La diputada Claudia Ortiz del partido Vamos dice que una posible candidatura presidencial para los comicios de 2027 aún está en discusión interna dentro de su instituto político.
“Este es un tema que está en una discusión interna a nivel partidario. El próximo evento electoral, sabemos que no es un solo partido el protagonista, debe ser la sociedad, por ello, hemos hecho un llamado a todas las fuerzas vivas a que se sumen para poder sacar adelante a El Salvador con democracia, dignidad y justicia”, afirmó la legisladora, férrea crítica del gobierno del presidente Nayib Bukele y de su partido Nuevas Ideas.
Lo que sí hace Ortiz es un llamado a todos los salvadoreños a sumarse a su partido, de cara a las elecciones presidenciales, legislativas y municipales que se desarrollarán en casi dos años.
“Hago un llamado a todas las fuerzas vivas de la sociedad, a movimientos sociales y liderazgos que han luchado por causas justas. El partido está abierto, los estamos esperando. Llegó el momento para que todos ustedes sean partes de las alternativas que el país necesita», indicó.
La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los refugiados (Acnur) en El Salvador recordó que a las organizaciones lideradas por personas refugiadas o desplazadas pueden acceder a un fondo de financiamiento.
El Fondo de innovación liderado por refugiados permite a las organizaciones acceder no solo a financiamiento, sino a tutorías y conocimientos especializados para «diseñar y ejecutar nuevas intervenciones» con un impacto duradero en sus comunidades.
Las inscripciones para postularse al fondo estarán habilitadas hasta el viernes 22 de agosto, cierra a las 11:59 de la noche de ese día. Acnur reconoce en su sitio web que las organizaciones de deportados hacen «contribuciones notables» pero que «enfrentan considerables dificultades» para obtener financiamiento.
¿Quiénes pueden aplicar?
Organizaciones de refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, repatriados y apátridas.
Los postulantes deben enviar su solicitud como un grupo, no en solicitudes individuales,
Organizaciones registradas o no registradas.
Especial interés en organizaciones lideradas por personas LGBTIQ+.
Los interesados pueden ingresar al sitio de Acnur para conocer más sobre el fondo que promete apoyar económicamente proyectos innovadores de organizaciones de refugiados o deportados en sus países de origen.
Las organizaciones deben anexar una propuesta que incluya el desafío que buscan atender, una posible solución, un presupuesto y los cambios que esperan ver en la comunidad a partir de su propuesta ejecutada.
Las postulaciones recibidas pasarán por cuatro fases: selección de las solicitudes prometedoras, las organizaciones seleccionadas se someten a una investigación rigurosa, presentación presencial de la propuesta enviada y selección final.
La Acnur aseguró que este proceso de selección «tarda varios meses en completarse» y aseguró que el fondo busca apoyar principalmente la innovación, por lo que serán consideradas lasa solicitudes que cumplan con estas características.
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) solicitó a la Asamblea Legislativas nuevas reformas a la Ley de estabilización de tarifas, cuya prórroga vencía el 31 de agosto de 2025, con el objetivo de extender la aplicación del subsidio para mantener las tarifas del servicio de transporte hasta el 31 de diciembre de 2026.
La propuesta, firmada por el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez, también incluye la prórroga de la vigencia de la inscripción de las cajas únicas registradas en la Dirección General de Transporte Terrestre hasta el 31 de diciembre de 2026.
El proyecto de decreto será recibida por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, que se reunirá el lunes a las 10:00 de la mañana.
Tanto el subsidio para mantener las tarifas de transporte como la inscripción de cajas únicas habían sido prorrogadas hasta el 31 de agosto de 2025.
La ley transitoria prorrogada establece un cargo de $0.10 por cada galón de diésel, diésel bajo en azufre y gasolinas regular o especial; y la compensación económica de $250 mensuales por microbús y $500 mensuales por autobús, o $0.04 por pasajero movilizado, por un máximo de 21 días en un mes.
También, establece la creación de las cajas únicas a ser autorizadas por la Dirección General de Transporte Terrestre, no más de una caja única por ruta, algo que busca evitar las competencias entre las unidades.
La ley transitoria ya condiciona el cumplimiento según requerimientos técnicos del Viceministerio de Transporte las condiciones de GPS, sistema de recaudo electrónico, revisión técnica vehicular y emisión de gases, solvencia de multas, cumplimiento del plan general operativo y caja única. Estas exigencias están entre las excepciones de la obligatoriedad y su cumplimiento quedó según «la solicitud y requerimientos técnicos, formatos, programaciones o periodicidad establecidos por el Viceministerio de Transporte por medio de la Dirección» según la reforma aprobada en diciembre de 2022.
La diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que la militar y médico Karla Trigueros como nueva ministra de Educación desde el pasado 14 de agosto “tiene mucho trabajo qué hacer” en la calidad de la educación en El Salvador.
“Yo deseo realmente que le vaya bien, pero en carteras tan importantes es necesario contar con personas con experiencia y que conozca no solo el sistema, sino también el magisterio. Lo ideal y lógico es que a los puestos lleguen personas por meritocracia; si es Ministerio de Salud, un doctor; si es Obras Públicas, un ingeniero civil; si es Educación, debe ser un maestro. Zapatero a su zapato”, señaló Villatoro.
La legisladora aseveró que la nueva funcionaria tiene trabajo que hacer, no solo en infraestructura, sino en subir la calidad educativa, algo que, dijo, ministros anteriores no pudieron hacer.
“Ojalá que ella pueda llenar ese lugar, porque los últimos ministros que han estado en educación han sido un desastre e incompetentes, todos los ojos están puestos en ella, ella es la que debe demostrar con trabajo e independencia sin dejarse mangonear. Este momento es para enfocarse en mejorar la educación, no solo en infraestructura sino la calidad de la misma», exhortó.
Agregó que debe tomar varios temas en cuenta como el presupuesto educativo, parar los despidos y mejorar las condiciones laborales de maestros.
“Mejorar a los maestros y sus condiciones laborales y por supuesto sus salarios que son muy bajos, incluir la salud mental en las escuelas es algo básico y necesario por la sociedad en las que vivimos. También, debe trabajar en mejorar el presupuesto en educación, no permitir más despidos masivos de docentes, ni más cierres de centros escolares”, detalló.
Se le preguntó a la diputada si con el nombramiento de una militar en Educación considera que traerá cambios en la currícula, o un posible adoctrinamiento a futuro, y respondió:
«Con tal que no vayan a salir con estar militarizando, porque es regresar al pasado y un grave retroceso a lo que tanto ha costado». Marcela Villatoro, diputada de Arena.
La capitán y médico fue nombrada como ministra de Educación el jueves 14 de agosto por la noche por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien aseguró en su publicación en su perfil de X que le ha encomendado preparar con éxito a las nuevas generaciones.
«Su misión será preparar a las futuras generaciones para enfrentar con éxito los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad que demandará el nuevo El Salvador que estamos construyendo», prometió el gobernante salvadoreño.
La Organización Internacional para la Migración (OIM) informó el viernes que se encuentra apoyando a la alcaldía de Santa Ana Centro para la implementación de una guía metodológica de recolección de datos migrantes.
La OIM capacitó al personal de la alcaldía sobre gestión de datos migratorios de los salvadoreños retornados a partir una guía de recolección de datos.
La comuna tiene acceso a los datos de los salvadoreños retornados a través de la Oficina de Atención a la persona migrante, retornada y su familia creada a partir de una ordenanza que emitió el gobierno municipal este año y que ya se encuentra vigente.
«La OIM continúa fortaleciendo las capacidades locales en materia de gobernanza migratoria. En esta ocasión, acompaña a la alcaldía de Santa Ana Centro en la implementación de la guía metodológica para la recolección de datos». Organización Internacional para la Migración (OIM).
La guía de recolección de datos busca «conocer mejor la situación de las personas retornadas» y que la oficina municipal pueda «brindarles un apoyo más efectivo y proteger sus derechos».
En junio, la OIM celebró que Santa Ana Centro emitiera una ordenanza para brindar atención a migrantes.
La organización junto a la Mesa Técnica de Migración brindaron sus aportes para formular dicha ordenanza.
Alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, y el jefe de misión de la OIM en El Salvador, Nicola Graviano. / Archivo @OIMSV.
El decreto municipal, publicado en el Diario Oficial y vigente en el único distrito de Santa Ana, dio vida a la oficina municipal de atención a migrantes, así como impulsó la reintegración sostenible y atención a migrantes extranjeros.
La OIM indicó que la normativa local promueve «acciones concretas para prevenir la migración irregular» a través. de la protección de las personas que deciden migrar o de quienes retornan a El Salvador.
En los primeros meses de 2025, se estima que 10,799 migrantes salvadoreños han sido detenidos, 8,116 en México y 2,683 en Estados Unidos. La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) detalla que 6,050 salvadoreños ya fueron recibidos deportados desde enero a junio de 2025.
La diputada de oposición Claudia Ortiz consideró el nombramiento de la capitán y doctora Karla Trigueros como nueva ministra de Educación, Ciencia y Tecnología como un nuevo síntoma de autoritarismo en El Salvador.
