Categoría: Politica

La empresa pública Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) destinará un préstamo de $150 millones que le otorgará el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o Banco Mundial, en el cual el Estado salvadoreño será el garante, en desarrollar una planta geotérmica, construir pozos y crear un Centro de Excelencia Geotérmica.

En el Centro de Excelencia Geotérmica, explicó el Ministerio de Hacienda a los diputados, capacitarán a estudiantes y profesionales sobre la energía geotérmica.

Los diputados aprobaron un dictamen favorable para que el Ministerio de Hacienda pueda firmar un contrato de garantía que respalde el crédito.

El proyecto tiene cuatro componentes:

1. Perforación de pozos para confirmar los recursos geotérmicos.

Se perforarían «hasta 8 pozos profundos de tamaño estándar en el campo geotérmico de Chinameca». Los pozos servirán, según Hacienda, para confirmar la extensión de la capacidad geotérmica de las zonas de producción y aumentar la producción de vapor, e «integrar o devolver el agua geotérmica a la zona profunda del campo».

2. Inversión en capacidad de generación de energía eléctrica geotérmica

Hacienda indicó que se construiría «una central geotérmica en el Campo Geotérmico de Chinameca de hasta 25 megavatios eléctricos (Central Eléctrica de Chinameca)», un sistema de recopilación de vapor o red de tuberías de acero para transportar el vapor desde los pozos hacia la central eléctrica de Chinameca, y la conexión de la central a la subestación eléctrica «a fin de conectar la planta a la red nacional de transmisión eléctrica».

3. Programas sociales y ambientales y apoyo al Centro de Excelencia en Geotermia

Con los fondos del préstamo, buscan apoyar «programas sociales e inversiones que generen oportunidades económicas locales en las comunidades cercanas a la central», así como realizar «estudios para respaldar la creación de un Centro de Excelencia Geotérmica para capacitar a estudiantes y profesionales en temática relacionada a la industria geotérmica y otros sectores afines».

Este componente también incluye «actividades de divulgación para concientizar sobre las aplicaciones potenciales del calor geotérmico para actividades productivas».

4. Asistencia técnica y apoyo a la implementación de proyectos

Los fondos del préstamo también incluyen «la contratación de personal experto para brindar asistencia técnica y apoyar las tareas de gestión y supervisión del proyecto y la auditoría externa».

Con los fondos, la CEL busca un mayor desarrollo de la capacidad de energía renovable en el campo de Chinameca en el futuro, facilitar el uso de la energía geotérmica para usos productivos, el suministro de electricidad más resiliente y sostenible a precios más bajos y más estables, y el aumento de potencial para el suministro de energía limpia.

La garantía de los fondos se aprobaría en la sesión plenaria del jueves.

El coordinador del Estado de la Región 2024, Alberto Mora, explicó que la región de Centroamérica y República Dominicana se enfrenta a dos grandes disyuntivas referidas a la democracia y a la integración regional para enfrentar desafíos sobre el narcotráfico, crimen organizado, cambio climático y otros para lograr «hacer eco» en espacios internacionales.

“O fortalecemos la democracia y apostamos por el uso de las herramientas que la democracia nos ofrece para lograr reconciliar estas expectativas de la gente con el quehacer del Estado, o profundizamos la deriva autocrática y el deterioro de los derechos y libertades fundamentales para la población. Esta es una disyuntiva», resumió la primera disyuntiva, en una entrevista de Telecorporación Salvadoreña.

Se basó en que en la región hay una «deriva autoritaria» que «ha coincidido con actitudes de la población que no son favorables a la democracia”, lo cual se debe a que la población no ha visto mejoras significativas en sus condiciones de vida y está «claramente descontenta» con los beneficios del Estado y de las políticas públicas.

“La democracia tiene en la base la búsqueda del bien común y, cuando eso no se logra, el sistema se erosiona y pierde legitimidad de cara a la luz de las necesidades y de las expectativas de la población”, indicó.

