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A solicitud del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio de Hacienda acordó el 8 de enero pasado que la Policía Nacional Civil (PNC) brinde los servicios de seguridad al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) por un monto de $6.5 millones.

El precio es superior a lo que el ISSS paga actualmente por los servicios de seguridad. El precio del servicio de la PNC ascendería a $6,569,183.06.

Según la orden de compra del 21 de octubre de 2022, para contratar los «Servicios de seguridad física para diferentes dependencias del ISSS a nivel institucional», el servicio por 12 meses de seguridad costó $3,321,309 ($3.3 millones), es decir, $3.2 millones menos.

Esta se encontraba a cargo de la empresa Seguridad de El Salvador y Limpieza (Segusal), S.A. de C.V. El contrato comprendía la seguridad de las zonas central, occidental y oriental.

Un contrato similar adquirido en marzo de 2020 costó $1,618,740 al ISSS. En este caso se adquirió a la empresa SIEDES, S.A. de C.V. el 31 de marzo de 2020 e incluía seguridad a instalaciones de la zona metropolitana y central.

Según el contrato, a los agentes de seguridad se les exigía un curso de capacitación impartido por la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) en asignaturas de procedimientos de agentes privados de seguridad y derechos humanos.

Los fondos serán depositados a la cuenta «Dirección General de Tesorería» del Fondo de Actividades Especiales, subcuenta «Venta de productos y prestación de servicios de la Policía Nacional Civil», a través de una cuenta corriente del Bancoagrícola de la PNC.

Se trató de una reforma al «Fondo de Actividades Especiales para la Venta de Productos y Servicios en la Policía Nacional Civil» creado en marzo de 1999.

Según Hacienda, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública consideró prestar servicios de seguridad especializada en instituciones públicas que lo requieran y destinar «agentes policiales encargados de brindar directamente ese servicio» a cambio de una cantidad.

El cambio se realizó a solicitud del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Es la primera institución, según la reforma al acuerdo, que se incluye como compradora del servicio de seguridad a la PNC.

Actualmente, el acuerdo original tiene precios por los siguientes servicios: reposición de placa personal por $13.56, reposición de carné al personal de la institución por $2.60, emisión y reposición de carné al personal que brinda servicios privados de seguridad, $2.60; emisión de solvencias, $3.50; traslado mediante grúa por kilómetro recorrido, $5; aparcamiento de vehículos decomisados, $1; certificación de documento de inspección de accidentes de tráfico, $1; y experticia de campo, por $5; y experticia formal de restauración de series, por $10.

Este fondo fue aprobado durante la administración del exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, a solicitud de la PNC.

La diputada de oposición Marcela Villatoro aseguró que lamentaba que el tema migratorio no se abordara en la reunión que sostuvieron el secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, con el presidente Nayib Bukele, el pasado 3 de febrero en El Salvador.

“Con la venida de Marco Rubio, tuvo que abordarse el tema de la migración, ese debió ser el tema prioritario. Hay muchos salvadoreños que no tienen en orden sus papeles, este era el momento para luchar por ellos y pedir que se les diera una situación migratoria legal de forma permanente, incluso abogar por los tepesianos salvadoreños y buscar que ya queden de forma permanente… Fue una lástima haber desaprovechado esa oportunidad”, cuestionó la diputada Villatoro.

Sobre el ofrecimiento que hizo Bukele de recibir criminales extranjeros, Villatoro dijo que Estados Unidos debe revisar la legalidad de ello, pero que además consideró que El Salvador “no está en condiciones para ello”.

“No estamos en condiciones, apenas estamos saliendo del problema que hemos tenido con las pandillas, para venir a traer más criminales a nuestro país y reitero, yo hubiera priorizado luchar por los salvadoreños que están en el exterior y buscarles una situación legal permanente”, concluyó.

La reunión entre Rubio y Bukele dejó como fruto un memorando de cooperación nuclear, el ofrecimiento de parte de Bukele a Trump de recibir criminales que le envíe Estados Unidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), a cambio de una “tarifa” no revelada; y la promesa de que “muchas funciones” de USAID se mantendrán siempre y cuando se alineen con los intereses de Estados Unidos.

El presidente salvadoreño acusó en la red social X a «la gran mayoría de los periodistas y medios «independientes» de ser «parte de una operación mundial de lavado de dinero» para «impulsar» una «agenda globalista» con organizaciones no gubernamentales que, dijo, son financiadas bajo el mismo «esquema».

