Categoría: Politica

La Asamblea Legislativa aprobó, con 59 votos a favor, la noche de este viernes un pliego de reformas al Código Penal con las que aumentan penas a delitos de corrupción y crean nuevos delitos.

En la discusión del proyecto de decreto, el diputado Caleb Navarro, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, expuso todos los delitos que tiene que ver con la corrupción de los funcionarios «se están aumentando los años de prisión, todos».

«A los actos arbitrarios que tiene el artículo 320 del Código Penal, estaba de 2 a 4 y pasa de 3 a 6 años de prisión… en el artículo 334-F le protege ciudadanía cuando usted tenga pruebas en sus manos para que vaya a denunciar actos de corrupción… También, hay un nuevo delito en el artículo 336-A el testaferrato o consentimiento de uso de nombre: el que presta su nombre para adquirir bienes con dineros que provengan de delitos de corrupción será sancionado con prisión de tres a seis años», detalló Navarro.

También, solicitó una modificación a la iniciativa, ya que en el artículo 39 en el concepto de «agentes de autoridad», que establece que son los agentes de la Policía Nacional Civil, agregaban a los militares cuando acompañen o realicen funciones de seguridad pública.

Navarro pidió modificación de la propuesta, que ya contaba con dictamen aprobado, para que siempre y únicamente quede como «agentes de autoridad» a los agentes de la Policía Nacional Civil.

¿Cómo quedaron las penas en la reforma al Código Penal a delitos de corrupción?

Actos arbitrarios: De 3 a 6 años.

Desobediencia: De 3 a 6 años

Denegación de auxilio: De 3 a 6 años

Revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial: De 6 a 9 años

De los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, empleados públicos, servidor público, agente de autoridad y autoridad pública:

Peculado: de 6 a 9 años, de 9 a 12 y de 12 a 15 años.

Peculado por culpa: De 3 a 6 años. De 3 a 5 años. De 6 a 9 años.Concusión: De 6 a 9 años.

Negociaciones ilícitas: De 12 a 15 años

Cohecho propio: De 6 a 9 años

Cohecho impropio: De 3 a 6 años

Malversación: Multa de hasta 100 días – Hasta 9 años

Enriquecimiento ilícito: De 5 a 15 años

Infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos: De 9 a 12 años.

Los nuevos delitos de corrupción en el Código Penal

Artículo 334-A. Ocultamiento o alzamiento de bienes producto de la corrupción.
Será sancionado con prisión de tres a seis años.

Artículo 334-B. Actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas.
La sanción será por la pena que esté prevista por el delito por el que estaban preparando, proponiendo, conspirando o concertando.

Artículo 334-C. Encubrimiento real.
Será sancionado con prisión de tres a seis años.

Artículo 334-D. Encubrimiento personal.
Sanción de tres a seis años de prisión.

Artículo 334-E. Omisión de denuncia o aviso. Para funcionarios públicos, civiles o militares.
Sanción de tres a seis años de prisión.

Artículo 334.F. Represalias por denuncia o aviso de corrupción.
Sanción de dos a cuatro años de prisión a inhabilitado para desempeño del cargo.

Además se crean y se intercalan entre los artículos 336 y 337:

Artículo 336.A. Testaferrato o consentimiento de uso de nombre.
Sanción de tres a seis años de prisión.

Artículo 336.B. Agravantes especiales:
a) Que el autor sea encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en esta ley.
b) Que el hecho delictivo haya sido cometido por un grupo delictivo.
c) Que el hecho haya sido cometido utilizando violencia en cualquiera de sus expresiones.
d) Que el hecho haya sido declarado culpable, en un delito análogo, por un tribunal nacional.
e) Cuando se utilice a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad para ocultar o alzarse de los bienes producto de las acciones u omisiones de los hechos delictivos contenidos en esta ley y esté comprobado que estos no tenían conocimiento de la responsabilidad del imputado en los mismos.
En los casos anteriores, la pena podrá aumentarse hasta en una tercera parte del máximo de la pena señalada al delito cometido.

Artículo 336.C. Atenuantes especiales:
Podrá rebajarse la pena hasta la mitad del mínimo en este Código para los delitos de corrupción si:
a) Revela cómplices.
b) Si da información que haga posible la incautación o decomiso de los bienes.