«Tenemos autoritarismo en diferentes niveles y esto es un síntoma más de eso, por eso quiero llamar la atención de la sociedad salvadoreña, para que no veamos solo una parte… Esto es un síntoma más de autoritarismo que el país está enfrentando, no desde hace dos semanas, no desde hace dos años, llevamos poco más de cinco años en este proceso; esto empezó el día que se metieron militares acá a la Asamblea Legislativa», aseveró la diputada Ortiz, al referirse a la irrupción de militares el 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa.
La legisladora detalló momentos que han venido sucediendo que considera síntomas de autoritarismo en el país.
«Continuó el día que destituyeron magistrados de la Sala de lo Constitucional y fiscal y se impusieron nuevos funcionarios obedientes, continuó cuando se retiraron un tercio de los jueces por decreto; luego con un régimen de excepción que encerró a inocentes, llevamos 41 meses en esto. Entonces, veamos las cosas en su justo contexto, veamos todos estos síntomas», exhortó.
Según la legisladora estos síntomas están afectando a la pobreza y desigualdad en el país. «Cómo unos pocos tienen acceso a créditos VIP, acceso a grandes beneficios y las grandes mayorías cada día más pobres, con más hambre, con menos empleo y con menos oportunidades acá», cuestionó.
El nombramiento
El presidente salvadoreño Nayib Bukele juramentó la noche de este miércoles a la Capitán y médica Karla Trigueros como nueva ministra de Educación, Ciencia y Tecnología.
«La nueva ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesarios para impulsar una transformación profunda en nuestro sistema educativo», dijo Bukele en redes sociales.
Trigueros, quien es parte del Comando de Sanidad Militar, coordinó la logística del plan de vacunación, durante la pandemia por covid 19.
El Frente Magisterial Salvadoreño, que aglutina a maestros del sector público, expresó este viernes su preocupación por el nombramiento de la capitana y doctora Karla Edith Trigueros como nueva ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador.
En su comunicado, la organización calificó el nombramiento como “aberrante” y advirtió acerca de una posible militarización de la educación pública salvadoreña.
“Es preocupante que la nueva ministra sea un agente militar”, dijeron en referencia a que la designación podría implicar una influencia desmedida de las Fuerzas Armadas en el ámbito educativo, según un posteo en redes sociales.
Karla Trigueros ingresó como cadete en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en enero de 2007 y posteriormente obtuvo una beca para estudiar Medicina en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer.
En contraste con las críticas del sindicato magisterial, Unicef El Salvador publicó en su día en su web que Trigueros fue la «responsable de ejecutar el plan de logística para la recepción, conservación y distribución de las vacunas de la coivid-19» como asesora médica del Comando de Sanidad Militar.
Sin embargo, según los maestros, su nombramiento «es un golpe más que la ultraderecha bukelista está perpetrando contra el área de educación y que descaradamente está encaminada a profundizar el deterioro de la educación pública con el objetivo de su privatización y volver un peligro para los estudiantes el asistir a instituciones públicas».
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, nombró este jueves como ministra de Educación a Trigueros, en sustitución de José Mauricio Pineda, quien permaneció en el cargo de manera interina desde febrero de 2022. Antes de él, el ministerio estuvo bajo la conducción de Carla Hananía de Varela, integrante del primer gabinete de Bukele en 2019.
«Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas. La nueva ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesarios para impulsar una transformación profunda en nuestro sistema educativo», publicó por su parte Nayib Bukele en X.
El mandatario explicó que «su misión será preparar a las futuras generaciones para enfrentar con éxito los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad que demandará el nuevo El Salvador que estamos construyendo».
Trigueros respondió en la misma red social que recibe «con profunda gratitud y responsabilidad el honor de servir como ministra de Educación de nuestro país».
El ministro de Salud, Francisco Alabi, envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de nueva «Ley de creación de la Red Nacional de Hospitales» que será dirigida por una junta directiva presidida por un funcionario nombrado por el presidente de la República, para regular la contratación de obras, médicos, estudiantes en los centros de salud y hospitales.
El proyecto fue recibido este viernes 15 de agosto por la Asamblea Legislativa a las 11:33 a.m.
La Red Nacional de Hospitales sería una entidad de derecho público descentralizada, con autonomía en su patrimonio, personería jurídica propia como una «nueva red de centros de salud que presten atención y asistencia médica» a la población del país.
Esta red será la encargada de vigilar el funcionamiento de «todos los centros de salud y hospitales pertenecientes a la Red Nacional de Hospitales».
