Categoría: Politica

El director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, aseveró el lunes que, de los $39 millones presupuestados para el año 2015 del préstamo del Banco Mundial de $150 millones para transporte e infraestructura resiliente, ya se ejecutaron $14 millones o $15 millones.

El contrato de préstamo «Proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador» suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Banco Mundial, fue autorizado el 9 de enero y aprobado (ratificado) el 9 de abril de 2024 por la Asamblea Legislativa. De esta cantidad, se han incorporado $39 millones al presupuesto de 2025.

«Solamente en este año lleva asignado $39 millones de los cuales de los cuales ya se ejecutó casi el 50 por ciento por el Ministerio de Obras Públicas», expresó el director de Crédito Público a los diputados de la Comisión de Hacienda, el pasado lunes, cuando solicitó la autorización para suscribir un segundo préstamo para el mismo proyecto, pero que se destinará en su mayoría para la construcción del puente atirantado que compone la estructura del bypass de Apopa.

Según Herrera, el financiamiento del primer préstamo «está cubriendo» «la infraestructura vial excepto el bypass, la obra del puente» y los $14 millones ejecutados corresponden «posiblemente a anticipos que se entregan a las empresas proveedoras, estudios, diseños, así como la contratación de la unidad ejecutora responsable del proyecto».

En el Portal de Transparencia, hasta mayo de 2015, aparecían $10,991.50 ejecutados, de un total de $39,704,500 programados para el año fiscal 2025, aunque $57,908.17 ya aparecían comprometidos para ese entonces.

La infraestructura estará entre Apopa (San Salvador Oeste), Tonacatepeque (San Salvador Este) y Ciudad Delgado (San Salvador Centro).

El nuevo contrato de préstamo por $120 millones con el BIRF se denomina «Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador» e incluye la construcción de una carretera de circunvalación de 13 kilómetros, pasos subterráneos y elevados, diseño, ejecución y supervisión de obras complementarias, iluminación, señalización de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal, y el puente con una estructura «atirantada».

El puente «atirantado» del bypass de Apopa tendrá una longitud de 320 metros con dos pilones que sostendrán los cables, un claro central de 160 metros y dos de 80 metros, y cuatro carriles de circulación.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele respondió con una carcajada a una noticia sobre una iniciativa demócrata presentada en el Senado de Estados Unidos que sugiere sanciones contra él y sus funcionarios que hayan cometido «graves violaciones de derechos humanos» y que exige al secretario de Estado de EE.UU. presentar un informe sobre las compras de bitcoin por el gobierno salvadoreño.

«Los demócratas están simplemente salados», escribió Bukele en X.

La iniciativa de «Ley de responsabilidad de El Salvador de 2025» fue presentada el 12 de julio por el senador Chris Van Hollen y otros senadores demócratas; y remitida al Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

La iniciativa propone sanciones del gobierno de Estados Unidos contra el presidente Bukele, el vicepresidente, Félix Ulloa, y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Hacienda, Justicia y Seguridad, Turismo, procurador general de la República, el presidente del Banco Central de Reserva y cualquier persona extranjera en El Salvador que trabaje en nombre del gobierno o partido político «que haya cometido graves violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos», haya «participado en la aceptación de dinero de contribuyentes estadounidenses para privar de libertad a estadounidenses», o que haya dado apoyo para dichos fines.

En el proyecto demócrata se sugieren sanciones como bloqueo de bienes y transacciones en Estados Unidos, inadmisión, no elegibilidad para visas o no libertad condicional para extranjeros bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad; revocatoria de visas vigentes; prohibición de préstamos.

La solicitud demócrata también plantea, al final de la misma, que el secretario de Estado de EE.UU. entregaría un informe sobre las acciones del presidente Nayib Bukele y funcionarios salvadoreños «que utilizan criptomonedas como mecanismo para la corrupción flagrante, el soborno y la evasión de sanciones», con detalles de la cantidad de fondos del gobierno salvadoreño para comprar bitcoin y otras criptomonedas, una lista de plataformas de intercambio utilizadas para ello, direcciones de depósito, personas con acceso.

