Categoría: Politica

  • Directores piden que la Junta de Vigilancia Electoral no dependa del TSE para mejor fiscalización de elecciones

    Directores piden que la Junta de Vigilancia Electoral no dependa del TSE para mejor fiscalización de elecciones

    Los partidos Vamos y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) creen que la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) que integran debe ser «una entidad autónoma» respecto al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que se garantice una «correcta fiscalización» de los procesos electorales en El Salvador.

    La directora de Vamos en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), Wendy Alfaro, aseveró a Diario El Mundo que el potencial de la entidad fiscalizadora de las elecciones «se ve limitado» porque «depende tanto en lo económico como en lo administrativo del mismo ente al que debe fiscalizar».

    Según los representantes de estos partidos, esta dependencia de la JVE respecto al TSE es «una de las mayores deficiencias» de la Junta y volvería «inoperante» su trabajo por no tener «garras ni dientes» para vigilar todas las etapas de los procesos electorales, «con independencia real» a pesar de estar integrado por miembros de los partidos políticos inscritos legalmente ante el Tribunal.

    «El potencial (de la Junta) se ve limitado precisamente porque depende tanto en lo económico como en lo administrativo del mismo ente al que debe fiscalizar. En definitiva una de las mayores deficiencias que hacen inoperante el trabajo de la JVE es que no tiene ni garras ni dientes para actuar con independencia real».
    Wendy Alfaro, directora de Vamos en la JVE.

    Alfaro considera que, para una fiscalización efectiva, «la JVE necesita autonomía técnica, administrativa y financiera»; de lo contrario, opina la institución «seguirá siendo una figura decorativa dentro del sistema» y «sin capacidad real de incidencia».

    Por su parte, la directora del FMLN en la junta, Mirna Benavides, considera que lo mejor para la entidad fiscalizadora «es tener autonomía», pues considera que la actual dependencia al TSE vuelve «un poco complicada la situación porque la gestión administrativa depende del TSE».

    Por otro lado, el coordinador del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana, Malcolm Cartagena, aseguró a El Mundo que se debería respetar «la total autonomía» de la Junta, tomando en cuenta que es una entidad creada por la Constitución de la República y considera que la institución «no debería estar adscrita, ni siquiera adscrita presupuestariamente a ninguna otra entidad, sino ser completamente autónomo».

    «Lo que debería de ocurrir es que en la Junta se respetara su total autonomía y debería ser ya que es un ente constitucional, pues es la Constitución quien lo crea, debería de no estar adscrito, ni siquiera adscrito presupuestariamente a ninguna otra entidad, sino que ser completamente autónomo».
    Malcolm Cartagena, Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana.

    Sin embargo, explicó que es la misma Junta quien formula su propio presupuesto cada año y es la responsable de ejecutarlo. El presupuesto de la Junta se ha mantenido en $865,010 por tres años consecutivos y los partidos han señalado falta de voluntad para «fortalecer la fiscalización y la vigilancia electoral».

    El presupuesto se ha mantenido aunque se han inscrito nuevos partidos y cuyos representantes se han agregado a la Junta. La JVE mantiene una deuda de más de $134,000 con directores del Partido Independiente Salvadoreño (PAIS), Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) y a los partidos en liquidación Nuestro Tiempo y Cambio Democrático (CD). Hace unos meses se incluyó también a los representantes de Fuerza Solidaria.

    Cartagena considera que la Junta debería «tener un papel más preponderante» sobre las acciones que desarrolla el Tribunal y estima conveniente «desarrollar mejor en la legislación las competencias» de esta entidad y no limitarse a «solo decir ‘se le informará a la Junta o se le dará copia a la Junta’».

    También ve valioso que la Junta sea «quizás el único órgano plural que todavía queda» pues es integrado por todos los partidos. Al respecto, Alfaro considera que la JVE es una de las fortalezas del sistema electoral «porque representa la vigilancia ciudadana y partidaria».

    El artículo 77 incido segundo del Código Electoral establece que «los partidos políticos legalmente inscritos tendrán derecho de vigilancia sobre la elaboración, organización, publicación y actualización del registro electoral» y el artículo 131 indica que la JVE es un organismo permanente que se encarga de «fiscalizar las actividades y funcionamiento de las dependencias del Tribunal».