A la red, primero pasará el Hospital Nacional Especializado Rosales y el Hospital de Consulta Externa Especializada y después «gradualmente» los hospitales adscritos al Ministerio de Salud. Pero también podrán pasar a su propiedad los que construya, reconstruya o remodele la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) que sean propiedad de instituciones de salud pública.
El gobierno argumenta que «se ha advertido la necesidad de crear un sistema moderno que posibilite a la población acceder a servicios de salud inmediatos, actuales y renovados» y que es necesaria «una instancia gubernamental que coadyuve con el Ministerio de Salud en la demanda de atención de salud».
El proyecto será estudiado por la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, la cual se reunirá el próximo lunes.
Una nueva entidad junto al Minsal
La junta directiva de la Red Nacional de Hospitales estará conformada por un presidente ejecutivo y un director designados por el presidente de la República, el ministro de Salud, un director designado por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y otro director designado por la Dirección Nacional de Compras Públicas (Dinac).
Esta junta directiva podrá autorizar la contratación de obras y decidir sobre cuáles hospitales y centros de salud se intervendrían para construcción, remodelación, reconstrucción, adecuación y equipamiento.
El proyecto de ley establece un régimen de compras para los hospitales y los centros de salud, le faculta la contratación de personal extranjero por un plazo de hasta 10 años prorrogables y regulará la formación y especialización de estudiantes y médicos graduados.
Establece, por ejemplo, que, para las obras, adquisición de bienes y servicios y consultorías para los servicios de salud, se realizará contratación directa aprobada por el presidente ejecutivo y, si su monto supera $1 millón, por la Red Nacional de Hospitales.
Residentes deberán ser admitidos
Así mismo, los médicos residentes vinculados al Sistema Nacional Integrado de Salud «podrán optar por culminarlo en la Red Nacional de Hospitales» «siempre que sean admitidos» por la Red Nacional de Hospitales.
Si se aprueba la ley, el personal que labore para el Ministerio de Salud en el Hospital Nacional Especializado «Rosales» y el resto de hospitales de la «Red Nacional» seguirá bajo disposición del Ministerio, incluso estudiantes no admitidos, pero la junta directiva de la Red podrá decidir si podrán continuar sus labores en la Red. Esta disposición incluirá a estudiantes en internado rotatorio, año social, y médicos y odontólogos residentes que no sean admitidos, según el proyecto.
El proyecto tiene 107 artículos y será estudiado por la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa. El presidente de la República tendría 180 días para aprobar un reglamento luego de la vigencia.
Con 57 votos, la Asamblea aprobó este viernes una reforma presupuestaria para transferir $15 millones que no se utilizarán en el Ministerio de Hacienda a la Presidencia de la República.
La reforma presupuestaria fue acordada por el Consejo de Ministros el 28 de julio de 2025 “para reforzar asignaciones presupuestarias de la Presidencia de la República”.
El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, argumentó que la Presidencia “en la actualidad presenta necesidades prioritarias y urgentes que atender, con la finalidad de fortalecer el diseño de políticas públicas, planes y programas que contribuyan al desarrollo económico y sostenible del país y que garanticen el bienestar de las familias salvadoreñas”.
Según la notificación del secretario jurídico, Adolfo Muñoz, estos fondos “no se van a utilizar en lo que resta del presente ejercicio fiscal” y “pueden utilizarse para reforzar el presupuesto” de la Presidencia.
El proyecto de reforma no detalla la línea de trabajo y la unidad presupuestaria de la Presidencia de la República a la que serían transferidos los $15 millones. Sus únicos dos artículos indican que ingresarán a “Gastos”, que refuerzan “asignaciones vigentes de la Presidencia de la República” y que serán “tomados de las asignaciones disponibles del presupuesto vigente del Ramo de Hacienda con cargo al Fondo General”.
La Presidencia de la República inició el año 2025 con un presupuesto de $139.7 millones aprobado por la Asamblea Legislativa, que ha aumentado a $140.5 millones hasta junio, de los cuales ha devengado $74.7 millones.
Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este viernes en sesión plenaria una reforma a la Ley contra el Crimen Organizado que permite que los detenidos durante el régimen de excepción sigan detenidos por dos años más durante los cuales deberán ser acusados por la Fiscalía salvadoreña. Arena y Vamos votaron en contra.
Según el dictamen, unos 88,875 detenidos bajo régimen de excepción “deben ser juzgados por 44 jueces del crimen organizado” y 300 auxiliares de la Fiscalía presentarán las pruebas en 600 juicios o procesos judiciales.