Luego de poco más de cuatro meses que la Corte de Cuentas de la República quedara acéfala, la Asamblea Legislativa decidió nombrar a Walter Salvador Sosa Funes como el nuevo titular del ente fiscalizador hasta el 27 de agosto de 2026.

La propuesta de Nuevas Ideas coincidió con la propuesta que hicieron también los partidos PCN y PDC.

El nombre de Walter Salvador Sosa Funes fue propuesto en el pleno por el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas. Inmediatamente, el diputado Reinaldo Carballo, del PDC, coincidió con el nombre de Walter Salvador Sosa Funes. De manera inmediata, Rebeca Rodríguez, del PCN, dijo que el perfil idóneo lo cumple el mismo candidato.

La elección del nuevo funcionario contó con 57 votos a favor de Nuevas Ideas y sus aliados, Arena votó en abstención y Vamos en contra.

“Habiéndose realizado la votación nominal y pública, el resultado es el siguiente: dos abstenciones, un voto en contra y 57 votos a favor. Por lo tanto, con 57 votos a favor, queda electo como presidente de la Corte de Cuentas de la República el licenciado Walter Salvador Sosa Funes, para el período que concluirá el 27 de agosto del año 2026”, afirmó el presidente del Legislativo, Ernesto Castro.

Inmediatamente, Sosa Funes fue llamado y juramentado.

Walter Salvador Sosa Funes fue uno de los once candidatos que fueron entrevistados para el cargo, luego de que Roxana Soriano de Viaud, quien era la titular de la CCR fuera nombrada como presiente del Tribunal Supremo Electoral.

Walter Salvador Sosa Funes, ha ejercido como juez de paz en Dulce Nombre de María (Chalatenango), jefe ad honorem de Oficina Regional Paracentral del Ministerio de Trabajo, fue técnico II en el Conna, receptor de denuncias de la Junta del Departamento de La Paz y colaborador jurídico de la oficina jurídica de José Virgilio Cornejo según el currículo público en el portal de transparencia de Trabajo.

En la entrevista ante los diputados de la Comisión Política, en noviembre, prometió «cumplir la Constitución».

Sus propuestas:

• Seguir apostándole a los cambios impulsados por Roxana Soriano.

• Digitalización de la Corte de Cuentas.

• Dotar con un capital humano para que puedan realizar su trabajo.

• Posicionar a la Corte de Cuentas y no volver a la institución «un circo», ejemplificó cuando llegó la entonces vicepresidenta Ana Vilma de Escobar al entonces presidente de la CCR, Rosalío Tóchez.

• Lo más importante, dijo, es «cumplir la Constitución» para fiscalizar «todas aquellas instituciones, aquellos municipios» y «seguir todos los planes y todas las metas».

Luego de que los diputados de Nuevas Ideas y aliados autorizaron al gobierno a que suscriba un contrato de préstamo por $60 millones para infraestructura de datos, la diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), dijo: “No cumplen su palabra, dicen una cosa y hacen otra”.

“El presidente (Nayib Bukele) había dicho que ya no iban a haber este tipo de endeudamiento y los diputados rompieron con su palabra, porque fueron los primeros que empezaron a poner en redes sociales y andaban con la algarabía que esta Asamblea ya no se iba a endeudar más y es lo primero que hacen en las primeras sesiones plenarias de este año. Pero como todos conocemos, ellos no cumplen su palabra, dicen una cosa y hacen otra”, cuestionó la diputada Villatoro.

El préstamo por $60 millones será destinado al «Programa para el desarrollo de la infraestructura de datos de El Salvador» financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según el proyecto aprobado, “con dicho financiamiento se busca avanzar con la mejora de la prestación de los servicios digitales del Estado, mediante la realización de diferentes intervenciones para ampliar la infraestructura digital del país y a la vez permita aumentar las habilidades para el uso de dicha infraestructura y prestación de servicios.

La legisladora lamentó que seguir endeudando al país solo hará más pesada la carga financiera del país y que serán las nuevas generaciones que tendrán que irla pagando.