HAHAHAHAHAHAHA the Dems are just salty… https://t.co/O6CLtZuV46

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 8, 2025

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, viajó a Las Vegas, Estados Unidos, en donde se reunió con el empresario hotelero, el CEO y fundador de Growth Holdings, Philippe Ziade, y con el director de desarrollo de negocios de Growth Holdings, Steve Escalante.

El vicegobernante y los empresarios estadounidenses conversaron sobre «oportunidades de inversión» y «manifestaron su interés en aportar al desarrollo» de El Salvador, «especialmente en la zona oriental y en proyectos como Surf City II», según la Vicepresidencia.

Según la información oficial divulgada en X, Ulloa «puso en contacto a los empresarios con el presidente de la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador», Juan Carlos Reyes.

En la reunión, participaron la cónsul general de El Salvador en Las Vegas, Silvia Romero, y el cónsul honorario de Corea del Sur, Joe Campos.

Philippe Ziade es un empresario libanés estadounidense, cónsul horario de Líbano en Nevada desde 2019, se inició en la fabricación de mármol para edificios, se convirtió en inversor inmobiliario desde 2000, fundó Growth Holdings en 2008 y se asoció con Tesla cerca de 2008.

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador anunció la oportunidad de financiamientos desde $50,000 hasta $100,000 para proyectos, presentados por organizaciones no gubernamentales (ONG), universidades e instituciones del Estado salvadoreño, que demuestren la excelencia o destaquen el liderazgo de Estados Unidos en áreas culturales y deportivas.

Uno de los objetivos del financiamiento es fortalecer la «percepción positiva» de los jóvenes salvadoreños sobre Estados Unidos, mediante la «diplomacia cultural y deportiva».

La Embajada desarrollará una jornada informativa sobre el plan de financiamiento el próximo miércoles 16 de julio a las 10:00 a.m. La fecha límite para aplicar es el 31 de agosto.

«Para conmemorar los 250 años de independencia de EE.UU., que se celebrarán en 2026, lanzamos un programa que promueve la cultura, el deporte y la innovación para fortalecer los lazos con El Salvador. Buscamos instituciones u organizaciones que deseen implementarlo con nosotros», anunció en un tuit la noche del lunes.

El financiamiento está dirigido a «organizaciones sin fines de lucro, incluyendo centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil/no gubernamentales, instituciones educativas públicas y organizaciones internacionales públicas e instituciones gubernamentales».

Los proyectos se completarán en un máximo de 12 meses y busca promover a «artistas y empresas estadounidenses».

El programa de financiamiento plantea como metas:
1. Exhibir el liderazgo y la influencia de Estados Unidos en la región.
2. Promover los valores estadounidenses de fortaleza, prosperidad, seguridad y excelencia.
3. Fortalecer las relaciones bilaterales mediante programas culturales, deportivos y de innovación, y lazos comerciales.

Los objetivos del programa son «organizar eventos culturales que destaquen el arte, la música, el cine y/o la literatura estadounidenses«, «organizar eventos deportivos y clínicas con atletas y entrenadores estadounidenses, promover el deporte como medio para fomentar el trabajo en equipo, la disciplina y la sana competencia entre la juventud salvadoreña», y «realizar talleres y seminarios sobre los avances tecnológicos y la innovación en Estados Unidos». Estas actividades podrían incluir conciertos, instalaciones artísticas, proyecciones de películas, ponencias, programación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), talleres deportivos, diplomacia culinaria, actividades que promuevan la historia y cultura estadounidenses.

Con estos programas, la Embajada también busca «colaborar con instituciones educativas locales» y la educación superior en Estados Unidos. También, pretenden desarrollar programas para «involucrar a la juventud salvadoreña en actividades culturales y deportivas que promuevan la excelencia cultural estadounidense».

La Comisión de Hacienda aprobó ayer el dictamen favorable 105, con el fin de aprobar en la sesión plenaria del jueves un contrato de garantía estatal que respalda el préstamo 9788-SV por $150 millones que el Banco Mundial otorgará a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

El contrato de préstamo fue suscrito el 6 de mayo por el representante del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el 2 de mayo por el representante de la CEL y el 12 de junio por el ministro de Hacienda.

