Redacción DEM ADMIN HC

Categoría: Politica

  • Raquel de Guevara y Roswall Solórzano entre los cinco candidatos a procurador de derechos humanos

    Raquel de Guevara y Roswall Solórzano entre los cinco candidatos a procurador de derechos humanos

    La actual procuradora Raquel Caballero de Guevara y el sindicalista del Órgano Judicial Roswall Gregorio Solórzano figuran entre los cinco candidatos que aspiran a ocupar el cargo de procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

    Los cinco aspirantes entregaron sus hojas de vida y documentación ante la Asamblea Legislativa para ser evaluados por los diputados y considerados para la elección del nuevo titular encargado de defender los derechos humanos en el periodo octubre de 2025 a octubre de 2027.

    El diputado presidente de la Asamblea Legislativa dio por recibido los cinco perfiles, que pasan a estudio de la Comisión Política de la Asamblea, que entrevista a los aspirantes a funcionarios de segundo grado sin seleccionar ni dar alguna propuesta al pleno legislativo.

    ¿Quiénes son los aspirantes a procurador de derechos humanos 2025-2027?

    Raquel Caballero de Guevara

    La actual procuradora, quien termina su período el 15 de octubre de 2025, está buscando un tercer período. El primero lo hizo entre el 2016-2019. En ese período el Tribunal de Ética Gubernamental la sancionó por la contratación de la hija de su cónyuge en la institución.

    Caballero de Guevara fue elegida nuevamente procuradora en 2022, propuesta por Nuevas Ideas. En este período, ha sido cuestionada por el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) «por guardar silencio sobre abusos en régimen de excepción».

    En su currículum, ella destaca es la presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) y que ha sido presidente de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA). Además, es la representante de las INDH de América ante el Comité de Finanzas de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANRHI) y ocupa el cargo de coordinadora general de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente.

    Roswall Gregorio Solórzano Hernández

    En su currículum, el dirigente sindical detalla que actualmente labora en el Órgano Judicial, específicamente en la Corte Suprema de Justicia, desempeñando el cargo de colaborador jurídico desde el año 2014, obtuvo el título de Licenciado en Ciencias Jurídicas. De forma adicional, se desempeñó como secretario general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ), además de ser presidente de la «Fundación de la Defensoría del Pueblo».

    Es coordinador del Movimiento Ciudadano Poder Popular de El Salvador, con el que en el 2022 promovió la reelección presidencial de Nayib Bukele.

    Solórzano ha protagonizado controversias con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a quien en 2022 acusó de tramar un sabotaje en la marcha del 1 de mayo, por lo que Castro pidió a la Fiscalía investigarlo calificándolo de «mercenario que se hace pasar por sindicalista».

    Carolina María Hernández de Hernández

    Abogada con 26 años de servicio. Desde desde el 13 de septiembre de 1999 a la fecha es secretaria interina con funciones administrativas en la delegación departamental de San Miguel de la PDDH.

    Coordinadora de las Unidades Juveniles de Difusión de Derechos Humanos de la Delegación Departamental de San Miguel, ha realizado capacitaciones de difusión de los derechos humanos según su hoja de vida.

    También indica que ha sido encargada de la Red Ciudadana de Derechos Humanos y de la Mesa de Salud de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

    Walter Edgardo Fuentes Rodríguez

    Abogado y notario, actualmente se desempeña como procurador especializado de Defensoría Pública Penal en la PDDH, desde el 2023. También, ha sido fungido como juez suplente de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena en La Libertad, juez suplente de Paz en Suchitoto, juez suplente e Primera Instancia en La Libertad, entre otros.

    David Oswaldo Escobar Menéndez

    Es abogado y notario, especializado en derecho administrativo y patrimonial, derecho registral, derecho societario y juicios de cuentas, según su hoja de vida.

    Se desempeña como juez de cuentas de la Cámara Sexta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR). También indica que tiene experiencia en la Corte de Cuentas de la República en Auditoría Gubernamental y juicios de cuentas. Ha cursado estudios superiores en derechos humanos, criminología y derecho penitenciario. Formó parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

  • Ernesto Castro: «Acá no se está desmantelando, todavía, ese sistema viejo de Salud»

    Ernesto Castro: «Acá no se está desmantelando, todavía, ese sistema viejo de Salud»

    El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, defendió ayer la vinculación de la Red Nacional de Hospitales con la Presidencia de la República, la contratación de médicos extranjeros en dicha red y el próximo desmantelamiento de un sistema antiguo de salud.

    Me parece una decisión sumamente inteligente. Como bien lo decían, acá no se está desmantelando, todavía, ese sistema viejo de salud, sino que se está creando uno nuevo. Ernesto Castro, presidente de la Asamblea.