  • Trump dice que está deseoso de reunirse con Bukele y elogia estrecha colaboración

    Trump dice que está deseoso de reunirse con Bukele y elogia estrecha colaboración

    El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este sábado que está «deseoso» de reunirse el próximo lunes en Washington con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, al que se refirió en confianza como «presidente B» y de quien destacó su «generosidad» por colaborar en materia migratoria.

    «¡Estoy deseoso de ver al presidente Bukele de El Salvador el lunes!», escribió el magnate neoyorquino al inicio de un mensaje en su red social Truth Social en el que agradeció la cooperación del país centroamericano a la hora de encarcelar en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) a personas a las que Washington ha expulsado tras acusarlas de ser miembros de las pandillas Ms-13 o Tren de Aragua (TdA).

    El mensaje prosigue diciendo que ambos países «trabajan en estrecha colaboración para erradicar las organizaciones terroristas y construir un futuro de prosperidad» y que «el presidente Bukele ha aceptado con generosidad bajo su custodia a algunos de los enemigos extranjeros más violentos del mundo, y en particular, de Estados Unidos».

    «Estos bárbaros están ahora bajo la custodia exclusiva de El Salvador, una nación orgullosa y soberana, y su futuro depende del presidente B y su gobierno. ¡Nunca más amenazarán a nuestros ciudadanos!».
    Donald Trump,
    Presidente de EE.UU.

    Desde su regreso a la presidencia el pasado enero, Trump ya se ha reunido con otros jefes de Estado latinoamericanos, aunque Bukele será el primero al que recibirá no en su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) sino en la Casa Blanca, lo que subraya la buena relación entre ambos y el lugar que ocupa el expublicista en la agenda del neoyorquino.

    La oficina presidencial estadounidense ya ha adelantado que en la reunión que ambos celebrarán el lunes durante la visita de trabajo de Bukele a EE.UU. se hablará de la cooperación salvadoreña en la ofensiva antiinmigración del Gobierno Trump basada en un acuerdo bilateral del que se desconocen muchos detalles más allá del pago de unos 6 millones de dólares por parte e Washington.

    En el marco de esa campaña de expulsiones a gran escala, Trump ha declarado que el Tren de Aragua está invadiendo su territorio y ha echado mano de una norma de 1897, la ley de Enemigos Extranjeros, para expeditar procesos de deportación de supuestos miembros de la organización criminal, la cual los expertos consideran incapaz de acometer semejante asedio sobe la primera potencia mundial.

    Esa fue la ley que su Administración abanderó en un polémico operativo el 15 de marzo en el que envió al Cecot a 238 venezolanos y 23 salvadoreños a los que acusó de ser pandilleros.

    Posteriormente, y en medio de procedimientos judiciales que ya han incluido al Supremo y que aún persisten, las autoridades migratorias estadounidenses admitieron haber deportado por error al salvadoreño Kilmar Ábrego García, residente en Maryland y al que un juez había prohibido devolver a su país.

    El máximo tribunal estadounidense ya ordenó esta semana asegurar su retorno al Gobierno Federal, que ha puntualizado sus limitaciones en este terreno al no estar ya Ábrego García bajo su custodia.

    Sin embargo, el viernes Trump mostró su deseo de acatar lo dicho por la Corte Suprema, lo que apunta a que el anuncio de su repatriación podría producirse durante el encuentro con Bukele el lunes.

  • Inauguran una pasarela-restaurante en Chalchuapa

    Inauguran una pasarela-restaurante en Chalchuapa

    La alcaldía de Santa Ana Oeste (SAO) inauguró la tarde de este sábado la pasarela- restaurante en el distrito de Chalchapa.

    Jorge Castro, alcalde de Santa Ana Oeste, publicó en su cuenta de X ayer a las 6:56 de la tarde que estaban «dando los últimos retoques». La estructura fue inaugurada por la noche para lucir las luces color cian que adornan los bancos para que los clientes lleguen a degustar alimentos.

