos”.

El Departamento de Estado ha instaurado una nueva política de restricción de visas para funcionarios de gobiernos extranjeros responsables de facilitar el tránsito de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. pic.twitter.com/r7RtTdn20S

— Embajada EEUU en ES (@USEmbassySV) March 14, 2025

El anuncio fue divulgado el 5 de marzo por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien detalló que las restricciones también aplicarán a “otras personas que se consideren responsables de facilitar deliberadamente la inmigración ilegal a los Estados Unidos” y se mantendrá hasta que los funcionarios “asuman la responsabilidad” de garantizar políticas vigentes y leyes para “prevenir el tránsito” ilegal de personas.

“Estados Unidos no dará marcha atrás en lo que se refiere a la defensa de nuestros intereses de seguridad nacional”, advirtió Rubio.

La nueva política se adoptó en virtud de la sección 212 (a) (3) (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que autoriza al secretario de Estado a “declarar admisible a cualquier extranjero cuyo ingreso en Estados Unidos pudiera tener posibles consecuencias adversas graves para la política exterior de Estados Unidos”.

La administración Trump reportó el jueves una caída del 94 % en los ingresos de migrantes en estatus irregular durante febrero luego de haber registrado una reducción del 85 % durante los primeros 11 días del gobierno de Trump, según comunicados de prensa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Según CBP, fueron 8,347 inmigrantes indocumentados quienes cruzaron la frontera suroeste de Estados Unidos, dando por terminada “la invasión” que según el presidente estadounidense se estaba dando.

La estadística publicada por la CBP indica que en todo el mes de enero las detenciones de migrantes salvadoreños disminuyeron en 39.2 % respecto a diciembre de 2024. La disminución de los arrestos de migrantes de todos los países fue de 34 %. Si la comparación se realiza con enero del año pasado, las disminuciones son 85 % y 66 %, respectivamente.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó este jueves el sitio web de consulta para que los empleados temporales con pagos pendientes puedan verificar si aparecen en la base de datos de trabajadores a quienes les adeudan salarios por las jornadas electorales del 4 de febrero y del 3 de marzo de 2024.

Los salvadoreños pueden ingresar al sitio web https://pagoselecciones2024.tse.gob.sv/ e ingresar su número de Documento Único de Identidad (DUI), con el guion, para revisar si aparecen en una base de datos de 26,991 salvadoreños pendientes de realizar el cobro.

Estos son los pasos que debe seguir:

1. Ingrese al sitio web y verificación de DUI en la base de datos.
2. Si aparece en la base, debe acudir a los puntos habilitados por el TSE para recibir la constancia de participación en las elecciones de 2024.
3. Acuda al Ministerio de Hacienda con DUI vigente y la constancia para recibir el pago.

El TSE subrayó que el pago se realizará a los trabajadores temporales que aparecen en el listado. El monto adeudado por el TSE a los trabajadores asciende a $948,322.50. Los fondos se encuentran en custodia del Ministerio de Hacienda, pues fueron regresados por los exmagistrados del TSE al concluir su periodo.

La mayoría de los empleados temporales que no cobraron sus pagos participaron en el recuento de votos legislativos en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda en San Salvador, cuando el Tribunal ordenó la apertura de cajas de papeletas, aseguró una fuente interna del TSE a Diario El Mundo, aunque también estarían pendientes miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV), técnicos de clonación, colaboradores de la Dirección de Organización Electoral (DOE) y adecuadores de centros de votación.

El sitio oficial del TSE ha estado en mantenimiento al menos desde el 27 de febrero, la única pestaña habilitada es la de consulta para los empleados temporales de las pasadas elecciones, en las que los salvadoreños eligieron a 622 funcionarios en cargos de elección popular.

La institución estimaba que eran 70,112 los empleados temporales que fueron habilitados para cobrar sus salarios por las dos jornadas electorales. En total, según la memoria de labores, el TSE contrató 144,480 empleados temporales, de ellos, al menos 5,241 fueron contratados por planilla y otros 139,239 por honorarios.