    El diputado aseveró que «poco a poco» irá avanzando el nuevo sistema de salud y que «lo que había antes no ha servido». «Si este sistema da resultado, los que más van a ganar son los más pobres de este país, nadie más», prometió el funcionario.

    Castro consideró que algunos «no logran entender» cómo se maneja el Ejecutivo, en donde «todas las carteras de Estado dependen de Presidencia». «En el Minsal (Ministerio de Salud) no hay una oposición, por ejemplo, que esté tomando decisiones, haciendo balances», indicó.

    La junta directiva de la nueva Red Nacional de Hospitales será conformada por el ministro de Salud, un presidente y un director nombrados por el presidente de la República, un designado de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y un designado de la Dirección Nacional de Compras Públicas.

    «No es para que atiendan a los diputados»

    Castro defendió la contratación de médicos extranjeros, argumentando que estos no atenderá a los diputados ni a los funcionarios públicos, sino a la población pobre de El Salvador.

    Que por qué traen médicos extranjeros. Si los médicos extranjeros que van a venir no es para que atiendan a los diputados, no es para que atiendan a los funcionarios, sino a la gente pobre de este país. No logro entender por qué se oponen. Ernesto Castro, presidente de Asamblea.

    El legislador aseguró que «es cierto» que «cuesta conseguir especialistas que quieran ir al sistema de salud pública». «Porque vivimos en un país libre y, a lo mejor, los médicos toman la decisión de ir al sector privado, nadie los puede obligar», expresó.

    La nueva Ley de la Red Nacional de Hospitales aprobada la noche del martes por la Asamblea Legislativa permite la contratación de médicos extranjeros por 10 años prorrogables y, si se considera que el médico extranjero proviene de un país que tenga un sistema de salud superior, se le eximirá de realizar el trámite de homologación de su título si lo presenta autenticado o apostillado.

    «Estarán habilitados para practicar la carrera y su especialidad, así como prescribir medicamentos y tratamientos, sin otro requisito más que la suscripción del contrato de prestación de servicios con la Red Nacional de Hospitales y el inicio de sus labores con la institución», indica el artículo 30.

    Castro también defendió las compras directas de medicinas, mecanismos que la oposición considera que abren la puerta a la corrupción.

    «Imagínense lo que están diciendo, no quieren que se compre medicinas de manera rápida para la gente pobre, obviamente van a ser medicinas que están aprobadas por la FDA. Son medicinas dignas para la población… Se escuchan tantos argumentos que solamente confirman y dejan ver que aquí hay un pequeño sector todavía que lo único que quiere es que sigamos como estábamos antes porque ellos vivieron de eso muchísimos años», señaló.

    El diputado de Arena, Francisco Lira, aseveró que el mecanismo de compras establecido en la ley de la nueva Red Nacional de Hospitales es una copia del régimen de compras que tiene la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

    «Esta ley no responde a una verdadera modernización del sistema, sino a un nuevo intento de centralizar el poder en la Presidencia, replicando el modelo de la DOM. La supuesta autonomía que plantea es solo de fachada, con una Junta Directiva sometida al Ejecutivo y con un riesgo real de privatización de los servicios mediante concesiones», consideró Lira, quien cree que la normativa abre la puerta a la privatización de la salud, ya que autoriza a la nueva Red Nacional de Hospitales a aprobar concesiones relacionadas al servicio de salud.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, consideró que la falta de controles hacia la Red Nacional de Hospitales da “más espacios a esquemas de corrupción”.

  • Diputado Lira teme privatización de la salud y cuestiona contratación de médicos extranjeros sin homologación

    Diputado Lira teme privatización de la salud y cuestiona contratación de médicos extranjeros sin homologación

    El diputado de Arena, Francisco Lira, cuestionó duramente la nueva Ley de creación de la Red Nacional de Hospitales asegurando que abre la puerta para la privatización de la salud para desmantelar al gremio médico nacional y cometer abusos de poder contra la empresa privada.

    Sobre la facultad de autorizar concesiones que tendrá la nueva Red, el diputado opositor mencionó que el ministro de Salud, Francisco Alabi, no le respondió en la Comisión de Salud, al explicar la normativa, «si esto es privatización o no es».

    Lastimosamente solo se quedó diciendo que no es privatización, pero queda abierta la puerta para el tema de privatización de la salud en nuestro país». Francisco Lira, diputado de Arena.

    El artículo 3 de la ley faculta a la nueva Red Nacional de Hospitales a «autorizar la contratación de las obras, adquisición de bienes y servicios, concesiones y otros que le competen y los que fueren necesarios para la realización y ejecución de los fines de la Red Nacional de Hospitales».