    «Pienso que los alcaldes podemos acompañar a nuestro presidente en su visión de país y hacer nuestra parte. ¿Quieren echarle un ojo a la pasarela en SAO? Este es su rótulo y sus banquitos lumínicos para el mini restaurante, habrá también postres y cafecito. ¿Vendrás?», fue la invitación que lanzó el edil, ayer por la tarde, junto con un video que mostraba el interior de la pasarela.

    También hubo pupusas gratis para los asistentes según había anunciado el alcalde.

    El funcionario municipal había informado que la estructura fue construida por empleados municipales y que el restaurante será administrado por la alcaldía.

    «Lo hacemos nosotros mismos sin ser carga para nadie… Perdón, se me olvidaba, restaurante netamente municipal, con empleados municipales”. A la inauguración asistieron decenas de personas.

    La alcaldía de Santa Ana Oeste no ha revelado cuánta fue la inversión para construir la pasarela e instalar el restaurante.

  • Seis de cada 10 periodistas centroamericanos reportan hostigamientos: encuesta

    Seis de cada 10 periodistas centroamericanos reportan hostigamientos: encuesta

    Un 68 % de

    periodistas centroamericanos afirmaron haber sido víctimas de hostigamiento o acoso, incluso por parte de otras personas periodistas, según la encuesta “Libertad de expresión y periodismo en Centroamérica 2024” publicada por la Fundación Heinrich Böell.

    Según el estudio, divulgado en marzo, el 51.16 % de los periodistas centroamericanos entrevistados dijeron que recibieron amenazas personales o familiares y un 32 % recibieron acoso u hostigamiento por parte de otras personas periodistas.

    Un 40.7 % dijo que cree que ha sido víctima de cibervigilancia por parte de las autoridades públicas o instituciones gubernamentales; la mayoría de casos en El Salvador y Nicaragua.

    Más de la mitad de los periodistas consultados en el estudio respondieron haber recibido amenazas de distintos actores sociales, como militantes o simpatizantes de un partido, autoridades gubernamentales, diputados, jueces, grupos empresariales, el propio presidente, crimen organizado, sindicatos y movimientos sociales.

    El informe sobre libertad de expresión en Centroamérica fue auspiciado por la Fundación Heinrich Böll Stiftung.

    Acoso en redes sociales: ocho de cada 10

    El acoso, violencia o insultos en redes sociales fueron reportadas por el 82.56 % de los periodistas consultados, en su mayoría de Nicaragua y El Salvador; y solo un 17.44 % contestaron que no habían sido víctimas de este tipo de violencia.

    Entre los comentarios hostiles que reciben los periodistas a través de redes sociales, se mencionan acusaciones de ser “de izquierda que apoya la agenda globalista”, “del bando contrario”, de recibir “dinero para publicar investigaciones”, que “responden a intereses de grupos criminales”, que son “agentes de la Embajada de Estados Unidos”, que son “terroristas, golpistas, manipuladores”, “pandilleros”, que le “paga Soros”, y también reciben la acusación de “chayotero”, un término usado en México contra los periodistas.

    La investigación detalla que los ataques a los periodistas incluyen “creación de memes, imágenes y videos utilizando la imagen de las personas” y los agresores “buscan en internet fotografías y datos personales para utilizar su rostro e información en los diversos materiales que generan”.

    Nicaragua, lo más grave

    Según la investigación, la situación más grave planteada está en Nicaragua, en donde las principales denuncias son el encarcelamiento injustificado, el exilio, la detención arbitraria, el bloqueo de sitios web, la persecución de instituciones y peligro de muerte.

    En Costa Rica, se reportan ataques directos del presidente y funcionarios, en Guatemala se registran fabricación de casos judiciales contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, en Honduras se menciona la impunidad de denuncias de violencia contra periodistas.

    En El Salvador, se menciona censura y autocensura que incentiva la “conducta autoritaria” del presidente y su gobierno, falta de acceso a información pública, ausencia de garantías y falta de independencia.

    Los temas peligrosos señalados en la región son: narcotráfico, crimen organizado, control político al Gobierno, corrupción, derechos humanos, temas relacionados al presidente, Ministerio Público y jueces, minería o temas ambientales, trata de personas, dictadura Ortega-Murillo, persecución religiosa, entre otros.

