Categoría: Politica

Más de 15,000 pasaportes fueron emitidos por los salvadoreños en el exterior solo durante el mes de enero de 2025 en los consulados y embajadas, según los datos de la Dirección General del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Observatorio Digital sobre Movilidad Humana de Cancillería revela que la cantidad de documentos de viaje emitidos en el primer mes de 2025 fue de 15,023 mientras que en el mismo período de 2024 fue de 16,552.

Lo que representa una disminución de 1,529 pasaportes equivalentes a una disminución del 9 % entre los pasaportes emitidos en 2024 y 2025 respectivamente. Enero de 2024 fue un mes previo a las elecciones de presidenciales y legislativas en las que los salvadoreños con pasaporte en el exterior pudieron votar por la modalidad electrónica presencial.

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El portal de Cancillería no detalla en qué consulados o embajadas se han emitido los pasaportes de los salvadoreños. Aunque sí indica que en los primeros seis días de febrero, se han tramitado 2,221 pasaportes.

La emisión de estos documentos aumentó un 19 % durante 2024 en comparación con el año anterior. Según las cifras de Cancillería, al menos 197,458 pasaportes fueron emitidos en el extranjero en 2024, mientras que solo 166,574 durante 2023.

Requisitos para tramitar el pasaporte:

• Documento Único de Identidad (DUI) original y vigente.
• Comprobante de pago.

Hay al menos siete países que poseen impresión inmediata de pasaportes de acuerdo a información de Cancillería: India, Turquía, Israel, Japón, Australia, Corea del Sur y China. Cancillería estima que más de 1.1 millones de pasaportes han sido emitidos en el exterior desde 2019.

El trámite del pasaporte salvadoreño cuesta $35 en el extranjero y de $25 en el territorio nacional. Los salvadoreños con pasaporte pueden usar el voto electrónico presencial, según indica la ley para el ejercicio del sufragio en el extranjero.

La reforma al al artículo 8 del Código Procesal Penal aprobada el miércoles y que establece la privación de libertad, podría provocar que el imputado pase en detención provisional el tiempo de la pena, o la mitad de años del delito más grave, si el juez o el fiscal lo requieren, advirtieron abogados.

El abogado penalista, Carlo Avelar explicó sobre la reforma en el artículo 8 que habla sobre la detención provisional y es que la modificación establece que, si bien el plazo de detención provisional para delitos menos graves es de 12 meses y el de delitos graves de 24 meses máximo, esto podría no aplicarse y extenderse el plazo cuando un juez o un fiscal lo requieran.

“Por ejemplo, en el caso del régimen (de excepción) son más de 80,000 casos y la mayoría de ellos no han llegado a sentencia, entonces se van a extender los plazos, van a aplicar que cuando sea motivada la resolución va a poder estar en detención el tiempo que sea necesario, porque no existe un techo seguro en algunos casos por ejemplo en extradición, ahí no hay certeza del tiempo que pueda tardar”, explicó el abogado.

La reforma afirma que: “…en ningún caso podrá sobrepasar las penas o medidas máximas previstas en la ley, ni exceder los plazos de 12 meses para los delitos menos graves y de 24 meses para los delitos graves. Excepcionalmente y mediante decisión judicial debidamente fundada emitida de oficio o a petición del fiscal no se aplicará esta regla mediante la realización de actos o diligencias de duración prolongada tales como peritajes, pericias complejas, conflictos de competencia, asistencia legal, mutua activa en materia penal y mientras dure el trámite de extradición activa o pasiva”.

Entonces, según el abogado Avelar, «a petición del juez o la fiscalía, bajo resolución motivada no aplicarán esos plazos, entonces van a extender y podrán irrespetar los plazos de 12 y 24 meses. Tiene que ver mucho en los casos de agrupación ilícita y crimen organizado que van a durar años».

Según la reforma, la detención provisional también podrá extenderse “mediante resolución fundada por el equivalente de la medida pena dispuesta, para el delito imputado y en caso que se imputen varios delitos, por la mitad de la pena señalada en el delito más grave durante o como efecto de trámite en los recursos de sentencia condenatoria…”.