La reforma permite que la Fiscalía General de la República solicite una «asignación de causa» contra cada estructura de crimen organizado y que el plazo de instrucción de 24 meses o dos años sea “contado a partir de la fecha de la presentación de la respectiva solicitud sin perjuicio de la fecha de captura de los imputados”, según el artículo 6 del decreto.
El decreto fue aprobado 10 días antes de que se venza el decreto legislativo 803, sobre “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción”, que permitió que los capturados bajo régimen de detención estuvieran bajo detención dos años a partir del decreto sin ser acusados.
El decreto 803 estableció un plazo de hasta 24 meses o dos años a partir su vigencia, 25 de agosto de 2023, para someter a los imputados a una sola causa por estructura conforme a una solicitud del fiscal, autorizando un “procedimiento transicional” para agrupar a los imputados.
El decreto establece que la Dirección General de Centros Penales deberá eliminar el registro basado en el decreto legislativo 803, según el artículo 6.
Las reformas también permiten audiencias únicas por estructura delictiva que podrán quedar abiertas durante dos años para permitir procesar a más de sus supuestos miembros como parte de dichas estructuras; e Indica que si la Fiscalía no presenta un dictamen de acusación en el plazo, el juez intimará al fiscal y este no contesta dictará sobreseimiento definitivo a favor de los imputados.
No a delitos comunes
El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, negó que estos plazos estén siendo autorizados para las personas detenidas por delitos comunes. “No hay que confundir los delitos comunes”, dijo en el pleno.
“¿Qué pasa si se vence, porque el 25 de agosto se vence, y esta Asamblea no hace las reformas debidas? Bueno, pues tendría la facultad los jueces de poner en libertad a todos los detenidos. ¿Saben la gravedad de lo que se está hablando?”. Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.
«Incapacidad»
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que estas reformas “son un reflejo de la incapacidad de impartir justicia”.
“Han tenido más de dos años para que se pueda tener una investigación seria de todos los casos y poder llevar a juicio a todos los detenidos y, como las instituciones no lo han hecho a tiempo, la Asamblea le tiene que hacer el favor a la Fiscalía y darle más tiempo”. Claudia Ortiz, diputada de Vamos.
Ortiz advirtió que, si una persona ha sido detenida por error, “esas personas van a tener que esperar otros dos años para poder ir a juicio”.
“Dos años más para ir a juicio, cuando el plazo original ha sido seis meses”, dijo. No descartó que el gobierno pida otros dos años más para acusar a estas personas.
“El diputado, además de querer ser mago, también quiere ser juez, porque ha dicho que todos los detenidos son culpables, quiero decirle que ese es el trabajo de jueces y de fiscales, no lo podemos definir con anterioridad. La Asamblea debería exigir que estas instituciones cumplan en el debido tiempo y en plazos razonables, esa gran facultad y esa gran obligación que tienen, que es impartir justicia, dar seguridad jurídica”, indicó la diputada de Vamos.
Antes de la aprobación, el diputado Walter Coto (Nuevas Ideas) aseguró que, si todos los diputados fueran como la diputada “que está en la esquina”, en referencia a Claudia Ortiz, “todos los criminales salen”. Coto criticó que antes había una “puerta giratoria” en la justicia a favor de los pandilleros.
Ortiz le respondió que si todos fueran como ella ya hubieran creado una comisión para investigar quién liberó al Crook, cabecilla de pandilla quien fue localizado en México y capturado en Estados Unidos, luego de que fuera puesto en libertad en El Salvador en donde purgaba una pena de 40 años de prisión. “Tenga valor. Su tan llamada política de seguridad no es sostenible. Prefieren tener al país, cada mes, cada mes, con una solución de corto plazo”, le respondió la diputada.
«Condenan a inocentes»
El diputado Francisco Lira, de Arena, le preguntó al diputado de Nuevas Ideas qué tiene de malo solicitar estudiar los casos de las personas que, pese a tener una carta de libertad, no han sido liberadas y señaló al partido de gobierno de condenar a las personas inocentes capturadas por error durante el régimen de excepción, aclarando que quieren cárcel para los pandilleros y criminales.
“Sí hay personas inocentes, con cartas de libertad y que no tienen un juicio justo. Y los pandilleros, criminales, extorsionistas, que se pudran en la cárcel, que se pudran, pero esas personas inocentes que ustedes las están condenando este día para que pasen en la cárcel sin pruebas, más del 40 % podríamos estar hablando”. Francisco Lira (Arena).
Lira preguntó si, con esta ley, podrán “conocer y verlos en los juzgados a esos funcionarios que están en listas de Estados Unidos, a esos funcionarios que sacaron a los pandilleros de la cárcel”. Anunció que no votará por el decreto “porque están quitando garantías”.