«Ya lo habíamos denunciado antes, pero ahora hay confirmación oficial, con nuevos nombres, cifras y documentos», escribió, junto con una publicación de la cuenta de @wikileaks en X.

Elon Musk, empresario que financió la campaña de Donald Trump y funcionario actual del gobierno estadounidense, retomó el tuit del presidente salvadoreño y escribió: «Verdad».

Según la cuenta @wikileaks, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) recaudó $472.6 millones a través de la agencia Internews Network (IN), trabajó con 4,291 estaciones de radio y televisión y publicaciones impresas, y capacitó a más de 9,000 periodistas cada año, y señala a Jeanne Bourgault de dirigir esta «operación», de quien dice lanzó un fondo de $10 millones de la Clinton Global Initiative (CGI).

En un hilo compartido en X, @wikileaks cita un video con la imagen de Bourgault cuando expuso sobre «Seguir el dinero para combatir la desinformación» en el Foro Económico Mundial. Señaló que Bourgault estaba «llamado a presionar a los anunciantes para presionar a los anunciantes a financiar «buenas noticias e información».

Desde el inicio del gobierno de Trump, Musk, designado para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), calificó la USAID de organización criminal y exhortó a eliminarla. La sede de USAID en Washington fue cerrada. Trump les llamó «lunáticos de izquierda radical». Sin embargo, un juez de distrito ordenó congelar la suspensión de los empleados de la USAID.

Trump ordenó una suspensión de 90 días a la ayuda canalizada a través de la USAID mientras realiza una revisión de los programas; Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que él es el director interino de la USAID y que esta agencia mantendrá «muchas funciones» entre estas la ayuda a la seguridad.

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, se reunió con el vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Gilles Carbonnier, para «reafirmar el compromiso» del gobierno salvadoreño con la protección de los derechos humanos.

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En el encuentro, el vicepresidente no solo se comprometió con los derechos humanos sino con «la asistencia humanitaria» para fortalecer la cooperación. La reunión tuvo lugar en Ginebra, Suiza y también asistió el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán.

«El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo una reunión de alto nivel con el vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Ginebra, Suiza, para reafirmar el compromiso del país con la protección de los derechos humanos».
Vicepresidencia de la República.

Los dos funcionarios de gobierno pidieron a la Cruz Roja que apoye «la asistencia en comunidades vulnerables» y habrían hablado con el CICR de la «importancia del derecho internacional humanitario» en las «transformaciones sociales».

En sentido, Ulloa reconoció el trabajo de Cruz Roja en el país y mostró su «disposición» a seguir trabajando por los derechos humanos y la asistencia «a quienes más lo necesitan».

El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo @fulloa51 sostuvo una reunión de alto nivel con el Vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Ginebra, Suiza, para reafirmar el compromiso del país con la protección de los derechos humanos y la… pic.twitter.com/fGFfrBjHuR

— Vicepresidencia ESA (@VCpresidenciaSV) February 8, 2025

La Vicepresidencia aseguró que el gobierno «continuará consolidando su estrategia de seguridad» con «el apoyo de organizaciones humanitarias». El Socorro Jurídico reporta más de 360 fallecidas en centros penales salvadoreños.

En el marco de la oferta del presidente Nayib Bukele para que Estados Unidos envíe a sus criminales convictos hacia El Salvador para guardar prisión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el Socorro Jurídico pidió el viernes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que se reúna con organizaciones de sociedad civil para escuchar sus denuncias.

La directora del Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, pidió al secretario de Estado, Marco Rubio, que «por favor, también escuche» a la sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos sobre sus denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos al interior de los centros penitenciarios salvadoreños.

Escobar aseguró que han documentado testimonios de reclusos liberados del centro penal de Izalco, en Sonsonate, que han relatado que «hay cadáveres enterrados en fosas clandestinas». «La gente muere todos los días» en las cárceles salvadoreñas afirmó Escobar durante una entrevista en Red Informativa Arpas.

«Yo le hago un llamado en este caso al jefe del Departamento de Estados Unidos, que por favor, también escuche a otros sectores de la sociedad comenzando por sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos humanos, que nosotros hemos documentado la grave crisis humanitaria en estos otros centros penales de los que nadie habla».

Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico.

El Socorro Jurídico asegura que contabiliza al menos 366 reos muertos en los penales salvadoreños, de ellos, el 40 % pereció en la cárcel de Izalco.