Los $150 millones se destinarían al financiamiento del «Proyecto de energía geotérmica para el desarrollo sostenible e inclusivo de El Salvador».

En la misiva enviada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, el funcionario menciona que se adjuntó una copia del contrato de garantía, el cual no ha sido publicado por la Asamblea Legislativa junto al proyecto de decreto.

La Comisión de Hacienda aprobó el dictamen favorable número 105 este lunes. Con esta aprobación la Asamblea Legislativa suma un total de $730,988,636 respaldados en garantías estatales para préstamos de CEL, de los cuales $580,988,636 fueron adquiridos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y que corresponden a deudas suscritas en 2008, 2017, 2022 y 2025.

La Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa establece como una atribución de la CEL «obtener préstamos directos, emitir y colocar bonos en los mercados interno y. externo, titularizar activos y otras obligaciones ya sea de forma directa o a través de sociedades mercantiles que forme para tal fin» aunque no podrá hipotecar o gravar sus instalaciones y demás bienes.

El Ministerio de Vivienda podrá imponer multas de hasta 10 % el valor de la obra o incluso demolerla si no tiene su autorización cuando se trate de torres de telecomunicaciones, viviendas sociales y áreas de construcción menores a los 250 metros cuadrados si dicho Ministerio determina que la municipalidad no tiene capacidad.

Según las nuevas disposiciones, en estos cass, será infracción «muy grave» no construir con el permiso del Ministerio de Vivienda e implicará multas desde el 6 % hasta el 10 % del valor del terreno o la obra.

El decreto «Disposiciones especiales para el otorgamiento de trámites y permisos para obras de infraestructura pasiva para el servicio público de telecomunicaciones y otras obras o proyectos de construcción por el Ministerio de Vivienda» fue aprobado ayer como dictamen favorable para que sea aprobado formalmente en una sesión plenaria por la Asamblea Legislativa.
Evaluará a municipalidadesEl Ministerio de Vivienda será la autoridad competente de dar los permisos en la construcción de viviendas declaradas de interés social y de torres de comunicaciones.

En el caso de los proyectos de construcción con áreas menores a 250 metros cuadrados asumirá los permisos, si el mismo Ministerio determina que la municipalidad no tiene capacidad técnica para otorgarlos o realizar los trámites.

Por ley de creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción, los permisos para construcciones superiores a los 250 metros cuadrados son otorgados por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).
Vivienda hará inspecciones físicasDificultar la verificación que haga el Ministerio de Vivienda sobre los proyectos de construcción en los que tenga competencia será infracción grave e implicará multas desde 1 % hasta el 5 % del valor del terreno y de la obra edificada. También lo será omitir las normas técnicas de los planes y documentos aprobados, y no acatar suspensiones de obras ordenadas por el Ministerio por haberse realizado sin autorización del mismo.

El Ministerio de Vivienda quedará facultado a «realizar inspecciones físicas en los lugares de construcción y requerir a los sujetos obligados documentos, informes y aclaraciones» y podrá emitir lineamientos.¿Cuándo las obras serán demolidas?Según las disposiciones, si después de impuesta la multa por el Ministerio de Vivienda, los «sujetos» no inician «procedimientos para obtener los trámites y permisos «en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la imposición de la sanción» o no culminen en los plazos establecidos por el Ministerio de Vivienda, «deberán proceder a la demolición de la obra o proyecto» según las instrucciones de Vivienda.

La Asamblea Legislativa aprobó el dictamen de estas disposiciones el lunes, en su Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, que también dictaminó otras disposiciones para eliminar el requisito de disponer un área de estacionamiento a todas las construcciones y volverlo opcional.

«Estos permisos los va a dar exclusivamente el Ministerio de Vivienda a nivel nacional, este es el primer paso para ordenar este tema. Todo va a ser desde el Ministerio de Vivienda, esto va a tener impacto en comercios digitales».
Michelle Sol, ministra de Vivienda.

El permiso que dará el Ministerio de Vivienda para las construcciones de viviendas sociales o en áreas menores a los 250 metros cuadrados incluye permisos factibilidad de aguas lluvias, revisión vial y zonificación, permiso de parcelación, permiso de construcción y recepción de obras.