¡ pasos para recibir tu pago pendiente como personal temporal!

Por ley, los fondos no reclamados en su momento fueron remitidos al Ministerio de @HaciendaSV. ¡Pero no te preocupes! Gracias a la gestión del nuevo Organismo Colegiado este es el proceso para que recibas tu… pic.twitter.com/PlugHucguT

— Tribunal Supremo Electoral (@TSEElSalvador) March 13, 2025

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) iniciará la entrega de $948,322.50 que no fueron pagados a al menos 26,991 salvadoreños que trabajaron como empleados temporales durante las elecciones del 4 de febrero y 3 de marzo de 2024, informó este jueves la institución.

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A través de una publicación en X, el TSE informó que finalmente entregará los saldos pendientes a 26,991 trabajadores por su trabajo en los comicios presidenciales, legislativas, municipales y de Parlamento Centroamericano (Parlacen).

La institución aclaró que el pago se realizará a los salvadoreños que se encuentran en su base de datos. El TSE reafirmó que los fondos no cobrados fueron enviados hacia el Ministerio de Hacienda, pero que ahora se reanudará el pago.

Los exmagistrados informaron, antes de culminar su período, que los fondos no cobrados serían remitidos a Hacienda para que se gestionara el cobro directamente.

Los trabajadores pueden ingresar al sitio web https://pagoselecciones2024.tse.gob.sv/ para consultar si se encuentra inscrito en la base de datos.

Una fuente interna del TSE aseguró a Diario El Mundo que la mayoría de los empleados temporales que no cobraron sus pagos fueron las personas que participaron en el recuento de votos legislativos en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda en San Salvador, cuando el Tribunal ordenó la apertura de cajas de las papeletas de la elección de la Asamblea Legislativa.

En abril de 2024, se estimaba que eran 70,112 los empleados temporales habilitados para cobrar sus salarios por las dos jornadas electorales. En total, según la memoria de labores, el TSE contrató 144,480 empleados temporales, de ellos, al menos 5,241 fueron contratados por planilla y otros 139,239 por honorarios.

El año pasado, la exjefa de Talento Humano del TSE, Maria Ofelia Landaverde, aseguró a los diputados de la Asamblea Legislativa que uno de los problemas en el pago de empleados temporales fue que no se siguió el proceso de contratación de la Dirección de Talento Humano y por ello aparecieron «listados por un lado, listados por otro» y «al final, nadie se responsabilizaba de ellos».

Esta situación llevó a la intervención del Ministerio de Trabajo que desplegó inspectores en la institución electoral y en su informe final recomendó al Tribunal completar en cinco días máximo el 100 % de los pagos pendientes, lo cual no se hizo.

Representantes de comunidades, Juntas de Agua y del Foro de Agua entregaron este jueves a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) un mapa o catastro de las juntas de agua existentes en el territorio nacional, incluidas las que no están inscritas en la ASA, con el fin de que no otorguen permisos de exploración o perforación de pozos de agua cerca de sus comunidades o cancelen los ya otorgados.

El temor es que el agua escasee en sus comunidades. Revelan que ya hay tres pozos autorizados por la ASA «a escasos metros» de sistemas comunitarios de agua en: Barranca Honda, San Juan Opico; Ciudad Obrera, Ciudad Arce; y María Auxiliadora, en Puerto La Libertad.

Según Carlos Flores, representante del Foro, el documento entregado es el «Catastro de sistemas rurales de agua no administrados por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)» creado en 2016 con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). Dicho catastro identificó 2,325 juntas de agua.

El problema, reclamó, es que la ASA estableció como criterio para entregar permisos de exploración la revisión del Sistema de Información Hídrica (SIHI) y, si no existen pozos inscritos, el permiso se extiende. Según el Foro del Agua, hay pozos no registrados aunque existan en realidad porque de unas 2,600 sistemas comunitarios solo 496 tienen el trámite en la ASA y, de esos, solo el 10 % están inscritos.

