La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable para incorporar $250 millones de un préstamo del Banco Mundial al presupuesto estatal de 2025 con el fin de usarlos en prioridades, obligaciones estatales o transferencias no detalladas.
“Los recursos del contrato de préstamo podrán ser utilizase igualmente para atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuentes de liquidez y transferencias varias”, leyó esta mañana el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, el dictamen favorable.
El director de inversión y crédito público, Marlon Herrera, llegó a la comisión este mismo lunes a explicarles a los diputados que el préstamo fue autorizado el 13 de agosto, firmado el 19 de agosto y ratificado el 3 de septiembre de 2025.
Agregó que el crédito será “para el mantenimiento de una política macroeconómica adecuada”. “Nada más es el proceso a efecto de garantizar el buen uso de los recursos”, aseveró brevemente.
El funcionario confirmó que los $250 millones serán puestos en la unidad presupuestaria 13 “Obligaciones generales del Estado” del Ministerio de Hacienda.
“En la parte correspondiente al ramo de Hacienda se refuerzan sus asignaciones en las diferentes líneas de trabajo de la unidad 13 Obligaciones generales del Estado con 250 millones de dólares”. Marlon Herrera, ministro de Hacienda.
Herrera dijo que quedaba atento a cualquier pregunta. El diputado Geovanni Zaldaña, de Nuevas Ideas, aseguró que esta es “la tercera etapa” del préstamo y leyó que “busca reforzar las políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador” y preguntó qué medidas se implementan.
“Este préstamo es para el apoyo a las medidas que adopta el gobierno en el marco de la responsabilidad fiscal”. Geovanny Zaldaña (Nuevas Ideas).
Herrera le respondió que estas medidas –financiadas por el préstamo de sostenibilidad fiscal– “pueden ser leyes, acuerdos internos, decretos específicos” como la Ley de sostenibilidad fiscal y el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Agregó que la gestión de desastres ocasionados por impactos naturales “también son reconocidos”, así como la planificación del área metropolitana de San Salvador. “Esas son las acciones que reconocen estos instrumentos financieros”, le contestó, sin desglosar los destinos específicos que tendrán los $250 millones prestados por el Banco Mundial.
La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, dijo que “ahora esta nueva Asamblea” “el presupuesto se aprueba, se discute”. “También el trabajo de la Corte de Cuentas que ahora presenta estos informes”, indicó, sin explicar a qué se refería. La Corte de Cuentas tienen un año de no publicar informes de auditorías en su Portal de Transparencia.
Los diputados no hicieron más consultas e inmediatamente el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, leyó el dictamen favorable para integrar los $250 millones de nueva deuda al presupuesto general del Estado 2025 y lo aprobaron.
El préstamo es financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Los fondos son parte del “Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal» aprobado desde julio por el Banco Mundial que asciende a un total de $350 millones –$100 millones se destinan a emergencias por desastres.
Según el Banco Mundial, uno de los pilares del programa busca promover fortalecer la gestión financiera pública, apoyar medidas para racionalizar la masa salarial pública, modernizar la regulación del servicio civil, aumentar la eficiencia de la inversión pública y atraer fondos privados con reformas a leyes sobre asociaciones público-privadas y de empresas de economía mixta.
Un segundo pilar –de $100 millones– financiará herramientas para gestionar riesgos, normas de construcción más seguras y mejoras en la capacidad de respuesta ante emergencias y planificación metropolitana resiliente en San Salvador, beneficiando «a más de 200,000 personas con espacios verdes que mitigan el calor extremo y las inundaciones» según el Banco Mundial.
Los financiamientos buscan cumplir objetivos de estabilizar las finanzas públicas a las que ha llegado El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se implementaría durante «los próximos tres años».