“Es una lástima para los salvadoreños, porque al final de cuentas es dinero que le va a tocar ir pagando a generación, tras generación y no tenemos responsabilidad fiscal como país, sino al contrario, terminamos endeudándonos en cosas que no son tan importantes como lo que sí necesita el país, por ejemplo: mejorar la infraestructura escolar o mejorar los hospitales entre otras cosas que no se están haciendo”, señaló la legisladora del partido opositor.

La autorización para el contrato de préstamo contó con 57 votos a favor.

La Asamblea Legislativa reformó este viernes el artículo 8 del Código Procesal Penal para ampliar el límite máximo de la detención provisional de un imputado en cualquier proceso judicial hasta la media pena del delito por el cual es acusado.

El máximo podrá extenderse hasta la media pena para el delito imputado o del delito más grave imputado si son varios delitos.

La reforma fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados.

Esta extensión de la privación de libertad podrá aplicarse “a todos los procesos penales que no cuenten con una resolución firme”.

“La privación de libertad también podrá extenderse mediante resolución fundada por el equivalente de la media pena dispuesta para el delito imputado y en el caso que se imputen varios delitos por la mitad de la pena señalada en el delito más graves durante o como efecto del trámite de los recursos de la sentencia condenatoria”, indica la reforma.

Actualmente, la detención provisional de un imputado de delito “menos grave” no puede exceder un año y la detención de un imputado por delito grave puede extenderse hasta dos años e incluso ampliarse un año más por el trámite de recursos. Con la reforma, este límite podrá extenderse.

También, la reforma permite no aplicar el plazo máximo de detención provisional en casos de:
1. Pericias complejas.
2. Conflictos de competencia.
3. Asistencia legal mutua activa en materia penal.
4. Mientras dure la extradición activa o pasiva.
5. De oficio o a petición de parte debe descontar prácticas dilatorias o litigación temeraria, incidentes procesales infundados u otras infracciones similares.

Según el gobierno, “al agotarse los plazos los acusados por delitos graves” son “puestos en libertad”. “La puesta en libertad anticipada de los imputados por el agotamiento de dicho plazo permite que estos puedan evadir la acción de la justicia, entorpecer la investigación o, en el peor de los casos, intimidar a los ciudadanos que han sido víctimas del delito o que intervienen como testigos o jurados”, dijo.

Hay muchos abogados que dilatan adrede los procesos, esto para que sus clientes puedan salir libres y en algunos casos hasta puedan huir del país, esto también le servía a muchos delincuentes para que al salir podían intimidar a los testigos, las víctimas y el jurado. Francisco Villatoro (Nuevas Ideas).

La Asamblea Legislativa aumentó este viernes las penas de prisión para una veintena de delitos en El Salvador, estableciendo hasta 35 años de prisión por el delito de homicidio simple, hasta 60 años por homicidio agravado, hasta 20 años por robo y hasta 30 años de prisión por el delito de robo agravado.

La reforma al Código Penal fue aprobado con 56 votos.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, pidió aumentar más las penas para los delitos de homicidio simple y homicidio agravado, para mantener la «simetría» en los delitos cometidos contra la vida respecto a las nuevas penas para los delitos como hurto y robo. La modificación fue aprobada con 56 votos.

En la reforma, se incluye el nuevo delito de «dilaciones procesales» que tendrá penas entre cuatro y ocho años de prisión, y que será aplicado tanto a la autoridad pública que retarde o permita el retraso de un proceso judicial indebidamente, así como para quienes en cualquier calidad dentro de un proceso judicial «paralicen el curso ordinario del proceso» con conductas negligentes o litigaciones temerarias que suspendan audiencias o interpongan recursos reiterativos, entre otros.

Además, se permite la «excusa absolutoria», es decir, se eximiría la pena, una sola vez para una persona, a quien repare integralmente el daño en el delito de hurto.

Las nuevas penas aprobadas en la reforma al Código Penal

Homicidio simple: 25 a 35 años de prisión. Pena actual: de 10 a 20 años.

Homicidio agravado: de 55 a 60 años de prisión cuando es ejecutado por funcionario público, autoridad pública, agente de autoridad o miembros de personal penitenciario, sea que se encuentren o no en el ejercicio de sus funciones. Para agravantes como alevosía, premeditación, veneno y motivos fútiles, se establecen las penas entre 35 a 40 años de prisión, y por agravantes como si la víctima es familiar, si el homicidio ocurriere para ocultar delitos de por ensañamiento, por precio, precedido de desaparición, las penas serán entre 45 y 50 años de prisión. Pena actual: de 30 a 50 años de prisión.