Planteó que si la deriva autocrática no coincidiera con actitudes de la población habría un contrapeso, pero advirtió que la mayoría de la población «se ubica en posiciones “ambivalentes o escépticas”, que apoyan la democracia pero respaldarían la concentración de poder a una persona fuerte con tal de que le resuelva los problemas.

La segunda disyuntiva tiene que ver con la integración regional.

“La disyuntiva es: fortalecer el proceso de integración regional», o, en contraposición, «que cada país pueda por separado gestionar su relación con las grandes potencias y hacer frente a este contexto internacional de manera desarticulada y profundizar la desarticulación regional que pudiéramos tener”.

Mora señaló que la región está en su «peor momento del proceso de integración regional desde 1991» y que es necesaria una «acción coordinada, conjunta», no solo para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, el cambio climático, «sino para hacer eco en espacios internacionales», ante realidades como el recorte de la cooperación y la volatilidad en las condiciones para el comercio, situaciones que ponen a países a los países de Centroamérica en una situación vulnerable.

El coordinador de Estado de la Región reiteró que el informe Estado de la Región detectó los retrocesos más significativos en Nicaragua y en El Salvador. «En Nicaragua en materia institucional y política se encuentra hoy en una situación como la que vivía en el momento de la dictadura somocista», expresó.

“¿Por qué es importante en una democracia? Porque la independencia entre los poderes del Estado lo que permite es el riesgo de abuso del poder. Cuando en los países esto no existe, las posibilidades de intromisión indebida del Ejecutivo en el Poder Judicial, en la administración de justicia, en el Congreso y demás instituciones de control, es muy alto y en algunos casos como Nicaragua, es un control absoluto del Estado. Y ello ha ido acompañado de una restricción importante en las libertades y derecho de la ciudadanía, fundamentalmente en el ejercicio de la libertad de expresión, libertad de prensa y la libertad de asociación”, indicó.

En el caso de El Salvador, dijo, «es un país donde los principales retrocesos durante los últimos años han sido en materia político institucional». «De acuerdo a indicadores de The Economist y Variedades de la Democracia, El Salvador es hoy una dictadura, es una autocracia y ello ha implicado la limitación de libertades, la libertad de expresión y el régimen de excepción ha implicado limitaciones en las libertades y derechos», señaló.

Mora también hizo ver la afectación del cambio climático en la región: «La afectación que ya están teniendo como producto del cambio climático, sequías pero también las lluvias intensas es algo que está poniendo en grave riesgo no solo la infraestructura sino también la producción de energía hidroeléctrica y la agricultura, que es significativa en territorios rurales e indígenas donde desarrolla con el propósito de autoconsumo y acá el riesgo de inseguridad alimentaria nutricional para la población en esos territorios».

El congresista estadounidense Glenn Ivey, demócrata, se refirió el lunes a la detención de Ruth Eleonora López, jefa de la unidad anticorrupción de la asociación Cristosal arrestada el domingo 18 de mayo al ser acusada de peculado por la Fiscalía salvadoreña.

«Es coincidente que ella fuera arrestada pocos días antes de nuestra llegada. Pero es importante asegurarse de que se respeten sus derechos y también los derechos de otras personas», afirmó durante una conferencia de prensa en la cual lamentó no haberse reunido con el salvadoreño Kilmar Ábrego, deportado en marzo pasado a El Salvador y quien estaría en la penitenciaría de Santa Ana.

Chris Newman, abogado de Ábrego García e integrante de la Red Nacional de Jornaleros en los Estados Unidos, manifestó que monitorearán también caso de Ruth López. «Viendo lo que pasa y ella debe recibir sus derechos», indicó.

El congresista de Maryland, quien visitó El Salvador del viernes al lunes, destacó que, además de Ábrego, «hay al menos 50 venezolanos que han sido deportados por Estados Unidos a El Salvador y están en prisión aquí (en El Salvador) bajo un contrato con Estados Unidos» sin que tuvieran un estatus ilegal, citando el hallazgo de un estudio de CATO Institute.

Desde marzo, Estados Unidos ha deportado a 266 venezolanos y 23 salvadoreños a El Salvador, que inmediatamente fueron recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).