    En el pleno, el diputado de Arena cuestionó que, en el artículo 30, se permita la contratación de médicos extranjeros sin exigirles la homologación de sus títulos. «¿Por qué no les van a pedir ese requisito que a todos los profesionales se los tienen que pedir? No sé por qué aquí lo están ocultando», cuestionó.

    Parte del inciso 2 del artículo 30 dice: «Los médicos especialistas o profesionales de la salud extranjeros que cuenten con título acreditado en su país de origen y presenten la documentación que demuestre que cuentan con la autorización o registro para el ejercicio de la profesión en su país, debidamente autenticados o apostillados, según aplique, estarán exentos de realizar el trámite de homologación de estos y obtención de credenciales establecidos en las leyes 15 salvadoreñas, siempre y cuando provengan de un país que se encuentre por encima de la escala del sistema de salud de El Salvador, y que posean contrato vigente con la Red Nacional de Hospitales». La ley no explica qué sistemas de salud están «por encima» de El Salvador.

    El arenero señaló a Nuevas Ideas y al gobierno de buscar «desmantelar el gremio médico en este país y traer a médicos extranjeros que los sustituyan».

    Lira pidió modificar el artículo 97, el cual establece la obligación para «todas las entidades públicas o privadas» de «brindar colaboración prioritaria y especial en los requerimientos que formule la Red Nacional de Hospitales, por lo que las peticiones que esta realice deberán de ser atendidas con la celeridad, prontitud y prioridad, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo y oportuno de los fines propuestos».

    Consideró que este artículo busca «forzar a los hospitales privados y especialistas privados a prestar servicios sin que existiere una emergencia nacional, ni calamidad pública».

    «Esto abre las puertas de abuso de poder. Es una señal muy negativa para la empresa privada, para los inversionistas, porque el uso discrecional de ordenarles sin ninguna restricción es una señal muy grave. Intervenir una actividad económica en el sector salud o en cualquier otro es una señal que preocupa». Francisco Lira, diputado de Arena.

    El diputado propuso nueva redacción para el artículo 97 de esta manera: «En caso de que el Órgano Ejecutivo, a través del presidente de la República, declare formalmente una emergencia nacional, una calamidad pública, o un desastre nacional, todas las entidades públicas y privadas, incluyendo hospitales, clínicas y laboratorios está obligados a brindar colaboración prioritaria a la red nacional de hospitales, para atender las diferentes situaciones. Dicha colaboración se regirá sobre el marco de transparencia, temporalidad y con la compensación justa para los servicios y recursos utilizados», planteó el diputado tricolor, argumentando que se trata de evitar «abusos».

    Lira pidió en el pleno la reforma. El diputado presidente Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, sometió a «consideración del pleno la reforma al artículo 97». «Quienes estén de acuerdo, favor votar», instó. Sin sorpresas, la propuesta de reforma no contó con el apoyo de Nuevas Ideas ni de sus aliados.

    Al final, se sometió a votación la Ley de creación de la nueva Red Nacional de Hospitales, que fue aprobada con 57 votos a favor de Nuevas Ideas y sus aliados; y tres votos en contra, los dos de Arena y el de Vamos.

  • Claudia Ortiz: “La falta de controles va a generar problemas mayores en Salud”

    Claudia Ortiz: “La falta de controles va a generar problemas mayores en Salud”

    La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, considera que, con la recién aprobada Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, no es cierto que se mejorará la salud, ya que «la falta de controles va a generar problemas mayores en la salud».

    Para Ortiz, es importante resaltar que la compra de insumos de salud a partir de esta Ley no pasará por la Ley de Compras Públicas, por lo que cuestionó qué pretenden ocultar en las adquisiciones y compras.

    «Nos parece importante advertirle a la población que el tema de las compras públicas de insumos para esta Red hospitalaria no va a pasar por la Ley de Compras Públicas, ley que ellos mismos aprobaron porque dijeron que la Lacap (Ley de Adquisiciones y Contrataciones) no daba las suficientes herramientas. La pregunta es qué ocultan, ¿qué le ocultan a los servidores públicos? ¿Qué quieren ocultar de las compras públicas? ¿Qué están escondiendo?», cuestionó.

    El artículo 26 inciso segundo de la ley indica que «la Red Nacional de Hospitales creará los procedimientos a través de los cuales regulará, vigilará, autorizará la compra, importación de productos farmacéuticos, medicamentos, insumos médicos, reactivos, suplementos nutricionales, dispositivos y equipos médicos, otras tecnologías sanitarias, de uso humano».