Privación de libertad: 3 a 8 años de prisión. Actual: 3 a 6 años.

Violación: 10 a 16 años de prisión. Actual: 6 a 10 años.

Violación en menor o incapaz: 18 a 26 años. Actual: 14 a 20 años.

Agresión sexual en menor o incapaz: 10 a 15 años de prisión. Actual: 8 a 12 años.

Estupro: 5 a 13 años de prisión. Actual: de 4 a 10 años.

Estupro por prevalecimiento: 8 a 17 años de prisión. Actual: 6 a 12 años.

Hurto: 6 a 8 años si el valor es mayor a 200 colones. Actual: 2 a 5 años.

Hurto agravado: 10 a 15 años de prisión por las agravantes, en las cuales se agregan: sobre objetos de infraestructura de servicio público o valor histórico, en estaciones de abordaje o servicio de transporte de pasajeros, de un vehículo automotor, de cinco o más cabezas de ganado, de uniformes de autoridad pública, entre otros. Actual: 5 a 8 años.

Robo: 10 a 20 años de prisión. Actual: 6 a 10 años.

Robo agravado: 20 a 30 años si en el hecho interviene un funcionario, empleado público o municipal, agente de autoridad, autoridad pública o servidor público. Actual: 8 a 12 años.

Receptación: 6 a 10 años de prisión. Actual: 6 meses a 2 años.

Conducción de mercaderías de dudosa procedencia: 6 a 10 años de prisión. Actual: 2 a 4 años.

Proposición y conspiración (de robo, receptación, extorsión): Mitad del mínimo y el mínimo de la pena. Actual: igual pena que los delitos.

Uso ilícito de vehículo automotor: 2 a 5 años de prisión. De 5 a 8 años por el uso de vehículo hurtado o robado en la ejecución de un delito.

Estafa: 5 a 8 años si la defraudación es mayor a 200 colones. También, cometen este delito quienes usen tarjetas de crédito o débito en perjuicio de su titular o un tercero, sustraer producto financiero o instrumento distinto del efectivo para facilitar un delito. Actual: 2 a 5 años.

Estafa agravada: de 8 a 15 años de cárcel. Si el valor supera los 87,500 colones o afecte a 10 personas o más, si es cometida en distrito distinto al domicilio del autor o intervengan una o más personas de organizaciones terroristas. Actual: 5 a 8 años.

Daños: de 2 a 5 años de prisión. Actual: 6 meses a 2 años.

Daños agravados: de 5 a 10 años de prisión. Actual: 2 a 4 años.

Dilataciones procesales: 4 a 8 años de prisión. Se impondrá a la autoridad pública y también se considerará autores de este delito y se les impondrá la misma pena quienes actuando en cualquier calidad paralicen el curso ordinario del proceso o procedimiento, a través de actuaciones de mala fe o procesal, litigación temeraria, interposición de recursos reiterativos, entorpecimiento u obstrucción de la realización de un acto procesal.

Con 59 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este viernes una Ley Anticorrupción que crea un sistema y un centro anticorrupción que sería dirigido por la Fiscalía General de la República (FGR) y le da acceso directo en tiempo real a información de todas las instituciones parte del sistema.

 

A favor de la normativa votaron los diputados de Nuevas Ideas, PCN, PDC y Arena. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se abstuvo.

La ley obligará a los funcionarios y empleados públicos a declarar sus activos o bienes que posean, además de sus pasivos, todas sus deudas, al Ministerio de Hacienda. Estos «informes de activos y pasivos» serán declarados cada año a partir de 2025 y serán publicados por Hacienda, luego de 15 días de ser presentados.

La nueva obligación no suprime la obligación ya existente de los funcionarios y empleados públicos de declarar patrimonio ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, establecida en la «Ley sobre el enriquecimiento ilícito», que está vigente desde el año 1959 en que se aprobó.

Un fuerte saludo a todos aquellos que andan por Guatemala, que se fueron a México, Nicaragua, que están en Italia o Alemania porque jamás van a prescribir sus delitos y hasta allá va a llegar el brazo de la ley.
Christian Guevara (Nuevas Ideas).