«Tenían derecho a estar allí (Estados Unidos), así que no estaban violando ninguna ley al estar en Estados Unidos, no habían cometido delitos ni en Estados Unidos, ni en El Salvador, ni en Venezuela. Así que están detenidos incluso cuando no han cometido ningún delito, no han violado ninguna ley, ni hecho nada ilegal, y están siendo retenidos indefinidamente. Así que estamos presionando también en ese caso, que también está en los tribunales en Estados Unidos», indicó sobre la investigación de CATO Institute.

Según el congresista, «todos deberían tener el derecho a recibir visitas cuando están en la cárcel» de familias y abogados. Recordó que cuando él era fiscal los detenidos podían comunicarse con sus abogados y familias aunque las conversaciones eran grabadas para asegurarse de que no se facilitara una actividad delictiva.

Advirtió que los procesos o caso penales contra dichos detenidos «no están en El Salvador sino en Estados Unidos».

El abogado de Ábrego García manifestó que, para él su cliente no es «deportado», ya que, de lo contrario, estaría libre.

«Quiero aclarar algo, Kilmar García no es un deportado. Si fuera deportado estaría aquí sentado con nosotros. Está encarcelado, secuestrado bajo quién sabe qué tipo de ley, qué tipo de acusación».
Chris Newman, abogado de Kilmar Ábrego García.

Insistió en que quieren la prueba de vida de Ábrego García. «No hemos escuchado nada de él desde el 17 de este mes. Queremos saber dónde está. No sabemos si todavía está en Santa Ana o si está en otro lugar. Queremos acceso al señor Ábrego García para que él pueda recibir servicios legales», indicó.

Públicamente Ábrego García ha sido acusado públicamente por la Casa Blanca y la Fiscalía estadounidense de ser miembro de la pandilla MS-13, a raíz de un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que lo fichó como miembro de la MS-13.

La Corte Suprema ha frenado las deportaciones de Estados Unidos hacia El Salvador tras una demanda.

El salvadoreño Jaime Contreras, vicepresidente ejecutivo del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), quien acompañó al congresista Ivey, manifestó que «sea de Venezuela, de Haití de El Salvador, sea de donde sea, todo mundo debe tener el derecho básico de una audiencia de vida».

«Yo sé que van a haber personas que van a decir 'Oh, ahí están los defensores de los pandilleros'. Así van a decir de nosotros. Quiero aclarar bien, aquí estamos defendiendo los derechos de los inocentes».
Jaime Contreras, vicepresidente de SEIU, quien acompañó al congresista en El Salvador.

El congresista demócrata del estado de Maryland, Glenn Ivey, finalizó este lunes su visita a El Salvador sin poderse reunir con el salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y posteriormente un centro penal de Santa Ana.

“Vamos a mantener la presión hasta que eso suceda”, había insistido antes de iniciar su viaje en medios de comunicación estadounidenses.

Políticos demócratas estadounidenses buscan presionar a la administración Trump para que cumpla con órdenes judiciales de la Corte Suprema y del Cuarto Circuito de Apelaciones, de hacer los esfuerzos por retornar a Ábrego García a Maryland, Estados Unidos luego de haber sido deportado por error.

Ellos reclaman que Ábrego García y otros deportados no han enfrentado una audiencia ante un tribunal para estar presos en El Salvador.

Por el caso de Kilmar Ábrego, que se ha convertido en el símbolo de esta polémica, han realizado visitas a El Salvador los congresistas demócratas Robert García (California), Maxwell Frost (Florida), Yassamin Ansari (Arizona) y Maxine Dexter, y el senador Chris Van Hollen (Maryland), quien sí logró reunirse con Ábrego García luego de que el gobierno accediera a trasladarlo al hotel donde se encontraba el senador.

Este lunes, el congresista Ivey manifestó que hoy fueron a la prisión de Santa Ana y que en el lugar le hablaron a la gente de la puerta.

“No nos abrieron la puerta ni nos dejaron entrar. Dijeron que teníamos que volver a San Salvador. Es ridículo”, expresó.

El funcionario se quejó de que su visita ya había sido anunciada a través de la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos, Milena Mayorga, con quien se reunió una semana atrás, y que también se reunió con el embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan.