    La legisladora también criticó la reducción de presupuesto en Salud para este año 2025 y la facultad de la nueva Red Nacional de Hospitales de otorgar «concesiones».

    «Quiero decirles que cuando se apartan de las supervisiones, del control de la ciudadanía, del mismo personal sanitario que saca a la luz las realidades, de que la misma ciudadanía pueda conocer cómo se hacen las compras públicas, los contratos y, aunque quieran vender que esto va a ser un avance y que se va a mejorar el servicio con este esquema, en el mediano plazo y largo plazo, la falta de controles, la falta de vigilancia ciudadana, va a generar problemas mayores», indicó.

    Según Ortiz,  hay informes de la Corte de Cuentas de la República que mostraron irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante la pandemia de covid-19 en el año 2020.

    «Cuando no hay suficientes ojos pudiendo vigilar lo que está pasando con los recursos públicos y en este caso de la Salud, hay más espacios para que existan esquemas de corrupción, beneficios a los cheros, a los familiares, a los compadres», insistió.

    La Ley de Creación de la nueva Red Nacional de Hospitales fue aprobada este 19 de agosto por 57 votos de Nuevas Ideas y Aliados, Vamos y Arena votaron en contra.

  • Marcela Villatoro a Nuevas Ideas: “Gracias por copiarnos”

    Marcela Villatoro a Nuevas Ideas: “Gracias por copiarnos”

    Luego de que la Asamblea Legislativa aprobara la prórroga para la circulación de las placas de vehículos automotores, iniciativa similar a la que la diputada Marcela Villatoro, de Arena, había presentado en julio pasado, la legisladora de oposición agradeció a diputados de Nuevas Ideas «por copiarles».

    Nosotros vamos a seguirle proponiendo muchas iniciativas, no nos importa que las copien, lo que nos importa es que las hagan realidad». Marcela Villatoro (Arena).

    La diputada relató que «varias personas» le pidieron la prórroga por la «situación económica muy difícil» y le dijeron que «el dinero lo podían ocupar las familias en alimentos o medicina». «Nosotros como Arena, tuvimos a bien presentar la iniciativa en julio, iniciativa que fue rechazada por Nuevas Ideas y sus aliados y que ahora aprueban porque viene justamente y directamente del Ministerio», intervino en el pleno la diputada Villatoro.

    La arenera señaló que la ciudadanía debe darse cuenta que la oposición presentó iniciativas «de beneficio para la población» pero que es apoyada.

    «Es importante hacerle ver esto a la población salvadoreña: porque esto quiere decir que, aunque nos copien, nos dan la razón. Nos dan la razón en que hay cosas que son buenas para la gente y, aunque hay que copiarlas, si son buenas, hay que hacerlas. Gracias por copiarnos y gracias por hacer realidad esto que la gente quería desde hace muchos meses para su bienestar y su economía», les dijo a sus colegas de la bancada mayoritaria y sus aliados, PDC y PCN.

    La diputada instó a Nuevas Ideas a «copiarles» otras iniciativas del partido de oposición presentadas «desde hace varios meses» y que han sido agendadas por la Asamblea Legislativa.

    Arena pedía la prórroga por dos años, es decir que finalizara en 2027; la prórroga vence el plazo el 31 de agosto de 2026.

    «Es que no nos íbamos a encontrar en un momento prelectoral y eso es para que después no les salgan diciendo a la gente que gracias a ustedes se han tomado estas decisiones, por eso que se indicaba que fueran dos años, lastimosamente solo se va a hacer por un año, pero lo importante es que nos hicieron caso», explicó.

    Según la diputada de oposición, eso demuestra que «se puede trabajar en equipo».

    El diputado Caleb Navarro de Nuevas Ideas pidió el uso de la palabra para decir que «no es la primera vez que se prorroga para esta nueva Asamblea Legislativa, lo hemos realizado, porque estas placas debieron haberse cambiado hace algunos años».

    La prórroga fue aprobada con 59 votos, incluidos los votos de Arena y el de Vamos.

  • Asamblea aprueba Ley de Creación de Red Nacional de Hospitales

    Asamblea aprueba Ley de Creación de Red Nacional de Hospitales

    Con 57 votos y sin modificaciones, la Asamblea Legislativa aprobó este martes la nueva “Ley de creación de la Red Nacional de Hospitales”, que crea una nueva autoridad hospitalaria que no suprime la actual “Dirección Nacional de Hospitales” del Ministerio de Salud.

    Los diputados de Arena y Vamos votaron en contra.

    En la discusión, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, dijo que «acá no se está desmantelando todavía ese sistema viejo de salud» y que «se está creando uno nuevo», aunque negó que se esté «desmantelando» el Ministerio de Salud.