 

Actualmente, las declaraciones patrimoniales de Probidad no son públicas y en 2021 en Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) cerró acceso a las adendas patrimoniales de los funcionarios.

Con la Ley Anticorrupción, la Corte de Cuentas de la República remitirá todos «los informes de auditorías con hallazgos y observaciones» a la Fiscalía General de la República, así como toda la información que le requiera la Fiscalía.

También establece la «obligación» de toda persona de denunciar contra empleados y funcionarios «contra quien tenga pruebas» de delitos de corrupción.

La ley anticorrupción no solamente se enfoca a quienes incurran en prácticas corruptas sino que también en prevenir, que es lo más importante. Esta ley le da a la población salvadoreña una llave que antes no tenía.
Raúl Chamagua (Nuevas Ideas).

 

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, exhortó al gobierno a quitar la reserva de información pública relacionadas a denuncias de corrupción en el actual gobierno y recriminó la eliminación de la Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador (Cicies) en junio de 2021, así como la mención de funcionarios en la Lista Engel.

«Ustedes mismos, colegas diputados, han aprobado leyes que prácticamente permiten grandes espacios para la corrupción, por ejemplo, reformar leyes de compras públicas para que los mismos funcionarios públicos puedan vendarle al Estado».
Claudia Ortiz (Vamos).

 

La legisladora reclamó también la creación de esquemas de contrataciones públicas para que las sociedades anónimas puedan ser contratistas del Estado sin que sus integrantes sean conocidos públicamente, ejemplificó la Constructora El Salvador, S.A. de C.V., cuyos «accionistas son un secreto».

Los tres órganos que componen el Estado salvadoreño, desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, aquí no se hace excepción de nadie, las 44 alcaldías, las 87 autónomas, los 17 ministerios, todos, deberán presentar la información que requiere esta ley para determinar si cumplen o no con lo establecido. Y el que no cumpla simple y sencillamente deberá responder ante la justicia.
William Soriano (Nuevas Ideas).

 

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que en los anteriores gobiernos nunca hubieran aprobado una ley similar.

«La guerra contra la corrupción ha dado un paso fuerte, un paso bastante grande, eso es lo que le vamos a heredar a las nuevas generaciones, ese es mi compromiso», dijo el diputado cian.

El legislador opositor, Francisco Lira, también pidió levantar la restricción en el acceso a la información pública que tienen todas las instituciones del Estado y opinó que el problema no es de falta de leyes.

El Centro Nacional Anticorrupción va a perseguir los casos de esos funcionarios que han llegado a enriquecerse antes, durante y después de su gestión pública. Esperaría que se pudiera desempolvar todos esos casos de la extinta Cicies, será importante conocer el caso Catedral. Francisco Lira, diputado de Arena.

 

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, recordó que la aprobación de la ley obedece al acuerdo entre el gobierno para un financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de $1,000 millones, así como se desactivó «prácticamente» la Ley Bitcoin.

Villatoro celebró que se investigue el delito de «tráfico de influencias», incluido en la reforma al Código Penal, ya que «durante la pandemia, se dieron casos de personas, miembros del gobierno, que obtuvieron contratos para beneficio propio. Estas personas deberían comenzar a ser procesadas».

Añadió que nueva Ley Anticorrupción también habla del «nepotismo». «Eso quiere decir que las personas que se pongan a contratar a sus amigos, maquillistas, amigos que no tienen años en la cosa pública, modelos, cantantes, no podrían ser contratados en las instituciones de Gobierno, por lo tanto, también deberían seguir el proceso que dice esta Ley Anticorrupción», añadió.

La legisladora aseguró que un funcionario del actual gobierno «no tenía ni para hacerle aceite al carro» y «de repente dueños de talleres en Santa Elena y hoy desaparecido». Pidió que, en el futuro, no se hagan excepciones en la publicación de los informes de activos y pasivos que deberán presentar los funcionarios.

Qué bueno que se va a combatir la corrupción. Últimamente hemos conocido casos de personas que han tenido contratos de más de 25 años y que son de más de medio millón de dólares y que después de 11 meses ya los pagaron, entre otras cosas como ocupar la banca estatal para obtener préstamos para mí, mis familiares, ¿por qué?, porque para eso está la banca privada.
Marcela Villatoro (Arena).

