El Gobierno creará una Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), que estará adscrita a la Presidencia de la República y coordinará actividades relacionadas a la Inteligencia Artificial (IA) en El Salvador.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, entregó a la Asamblea Legislativa el proyecto de «Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías» el pasado 6 de febrero, a las 2:48 p.m. El proyecto ingresó mediante cambio de agenda en medio de la sesión plenaria.
La ley promete que el Estado asistirá a los desarrolladores para registrar sus innovaciones de IA que sean de su propiedad intelectual.
El proyecto, que será estudiado por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, exige a las entidades o personas que realicen actividades con datos de dominio abierto o de su propiedad, que no tengan fines comerciales o uso público general, se inscriban en el Registro Nacional de Desarrollo, Innovación y Aplicación de IA.
Los sujetos que se encuentren en el Registro deberán cumplir una normativa técnica «según las hubiera» y tendrán ciertos beneficios como ser exentos de «responsabilidad alguna» por «consecuencias no deseadas o errores que deriven de ellas».
Otra salvaguarda para ellos es la exención de responsabilidad a desarrolladores de IA por el uso «indebido» de herramientas, si demuestran «esfuerzos razonables» de garantizar estándares de seguridad y ética.
La normativa también busca que ninguna entidad privada ponga condiciones para mejorar resultados generados por la IA, excepto «la legislación salvadoreña». Sin embargo, toda propiedad intelectual desarrollada de la IA pertenecerá a la entidad o persona desarrolladora.
Si estas actividades de la IA se relacionan con las funciones de instituciones públicas o son supervisadas por alguna autoridad administrativa también deberán cumplir normas de seguridad establecidas por la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE).
Además, la Agencia de Inteligencia Artificial diseñará el marco de «evaluación de riesgos» que deberán aplicar los sistemas con «datos confidenciales, reservados o personales»; tendrá 90 días para hacerlo.