«Ahí se han escrito las peores historias de horror y de terror», agregó Escobar, quien cree que «hay una fuerte» denuncia de que se pretendería «quemar centros penales (en El Salvador) para ocultar la prueba y la evidencia de estos tratos crueles».

Actualmente, Estados Unidos analiza si la oferta de Bukele para recluir a convictos de Estados Unidos en el CECOT es viable. De aceptar la propuesta del mandatario salvadoreño, el país norteamericano tendría que pagar una tarifa el gobierno.

Tienen reportes de posibles deportados

Ingrid Escobar también se refirió a las posibles deportaciones de salvadoreños bajo la nueva administración de Donald Trump en Estados Unidos, aunque la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, ha dicho que están recibiendo solo las deportaciones habituales y no masivas bajo el modelo Trump.

Escobar indicó durante la entrevista que tienen reportes de familiares de salvadoreños «que ya están capturados por Migración» para ser deportados hacia El Salvador. «Su único delito es no estar en sus documentos en regla», dijo. Además, criticó que faltó una negociación de Bukele con Rubio para brindar seguridad a los connacionales amparados al Estatus de Protección Temporal.

Esta semana, la vicecanciller, Adriana Mira, aseguró que han recibido solo los vuelos «ordinarios» o habituales con salvadoreños deportados, pero «no en esa deportación masiva anunciada en otros países».

Según los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante 2024 se deportaron a 15,284 salvadoreños. El tercer año con más deportaciones desde 2018.

Diputados de Nuevas Ideas presentaron el viernes por la noche ante el pleno de la Asamblea Legislativa la primera reforma a la Constitución de la República que aprobarían bajo el mecanismo rápido aprobado el 29 de abril de 2024 y ratificado el pasado 29 de enero de 2025.

«Derógase el Art. 210 de la Constitución», reza la reforma propuesta, en referencia al artículo que establece «la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia».

En su petición, los diputados calificaron de «contradictorio» que el Estado «deba reconocer o retribuirle al partido político o coalición la cuantía por votos obtenidos en determinado evento electoral», ya que «podría interpretarse que al final lo que busca el funcionario es obtener un beneficio económico de parte del Estado».

Esa primera solicitud de reforma constitucional pasó a estudio de la Comisión Política, que se reunirá el martes 11 de febrero.

El Estado programó $38 millones de financiamiento público para el financiamiento a los partidos políticos durante el año 2024; según los cálculos de la organización Acción Ciudadana, $27 millones serían para Nuevas Ideas, $2.7 millones para Arena, $2.5 millones para el FMLN, $1.2 millones para Gana.

De enero a junio de 2019, para las elecciones presidenciales, Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) recibió un total de $7,167,994, Vamos recibió $109,005.75; el Partido Demócrata Cristiano (PDC), 43,149.75; y el Partido Social Demócrata recibió $71,328.69, según datos del Ministerio de Hacienda.

Reforma constitucional en una votación

Hasta enero pasado, una reforma constitucional en El Salvador exigía la votación de dos legislaturas diferentes, proceso que requería la intervención de dos conformaciones legislativas.

La sentencia de la Sala de lo Constitucional 33-2015 exigía que en todo proceso de reforma constitucional era necesario un «intervalo de tiempo adecuado para que la ciudadanía se informe de las alternativas en juego y de la exacta dimensión de la reforma constitucional sometida a su consideración», es decir, consideraba que la ciudadanía debía conocer la posición de los partidos políticos sobre las reformas constitucionales antes de la elección legislativa y no hasta después.

Sin embargo, el pasado 29 de enero, la Asamblea ratificó la primera votación de la reforma al artículo 248 de la Constitución que permitía, también, aprobar una reforma constitucional en una sola votación.

La oposición ha argumentado que la anulación de la deuda política es un pretexto para «trastocar la Constitución» de El Salvador.

Con 59 votos, la Asamblea Legislativa abrió el proceso de elección del procurador general de la República para el periodo que inicia el 2 de mayo de 2025 y finaliza el 1 de mayo de 2028.

Los candidatos pueden enviar sus hojas de vida y atestados desde ya en un horario de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. El último día para recibir currículums y los documentos requisitos es el viernes 28 de febrero de 2025.

El cargo lo ocupa actualmente el abogado René Gustavo Escobar Álvarez, quien acompau00f1ó recientemente al comisionado presidencial de derechos humanos, Andrés Guzmu00e1n, durante el Examen Periódico Universal de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a El Salvador. Escobar afirmó que durante el régimen de excepción «la defensa técnica se le ha brindado de manera oportuna a todas las personas procesadas», aunque organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que no se cumple el derecho de defensa.