 

Posteriormente, el diputado Caleb Navarro, sujeto de fracción de Nuevas Ideas, aseguró que no están discutiendo la reforma al Código Penal.

La Asamblea Legislativa aprobó este viernes la autorización para que el Ministerio de Hacienda firme un contrato de préstamo por $60 millones destinado al «Programa para el desarrollo de la infraestructura de datos de El Salvador» financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los fondos serán destinados a la adecuación y equipamiento del edificio para el Centro de Datos del Estado y la capacitación de especialistas en infraestructura digital, con «un enfoque especial en mujeres, niñas y personas con discapacidad».

Según el BID, con el proyecto se beneficiaría a 57 instituciones públicas, 1,140 trabajadores de tecnologías de información y 10,000 funcionarios públicos, y permitiría que todas las instituciones del Estado accedan a la «nube del Estado», aumentando la disponibilidad de servicios en línea y mejorando la gobernanza.

Los legisladores también aprobaron cuatro garantías soberanas del Estado de préstamos de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) ya adquiridos de 2008 a 2022, por $57.5 millones, $100 millones, $301 millones y $163 millones.

Estos préstamos fueron otorgados por el BCIE y no tenían garantía soberana del Estado, y sus fondos fueron destinados a proyectos como la expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre, «capital de trabajo», a Inversiones Energéticas (INE), LaGeo, Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal) y Compañía Eléctrica Cucumacayán (CEC); y a la central hidroeléctrica en el río Torola, San Miguel.

El partido político Vamos anunció este viernes que renuncia a solicitar ante el Ministerio de Hacienda la deuda política política, es decir, el financiamiento público por los votos obtenidos en las elecciones de 2024.

La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, aseguró que han renunciado a este derecho aún reconocido por la Constitución de la República y la Ley de Partidos Políticos para solicitar que los fondos sean reorientados a la reconstrucción de escuelas en San Salvador y La Libertad.

Rivas aseveró que «no existe registro alguno en el Ministerio de Hacienda, donde alguien pueda decir «Vamos ya solicitó la deuda política de las elecciones 2024″, no lo hemos hecho y no lo hicimos antes porque no hubo documentación alguna entregada» por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

«Para que la ciudadanía sepa: como Vamos renunciamos a pedir la deuda política, a solicitarla ante el Ministerio de Hacienda, menos a cobrarla».

**Cesia Rivas, secretaria general de Vamos.**

Advirtió que, si el Tribunal Supremo Electoral pensaba que, con no entregarles documentos, retrasarían la entrega de la deuda política, les anunciaba que renuncian a dicho financiamiento público. «Les queremos decir como Vamos renunciamos a la deuda política», fueron sus palabras.

Por su parte, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, aseguró que está medida responde a sus principios del gasto «racional» de los fondos públicos, por ello, pide que los fondos de la deuda política se mantenga en el fondo general y se usen para realizar reparaciones en siete escuelas públicas de San Salvador y de La Libertad, departamentos donde obtuvo más votos el partido.

«Esa decisión que hemos tomado como partido está basada en nuestro compromiso con la transparencia y con el uso racional de los fondos públicos».

**Claudia Ortiz, diputada de Vamos.**

La diputada Ortiz aseguró que cree en un futuro en el que los partidos «no necesiten millones para representar a la gente» y en una política «integra y austera». «Esta es la primera vez en la historia de El Salvador, que un partido político renuncia a cobrar la deuda», afirmó.

Ortiz pidió que los $322,000 que le corresponden a Vamos en concepto de deuda política sean reorientados para reparar las siguientes escuelas:

Centro Escolar «Juana López» en San Salvador.
Centro Escolar «Concha Viuda de Escalón» en San Salvador.
Centro Escolar «Benjamín Sol Millet» en San Salvador.
Complejo Educativo «Juan Ramón Jiménez» de San Salvador.
Complejo Educativo «República de Perú» en San Salvador.
Centro Escolar «Marcelino García Flamenco» de Santa Tecla, La Libertad.
Centro Escolar «Arturo Ambrogi» en Lourdes Colón, La Libertad.

El presidente de la República, Nayib Bukele, solicitó a través de redes sociales que los diputados de la Asamblea Legislativa reformen la Constitución de la República para eliminar la deuda política.