El abogado penalista explicó que, con la reforma, si el delito por el que ha sido imputado tiene una pena de cinco o diez años, podría pasar ese tiempo en detención provisional.

El miércoles también se aprobaron un pliego de otras reformas al Código Procesal Penal, entre ellas al artículo 417, sobre la admisión para un proceso abreviado.

La reforma incluye un cambio total al numeral 3 de ese artículo en donde establecen que podrá proponerse el procedimiento abreviado cuando “el imputado rinda voluntariamente confesión judicial o extrajudicial detallando las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión de los delitos atribuidos y que señale a los copartícipes y cómplices en caos los hubiere; así como los elementos de prueba que faciliten la comprobación de los hechos del proceso en su contra o de otros que tuviere conocimiento”.

Esta reforma, según el abogado litigante Waldo Feusier es “la más preocupante”.

“De todas las reformas presentadas, esta me parece la más preocupante. Convierte cada procedimiento abreviado, y cada persona que opte por uno, en un «criteriado» listo para condenar miles de personas. Creo que la reforma tiene dedicatoria: El régimen de excepción y sus condenas”, cuestionó el abogado en su cuenta de X.

Estas reformas fueron dictaminadas favorables por los diputados de la Comisión, por lo que serían aprobadas en pleno este viernes 7 de febrero.

El proyecto de reformas al Código Penal que llegó a la Asamblea Legislativa en julio de 2024 que entró a la Asamblea en julio de 2024 por iniciativa del ministro de Justicia y Seguridad Pública solo contemplaba aumentos de penas para delitos patrimoniales.

El proyecto fue retomado el miércoles en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, de la Asamblea Legislativa con modificaciones para aumentar penas, no solo a delitos patrimoniales, sino también a otros delitos como homicidio simple, violación, agresión sexual en menor incapaz.

«Esta propuesta ya había sido estudiada, debatida y se ha hecho una nueva redacción, no la redacción que se trajo en un primer momento, sino una nueva redacción con todos los argumentos de cada una de las personas que ha venido que ha traído argumentos y que ha justificado esta nueva manera de redactar el descongestionamiento de los tribunales», explicó el diputado secretario de la Comisión, Walter Coto, de Nuevas Ideas.

En primer lugar modifican el romano IV en el que solo establecía sobre la protección a los bienes jurídicos relativos al patrimonio privado y le agregan «a los bienes jurídicos relativos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, la libertad sexual y el patrimonio»… considerando también el aumento de penas para algunos delitos con mayor incidencia delictiva.

Así, los delitos que agregaron en la nueva redacción de reformas al Código Penal con los aumentos de penas son:

Homicidio simple artículo 128: El que matare a otro será sancionado con prisión de quince a veinte años. Aumenta a de 20 a 26 años.

Lesiones agravadas artículo 145: Si en los casos descritos en los artículos anteriores, concurriere alguna de las circunstancias del homicidio agravado, la sanción se aumentará hasta en una tercera parte de su máximo.

Cambia a: La sanción se aumentará con una pena que se fijará entre la mitad del mínimo y el mínimo.

Privación de libertad artículo 148: El que privare a otro de su libertad individual, será sancionado con prisión de tres a seis años. Cambia de 3 a 8 años.

Violación artículo 158: El que mediante violencia tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con otra persona, será sancionado con prisión de ocho a doce años. Aumenta de 10 a 16 años.

Violación en menor o incapaz articulo 159: El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de quince años de edad o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de catorce a veinte años. Aumenta de 18 a 26 años

Reforma al inciso primero y final del artículo 161
Agresión sexual en menor o incapaz artículo 161: La agresión sexual realizada con o sin violencia que no consistiere en acceso carnal, en menor de quince años de edad o en otra persona, aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de ocho a doce años. Aumenta de 10 a 15 años

Quien mediante engaño coloque en estado de inconsciencia a la víctima o la incapacite para resistir, incurrirá en la misma pena, si realiza la conducta descrita en el inciso primero de este artículo. Si concurriere cualquiera de las circunstancias señaladas en el inciso tercero del artículo anterior, la sanción será de catorce a veinte años de prisión. Aumenta de 18 a 26 años

Estupro artículo 163: El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal mediante engaño, con persona mayor de quince y menor de dieciocho años de edad, será sancionado con prisión de cuatro a diez años. Aumenta de 5 a 13 años

Estupro por prevalimiento artículo 164: El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con persona mayor de quince y menor de dieciocho años de edad, prevaliéndose de la superioridad originada por cualquier relación, será sancionado con prisión de seis a doce años. Aumenta de 8 a 10 años.