    Mientras, el diputado Francisco Lira, de Arena, señaló a Nuevas Ideas de «buscar desmantelar al gremio médico de este país y traer extranjeros que los sustituyan».

    Según la ley aprobada, la Red será una entidad descentralizada y autónoma al administrar su patrimonio, y su junta directiva estará conformada por un presidente y un director designados por el presidente de El Salvador, el ministro de Salud, un director designado por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y un director designado por la Dirección Nacional de Compras Públicas (Dinac). Sus cargos durarán cinco años.

    Esta junta directiva de la Red decidirá los mecanismos para que el personal médico bajo el Ministerio de Salud pueda ejercer sus labores en la nueva Red Nacional de Hospitales.

    De acuerdo con el ministro de Salud, Francisco Alabi, el primer hospital integrado a la Red será el Hospital Nacional Especializado Rosales; y el resto se irá integrando a medida cumplan los estándares.

    “El beneficio es no tanto para la población, que día a día va a un hospital buscando una solución… No solo para la población, ahora va el sector médico, el sector enfermero que ahora van a tener las herramientas necesarias”. Ricardo Rivas (Nuevas Ideas).

     

    Las facultades de la Red

    La Red Nacional de Hospitales tendrá la facultad de atender las necesidades de salud de la población, brindar apoyo al Ministerio de Salud en infraestructura, equipo, medicamentos, insumos o personal especializado; otorgar concesiones en beneficio de la salud de los habitantes; construir o remodelar hospitales o centros de salud, abastecer de medicamentos los hospitales; así como vigilar el funcionamiento de los hospitales y centros de salud.

    También, podrán emitir credenciales, certificaciones y recertificaciones de especialidades y subespecialidades médicas, y convocar a los médicos residentes para las especialidades.

    La Red Nacional de Hospitales podrá contratar a médicos extranjeros hasta por 10 años prorrogables sin necesidad de homologación si provienen de países con sistemas de salud “por encima de la escala del sistema de salud de El Salvador”. Los médicos extranjeros podrán fungir únicamente con el contrato y podrá ejercer docencia.

    Exclusividad y servicio obligatorio

    Los médicos que conformen parte de la Red no podrán prestar servicios privados de salud o realizar intervenciones en clínicas u hospitales privados salvo en emergencias.

    Así mismo, cuando los médicos hayan concluido su residentado en la Red Nacional de Hospitales tendrán la obligación de prestar un servicio compensatorio obligatorio en la Red durante cinco años o en el lugar donde la Red los designe, de “forma exclusiva”. Los hospitales que integren la Red serán considerados “hospitales escuela” por ley.

    Nuevo régimen de compras

    La nueva ley establece un nuevo régimen de compras y adquisiciones.

    La junta directiva autorizará la contratación de las obras, bienes y servicios, así como las concesiones para los fines de la Red. Esta junta directiva decidirá por mayoría simple, y el presidente tendrá voto doble.

    “Permitirá una ejecución más eficiente en los recursos, estamos sin duda ante una transformación histórica”. Juan Rodríguez (Nuevas Ideas).

    Los medicamentos o tratamientos podrán ser comprados en el extranjero “exigiendo únicamente el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura internacionales otorgado por la autoridad competente a los interesados respecto de los laboratorios fabricantes”, aunque “se aceptará” el certificado emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) u organismos encargados. La Red tendrá un Laboratorio de Control de Calidad “para verificar la calidad de los mismos”.

    La contratación directa, con una o más cotizaciones, podrá ser aprobada por el presidente ejecutivo de la junta directiva; y por la junta directiva de la Red si supera un millón de dólares ($1 millón) en la adquisición de obras, bienes, servicios y consultorías relacionadas “a los servicios de salud que se brinden a la población de la Red Nacional de Hospitales”.

    La ley también regula compras de funcionamiento que decidirá el presidente ejecutivo, compras en línea y compras internacionales.

    “Ni siquiera ustedes la han leído porque ayer estaban patinando en la Comisión. El invitado solo se tomó 15 minutos de forma general para exponer una ley que va a convertir todo el sistema público de hospitales”. Francisco Lira (Arena).

    En el proceso de compras, se abre la posibilidad de un recurso de revisión en caso de inconformidad con la selección del contratista que podrá interponerse “dentro del plazo de dos días hábiles” luego de notificado; una comisión especial de recursos mandará a oír al tercero afectado y emitirá una recomendación que podrá ser considerada por la junta directiva, que resolverá en 10 días hábiles, luego del cual “no habrá más recurso”. La Red “podrá reclamar daños” si hay retraso por “mala fe o abuso de derechos procedimentales”.