Según el congresista, gestionaron reuniones con el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, y con varios funcionarios salvadoreños, “dentro de los ministerios”, pero tampoco se logró.

Ivey dijo que fue fiscal en Estados Unidos, que todas las personas “deberían tener derecho a recibir visitar cuando están en prisión”, y que la “única disposición era que, al comunicarse con las familias, las conversaciones se grababan para evitar cualquier actividad delictiva”.

La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen de reforma a la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria que faculta al superintendente de Regulación Sanitaria a crear la política nacional farmacéutica en El Salvador y para incluir la Defensoría del Consumidor en el Consejo de la Superintendencia.

Jessica Durán, secretaria general de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, sugirió algunos cambios para agregar en su facultad de efectuar “pruebas de control de calidad a productos objeto de regulación” la frase: “siempre y cuando no incluyan experimentación con animales y humanos”.

“Resulta necesario ya que fortalece las facultades de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y eso nos permite continuar dando servicios de manera óptima”.
Jessica Durán, secretaria general de la SRS.

Con la reforma se genera la competencia legal para que El Salvador cuente con un “hub” o análisis de control de calidad para los países de la región.

La reforma agrega la obligación de colaborar con la Superintendencia para “toda persona natural o jurídica, pública o privada” y facultar al superintendente “la fijación de remuneraciones, prestaciones y compensaciones a los empleados de la institución y habilitaría a la Superintendencia a donar productos decomisados aptos para su consumo y a publicar los tarifarios. De esta disposición se suprimieron “las dietas”.

La reforma establece la Superintendencia tendrá 30 meses –dos años y medio– para obtener la certificación anti-soborno. La secretaria argumentó que es necesario tener un “plazo razonable”, ya que se requiere “un tiempo de implementación”. Argumentó que el artículo 16 de la Ley de Compras Públicas daba tres años a las instituciones pero que la Superintendencia inició labores el 7 de agosto de 2024 y “ya había transcurrido un año y cinco meses”.

Después de su exposición, el diputado presidente de la Comisión, Ricardo Rivas, de Nuevas Ideas, comentó que tiene estanques de «tipalia» y que consideraba que, «para poder exportar, esto va a ser mucho más práctico, más fácil, no va a ser como otros años atrás, que esto era bien tedioso».

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresó este lunes, en un comunicado oficial, su respaldo a Nicolás Maduro, gobernante del régimen de Venezuela, luego de las elecciones legislativas del domingo en donde hubo baja participación electoral.

Venezuela desarrolló el domingo 25 de mayo elecciones de 285 diputaciones de la Asamblea Nacional para un periodo de cinco años, desde el 5 de enero de 2026 hasta el 5 de enero de 2031, además de 260 legisladores regionales y 24 gobernadores.

La principal dirigente de la oposición, María Corina Machado, lo consideró una derrota para el régimen de Maduro. Ella había exhortado a vaciar las calles a dejarlos “solos” por considerar ilegítimas las elecciones y, mientras el organismo electoral del oficialismo venezolano dice que la participación fue 42.6 %, la oposición señaló que más del 85 % de los venezolanos no votaron.

En el comunicado, el FMLN expresa que respaldan a las “instituciones legítimas del Estado venezolano”.

Según el FMLN, en estas elecciones se ratificó “el camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista”. “Acompañamos esta nueva victoria, que es también un triunfo de los pueblos que resistimos y de quienes creemos en un mundo multipolar, sin hegemonismos ni dominación extranjera”, indicó el partido de izquierda.

Estas son las primeras realizadas luego de los polémicos comicios del 28 de junio de 2024 de los que hasta ahora el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no presenta actas electorales.

También, se dan luego de una tensión política y electoral que acompaña arrestos de decenas de opositores.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) reciben este lunes la presentación de los 46 programas que componen el Plan General de Elecciones de 2027, conocido como Plagel 2027, informó la institución en redes sociales.

El TSE explicó que este es el tercer documento en torno al próximo proceso electoral, después del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el calendario electoral.