Estamos preocupados por el incremento de los permisos que está otorgando la ASA donde hay sistemas comunitarios de agua, está poniendo en riesgo el derecho humano al agua para las comunidades rurales porque se están otorgando permisos a personas que tienen fines comerciales».
Xenia Marroquín, representante del Foro del Agua.

El representante del Foro advirtió que las fuentes de agua se acabarán si entregan más permisos a pozos de agua, lo que consideran violaría el uso prioritario de la comunidad sobre el uso comercial del agua, establecido en la Ley General de Recursos Hídricos.

«Somos una colonia de gente muy pobre»

Don Magdaleno Ventura Argueta, un hombre de 68 años, vive en el proyecto Roberto Argüello, ubicado en cantón El Platanillo, en el distrito de Quezaltepeque, en La Libertad Norte, no solo está preocupado por que los permisos de nuevos pozos les escasee el agua de su comunidad, sino por los cobros de agua y energía.

Ventura Argueta y su esposa pagan $8 por el servicio del agua a la junta de agua y asegura que les han dicho que les van a cobrar $1.50 el metro. «Los nuevos directivos pusieron el metro cúbico a $0.46, luego dijeron que lo iban a poner a $4 la cuota fija, duró como seis meses, dijeron que iban a censar casa por casa, total que donde nosotros solo somos dos y pusieron $8 la cuota y otras partes hasta seis personas y $5 ponen», cuenta.

Otro problema que enfrenta es que les han prohibido tirar el agua a las canaletas.

«La cuestión aquí es que ya no sigan otorgando permisos porque, por hacer un pozo, dejan al otro en seco y ya no nos llega agua… Ellos dicen que nos van a cobrar la cuota fija aunque tengamos medidores nuevos, yo le pido a la ASA que revise eso, por favor. Otra cosa, dicen que nos van a cobrar $1.50 el metro, lo veo injusto. Somos una colonia de gente muy pobre».
Magdaleno Ventura Argueta, habitante de El Platanillo.

«Nos ponen que hagamos fosas, si nosotros somos pobres, no alcanzamos ni para comida, mucho menos para una fosa que se lleva más de $1,500, una fosa para tirar las aguas que uno gasta, donde una lava ropa y eso… Nos tienen bien amolados», relata el señor cuyo único ingreso es una «media tiendita» que logró poner con el bono de $300 que entregó el gobierno durante la pandemia de covid-19 y que surtió de algunos productos con otros $200 que le regaló una hermana suya.

«Las ganancias ahora son de cinco o diez centavos, más que ahora hay que pagar agua, luz… ¡Y eso no es nada!, mire, nos está cobrando DelSur $3.25 por los postes, por mantener la luz, cada mes, solo ahí son $6.25 cada mes, más el gasto uno, ¿cuánto cobran en el centro?, 75 centavos, en Apopa, 36 centavos, eso es terrible, oiga, y que nadie nos oiga», se quejó el habitante de El Platanillo

El artículo 63 de la Ley General de Recursos Hídricos establece que la ASA deberá garantizar el uso y aprovechamiento relativo al recurso hídrico conforme al siguiente orden prioritario: a) Agua para consumo humano y uso doméstico. b) Uso para la sostenibilidad de ecosistemas. c) Uso agropecuario procurando la seguridad alimentaria. d) Uso para la generación de energía eléctrica. e) Uso industrial y comercial. f) Usos recreativos. g) Otros usos.

La alcaldía municipal de La Paz Este gasta hasta $2,000 semanales en el alquiler de pipas para abastecer a las comunidades que les solicitaban servicios de agua. La comuna no cuenta con pipas «para resolver algunas» necesidades aseguró la alcaldesa, Marcela Pineda, en sus redes sociales.

Debido al alto gasto, la alcaldesa Pineda anunció este jueves que están armando su propio camión cisterna basándose en un camión recolector de basura abandonado. Cuando se concluya el montaje del camión, esperan beneficiar «a muchísimas familias».