    También, se establece una multa por mora en el cumplimiento de obligaciones del contratista desde el 1 % al 3 % del valor total de la obligación entregada en forma tardía por retrasos de hasta 60 días. Si el retraso es mayor establece la caducidad del contrato.

    La multa mínima por incumplimientos mayores a $10,000 será un salario mínimo del sector comercio ($408.80); y si es inferior, la multa mínima por mora será el 50 % de un salario mínimo del sector comercio ($204.40).

    La Red Nacional de Hospitales no será supervisada por la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) y tendrá su propio sistema de vigilancia.

    El debate

    En la discusión, el diputado Francisco Lira, de Arena, señaló a Nuevas Ideas de querer “centralizar el poder en una sola persona en Casa Presidencial” y de “buscar desmantelar el gremio médico de este país y traer extranjeros que los sustituyan”. Propuso modificar el artículo 97 para aclarar que la obligación de los privados a colaborar con la Red Nacional de Hospitales se establecerá cuando el Órgano Ejecutivo declare una emergencia nacional, una calamidad pública o un desastre nacional”.

    Según Lira, la ley “está aumentando las ventanas para que sus impuestos sean manejados en las bolsas personales de funcionarios públicos”. “Ya conocen el tema de la Dirección de Obras Municipales, ¿qué le prometieron?, que iban a tener proyectos en sus cantones, caseríos, ¿se los cumplió la DOM?, no, ni dio abasto y creó la Constructora El Salvador”, cuestionó.

    “Quieren hacer un manejo político porque ya vienen las elecciones, les apuesto que de esa manera lo van a hacer”. Francisco Lira, diputado de Arena.

    Saúl Mancía, diputado de Nuevas Ideas, preguntó si quieren que se tenga el sistema de salud administrado por Guillermo Maza o Violeta Menjívar.

    “¿Con qué intención se puede decir que se va a privatizar cuando se está pidiendo de rigor que se cumpla un servicio de atención de salud en el sector público, ¿no creen que es contradictorio? Son cinco años de servicio en el sector público, que van a ser pagados, se le está garantizando a la población que en los hospitales haya recurso humano calificado”, indicó Mancía. Señaló a la oposición de querer que el nuevo modelo de salud no funcione.

    Después, el diputado Lira pidió modificar el artículo 30 para exigir la homologación de los médicos extranjeros en la institución correspondiente. Las propuestas de Lira solo tuvieron tres votos.

    El diputado William Soriano sostuvo que en los gobiernos de Arena se encontraron 300 toneladas de medicina vencida “cuando debieron ser gratuitas”, “ese era el negocio que tenían, por eso defienden ese sistema”, dijo. Soriano aseguró que están sentando las bases de un nuevo sistema público.

    Lira respondió que hubo “botas y mascarillas con sobreprecios” durante la pandemia. “No hay consulta a las gremiales, las contrataciones de obras es igual que la Dirección de Obras Municipales y ya vimos en qué terminó; y tercero, la propuesta que presenté para que se cambie el artículo 97”, le respondió a Soriano.

    El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, aseguró que “acá no se está desmantelando todavía” el actual sistema.

    “Lo que se está haciendo es que el Minsal va a pasar en la nueva Red de Hospitales, se va a pasar a Presidencia, es que en el Minsal no hay oposición. Esta Red nueva también va a ser algo que va a estar adcrito al gobierno, el presidente es el que está al frente de todas las carteras de Estado”. Ernesto Castro, presidente de la Asamblea.

  • Movimientos piden «metodología clara» para evaluar a los candidatos a dirigir la PDDH

    Movimientos piden «metodología clara» para evaluar a los candidatos a dirigir la PDDH

    El Movimiento de Trabajadores Despedidos y el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MTD) pidió este martes que la Asamblea Legislativa use una «metodología clara» en la evaluación de los candidatos a dirigir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

    Las organizaciones aseguran que la planificación y la ejecución de una evaluación clara permitiría «identificar las mejores propuestas de trabajo» y seleccionar «los perfiles más idóneos» para dirigir la institución en el período 2025-2028.

    En ese sentido, exigen la aplicación de un «baremo» en el que se evalúe la formación académica, trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, conocimiento sobre derechos humanos, trayectoria profesional, independencia, imparcialidad, moralidad y plan de acción.

    «Demandamos que se nombre a la persona más idónea para el cargo de procurador con el fin de recuperar la institucionalidad del Estado de derecho, que se restablezca la independencia de poderes y se ponga fin a las violaciones de derechos humanos». MTD.