    El 83.72 % de periodistas centroamericanos afirmó no recibir respuesta a solicitudes de información de manera adecuada y el 88.37 % advirtó que no existen leyes que regulen democráticamente la pauta estatal en los medios de comunicación.

  • Concejales piden informes de pagos a proveedores y descuentos a empleados en San Salvador Centro

    Concejales piden informes de pagos a proveedores y descuentos a empleados en San Salvador Centro

    Los regidores del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)

    de San Salvador Centro presionan al concejo municipal que emita un informe sobre el pago a proveedores de servicios y bienes, en el anterior y en el actual período municipal.

    El concejal de San Salvador Centro por el FMLN Simón Paz aseguró en una publicación en sus redes sociales que la solicitud de informes fue presentada en la sesión de concejo de la primera semana de abril y que pedían conocer cómo se han efectuado los pagos a proveedores de los períodos 2021-2024 y 2024-2027, para confirmar que la municipalidad está pagando sus deudas.

    Paz aseguró que esta es la tercera vez que solicitan la información y que en las dos ocaciones anteriores no recibieron respuesta, por lo que volvieron a solicitar los datos. Para el concejal, esta falta de información pública demuestra «el desinterés de informar de la situación financiera y de estos puntos en especial».

    Por su parte, el concejal Carlos Salas dijo que también pidieron la formulación de un plan de pagos si hay saldos pendientes con proveedores. Mientras, la concejal Liliana Andrade ha señalado que hay quejas de empleados sobre que en la comuna «se están quedando con sus cuotas destinadas a instituciones financieras», por lo que se «les generan intereses moratorios y también les afecta su récord crediticio».

    «Hemos pedido un informe del pago a los proveedores tanto de este período como del período anterior… Esta es la tercera vez en que como concejales nosotros hemos solicitado informe y ahora en esta reunión quedó demostrado el desinterés de informar de la situación financiera y de estos puntos en especial».

    Simón Paz, concejal del FMLN en San Salvador Centro.

    Los concejales han pedido un informe sobre los descuentos realizados por ley a los empleados municipales, para conocer si dichos montos están siendo transferidos a las instituciones correspondientes. A los empleados la alcaldía les descuentan sus cotizaciones al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), a las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP) y el Impuesto sobre la Renta.

    Asimismo, la petición de los concejales incluye un informe sobre los pagos realizados por los descuentos de planilla para cancelar cuotas por préstamos personales de los trabajadores. En junio del año pasado, los concejales también solicitaron un informe sobre los decomisos de mercadería a vendedores del Centro Histórico.

  • Nayib Bukele aterriza en EE.UU., donde el lunes se reunirá con Donald Trump

    Nayib Bukele aterriza en EE.UU., donde el lunes se reunirá con Donald Trump

    El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aterrizó este sábado en EE.UU. donde el lunes tiene previsto reunirse en Washington con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para tratar temas de cooperación en materia de inmigración.

    El mandatario centroamericano publicó en un mensaje de su perfil en la red social X un video en el que se ve su avión aterrizando en la base aérea Andrews de Maryland, en las afueras de la capital estadounidense, y siendo recibido por la autoridad local y la embajadora salvadoreña en EE.UU., Milena Mayorga.

    Se desconoce por el momento la agenda del mandatario hasta el lunes, día en que está previsto que se reúna con Trump.

    Desde su regreso a la presidencia el pasado enero, Trump ya se ha reunido con otros jefes de Estado de América Latina, aunque Bukele será el primero al que recibirá, no en su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida), sino en la Casa Blanca, lo que subraya la buena relación entre ambos y el lugar que ocupa el expublicista en la agenda del magnate neoyorquino.

    Tras sellar un contrato que implica una prestación de seis millones de dólares por parte de Washington y del que se desconocen muchos detalles, El Salvador ha permitido el uso de su prisión de máxima seguridad, el Centro de Confinamiento para el Terroristo (Cecot), para albergar a supuestos miembros de las pandillas Tren de Aragua (TdA) y MS-13, expulsados de EE.UU.