«Actualmente el municipio de La Paz Este no cuenta con un camión cisterna para poder beneficiar a todas aquellas familias que nos hacen solicitudes. Ahora contará con uno», relató la jefa edilicia del «municipio compuesto por San Juan Nonualco, San Rafael Obrajuelo y Zacatecoluca».

La alcaldesa espera que el camión cisterna esté listo para funcionar dentro de un mes. «Les muestro cuando lo tengamos», añadió la funcionaria municipal elegida para el período del 1 de mayo de 2024 al 31 de abril de 2027.

Estamos construyendo nuestro propio camión cisterna

Ninguno de los Distritos de @LaPazEste_ cuenta con una pipa para resolver algunas de sus necesidades, actualmente alquilamos y algunas veces gastamos más de $2000 semanales en ello, por lo que decidimos invertir en construir…

Las solicitudes de servicio de agua que reciben son originadas porque los pozos de agua están en mantenimiento o por emergencias y no ven las pipas como sustitutas «de un pozo o sistema de agua, sino como una herramienta para solventar problemas que surgen».

La comuna de La Paz Este ha invertido, según la funcionaria, $15,000 en la reparación de una bomba de agua que abastece a las familias de los cantones: Tehuiste Arriba, Tehuiste Abajo, El Grito, Los Urquia, La Loma y Los Juárez.

Mientras se realizan los trabajos de reparación, el suministro de agua sería abastecido por medio de pipas «para asegurar que todas las familias sigan recibiendo este vital recurso».

San Juan Nonualco

Hoy comenzamos con la reparación de la bomba de agua que abastece a las familias de:

Tehuiste Arriba
Tehuiste Abajo
El Grito
Los Urquia
La Loma
Los Juárez

Gracias a esta inversión de más de $15,000 dólares garantizamos el bienestar de nuestras…

De un presupuesto de $54,139,060,

la Asamblea Legislativa devengó $50,149,491.11 y cerró con un saldo presupuestario de $3,989,568 –casi $4 millones– según el reporte de la ejecución presupuestaria de egresos publicado en su Portal de Transparencia.

De los $50.1 millones ejecutados, el Legislativo destinó $40.6 millones a remuneraciones, más de un 81 % del total de gastos, entre los cuales están $5 millones de remuneraciones permanentes, $28.2 millones de remuneraciones eventuales, $258,239.05 de remuneraciones extraordinarias, $1.4 millones de gastos de representación, $1.5 millones de indemnizaciones y $153,126.32 de remuneraciones diversas.

Los datos difieren de la ejecución presupuestaria registrada por el Portal de Transparencia Fiscal, según el cual la Asamblea Legislativa devengó $45.5 millones ($45,505,973.89) de un total de $54 millones programados.

Dentro de los $4.2 millones destinados a bienes y servicios, se ejecutaron $115,790.50 a pasajes y viáticos, de los $175,000 previstos. La Asamblea Legislativa publicó los viajes realizados por los diputados de enero a diciembre de 2024.

En bienes y servicios, la mayor parte del gasto se destina a bienes de uso y consumo, un total de $1.1 millón, a servicios generales y arrendamientos, $1.8 millones, a gastos financieros y otros, $1 millón, así como seguros, comisiones y gastos bancarios, un total de $945,827.60.

Los gastos de bienes y consumo se refieren a compras de productos básicos como sal, azúcar, agua, café, galletas, leche, té, jabón, platos, tenedores, entre otros, según el contrato 22/2024 por $45,981, también publicado por el Órgano Legislativo en su Portal de Transparencia.

En infraestructura, durante el año 2024, el Legislativo ejecutó $639,072.96 de los $1.75 millones programados para ello. Actualmente la Asamblea Legislativa está sesionando en las instalaciones de Cancillería, debido que aún realiza trabajos de remodelación en el Salón Azul.

La oposición salvadoreña expresó su preocupación sobre el uso que se le dará al historial crediticio de los salvadoreños que sería almacenado en la nube y por las medidas de seguridad que se aplicarían en las bases de datos a partir de la propuesta de reforma del gobierno a través del despacho de Economía.