La Asamblea Legislativa aprobó el 29 de enero una reforma que permitirá realizar reformas exprés a la Constitución de la República, un proceso que exige actualmente la votación de dos legislaturas distintas.

Los diputados oficialistas han augurado que reformaron este artículo constitucional con el objetivo de eliminar la deuda política pero organizaciones proyectan que el objetivo del gobierno es «trastocar» la Constitución en cualquiera de sus artículos, que mantienen aún sus disposiciones que exigen alternabilidad en el ejercicio del poder presidencial.

De los $38 millones de deuda por las elecciones de 2024, al menos $27 millones le corresponderían a Nuevas Ideas. Hacienda no ha informado si ya los desembolsó.

La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, anunció este viernes que el partido renuncia a cobrar la deuda política de las elecciones de 2024. En su lugar, piden reorientar fondos para reparar escuelas.

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February 7, 2025

Ministros de seguridad y altas autoridades de seis países de Centroamérica y República Dominicana firmarán la próxima semana ante la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, una iniciativa conjunta contra el tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos.

Con el acuerdo, se comprometen a realizar programas de prevención de la violencia, mejorar el control del ciclo de vida de las armas, mejorar las capacidades para la investigación y persecución penal, fortalecer controles fronterizos, crear unidades especializadas en tráfico de armas e implementar sistemas de rastreo efectivos.

Los funcionarios se comprometerán a cumplir una «hoja de ruta para prevenir el tráfico y la proliferación ilícita de armas, municiones y explosivos», para las capacidades y coordinación entre los Estados.

La iniciativa es impulsada por la OEA con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec), con el apoyo financiero de la Unión Europea.

El evento contará con la participación del secretario general de la OEA, Luis Almagro; la alta representante para Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, Izumi Nakamitsu; el ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez; el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Alexis Abrego; la ministra de Interior y Policía de República Dominicana, Faride Raful; y el subsecretario de Seguridad en Prevención y Derechos Humanos de Honduras, Hugo Suazo.

El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro está por confirmar comunicó la OEA.

La OEA informó que asistirán la directora general de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, María Eugenia Mata Chavarría; y la jefa Ejecutiva del Ministerio de Asuntos Internos e Industrias de Nuevo Crecimiento de Belize, Sharole Carr Saldívar.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, descartó el miércoles que estén ocurriendo deportaciones masivas de salvadoreños durante las primeras semanas de la nueva administración de Donald Trump.

Analistas preven que puede haber hasta 500,000 deportados anualmente durante los primeros dos años del nuevo gobierno norteamericano.

La vicecanciller Mira aseguró ayer a medios de comunicación que están recibiendo los vuelos «habituales» con salvadoreños deportados desde Estados Unidos, pero que no constituyen deportaciones masivas como las anunciadas por el presidente Trump durante su campaña.

Una periodista consultó a la funcionaria: «¿Es decir que vuelos con deportados a partir del 20 de enero para acá no han tenido?», a lo que la viceministra Mira aseguró que «han venido regular», pero no de forma masiva.

«O sea, han venido regular los (ordinarios), pero no en esa deportación masiva que ha sido anunciada en otros países, definitivamente que no».

Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores.

La funcionaria aseguró a los medios de comunicación que han estado en «constante colaboración con el Departamento de Estado de los Estados Unidos» y sostuvo que «ha sido muy poco» el flujo de migrantes salvadoreños deportados.

Además, exhortó a los medios de comunicación y salvadoreños para informarse sobre este tema a través de los medios oficiales, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República.

«En este momento, en el esquema que ha sido planteado por el presidente Trump, nosotros no hemos recibido», aseguró Mira, quien se negó a detallar la cantidad de vuelos semanales que recibe el país con salvadoreños deportados.

Según los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) solo durante 2024 se deportaron a 15,284 salvadoreños con estatus irregular en el país norteamericano. El tercer año con más deportaciones desde 2018.

El experto en migración y política exterior, Napoleón Campos, aseguró a finales de enero que basados en los anuncios del presidente Trump para su segundo mandato, prevé que al menos 500,000 salvadoreños sean deportados anualmente durante los primeros dos años de la nueva gestión Trump.