    En el marco de la gran ofensiva migratoria de Trump, Washington ha declarado que TdA está invadiendo su territorio y ha echado mano de una norma de 1897, la ley de Enemigos Extranjeros, para expeditar procesos de deportación de supuestos miembros de la organización criminal, la cual los expertos consideran incapaz de acometer semejante asedio sobre la primera potencia mundial.

    Esa fue la ley que su Administración abanderó en un polémico operativo el 15 de marzo en el que envió al Cecot a 238 venezolanos y 23 salvadoreños a los que acusó, sin publicar pruebas, de ser pandilleros.

    Posteriormente, las autoridades migratorias estadounidenses admitieron haber deportado por error a un salvadoreño llamado Kilmar Ábrego García, residente en Maryland, casado con una ciudadana estadounidense y al que un juez había prohibido devolver a su país.

    El pasado jueves el Tribunal Supremo ordenó al Gobierno Federal asegurar su retorno, y este viernes, Trump mostró su deseo de acatar lo dicho por el máximo tribunal estadounidense, lo que apunta a que el anuncio de su repatriación tal vez podría producirse durante el encuentro con Bukele el lunes.

  • Salgado opina que Bukele «corrigió» la plana al ordenar bajar tasas y Flores señala violación de autonomía municipal

    Salgado opina que Bukele «corrigió» la plana al ordenar bajar tasas y Flores señala violación de autonomía municipal

    Los exalcaldes Wilfredo Salgado y Manuel «El Chino» Flores, opinaron sobre la advertencia que hizo el presidente Nayib Bukele a los alcaldes, el pasado 16 de marzo, de revertir nuevos cobros municipales y sobre el proyecto del gobierno de la Ley de Mercados.

    Flores cuestionó que los ediles no defendieron la autonomía municipal y lo único que hicieron fue retractarse ante una advertencia.

    «¿Quién defendió la autonomía municipal? Nadie, porque todo mundo tiene miedo por el régimen de excepción, y hay que decirlo con claridad, ahora con el régimen de excepción solo te ofrecen el Cecot (Centro de Confinamiento para el Terrorismo) Pero la autonomía municipal hay que respetarla», cuestionó Flores en el programa televisivo Pulso Ciudadano.

    En cambio, Salgado aseguró que Bukele corrigió la plana a los ediles por los cobros «abusivos», que habían implementado a partir del 1 de mayo del año anterior.

    “Lo que hizo fue frenar a los alcaldes con cobros abusivos, fue corregir la plana, aunque el «Chino» dice que es violar la autonomía, pero yo lo tomo que hasta un favor les hizo, porque si violás las reglas en las normas técncia de la Corte de Cuentas que te dice que no tenés que hacer cobros abusivos en las tasas, pero lo hacés, te vas clavado, te va a clavar, así de sencillo, sí un favor les hizo”, aseguró Salgado.

    El también secretario general del Frente reiteró que el alcance del presidente Bukele al decir que no iba a permitir esos cobros a los alcaldes, fue “violar la auntonomía”, porque “hay separación de poderes”.

    Ley de Mercados

    Respecto al proyecto de Ley de Mercados que presentó el gobierno y que está en estudio a la Asamblea Legislativa, Flores dijo que lo que busca el Ejecutivo es tomar el poder de los mercados municipales.

    “Ahora lo que viene, es que están hablando de apropiarse de la infraestructura municipal y claro que atenta contra la autonomía municipal, además, deben hacer reformas legales, hay un Código Municipal qué reformar”, aseguró el dirigente de izquierda.

    En cambio Salgado defiende y asegura que los mercados son pérdidas para las alcaldías y que es una opción viable que los administre el gobierno.

    “Los mercados nadie los quiere, porque no son rentables…los mercados generan pérdidas a tal grado que si uno le diera el mantenimiento que se debe a los mercados salís en números rojos. El mercado de San Miguel solo en el costo de recoger la basura para dejar limpio para el siguiente día, el CAM, si hay gente que paga $0.15 por el puesto, no es rentable”, aseguró Salgado.

