El Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora presentó este miércoles una demanda ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que declare inconstitucionales las reformas constitucionales que habilitan la reelección presidencial indefinida en El Salvador. La organización solicitó además la suspensión inmediata de la entrada en vigencia de dichas reformas, aprobadas y ratificadas por la Asamblea Legislativa el pasado 31 de julio.
El abogado Patricio Pineda, miembro del movimiento, explicó que el recurso se fundamenta en que el procedimiento de reforma constitucional fue violentado y contradice el espíritu de la Constitución de 1983, redactada tras una Asamblea Constituyente electa democráticamente.
«Uno de los argumentos que más pesa en la demanda es que el procedimiento como tal para la reforma constitucional ha sido violentado; por otro lado hay un contexto histórico del que poco se habla y es que la Constitución vigente de 1983 se realizó por medio de elecciones del soberano, fueron convocadas en marzo de 1983 y llevó todo un proceso, para que en diciembre de ese mismo año estuviera entrando en vigencia y que estableció los artículos 152 y 154 que son los que limitan ese abuso de darle continuidad en el poder a un solo individuo», alegó Pineda.
Asimismo, los demandantes cuestionan la disposición transitoria que recorta el periodo presidencial 2024-2029 hasta el 2027, con el argumento de hacer coincidir las elecciones presidenciales con las municipales y legislativas. Para Pineda, esta maniobra representa una manipulación ilegítima de las reglas del juego electoral con fines populistas.
Para Pineda esa disposición obedece a que haber «cortado el período presidencial que era 2024-2029 y se lo han cortado hasta el 2027, esto es una salvaguarda, ellos están manipulando las reglas del juego, porque saben que de cara a la población, estos señores que están aquí en la Asamblea Legislativa están completamente derribados, ahí están las estadísticas, la nota que estos señores tienen no llega ni al 6, por tanto ellos necesitan agarrarse del populismo de la persona que está en Casa Presidencial y por ello han cambiado las reglas del juego de forma ilegítima».
Otro de los firmantes, Guillermo García, indicó que en la demanda se pide a la Sala de lo Constitucional decretar la suspensión inmediata del Acuerdo de Reforma Constitucional No. 3 y su decreto de ratificación. De no admitirse, los abogados afirmaron que acudirán a organismos internacionales para denunciar lo que consideran una amenaza grave a la democracia salvadoreña.
La demanda presentada este 21 de agosto se convierte en la tercera acción de inconstitucionalidad contra las reformas de reelección presidencial. La primera fue interpuesta por la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos el 8 de agosto, y la segunda por el Movimiento de Izquierda Salvadoreña, liderado por Walter Raudales, el 20 de agosto.
El abogado Luis Rivera, también firmante del recurso, advirtió que aunque la demanda cumple con los requisitos legales, la composición actual de la Sala de lo Constitucional responde a intereses políticos, lo que podría impedir su admisión.