La alcaldía de San Salvador Centro busca unificar las multas por infracciones en una sola «Ordenanza para la convivencia ciudadana» para los distritos de San Salvador, Mejicanos, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Ayutuxtepeque.

El proyecto de normativa está en fase de consulta en el sitio web de la municipalidad. Se basa en la ordenanza del distrito de San Salvador, pero disminuye algunas multas mínimas por algunas infracciones para aplicarlas en el resto de distritos.

En el proyecto, la comuna explica que es necesario regular «por igual la conducta de todos los habitantes» del municipio «y aquellos que transitan por sus distritos», partiendo de la reestructuración municipal aprobada por la Asamblea Legislativa y vigente desde mayo de 2024.

La normativa tiene un parecido evidente en la redacción y estructura con la ordenanza de convivencia ciudadana en el entonces municipio de San Salvador, ahora distrito. La propuesta de ordenanza fue publicada en el Portal de Transparencia de la alcaldía para completar la «fase de consulta» ciudadana y acordar cambios antes de su aprobación en el concejo municipal.

Diario El Mundo comparó las multas propuestas en el proyecto de ordenanza con las multas vigentes el distrito de San Salvador y se verificó que más de la mitad de las multas se mantienen iguales; sin embargo, en algunas, se ha ampliado el margen de las multas.

Por ejemplo, una de las faltas es cometer «acciones contra los delegados de la autoridad municipal», sancionada con multas desde los $901 hasta los $2,200 en el distrito de San Salvador, pero en la propuesta se plantea que la sanción vaya desde los $51 hasta los $2,200.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene planificado realizar una «campaña país» sobre la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero para motivar a los salvadoreños fuera del país a emitir el sufragio en las próximas elecciones legislativas y municipales de 2027.

La campaña tendría una duración de seis meses.

El personal técnico y los magistrados del TSE incluyeron en el calendario electoral una fase para motivar y llamar a los connacionales para que voten.

El plazo iniciaría el 27 de febrero y concluiría el 31 de agosto de 2026, según la planificación institucional.

La legislación vigente establece que los salvadoreños en el exterior emiten su voto de acuerdo con el documento de identificación que porten, así: para quienes poseen Documento Único de Identidad (DUI) con domicilio en el extranjero, la modalidad de votación es remota por internet; y para quienes portan pasaporte salvadoreño, la modalidad aplicada es voto electrónico presencial en centros de votación.

Para las elecciones de 2024, el Tribunal lanzó una oferta de compra en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros) para adquirir boletos de avión para las jornadas informativas sobre el voto en el exterior. El costo ofrecidos para los servicios era de $958,820.

La entidad pidió el pago de tarifas de «clase económica» y solicitaba que la agencia de viajes aconsejara a la institución electoral sobre las «mejores rutas, horarios y costos». En la bitácora de viajes del organismo colegiado 2019-2024 constan 71 viajes desde el 16 de enero hasta el 23 de febrero de 2024 para capacitar a miembros de organismos temporales.

La mayoría de los viajes se realizó a países como Estados Unidos, Suecia, Nicaragua, Perú, México, Bélgica, España, Alemania, Costa Rica, Honduras, Costa Rica, Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay.

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió este lunes un dictamen favorable para eliminar el requisito de designación de plazas o espacios para estacionamientos a través de «Disposiciones especiales para la eliminación del requisito de designación de plazas o espacios para estacionamientos«.

El decreto, que podrá ser aprobado en la sesión plenaria del jueves, prohibirá a instituciones de gobierno, autónomas, municipalidades y oficinas de planificación y gestión del territorio que exijan este requisito cuando autoricen proyectos de construcción, «salvo» espacios para la «facilitación a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y vehículos de emergencia» según principios de «inclusión, accesibilidad universal y equidad».

«Nosotros lo que estamos haciendo es que ya no sea una obligación, que no sea algo que se imponga, ellos van a tener la opción de construir con parqueo o sin parqueo», dijo este lunes la ministra de Vivienda, Michelle Sol, a los diputados, antes de la aprobación del dictamen. La ministra explicó que esto aplicará también a los establecimientos comerciales.