    Los movimientos piden a la Asamblea Legislativa que aplique reglas claras en el proceso, que dé a conocer el perfil para el cargo de procurador, que solicite a los candidatos los testados certificados y plan de trabajo. Además, que realice con transparencia el proceso y que el nombramiento deje a un «lado los intereses políticos partidarios».

    Criticaron también la actual gestión de la procuradora, Raquel Caballero de Guevara, a quien acusan de «mostrar pasividad frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos» del gobierno hacia empleados públicos, defensores de derechos humanos, periodistas, ambientalistas y sindicalistas.

    La Asamblea Legislativa inició el 23 de julio el proceso de elección del nuevo titular de la PDDH, ya que la procuradora actual concluye su período el próximo 15 de octubre. La recepción de candidaturas cerró el pasado 15 de agosto.

    Según la legislación actual, los candidatos deben ser salvadoreños, mayores de 35 años, pertenecer al Estado seglar, contar con título universitario y trayectoria comprobada en derechos humanos.

  • Prorrogan placas, subsidio al transporte público y cajas únicas hasta 2026

    Prorrogan placas, subsidio al transporte público y cajas únicas hasta 2026

    Las placas de los vehículos 2011 estarán vigentes hasta el 31 de agosto de 2026, aprobó este martes de manera unánime la Asamblea Legislativa.

    El decreto “Reformas a la Ley transitoria para la estabilización de las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros tipo colectivo y masivo” recibió 59 votos de los diputados presentes, incluida los partidos de oposición Arena y Vamos. Fue el dictamen 23 de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

    Los diputados también prorrogaron hasta diciembre de 2026 el subsidio para el servicio del transporte público y colectivo, así como la exigencia de la inscripción de cajas únicas a las rutas de buses y microbuses.

    “Esto se tendría que haber hecho este mes que estamos y ahora se está haciendo una prórroga para que los salvadoreños se ahorren estos $35 de los derechos de las nuevas placas. Aquella gente que de verdad tiene el vehículo y que apenas va para poder echar el combustible”. Reynaldo López Cardoza, diputado del PCN.

    La diputada Marcela Villatoro, de Arena, recriminó a Nuevas Ideas que la iniciativa había sido propuesta por su partido y no fue apoyada por Nuevas Ideas y sus aliados. «Gracias por copiarnos», les dijo.

    “Nosotros como grupo parlamentario tuvimos a bien presentar esa iniciativa en julio, fue rechazada por Nuevas Ideas y sus aliados, y ahora aprueban. Gracias por copiarnos. Así podrían copiar muchas iniciativas que hemos presentado y que no están siendo agendadas”. Marcela Villatoro, diputada de Arena.

    Mientras, el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, se refirió al ahorro de tiempo que implica la aprobación y «no solo en el tema económico».

    “Es una medida muy importante para nuestra gente ya que no solo lo vemos en el tema económico, de gastar en un cambio de placas, sino que, cuando una persona hace este tipo de trámites, esto conlleva a la gente pueda apartar un día de trabajo”. Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas.

    El subsidio al transporte y las cajas únicas

    El dictamen 24 del decreto “Reformas a la Ley transitoria para la estabilización de las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros tipo colectivo y masivo” fue aprobado con 57 votos, incluido uno de Arena.

    La «Ley transitoria para la estabilización de las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros tipo colectivo y masivo» establece la entrega a los empresarios de transporte $250 mensuales por microbús y $500 mensuales por autobús para mantener el precio del pasaje de bus.

    La normativa también permite que este subsidio sea entregado a una tasa de $0.04 por pasajero movilizado, por un máximo de 21 días de circulación en un mes, y establece la creación de cajas únicas, una por ruta, con el fin de evitar competencias entre las unidades, pero la inscripción de las mismas también quedaría pospuesta para diciembre 2026.

    El subsidio al transporte se da gracias a un cargo que pagan los automovilistas de $0.10 por cada galón de diésel, diésel bajo en azufre y gasolinas regular o especial.

    La ley también exige que el transporte público tenga GPS, sistema de recaudo electrónico, revisión técnica vehicular y emisión de gases, solvencia de multas y cumplimiento del plan general operativo, a cumplirse según las programaciones que establezca la Dirección General de Transporte del Viceministerio de Transporte.

  • Unánime aprobación de exenciones para plantas de energía y de tratamiento de aguas en ríos Acelhuate y Chilama

    Unánime aprobación de exenciones para plantas de energía y de tratamiento de aguas en ríos Acelhuate y Chilama

    La Asamblea Legislativa aprobó dos decretos especiales que exoneran de impuestos la instalación de una planta de generación de energía eléctrica con biogás en el río Acelhuate, en San Salvador Centro, y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y la ampliación del alcantarillado en La Libertad.