Sobre los delitos al patrimonio que ya estaban contemplados en el proyecto inicial los delitos con más incrementos de penas son robo que se castiga con penas de seis a diez años y aumenta a de diez a 20 años y el robo agravado que contempla penas de ocho a 12 años y con la reforma aumenta a de 20 a 30 años.

En robo agravado que es el artículo 213 se agrega el numeral 4) «Si en el hecho interviniere un funcionario, empleado público o municipal, agente de autoridad, autoridad pública o servidor público.

El expediente con todas sus reformas fue dictaminado favorable y sería aprobado en la plenaria de este viernes 7 de febrero.

Estados Unidos no buscaría alejarse de financiar ayuda extranjera para diferentes programas, sin embargo, buscaría que la misma sea otorgada a proyectos que «puedan defender, explicar y justificar».

El gobierno estadounidense suspendió la ayuda extranjera por 90 días.

El secretario de Estado, Marco Rubio, habría aceptado frente a los más de 200 empleados de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, que «Estados Unidos no se está alejando de la ayuda exterior» y aseguró que van «a seguir proporcionándola» y participando en programas, según una transcripción parcial a la que el medio CBS News tuvo acceso.

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Pero Rubio destacó que para financiar proyectos, deben ser programas que puedan «defender, explicar y justificar» porque sino ponen «en peligro la ayuda exterior», tomando en cuenta que este es «el gasto menos popular del gobierno» norteamericano.

«Estados Unidos no se está alejando de la ayuda exterior. No lo está haciendo. Vamos a seguir proporcionando ayuda exterior y participando en programas, pero tienen que ser programas que podamos defender».
Marco Rubio, secretario de Estado.

De acuerdo a la transcripción publicada por CBS News, Rubio explicó a los empleados que las medidas sobre ayuda exterior no se «tratan de política» sino que no es un gasto popular y recordó que él personalmente ha «pasado mucho tiempo» defendiéndola aunque reconoció que «es cada vez más difícil hacerlo».

«Quienes estamos a cargo de la política exterior entendemos que es esencial» la ayuda exterior, afirmó Rubio ante los empleados de la Embajada, cuya visita se realizó este miércoles como parte de su primer viaje internacional a países como Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana.

El 20 de enero, mismo día que asumió la presidencia, el mandatario estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para pausar por 90 días toda la asistencia exterior que brinda Estados Unidos. La medida fue notificada esa misma semana a instituciones salvadoreñas.

Sin embargo, el secretario Rubio se reunió este lunes con el presidente Bukele y aseguró que Estados Unidos descongelará fondos para El Salvador en cuanto a una unidad de análisis de pasajeros y otra de seguridad fronteriza, además, de que se mantendrían «muchas» funciones de USAID en el país.

El presidente de la República, Nayib Bukele, defendió el miércoles su oferta al gobierno de Estados Unidos para permitir que este país envíe convictos extranjeros hacia El Salvador para ser recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT).

El presidente Bukele compartió en su cuenta de X un vídeo de un hombre que identificó como un recluso en Estados Unidos, en el que explica que el trato consiste en que el gobierno salvadoreño aceptaría recluir a convictos extranjeros a cambio de una tarifa, como una especie de «renta» de los espacios carcelarios.

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Al compartir el vídeo, el mandatario salvadoreño escribió: «Ironías de la vida: un preso lo entendió mejor que el club de expertos en todo y los que se quejan hasta porque se les arreglan los hospitales…».

En el vídeo, el usuario de Tik Tok «jemk_presoen el mundoreal» asegura que el presidente Bukele está «proponiendo a los Estados Unidos que le renta las instalaciones, no toda la prisión», pues recuerda que si bien el CECOT tiene capacidad para 40,000 presos, al menos 15,000 reclusos salvadoreños ya cumplen penas en este centro.