La funcionaria argumentó que «un parqueo en un edificio de interés social eleva el valor del apartamento en $10,000 más por parqueo».

Aseguró que muchas veces las familias están «comenzando» y puede ser «accesible» comprar una vivienda sin parqueo y, en el futuro, pueden «venderla y ya pasar a otro apartamento que en ese momento ya lo necesiten o que sus ingresos le permitan comprar uno que ya tenga parqueo».

El artículo 70 de la «Ley de desarrollo y ordenamiento territorial del área metropolitana de San Salvador y de los municipios aledaños» indica que las áreas para estacionamiento en las edificaciones comerciales o institucionales «deberán tener un número mínimo de espacios vehiculares».

La obligatoriedad en la construcción de estacionamientos también fue eliminada en una reforma al Reglamento de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del AMSS y de los municipios aledaños, al cual se le incorporó un artículo 33-A que indica que las disposiciones técnicas de los estacionamientos para proyectos inmobiliarios «no será de obligatorio cumplimiento».

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió este lunes un dictamen favorable de «Disposiciones especiales para el otorgamiento de trámites y permisos para obras de infraestructura pasiva para el servicio público de telecomunicaciones y otras obras o proyectos de construcción por el Ministerio de Vivienda». El decreto podría aprobarse en la sesión plenaria del jueves.

Con dichas disposiciones, para obtener permisos de construcción de torres, viviendas de interés social o con menos de 250 metros cuadrados, los desarrolladores o inversionistas deberán acudir a la Gerencia de Trámites y Permisos del Ministerio de Vivienda y no requerirán solvencias municipales.

«Estos permisos los va a dar exclusivamente el Ministerio de Vivienda a nivel nacional, este es el primer paso para ordenar este tema. Las compañías de telecomunicaciones podrán presentar todos sus permisos en un solo lugar permitiendo expandir la conectividad», explicó la ministra de Vivienda, Michelle Sol, quien aclaró que serán las alcaldías las que seguirán cobrando las tasas por las torres.

Sol agregó que las empresas de telecomunicaciones podrán «tramitar en un solo lugar» y no tendrán que ir a alcaldías para obtener los permisos de las torres de comunicación. «Todo va a ser desde el Ministerio de Vivienda, esto va a tener impacto en comercios digitales», enfatizó.

«Los trámites y el permiso de construcción e instalación de infraestructuras pasivas emitido por el Ministerio de Vivienda será la única autorización administrativa que el interesado deberá obtener para ejecutar dichos proyectos», reza el primer inciso del artículo 4 del proyecto aprobado.

El mismo artículo establece que «ninguna institución pública, incluyendo a las municipalidades, asociaciones municipales y oficinas de planificación y/o gestión territorial podrá requerir la presentación de otras autorizaciones», salvo que Vivienda se las pida o se esté construyendo en bienes municipales.

Según la ministra, la baja cantidad de torres en El Salvador es «una barrera estructural para reducir la brecha digital». «Esto va a abonar al despliegue del 5G», proyectó.Para viviendasCon el nuevo decreto, el Ministerio de Vivienda también será la única instancia encargada para otorgar los permisos de construcción de proyectos calificados como de interés social por el Ministerio de Vivienda y de construcciones de dimensión menor a 250 metros cuadrados si la municipalidad no tiene capacidades técnicas.

Esto incluye factibilidad de aguas lluvias, revisión vial y zonificación, permiso de parcelación, permiso de construcción y recepción de obras.

Los permisos para construcciones superiores a los 250 metros cuadrados son otorgados por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).

Los trámites iniciados en las municipalidades serán asumidos por el Ministerio de Vivienda si la oficina carece de capacidad técnica.

Las disposiciones crean infracciones graves y muy graves, como dificultar la verificación del Ministerio de Vivienda sobre los proyectos de construcción, como infracción grave, e iniciar obras de construcción o instalar torres sin el permiso del Ministerio de Vivienda, como infracción muy grave. La infracción grave implicará multas desde 1 % hasta el 5 % del valor del terreno y de la obra edificada; y la muy grave, del 6 % al 10 %.