Escobar Álvarez finaliza su periodo el 1 de mayo de 2025.

Los aspirantes deberán adjuntar constancias de Probidad, Investigación Judicial, Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Corte de Cuentas de la República.

También, deberán presentar constancia del Tribunal Supremo Electoral en la que conste no tiene afiliación partidaria, del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), la constancia de antecedentes penales y policiales, y solvencia del Ministerio de Hacienda en la que demuestre se encuentra solvente.

A ello deberán sumar el respectivo acuerdo de autorización de abogado, la certificación de la partida de nacimiento y una copia certificada de Documento Único de Identidad (DUI).

Tal como estaba previsto, la Asamblea Legislativa probó este viernes la Ley Anticorrupción, que contó con 59 votos, incluidos los del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Vamos es abstuvo.

Sin embargo, momentos antes de la aprobación, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, había pedido coherencia del gobierno con la ley, iniciativa del Ejecutivo.

Aprobar esta ley “es un paso que hay que apoyar pero que no va a ser suficiente, sino se toman medidas en coherencia con eso. La transparencia es un gran déficit de esta administración. Esta Asamblea Legislativa tampoco ha aprobado propuestas que hemos hecho para que los acuerdos de Junta Directiva sean públicos”, señaló Ortiz.

La diputada de Vamos reiteró que, en aras de la transparencia y en consonancia con esta ley, se deben quitar las reservas de información.

“Todos los esfuerzos de lucha contra la corrupción son importantes, son necesarios. Se va a aprobar esa ley, de acuerdo, pero también levantemos la reserva de información, que la reserva de información no dure siete años, sino que dure tres años, como hemos propuesto”, exhortó.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, también señaló que ya que se creó y aprobó esta ley “ya es momento” que se investiguen los casos que la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) dio aviso de posible corrupción.

“Todos los salvadoreños queremos que se combata la corrupción, pero también hay varios casos que se dieron durante la pandemia, que ya es momento que se empiecen a investigar qué fue lo que pasó, y lo que hicieron fue eliminar la CICIES, pues ahora con esto ya tienen una forma más para proceder e investigar a cualquier funcionario”, señaló Villatoro.

La diputada de Arena reiteró que es importante que, con esta ley, “el fiscal general de la República podrá proceder de forma oficiosa cuando vea que hay algún tipo de enriquecimiento ilícito y cualquier ciudadano puede poner algún tipo de denuncia cuando vea que algún funcionario está actuando de forma ilegal”.

El diputado Francisco Lira, de Arena, también criticó la reserva de información pública. “Para que se les crea al gobierno de Nuevas Ideas, que quiere combatir la corrupción, los invito, levanten la restricción del acceso a la información pública que tienen por 12 años, desentierren los 12 casos de la CICIES que ustedes mismos cerraron”, dijo, en un video de TikTok.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, exhortó a apoyar a los salvadoreños que viven en los Estados Unidos, así como a los retornados en torno a la reciente visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a El Salvador.

La diputada aseguró que hay «mucha inquietud» en los salvadoreños en Estados Unidos pero que hay «muchas cosas que se pueden hacer desde el gobierno salvadoreño» para apoyarlos.

“Ya la Asamblea Legislativa les dio el derecho al voto, ahora háganse cargo también de apoyar a los hermanos en el exterior con programas que les apoyen allá, porque quienes no tienen ciudadanía, ni residencia, están totalmente desprotegidos. No tiene acceso a atención médica, una situación laboral más complicada, es ahí donde los servicios consulares deben reforzarse y acá deben reforzar los servicios de apoyo a personas retornadas, para que la gente pueda tener opción de reconstruir su vida y también que existan condiciones para que la gente no se vaya”, recalcó.

Desde el primer día de su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó múltiples decretos para declarar la emergencia nacional en la frontera con México, bloquear la entrada de migrantes y deportar a «millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron». Esto ha generado mucha incertidumbre en los latinos con estatus irregular en Estados Unidos y entre ellos la comunidad salvadoreña.

Sobre los salvadoreños beneficiarios del TPS eran cerca de 234,000; según una presentación de Diálogo Interamericano son 180,375.

El Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano prevé al menos 14,000 salvadoreños deportados anualmente durante el gobierno de Trump.