    Flores dijo que “quieren hacer ver como que le quitan un problema a la alcaldía, pero lo que se debe hacer es darle los recursos a las alcaldías”, aseguró Flores refiriéndose al Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes).

    El proyecto del Ejecutivo establece que los «mercados nacionales» serán administrados por la Dirección de Mercados, hacia donde pasarán también los mercados municipales que sean intervenidos por instituciones del Órgano Ejecutivo.

    La Dirección de Mercados arrendará los puestos de ventas, establecerá tarifas e impondrá multas de hasta $50 o revocatoria del arrendamiento por infracciones como no tener limpio el puesto de venta o mantener ventas ambulantes a un perímetro de 100 metros alrededor del mercado.

  • EE.UU. busca “alinear” ayuda exterior a programas no perpetuos

    EE.UU. busca “alinear” ayuda exterior a programas no perpetuos

    El

    secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que van a “realinear la ayuda exterior” para ayudar a los países en temas necesarios y buscar autosuficiencia, sin prolongarlos o hacerlos perpetuos, cuando se refirió al recorte de programas en la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), de 6,000 a 900.

    Rubio aseguró en una entrevista con Donald Trump Jr. que buscan apoyar a los países con “lo que generalmente necesitan” como seguridad para que sean “autosuficientes” y no necesiten «ayuda exterior en el futuro”.

    El funcionario rechazó la idea de «perpetuidad” de los programas de ayuda y criticó programas que llegan a durar hasta 25 años, un indicador de que “no ha cumplido su propósito” según Rubio.

    El secretario estatal informó que los programas que quedaron de USAID están siendo administrados por el Departamento de Estado de EE.UU. “El objetivo es que todos esos programas sean administrados por el Departamento de Estado para que podamos revisarlos directamente”, dijo.

    “La ayuda exterior es algo que debemos hacer y seguiremos haciendo, pero cada dólar que gastemos en ella debe lograr al menos uno de estos tres objetivos: fortalecer a Estados Unidos, hacerlo más próspero o hacerlo más seguro”.
    Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

    El representante del gobierno de Trump rechaza que la ayuda se destine a “políticas internas de extrema izquierda” y lo que llama “el complejo industrial de ayuda exterior”, en referencia a “organizaciones no gubernamentales” y a subcontratistas para entregar la ayuda. Rubio confirmó que el “objetivo” es que “todos esos programas” que seguirán “implementando” –habló de 900– serán administrados por el Departamento de Estado.

    El funcionario informó que “parte de eso se ha remitido al Departamento de Justicia para su análisis”, ante una pregunta sobre si cree que hay alguna relación con que el dinero “se devuelva a los demócratas, a la maquinaria de recaudación de fondos u otros asuntos turbios”.

    “Hay personas que han ganado mucho dinero formando parte del complejo industrial de ayuda exterior, formando parte de esta red de ONG que hacen cosas”, afirmó.

    Durante casi 24 años, la USAID desembolsó $1,585.4 millones a El Salvador, de un total de $2,780.8 millones de todas las agencias de ayuda estadounidense según foreignassistance.gov. Los mayores montos desembolsados de la USAID a El Salvador ocurrieron en los años 2012, con $210.5 millones; 2020, $197.2 milllones; 2019, $192.7 millones; 2011, $187.6 millones; y 2010, con $170.9 millones.

    En el año completo fiscal más reciente (2023), los sectores con más desembolsos fueron: gobierno y sociedad civil, con $51.8 millones; gastos de operación, con $21.3 millones; respuesta de emergencia, con $14.9 millones; educación básica, con $14.04 millones; negocios y otros servicios, $13.2 millones; HIV/sida, $5.7 millones; prevención de desastres, $3.4 millones; política comercial, $1.3 millones; conflicto, paz y seguridad, por $1.9 millones; y $989,800 para salud básica.

  • Bajó presupuesto para cinco de siete instituciones de control en 2025: estudio de la AC

    Bajó presupuesto para cinco de siete instituciones de control en 2025: estudio de la AC

    Mientras cinco instituciones de control tuvieron una disminución en su presupuesto para el año 2025, la Corte Suprema de Justicia tuvo un aumento en sus fondos y la Corte de Cuentas de la República se mantuvo con la misma asignación presupuestaria, según el informe de Acción Ciudadana presentado el viernes.