Ironías de la vida: un preso lo entendió mejor que el club de expertos en todo y los que se quejan hasta porque se les arreglan los hospitales… pic.twitter.com/pNRW8ARca6

— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 5, 2025

«Lo que él está haciendo es que le va a rentar, le va a rentar para que mande a convictos condenados a penas largas, incluyendo si fuera necesario a estadounidenses», afirma el supuesto recluso en el vídeo compartido.

Además, señala que este acuerdo sería un beneficio para los salvadoreños porque de la tarifa que pague Estados Unidos, la prisión se volvería «autosostenible».

Durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el presidente Bukele se ofreció a utilizar el CECOT para que convictos este país pueda enviar a sus convictos a cumplir sus penas en El Salvador, a cambio de una tarifa que aún no ha sido acordada.

La propuesta también incluye la deportación de migrantes extranjeros condenados hacia El Salvador, tomando en cuenta a presos de la MS13 y del Tren de Aragua de Venezuela. El acuerdo aún no ha sido confirmado por el gobierno estadounidense cuyo secretario de Estado dijo el martes que tendrán «que tomar una decisión» sobre la oferta «generosa» de Bukele.

Al respecto, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo también el martes que están «analizando legalmente» si el acuerdo puede concretarse para enviar a los criminales de los «casos más graves» para ser encarcelados en otros países como El Salvador.

La alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas, se refirió este miércoles a la posible eliminación de la deuda política y aseguró que los partidos políticos salvadoreños no han declarado debidamente el uso de esos fondos.

Navas, la única alcaldesa de un partido opositor, dijo a medios de comunicación que considera «que la eliminación de la deuda política en parte tal vez hay razón, pero en otra parte» debido a los criterios de transparencia de los partidos en el uso de los fondos,

«Tal vez no se han hecho las declaraciones como debe de ser y hablo de todos los partidos», aseveró la jefa de edilicia de los distritos de Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva, Zaragoza y Huizúcar.

«Creo yo que la eliminación de la deuda política en parte tal vez hay razón, pero en otra parte no… En muchas razones porque tal vez no se han hecho las declaraciones como debe de ser y hablo de todos los partidos».
Milagro Navas, alcaldesa de La Libertad Este.

La alcaldesa Navas sostuvo que refiriéndose a todos los institutos políticos que «donde hay transparencia, hay credibilidad». Navas no explicó a los periodistas cuáles serían los puntos negativos que observa sobre la eliminación del financiamiento público, Diario El Mundo le consultó a través de mensajes, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

El presidente de la República, Nayib Bukele, ha asegurado que la Asamblea Legislativa aprobará una reforma a la Constitución para eliminar la deuda política como derecho de los partidos para financiarse con recursos públicos. Los diputados aprobaron la semana pasada la reforma al artículo 248 para que una misma legislatura pueda avalar cambios a la Carta Magna.

La deuda política por las elecciones de 2024 ascendería a más de $38 millones, de los que, Nuevas Ideas recibiría más de $27 millones.

El diplomático Héctor Enrique Celarié Landaverde presentó el miércoles sus cartas credenciales como nuevo embajador de El Salvador ante el presidente Isaac Herzog, informó el gobierno israelí.

Herzog recibió las acreditaciones diplomáticas de varios embajadores, incluyendo Celarié Landaverde, quien en 2018 había sido el ministro consejero de El Salvador en Israel, con sede en Tel Aviv.

Celarié es un diplomático de amplia experiencia, ha sido ministro consejero de El Salvador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, y en la embajada de El Salvador en Trinidad y Tobago. Además, laboró en la Dirección General de Soberanía e Integridad Territorial, Ministerio de Relaciones Exteriores.

El nuevo embajador salvadoreño tiene un Máster en Derecho Internacional, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales, del Instituto Superior de Derecho y Economía, en Madrid, España, además es licenciado en Ciencias Jurídicas, de la Universidad “José Matías Delgado”.

Celarié Landaverde sustituye al anterior embajador Milton Eduardo Umaña.