    El primer decreto es «Disposiciones especiales, transitorias y complementarias para el proyecto Instalación de una planta de generación eléctrica con biogás en el río Acelhuate ubicado en el municipio de San Salvador Centro entre los distritos de Ciudad Delgado y Cuscatancingo, departamento de San Salvador». Este fue aprobado con 59 votos de todos los diputados presentes, incluidos los legisladores de oposición, Arena y Vamos.

    Las empresas involucradas en la construcción de la planta de generación de energía eléctrica con biogás en el río Acelhuate gozarán de exención de impuestos a transferencia de bienes, aranceles, transferencia de bienes raíces e IVA, en las adquisiciones, compras, contrataciones e importaciones, sí como en los trámites en el Centro Nacional de Registros.

    Los exentos serán la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), personas naturales o jurídicas involucradas como contratistas o subcontratistas a todo el proceso.

    Además, el decreto establece un plazo de 15 días hábiles para emitir lineamientos que “simplifiquen y aceleren” la emisión de los permisos necesarios en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana (Opamss), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).

    Las empresas distribuidoras de energía eléctrica deberán facilitar los ajustes para la conexión de los proyectos de extensión de red que deberán realizar en el proyecto.

    El segundo decreto se denomina «Disposiciones especiales, transitorias y complementarias para el proyecto Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del distrito y departamento de La Libertad». Este fue aprobado como dictamen 123 de la Comisión de Hacienda, con 60 votos.

    La planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y la ampliación del alcantarillado sanitario del distrito de La Libertad, la Libertad, será financiado por el crédito de $71.84 millones del Deutsche Bank.

    En este proyecto, se eximirán Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios para contratistas, subcontratistas, proveedores, supervisores, relacionados al proyecto; impuestos y gravámenes a la importación, Derechos Arancelarios a la Importación incluyendo el IVA, Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces, Impuesto sobre la Renta a los ingresos o utilidades de socios y personas, contratistas, subcontratistas, proveedores, supervisores, incluidas las retenciones, tanto para ingresos como para la distribución de utilidades, matrícula de bienes, impuestos municipales,

    También estarán exentos los propietarios que vendan inmuebles al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) que sean necesarios para el proyecto.

    La exención se aplicará a todo el proceso de construcción de la planta, desde la planificación, el diseño, los estudios, las consultorías, la supervisión hasta la construcción, compra de maquinaria, equipos, herramientas, materiales, accesorios y repuestos, construcción de obras civiles, instalación y montaje de equipos, puesta en operación, medidas ambientales y sociales, mejoramiento de accesos, adquisición de terrenos e inmuebles, línea de distribución eléctrica, obras complementarias para todo el proyecto.

     

  • Cristosal: detenidos podrán permanecer por más de cinco años en prisión sin condena

    Cristosal: detenidos podrán permanecer por más de cinco años en prisión sin condena

    La asociación Cristosal aseveró que las personas detenidas bajo el régimen de excepción en El Salvador podrían permanecer en prisión por más de cinco años sin una condena, con la nueva reforma a la Ley especial contra el crimen organizado que extendió por dos años más el plazo máximo para que la Fiscalía los acuse formalmente.

    En un comunicado divulgado la noche del lunes, la organización explicó que estas reformas permitirán que “la fase de instrucción se prolongue por más de cinco años” sin que sean llevados a una audiencia ante un juez.

    Las reformas permiten que haya una “audiencia única” y que esta quede abierta hasta por dos años adicionales, algo que Cristosal consideró una “condena anticipada”, un “plazo irracional e injustificable”, una apertura a “condenas injustas masivas” y una “política de terror de Estado”.

    Según la asociación, la reforma “disminuye aún más las garantías judiciales para adolescentes detenidos”, ya que serán procesados con adultos.

    Cristosal dice que esta reforma viola los artículos 1, 2, 11, 12 y 13 de la Constitución de la República, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Insistió en que “la gran mayoría de detenciones durante el régimen de excepción han sido arbitrarias”.

    Las autoridades salvadoreñas han reportado más de 88,000 personas capturadas y al menos 860 días sin homicidios durante el régimen de excepción aplicado desde el 27 de marzo de 2022 para combatir a las pandillas.

    Mientras, Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario, organizaciones cuyos directores se retiraron de El Salvador, han reportado más de 6,500 violaciones a derechos humanos, torturas y la muerte de más de 400 detenidos bajo custodia estatal durante el régimen de excepción. La medida, que es prorrogada cada mes por la Asamblea Legislativa, suspende derechos constitucionales de defensa, plazo máximo de 72 horas de detención sin audiencia y privacidad de las telecomunicaciones.