    Para el año 2025, el Estado salvadoreño ha destinado $680.8 millones a siete instituciones de control, lo que constituye un 7 % del presupuesto general del Estado.

    El 72 % del presupuesto de las instituciones de control está asignado al Órgano Judicial y el restante 28 % está repartido entre seis instituciones de control: la Fiscalía General de la República tiene el 13 % del presupuesto de las entidades de control y la Corte de Cuentas de la República (CCR), un 7.4 %.

    Las instituciones de control tienen una cobertura del 95 % de su necesidad presupuestaria, les harían falta un poco más de $31 millones.”

    Julio Amaya, investigador.

    Así mismo, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene una asignación del 5 % del presupuesto de las instituciones de control; la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), un 1.5 %; el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), un 0.3 %; y el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), un 0.35 %.

    Los presupuestos de las instituciones de control bajaron desde un 37.7 %, en el caso de la FGR, hasta un 9.99 %, en el caso de la PGR.

    Las necesidades presupuestarias planteadas originalmente por estas instituciones sumaban $711.9 millones, pero tuvieron un recorte de $31.1 millones a sus proyectos presentados a Hacienda.

    La AC emitió siete solicitudes de información presupuestaria, una a cada institución de control: la Fiscalía denegó la información bajo el argumento de que la información es “reservada”; la CCR no entregó a información; la PDDH, el IAIP y el Órgano Judicial entregaron solo parte de la información, y solo la PGR y el TEG entregaron la información.

    ¿Qué información era?: monto del techo presupuestario comunicado por Hacienda, copia del proyecto de presupuesto presentado a Hacienda, copia de cualquier documento que ha servido de base para la elaboración del proyecto de presupuesto 2025 previo a los ajustes y modificaciones realizadas al techo presupuestario y presupuesto institucional aprobado por la Asamblea Legislativa para 2025.

  • Bajan del 10 % al 5 % de tasas el cobro para las fiestas de Coatepeque

    Bajan del 10 % al 5 % de tasas el cobro para las fiestas de Coatepeque

    El concejo municipal de San Salvador Este reformó la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales por

    servicios del distrito de Coatepeque «siguiendo la directriz emanada por el presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez, relativa a las medidas de alivio económico» para disminuir el cobro que realizan sobre las tasas y contribuciones, y que se destina a las fiestas.

    «Sobre todo ingreso generado por las tasas establecidas en la presente ordenanza, con destino el Fondo Municipal, los contribuyentes aportarán el 5 % que se utilizará para las festividades locales, cívicas y nacionales», indicó.

    La reforma derogó las disposiciones que se basaban en el artículo 34 de la ordenanza, que establecía un cobro del 10 % para las festividades locales, cívicas y nacionales.

    «Siguiendo la directriz emanada por el presidente Nayib Bukele, relativa a las medidas de alivio económico, considera oportuno continuar mejorando la situación económica de aquellas familias de escasos recursos, pequeñas y medianas empresas de este municipio, considera oportuno y alta necesidad normalizar y ajustar la ordenanza».

    Concejo de Santa Ana Este.

    La Ley de tarifa general de arbitrios de Coatepeque de 1987 estableció un cobro del 5 % sobre todo ingreso con destino al Fondo Municipal proveniente de tasas o derechos por servicios de oficina, impuestos y contribuciones municipales pagados por los contribuyentes, para la celebración de ferias o fiestas patronales, cívicas o nacionales. En 2010, el cobro aumentó al 10 % con la vigencia de la «Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de Coatepeque».

    Sin embargo, una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo, emitida el 19 de septiembre de 2024, dictó que la alcaldía de Coatepeque debía determinar el porcentaje legal regulado en la Ley de Tarifa General de Arbitrios, es decir, 5 %.

    La reforma fue aprobada el 17 de marzo de 2025 y publicada en el Diario Oficial del 3 de abril de 2025. Según el decreto, «será de aplicación inmediata». Fue firmada por la alcaldesa, Cecy Carolina Elías Escobar, y el secretario municipal, César Antonio Toledo Vargas.