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El gobierno ha solicitado que se modifique el artículo 17 literal «n» de la Ley de regulación de los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas para permitir que el historial crediticio de los salvadoreños sea almacenado y procesado en la nube, garantizando «el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad y protección» de la información para su «administración y respaldo».

Al respecto, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, aseguró que los diputados deben considerar cuáles son las garantías que se tendrán para contratar las empresas que provean el servicio de almacenamiento de historiales crediticios en la nube porque «hoy por hoy una gran cantidad de información está en la nube a nivel internacional», además de que consideró que deben consultar a especialistas en el tema.

«La comisión tiene que invitar también a especialistas en el área de tecnología para que expertos independientes establezcan las garantías que deben existir tanto de respaldo como de salvaguarda de la información».

Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

Además, Ortiz propuso que la Asamblea Legislativa invite a expertos independientes para que contribuyan a la formulación de «las garantías que deben existir tanto de respaldo como de salvaguarda de la información». Indicó que la Asamblea debe conformar un comité técnico y científico para orientar a los legisladores «en la toma de estas decisiones que tienen mayor complejidad».

Por otro lado, el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) Francisco Lira aseveró no tiene garantías del uso que el gobierno pueda hacer de esa información en la nube, tomando en cuenta que a su críter «actualmente todas las instituciones públicas dependen de Casa Presidencial».

«Yo creo en la institucionalidad, pero cuando haya separaciones de poderes y actualmente todas las instituciones públicas y digo todas, dependen de Casa Presidencial, entonces, a mí no me da garantía del uso que le van a dar de la base de datos en la nube».

Francisco Lira, diputado de Arena.

La superintendente adjunta de bancos, aseguradoras y otras entidades financieras de la Superintendencia del Sistema Financiera (SSF), Daysi Mineros, indicó esta semana que el almacenamiento en la nube «no es obligatorio» y que las entidades «podrán seguir manteniendo la información localmente».

La reforma plantea que el Banco Central de Reserva (BCR) y la SSF deben tener «acceso irrestricto» a la base de datos. La gerente de Estabilidad Financiera y Políticas Públicas del BCR, Ana Guadalupe Escobar, aseguró que la única facultad que se agrega es subir la información a la nube. «En ningún momento se permite hacer una comercialización o transferencia de datos porque estas entidades tienen una naturaleza particular», aclaró Escobar a los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes aún no dictaminan el proyecto de reformas.

La alcaldía municipal de Santa Ana Oeste informó que se convirtió en la «primera» municipalidad que está enlazada a través del sitio simple.sv, un sitio que busca facilitar a ciudadanos y empresas todo tipo de trámites en línea.

«Somos la primera alcaldía en todo el país en brindar trámites digitales mediante la plataforma simple.sv. ¿Quieres tu solvencia municipal? Puedes solicitarla desde la comodidad de tu casa», indicó el alcalde, Jorge Castro, con una imagen del sitio, que mostraba el trámite disponible. «Sin filas y 100 % en línea», prometió un video publicitario en redes.

En el sitio simple.sv, se pueden realizar distintos tipos de trámites, como autorizaciones y registros públicos, trámites comerciales y de construcción, documentación migratoria, energía y comunicaciones, impuestos, tasas y contribuciones, industria, medio ambiente, salud, agua y saneamiento, seguridad, defensa y materiales peligrosos, servicios financieros, seguros y pensiones, trabajo y obligaciones patronales.

En el pago de impuestos, tasas y contribuciones, están enlazadas diversas instituciones como la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Autoridad de Aviación Civil (AAC), Centro Nacional de Registros (CNR), Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Defensoría del Consumidor, Dirección de Trámites de Construcción y otras; entre estas instituciones, la única municipalidad registrada es Santa Ana Oeste.