El Salvador e Israel mantienen relaciones diplomáticas desde el establecimiento de ese estado en 1948 y han mantenido estrechos contactos. Actualmente Israel no tiene representación diplomática en El Salvador y la relación es atendida por su embajador en Guatemala, sin embargo, Israel mantiene programas de cooperación con El Salvador.

La congresista republicana estadounidense, Anna Paulina Luna anunció el miércoles que encabezará una delegación que visitará El Salvador en mayo próximo para reunirse con el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

El anuncio de la copresidenta del Caucus de El Salvador fue hecho en una aparición en el Matt Gaetz Show en One America News Network, Gaetz, quien fue el fundador del Caucus, dejó el congreso después de su fallida nominación como fiscal general de los Estados Unidos.

Luna, quien se reunió con la embajadora salvadoreña en Washington, Milena Mayorga, anunció el viaje después de que Gaetz le preguntara sobre el plan del presidente Donald Trump de enviar a algunos de los criminales más violentos de los Estados Unidos a las prisiones salvadoreñas.

Luna dijo que «le encantaría» enviar criminales inmigrantes violentos e ilegales a El Salvador. Ella dijo que el viaje para reunirse con Bukele personalmente ocurriría en algún momento de marzo. Pero luego en su cuenta de X especificó que seria en mayo.

Bukele ofreció el lunes al Secretario de Estado, Marco Rubio, sus disposición a recibir criminales convictos que serían encarcelados en el CECOT a cambio de una tarifa. Rubio y el presidente estadounidense, Donald Trump, han parecido respaldar la oferta salvadoreña pero han advertido que analizan sus posibilidades legales.

El Caucus bipartidista de El Salvador se formó en julio poco después que Gaetz y otros congresistas visitaron El Salvador para la toma de posesión de Bukele el 1 de junio de 2024.

Siete meses después y con nueva redacción fue aprobada una reforma al Código Procesal Penal que habilita el tiempo máximo de detención provisional para delitos graves y muy graves.

Una reforma al artículo 8 del Código Procesal Penal permitirá extender la detención provisional hasta la mitad de la pena del delito más grave imputado.

Actualmente la detención provisional tiene un plazo máximo de 12 meses para delitos menos graves y 24 meses para delitos graves, extendible a 12 meses más en trámites de recursos de sentencia condenatoria.

Con la reforma, “excepcionalmente” no se aplicarán estos plazos cuando ocurran peritajes complejos sin contar el tiempo de las prácticas dilatorias, conflictos de competencia, asistencia legal mutua, extradición, así como “mediante resolución fundada”, algo que “deberá aplicarse a todos los procesos penales que no cuenten con una resolución firme”.

El detalle de la reforma

La iniciativa entró a la Asamblea Legislativa a petición del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para reformar el artículo del artículo 8 sobre «privación de libertad», que actualmente establece que la detención o internamiento provisional «deberán guardar la debida proporción a la pena» y que en ningún caso podrán «exceder el plazo de 12 meses para los delitos menos graves y de 24 meses para los graves», exceptuando únicamente la extradición. Actualmente, puede «extenderse 12 meses más para delitos graves» por el trámite de los recursos ante la condena.

Con la reforma aprobada, esos tiempos máximos no aplicarán mediante decisión judicial o petición del fiscal cuando tengan que llevarse a cabo diferentes diligencias como pericias complejas, extradición activa o pasiva, entre otros, por lo que el artículo 8 del Código Procesal Penal queda de la siguiente forma:

“La detención o internamiento provisional deberá guardar la debida proporción a la pena o medida de seguridad que se espera y en ningún caso podrá sobrepasar las penas o medidas máximas previstas en la ley, ni exceder los plazos de 12 meses para los delitos menos graves y de 24 meses para los delitos graves. Excepcionalmente y mediante decisión judicial debidamente fundada emitida de oficio o a petición del fiscal no se aplicará esta regla mediante la realización de actos o diligencias de duración prolongada tales como peritajes, pericias complejas, conflictos de competencia, asistencia legal, mutua activa en materia penal y mientras dure el trámite de extradición activa o pasiva. Así mismo, de oficio o de parte del juez, al decidir sobre el cumplimiento del plazo de la privación de libertad, para efectos de cesión de la medida cautelar, deberá descontar del cómputo el tiempo de las actuaciones que sean calificadas como prácticas dilatorias, litigación temeraria, incidentes procesales infundados u otras infracciones similares a la buena fe procesal y que influya en la dilación del proceso”.