Los magistrados aún no han aprobado el Plan. La presentación del documento a los magistrados “permitirá un análisis detallado de cada programa para su posterior aprobación”, indicó el TSE.

Las elecciones de diputados y alcaldes para el periodo 2027-2030 se realizarán el 28 de febrero de 2027.

La comisión que elaboró el PLAGEL está conformada por jefes técnicos, entre ellos Ignacio Villagrán, jefe de la Unidad de Sistemas Informáticos (USI), quien fue calificado como inexperto por el exmagistrado Guillermo Wellman y el principal señalado de las fallas en las elecciones de 2024.

En junio próximo, el TSE iniciará la redacción de los términos de referencia para la contratación de la empresa implementadora del voto electrónico y las empresas auditoras del mismo. En 2024, la formulación de los términos de referencia y consiguiente cambio en los mismos generó polémica sobre la contratación.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa votó este lunes a favor de la autorización al Ministerio de Hacienda para que pueda otorgarle la garantía soberana del Estado a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) al préstamo de $150 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o Banco Mundial.

El director general de Crédito Público e Inversión, Marlon Herrera, explicó el préstamo servirá para perforar “hasta 8 pozos profundos” y la construcción de una central geotérmica en el campo geotérmico del distrito de Chinameca, municipio de San Miguel Oeste, departamento de San Miguel.

Parte de los fondos también serán destinados a la construcción de un sistema de recopilación de vapor desde los pozos con tuberías de acero hacia la central geotérmica, una conexión de la central a la subestación, programas sociales y la creación de un Centro de Excelencia Geotérmica en donde se desarrollarían capacitaciones a estudiantes y profesionales en industria geotérmica y sectores afines.

“Esta operación de crédito que permitirá financiar los diferentes proyectos en esta temática vendría apoyar lo que es las diferentes alternativas o fuentes de energía que tiene la CEL, tanto la geotérmica, la hidroeléctrica, el gas natural licuado, entre otros”.
Marlon Herrera, director de Crédito Público.

Ante una pregunta del diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, el funcionario explicó el artículo 148 de la Constitución de la República indica que “corresponde a la Asamblea Legislativa facultar al Órgano Ejecutivo para que contrate empréstitos” y el otorgamiento de garantías soberanas. Agregó que la CEL “tiene la facultad para contratar empréstitos o acceder a cualquier tipo de financiamiento” y por ello ha negociado este préstamo.

Las garantías soberanas también requieren dos votaciones, autorización y aprobación, por lo que el contrato de garantía soberana requerirá una votación adicional de aprobación.

Durante el año 2025, la Asamblea Legislativa ha autorizado y aprobado la suscripción de contratos de garantías para un total de $240 millones en préstamos, $50 millones por el Fondo Social para la Vivienda (FSV) y $190 millones por el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal). Con los créditos aprobados, el financiamiento avalado por la Asamblea Legislativa supera los $1,000 millones solo de deuda firmada durante 2025.

El dictamen favorable podría ser incluido en la agenda de la sesión plenaria convocada para este jueves 29 de mayo, la que se divulga el mismo jueves minutos antes del inicio de la sesión.

El diputado opositor Francisco Lira insistió este lunes en que el gobierno debe informar sobre medidas que disminuyan el impacto que pueda generar un aumento del salario mínimo en las micro y pequeñas empresas.

“Debería tenerlo pero no hay”, dijo cuando se le preguntó sobre un posible incentivo del Estado.

Según el legislador un aumento al salario mínimo para las personas que han optado por “emprender” en la economía salvadoreña provocaría un “caos, despido masivo, baja productividad”. “Vienen a emprender con esto. No es posible, lo que va a a generar es un caos, despido masivo, baja productividad”, fueron sus palabras.

La semana pasada, el diputado solicitó a la Asamblea Legislativa la emisión de un dictamen para recomendar al Ministerio de Economía y a la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) para que dé un informe sobre el estado actual del sector y que expliquen cuáles son “las medidas complementarias que van a impulsar de forma paralela a la implementación del salario mínimo”.

“Solo de salario son $43.80 por colaborador, se le tiene que sumar la cuota patronal de Seguro Social, de AFP, más las vacaciones, o sea que el aumento real no es de $43.80, estamos llegando casi a los $70, ese impacto lo va a sostener el emprendedor, micro y pequeño empresario”, indicó.

Aseguró que “la gran empresa ya lo tiene planificado porque muchos de ellos ya pagan más del salario mínimo” pero previó impactos en la micro y pequeña empresa.

“Ese impacto lo va a sostener el emprendedor, micro y pequeño empresario… Después de escuchar y reunirme con varios sectores, llegamos a la conclusión que me dicen: deben haber políticas públicas complementarias que logren sacar adelante, porque si no, yo como emprendedor, que tengo dos personas, tengo dos opciones: despedir a uno o cerrar el negocio”, afirmó.

En la mañana de este lunes, el presidente de Conamype, informó se han invertido más de $6.8 millones en un quinquenio para apoyar a más de 39,000 empresarios y artesanos en el país. “Estamos hablando de más de $6.8 millones que se han invertido en este último quinquenio”, indicó el funcionario, publicó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

El secretario general del FMLN, Manuel «El Chino» Flores, calificó este lunes de «fracaso» el desempeño del gobierno en su proyecto de construcción de escuelas, a seis años del gobierno, y cuestionó el silencio del gobierno salvadoreño ante la aprobación del impuesto del 3.5 % a las remesas aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. «Y el gobierno calla, ¿dónde está la embajadora, Cancillería, dónde está el régimen, exigiendo explicaciones?», preguntó.

«Le pueden poner cierre, reunificación, unificación, acercamiento, como sea le pueden poner, las están cerrando», dijo. «¿Será eso un logro de los seis años?, el decir que primero «Mi Nueva Escuela», que ya tenían el financiamiento del BID, después se pasó a tres escuelas diarias y después dos, entonces, ya vamos a ver qué pasa el otro año. ¿El ministro de Educación dónde está?, no existe, ¿el ministro de Agricultura?, no existe», agregó, en su conferencia de prensa semanal.

El gobierno de Nayib Bukele cumple seis años, ya que el 1 de junio de 2025 se cumple el primer año de su segundo mandato. El domingo 1 de junio Bukele pronunciará un discurso ante la Asamblea Legislativa; el pasado 22 de junio, explicó que no pudo cumplir su plan de construir o remodelar tres escuelas por día y lanzó su plan «Dos escuelas por día».

El secretario cree que en El Salvador podría haber otro impuesto a las remesas «porque está quebrado este gobierno».

El dirigente del partido de izquierda, dijo que «a todos los que viven afuera» no les recomienda «este tipo de régimen». El representante del FMLN criticó la aprobación de Ley de Agentes Extranjeros, el aumento de la deuda y la mordaza. «Cuando la sociedad es amordazada, la corrupción se magnifica», señaló. «Todo eso, esos cortinazos, vienen casualmente al tema de la captura de líderes defensores de derechos humanos, ¿qué quieren tapar?, ¿quieren crear un gobierno de miedo, donde nadie puede opinar, donde la prensa está amordazada, donde solo puede opinar la prensa progobierno?», cuestionó.

El dirigente ve la renuncia del comisionado de derechos humanos y libertad de expresión, el colombiano Andrés Guzmán, como una muestra de que «se fue huyendo de la realidad» para «no enfrentar lo que el pueblo salvadoreño está viviendo en derechos humanos». «¿Por qué renunció antes de la captura de la abogada Ruth López? Alguien que se siente cómodo con su trabajo no creo que renuncie», cuestionó.

Mostró preocupación ante el pronunciamiento de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), ya que si en El Salvador «se habla de libertades» y de ser el país «con la mayor seguridad del mundo», «se esté hablando de persecución de periodistas, es grave». «Una democracia está sustentada sobre la base de las diferencias. Nunca un periodista se fue durante los gobiernos del FMLN», dijo.

El FMLN perdió su representación en la Asamblea Legislativa desde el 1 de junio de 2024 y solo quedó con representación en gobiernos municipales y en el Parlamento Centroamericano.