Sin embargo, al ingresar a la opción «Alcaldía Santa Ana Oeste» aún no aparecen trámites disponibles. Cuando el trámite está disponible, el usuario puede indicar qué trámite realizará y presionar un botón de «iniciar trámite». En el proceso, se le informa cuánto costará el trámite y cuántos minutos tardará en realizarlo.

En el sitio está el servicio de certificación de partidas de nacimiento a través del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).

Santa Ana Oeste lo conforman los distritos de Candelaria de la Frontera, Chalchuapa, El Porvenir, San Antonio Pajonal, San Sebastián Salitrillo y Santiago de la Frontera.

El presidente Nayib Bukele calificó a un grupo de periodistas que llamó «periodistas independientes» de haber sido «empleados» de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de seguir una «agenda de desestabilización» que atribuye a esta oficina.

Al comentario del gobernante salvadoreño, replicó en X el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Ánliker: «Adiós pseudo ‘periodistas’ CHAYOTEROS… You are fired».

El noticiero gubernamental destacó la noticia indicando que el mandatario «reacciona ante la suspensión de financiamiento por parte de USAID»; así mismo, otro medio afín al gobierno manifestó que era una reacción sobre los «$2 millones entregados por USAID en 2024 a Cristosal», un dato incluido en un listado de contratos terminados de la agencia.

El gobierno de Estados Unidos congeló desde el primer día de su gobierno los programas de cooperación canalizados a través de la USAID mientras eran revisados; luego de una revisión de seis semanas, el 83 % de los programas fueron eliminados según el secretario de Estado, Marco Rubio.

La USAID tenía programas para reducir la pobreza, mejorar la seguridad alimentaria, incentivar el manejo de los recursos ambientales, desarrollar las oportunidades de turismo sostenible, mitigar el cambio climático, proveer la democracia, derechos humanos y gobernanza.

Bukele también criticó a periodistas en febrero pasado, cuando aseguró que el periodismo independiente es un eufemismo y señaló a los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales financiados por la USAID de lavado de dinero.

El presidente de la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (Auprides), Roberto López, anunció este miércoles que ya presentaron al Poder Ejecutivo un nuevo proyecto de Ley de Educación Superior.

“El proyecto de nueva Ley de Educación Superior fue consensuado con la totalidad de instituciones de educación superior, así que hoy está precisamente presentado ya al Órgano Ejecutivo, esperamos que ya prontamente pase al Órgano Legislativo para que entre en vigencia”, indicó a periodistas esta mañana.

Para el presidente de Auprides será una ley que pondrá en “avanzada” a El Salvador y por ello exhortó a aprobarlo para que inicie su vigencia en el país.

“Es una nueva ley que va a poner una ley que va a poner al país a tono con el mundo, y voy a poner algunos ejemplos: vamos a poner de unidades valorativas a créditos académicos como es en el mundo entero; somos de los pocos países que todavía tenemos el sistema de unidades valorativas”, explicó en un evento de Auprides, que hoy celebró su 25º aniversario con un lanzamiento de su identidad institucional.

Con los créditos académicos, amplió, el estudiante marca el rumbo y el tiempo de su carrera universitaria, lo que permitirá que avance en sus estudios.

Ya el Ministerio de Educación había presentado otro proyecto de ley a la Asamblea Legislativa el 13 de mayo de 2024 pero fue retirado del pleno legislativo.

El proyecto de mayo de 2024 daba un valor de 25 horas de trabajo a cada crédito académico desarrollables en ciclos, módulos u otra estructura curricular. Esa propuesta inicial también suprimía el mínimo de dos años que exigía cada grado académico de educación superior.

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Sin embargo, el proyecto de 2024 fue retirado por el Ministerio de Educación con el fin de realizar más consultas; exigía un mínimo de experiencia y certificación a los docentes y el manejo intermedio de un segundo idioma como requisito de graduación en cualquier grado de educación superior y permitía al Ministerio remover a los miembros del Comité de Educación Superior y del Consejo Nacional de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior por ineptitud, abuso de autoridad, abandono o faltas.