Según la reforma, la privación de libertad también podrá extenderse “mediante resolución fundada por el equivalente de la medida pena dispuesta, para el delito imputado y en caso que se imputen varios delitos, por la mitad de la pena señalada en el delito más grave durante o como efecto de trámite en los recursos de sentencia condenatoria. Si al término de dichos plazos, el tribunal que conoce estos recursos no hubiese pronunciado la sentencia definitiva que corresponda sus miembros incurrirán en responsabilidad penal”.

El decreto de reforma también establece, como disposición especial, que este cambio deberá aplicarse a todos los procesos penales que no cuenten con una resolución firme.

Para ello, la autoridad judicial correspondiente deberá pronunciarse, sobre la continuidad o imposición de la detención provisional con base a los plazos dispuestos en este decreto.

“Para efectos de este artículo, el tiempo que el imputado hubiese permanecido en detención provisional se abonará a la contabilización del tiempo máximo de dicha medida cautelar establecida en este decreto”, indica el proyecto aprobado ayer en el dictamen favorable de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia.

El dictamen favorable podría aprobarse en el pleno en la sesión plenaria de este viernes 7 de febrero.

Casi al final de la gira por la región del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, Estados Unidos tiene asegurados, aunque no firmados, acuerdos con tres países para agilizar la deportación de migrantes extranjeros en situación irregular e incluso para los criminales extranjeros puedan cumplir su pena en otro país que no sea Estados Unidos.

1. El acuerdo con Panamá: transferencia

La ampliación de un convenio migratorio del 1 de julio de 2024 permitirá a Panamá recibir deportados extranjeros en una provincia del sur para transferirlos a otros países como Colombia y Ecuador. Según el presidente panameño, si hay transferencia a Venezuela le corresponderá a Estados Unidos porque Panamá no tiene relaciones con Venezuela.

Panamá no tiene un problema de emigración hacia Estados Unidos. Panamá no está entre los países de origen de los migrantes encontrados en la frontera sur de los Estados Unidos y recibió apenas 117 criminales panameños deportados en los últimos cuatro años de dicha nación centroamericana.

El acuerdo con Panamá sería ocupar a este país de lugar de transferencia de migrantes extranjeros a otros países. Lo explicó así el presidente panameño a periodistas en una conferencia de prensa:

Les he ofrecido la pista de Nicanor en Metetí, (provincia de) Darién, para que sea desde ahí donde se surta el trámite de repatriación de personas, de distintas partes como Venezuela, Colombia, Ecuador, entre otras nacionalidades (…) Usar a Panamá y de aquí transferir».
José Raúl Mulino, presidente de Panamá, 2 de febrero.

2. El acuerdo con El Salvador: reclusión

El presidente salvadoreño Nayib Bukele le ofreció un acuerdo más amplio a Estados Unidos: utilizar las cárceles salvadoreños, específicamente el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), para que personas condenadas terminen de cumplir su condena en El Salvador, a cambio de una tarifa. El acuerdo, así, permitiría la deportación de migrantes extranjeros condenados a El Salvador.

El presidente ofreció también la recepción de criminales estadounidenses condenados pero el gobierno de Estados Unidos ha dicho que evaluará si esta operación respeta la Constitución estadounidense.

Hemos ofrecido a EE.UU. la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario. Estamos dispuestos a admitir únicamente a criminales convictos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra mega prisión a cambio de una tarifa.
Nayib Bukele, presidente salvadoreño.

3. El acuerdo con Guatemala: transferencia

Guatemala también ofreció aumentar el flujo de vuelos de deportados de Estados Unidos en un 40 % –tanto nacionales como extranjeros– y la recepción de deportados extranjeros a Guatemala para transferirlos a otros países. Este acuerdo no trata sobre reclusión de extranjeros en Guatemala según mandatario de ese país, que discutirá detalles en «mesas binacionales».

No ha habido ninguna discusión de criminales condenados en el marco de estos flujos».
Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala.