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El gobierno ha asumido diversos compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para poder acceder a un financiamiento gradual en 40 meses por menos de $1,400 millones, entre estos, la reforma al sistema de pensiones.

¿Qué compromisos asumió el gobierno sobre pensiones, según el reporte del FMI publicado el 3 de marzo?

1. Evaluación actuarial independiente: julio de 2025.

Según el Fondo, «para cuantificar los riesgos» ante «todas las reclamaciones» de pensiones públicas y privadas y «fundamentar la toma de decisiones», «las autoridades reanudarán las evaluaciones periódicas de la sostenibilidad del sistema de pensiones y publicarán una evaluación actuarial independiente» a fines de julio de 2025.

2. Propuesta de reforma en febrero de 2026.

Una vez concluida esta evaluación, dice el FMI, y con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, «se publicará una propuesta de reforma» en febrero de 2026 «para poner el sistema de pensiones sobre una base sólida, al tiempo que se contienen los costos fiscales y los pasivos contingentes».

3. Reforma de pensiones en 2026.

El Fondo dice que el programa con El Salvador se basa en una «ambiciosa consolidación fiscal favorable al crecimiento» que no solo incluye «eficiencia en el gasto público», reformas a la función público, sino reformar «el sistema de pensiones a lo largo del tiempo». Indica que la propuesta de reforma «se adoptará» en 2026.

4. Restablecer la sostenibilidad del sistema de pensiones.

El Fondo indica que «en concreto, existe el compromiso de contener los posibles costos fiscales asociados a la reforma de las pensiones de 2022».

Sobre la reforma de 2022, el FMI dice que esta «aumentó los beneficios, desvinculó los saldos acumulados en las cuentas de ahorro individuales, y dispuso que los fondos de pensiones privados financiaran lo que queda del sistema público de reparto anterior».

5. Diversificación de los fondos de pensiones.

El Fondo espera que el financiamiento ayude a aliviar la deuda con los bancos, proteger el crédito a privados y «la diversificación de los fondos de pensiones», «reduciendo así la exposición del gobierno y los riesgos asociados al nexo entre el gobierno y los bancos».

El FMI reconoce la publicación del plan fiscal trienal 2025-2027, por el Ministerio de Hacienda, que incluye «el costo esperado de las pensiones públicas y de los pagos de intereses sobre la deuda de pensiones», así como la publicación de los datos fiscales e información sobre flujos fiscales y saldos de deuda del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).

El diputado Mauricio Ortiz, de Nuevas Ideas, atribuyó el martes el atraso en la construcción de las escuelas en El Salvador al incumplimiento por parte de algunos contratistas, mientras los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) señalan al gobierno «de incompetente».

El martes, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que permite al Ministerio de Educación adjudicar obras en escuelas con sola la aceptación o comunicación del contratista, decreto que tendrán una vigencia de dos años.

En la plenaria, el diputado Mauricio Ortiz, de Nuevas Ideas, reveló que algunos contratistas han dejado de cumplir obligaciones y que algunos caso están en la Fiscalía General de la República (FGR). Argumentó que el primero de los objetivos con estas disposiciones es quitar requerimientos burocráticos en las licitaciones de proyectos y el segundo, competir como Estado salvadoreño en el rubro de la construcción.

A lo largo y ancho del país, existen algunas escuelas que ya se entregaron pero también sabemos que hay algunas que se han detenido y, por esto, mucha gente en los territorios las encontramos molestas; esto ha sido por el sistema y el procedimiento burocrático, que hoy se va a eliminar, porque algunos contratistas han dejado de cumplir obligaciones y eso para los proyectos por ocho meses, nueve o un año; y eso hace ineficiente todo el proceso, al fin y al cabo lo que necesitamos es entregar renovadas las escuelas”.
Mauricio Ortiz (Nuevas Ideas).

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que «son incompetentes».

“El problema es que nos está gobernando gente incompetente, es ridículo lo que dice el ministro, si realmente lo que pasa es que son incompetentes, el decir ellos que porque les entregaron fianzas falsas y ahí se atrasa el proceso, es que eso debería de ser dentro del proceso de verificación que tienen como Ministerio de Educación.
Marcela Villatoro (Arena).

El diputado Francisco Lira, también de Arena, reiteró que la promesa del Gobierno de reconstruir más de 5,000 escuelas no se ha cumplido. “Y ahora quieren saltarse toda las leyes de contratación pública en este país y ¿qué garantía tenemos si ni tenemos acceso a los contratos de contratación?, por eso votamos en abstención”.

La Asamblea Legislativa aprobó el decreto de las disposiciones transitorias que permitirá que el Ministerio de Educación adjudique los proyectos de construcción o remodelación de escuelas a contratistas, sin tener que pasar por un proceso de licitación, con la sola aceptación y comunicación con el contratista seleccionado.

Según el ministro de Educación, Mauricio Pineda, explicó, ellos crearán una “lista corta” de contratistas para asignar lor proyectos.

Ocho candidatos se están postulando como candidatos a

procurador general de la República para el periodo que inicia el 2 de mayo de 2025 y finaliza el 1 de mayo de 2028; entre los aspirantes, está el actual procurador general, René Gustavo Escobar Álvarez, elegido en el cargo el 27 de abril de 2022.

Escobar Álvarez acompañó recientemente al comisionado presidencial de derechos humanos, Andrés Guzmán, durante el Examen Periódico Universal de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a El Salvador y afirmó que en el régimen de excepción «la defensa técnica se le ha brindado de manera oportuna a todas las personas procesadas».

Otras de las acciones bajo su administración en la PGR ha sido la aprobación, el 16 de diciembre, de un reglamento de viáticos para gastos de alojamiento y alimentación de funcionarios o empleados que participen en misiones oficiales dentro –en un radio mayor a 15 kilómetros– o fuera del país.

Escobar Álvarez finaliza su periodo el 1 de mayo de 2025.

Los expedientes de los ocho aspirantes pasaron a estudio de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que no fue convocada para reunirse.

Los ocho aspirantes

1. Dionisio Ernesto Alonso Sosa

Ha sido jefe del Departamento de Asistencia Técnica a Juntas de Protección, de la Subdirección de Defensa de Derechos Individuales, Unidad del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia.

2. Cándida Dolores Parada de Acevedo

Representante suplente de la procuradora general adjunta Consejo Nacional de la Niñez. y de la Adolescencia.

3. Juan José Loza Lizama.

Abogado, participó como candidato propietario a diputado por el PCN en las elecciones 2024. También buscó ser procurador general de la República en 2019.

4. Nelson Alexander Yanes Iraheta

Abogado y notario, directivo del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados (Foprolyd) por parte del Ministerio de Salud, abogado de la Junta de Protección del Conna en La Paz. También participó en la elección para titular de la PGR en 2022.

5. Sara Nohemy García Leonardo

Secretaria del Juzgado de Primera Instancia del distrito de La Libertad.

6. Sara Yolanda González Alfaro

Aparece como representante legal de la sociedad Macarius, S.A. de C.V. en el Centro Nacional de Registros.

7. Karina Yaneth Martínez Guevara

Juramentada como jueza de la Corte Suprema de Justicia el 26 de septiembre de 2021.

8. René Gustavo Escobar Álvarez

Actual procurador general de la República.

La diputada Evelyn Merlos, de Nuevas Ideas, explicó el martes cuáles son los derechos constitucionales suspendidos por el régimen de excepción en El Salvador, al buscar aclarar que no es cierto que «están suspendidas todas las garantías constitucionales» que podrían suspenderse.

Merlos dijo que las “garantías que sí están suspendidas” son: el artículo 12 inciso segundo de la Constitución “que se refiere a que la persona que ha sido detenida tiene derecho a saber por qué ha sido detenida, también a no ser obligada a declarar, a contar con un defensor, a que la orden de detención sea por escrito.”

Agregó que también está suspendida la garantía “establecida en el artículo 13 inciso segundo, la cual se refiere a que la detención administrativa no excederá de 72 horas.”

“También tenemos las contempladas en el artículo 24, la cual se refiere a que la correspondencia de toda clase es inviolable, además de que se prohíbe la interferencia e intervención en las telecomunicaciones”, añadió la diputada de Nuevas Ideas.

El artículo 29 de la Constitución también permite suspender también otras garantías contenidas en los artículos 5 (libertad de entrar, permanecer y salir), 6 inciso primero (libertad de expresión) y 7 inciso primero (derecho de asociación).

Según la legisladora, el régimen de excepción es necesario para garantizar el “alto nivel de operatividad y combate contra las estructuras criminales y las pandillas” pero no lo consideró suficiente, sin otras estrategias del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

En noviembre de 2024, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseguró que el régimen de excepción solo afecta dos garantías constitucionales en El Salvador y que únicamente afecta a “las personas perfiladas como miembros de las estructuras criminales”.

«En este momento, el estado de excepción solo afecta dos garantías constitucionales y una es que la detención administrativa tiene que ser por tres días, nosotros la hemos extendido a 15 días, hay una excepción, para poder detener a una persona antes de pasarla al juez; y, la segunda, la inviolabilidad de la correspondencia… Son solo esas dos y son solamente para las personas que están señaladas, perfiladas como miembros de las estructuras criminales, no es para todos los salvadoreños», expresó Ulloa en la Conferencia Internacional sobre Estado de Derecho y Democracia.

El decreto original que creó el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022 suspendió el derecho de asociación; sin embargo, en la prórroga aprobada el 16 de agosto se excluyó la suspensión del derecho contenido en el artículo 7 de la Constitución de la República referido al derecho de libre asociación. Desde entonces, las prórrogas han aclarado que las disposiciones de la Constitución que están suspendidas son artículo 12 inciso segundo, artículo 13 inciso segundo y artículo 24 de la Carta Magna.

Organizaciones no gubernamentales como Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario y el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas» han denunciado capturas arbitrarias, torturas y muertes dentro de centros penales durante el régimen de excepción.

Con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa reformó este martes la Ley General de los Deportes para permitir que los directivos de las federaciones o asociaciones deportivas puedan ser personas no vinculadas al deporte.

La reforma también permite que el Comité Directivo del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) pueda, en caso de que las federaciones internacionales no respondan ante reportes de violaciones de estatutos o irregularidades, emitir acuerdos de funcionamiento de federaciones deportivas.

La propuesta eliminó también la «segunda convocatoria» de las elecciones de las directivas de las federaciones cuando los directivos no logran la mayoría simple para su primera reelección o el 75 % que exige la ley para su segunda reelección.

El INDES queda facultado para auditar la gestión de las federaciones si estas no les presentan sus estados financieros en el primer semestre de cada año o no le rinden la información adicional que el INDES les pida; y también estará facultado a aprobar auditorías para «fiscalizar la utilización de fondos públicos».

Un «Panel Independiente de Audiencia de Primera Instancia» compuesto por tres miembros, dos abogados y un médico, conocerá las infracciones a las normas antidopaje para los deportistas en El Salvador, según la nueva «Ley de protección de la salud en el deporte y lucha contra el dopaje» aprobada el martes.

Los miembros del Panel serán nombradas por el gerente general de la nueva Organización Nacional Antidopaje de El Salvador, que será creada como el «máximo órgano técnico nacional» con competencias en la prevención, control y sanción del dopaje en el deporte practicado dentro del país.

Con la ley, serían sancionadas la presencia de la sustancia prohibida, si el deportista renuncia al análisis de la muestra y esta no se analice, el uso o intento de uso; rechazar la obligación de someterse a la recogida de muestras; localización fallida del deportista, la posesión de sustancia prohibida por el deportista o persona de apoyo, tráfico, entre otras.

La ley aplicará a todos los deportistas, su personal de apoyo y todas las personas que participen en actividades relacionadas con la prevención, el control y la sanción del dopaje.

Esta Organización Nacional Antidopaje estará compuesta por:

1. Un Comité Supervisor (dos representantes del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), uno de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, uno de la Comisión Nacional Antidrogas y uno del Comité Olímpico de El Salvador).

2. Un gerente general designado por el Comité Supervisor.

3. Un Panel Independiente de Audiencia de Primera Instancia (tres miembros nombrados por el gerente general).

4. Una comisión de atletas.

El INDES tendrá en su presupuesto una asignación presupuestaria para la Organización. «Cada deportista es personalmente responsable de: asegurarse de que ninguna sustancia prohibida aparezca en su organismo» y que «no será necesario demostrar intención, culpabilidad, negligencia o uso consciente» para determinar la infracción, dijo.

El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió este miércoles introducir una pieza de correspondencia para modificar el decreto 333 que establece el régimen de excepción, poco después de que la Asamblea Legislativa prorrogara el régimen de excepción.

“El régimen de excepción es un mecanismo claro que se ha convertido en una política de seguridad ciudadana en nuestro país de carácter permanente. Y de acuerdo a la información proporcionada por este gobierno, ha dado importante reducción al índice de homicidios… Pero además dichas acciones del régimen han privado de libertad a muchas personas inocentes y una gran cantidad de ellas ya cuentan con cartas de libertad”, planteó Lira.

El diputado de Arena mencionó que fue el presidente de la República quien, en una entrevista con una revista internacional, “ante la pregunta «¿es sostenible la seguridad, puede existir sin un estado de excepción?, él respondió: “Sí, es sostenible, sí puede existir sin un estado de excepción”.

Con este contexto, el legislador pidió una reforma para restablecer los derechos y garantías suspendidas por el decreto.

“Esto vuelve prioritario, reformar el decreto 333, para crear una comisión de alto nivel que pueda estar conformada por un representante del Ministerio de Justicia, un representante de la Fiscalía General de la República, un representante de la Procuraduría General de la República, uno de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y uno de la academia, y un representante de la sociedad civil, para ir adoptando las medidas necesarias, para garantizar el respeto a los derechos humanos y la pronta liberación para que aquellas personas inocentes que dentro del régimen han sido privadas de libertad y volviendo paulatinamente a un estado de derecho”, expuso Lira.

El presidente del Legislativo, Ernesto Castro, sometió al pleno la modificación de agenda, solo obtuvo tres votos, dos de Arena y el voto de Vamos; “por tanto no hay resolución”, dijo.

El diputado explicó que, con su solicitud, la comisión buscaría «resolver las 20,000 cartas de libertad de personas que no salen libres». «Nosotros estamos claros que no estamos defendiendo a ningún pandillero, pero se necesita resolver ese error de las capturas arbitrarias”, expuso.

Lira dijo que ya preveía la falta de apoyo de Nuevas Ideas, ya que esta “Asamblea Legislativa se ha caracterizado por no tomar en cuenta las iniciativas de la oposición».

«Siguen siendo sumidos apretando el botón, diciéndole no a una solicitud que no viene de Francisco Lira, sino una solicitud que viene de las comunidades, de personas inocentes que están pagando un pecado que no han cometido”, criticó.

Según esta última prórroga del régimen, desde el 27 de marzo se han capturado a más de 85,000 personas. Hace un mes, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunció que al menos 366 privados de libertad han muerto bajo la custodia del Estado salvadoreño y de ellas, según los datos de la organización, el 94 % de las personas fallecidas no tenían relación con estructuras criminales.

El régimen de excepción en El Salvador cumplirá tres años el próximo 27 de marzo luego de que la Asamblea Legislativa aprobara este martes su 36ª prórroga, con un informe oficial de más de 85,000 individuos capturados.

El régimen implica la suspensión de tres derechos constitucionales en el país por 30 días más, del 7 de marzo hasta el 5 de abril de 2025.

Con esta aprobación, continúan suspendidos tres derechos constitucionales regulados en los incisos segundos de los artículos 12 y 13 y el artículo 24 de la Constitución de la República relacionados a las garantías de defensa, período máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones.

El gobierno mantiene el argumento de que es necesario seguir prorrogando el régimen de excepción por 30 días más a partir de este 7 de marzo.

«Se ha logrado determinar que a estos grupos criminales, en su intento por sobrevivir, han adoptado nuevas estrategias, entre ellas, el reclutamiento de niños, niñas o adolescentes, especialmente en instituciones educativas intentando que resurjan las pandillas; también se ha detectado que están evitando el uso de vestimenta distintiva de estos grupos y tatuajes que los identifiquen», advirtió el gobierno en su petición.

Durante la aprobación, la diputada Evelyn Merlos, de Nuevas Ideas, explicó que son tres los derechos constitucionales suspendidos con el régimen de excepción, reiterando que el primero tiene que ver con el derecho a saber la razón de la detención, a no estar obligado a declarar y a tener un defensor; el segundo con el límite de detención hasta 72 horas; y el tercero, con la privatización de las telecomunicaciones.

La prórroga fue aprobada con 57 votos a favor de Nuevas Ideas, Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC); los diputados de Arena se abstuvieron; y la diputada de Vamos votó en contra.

El 1 de diciembre de 2024, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo que “probablemente pronto podamos relajar las medidas, no creo que haya necesidad de endurecerlas, más bien creo que se van a poder relajar”.

En la sesión plenaria de este martes, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto de disposiciones transitorias que permitu00e1 que el Ministerio de Educación adjudique los proyectos de construcción o remodelación de escuelas a contratistas, sin tener que pasar por un proceso de licitación y con la sola aceptación y comunicación con el contratista seleccionado.

Las disposiciones transitorias tendru00e1n una vigencia de dos años, en las que el Ministerio de Educación podru00e1 elegir de «una lista corta», según palabras del ministro Mauricio Pineda, a los contratistas para que modifiquen o reconstruyan centros educativos en mal estado.

El titular de Educación había explicado a los diputados de la Comisión de Hacienda, este lunes, el objetivo de reducir los tru00e1mites administrativos y saltarse al proceso de licitación.

El objetivo es simplificar y agilizar los procedimientos relacionados con las intervenciones en infraestructura educativa, la adquisición de bienes y servicios esenciales para estos fines, y fortalecer el sistema educativo.”
Mauricio Pineda, ministro de Educación.

Este martes, los diputados de Nuevas Ideas estuvieron de acuerdo en dar su aval al dictamen favorable.

Según el diputado Mauricio Ortiz, de Nuevas Ideas, el decreto busca “quitar algún tipo de requisitos o procedimientos burocráticos” en las contrataciones de remodelación y construcción de escuelas; pero reveló que también buscan que el Estado participe en la construcción.

“Sabemos que existen algunas escuelas que ya se entregaron pero también sabemos que hay algunas que se han detenido”.
Mauricio Ortiz (Nuevas Ideas).

El diputado reconoció que han tenido atrasos de ocho y hasta de un año en las intervenciones de las escuelas y lo atribuyó al incumplimiento de contratistas. «Algunos casos se encuentran en la Fiscalía. Esos contratistas deben responder por su incumplimiento en el contrato”, dijo.

“Nos vamos a poner como competencia en el mercado de infraestructura, de remodelaciones de obras, a la par de la empresa privada también, como Estado salvadoreño, vamos a mejorar los requisitos para eliminar temas burocráticos y por supuesto aquellas personas, contratistas, que incumplan, se les va a terminar su contrato y no se van a atrasar los procesos, y de alguna u otra manera vamos a agilizar las adjudicaciones futuras en cada uno de los trámites”, reveló el diputado.

Al final, los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados votaron a favor con 57 votos; los dos diputados de Arena votaron en abstención y la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votaron en contra.

Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa incorporó este martes $157,745,589 del préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) a la ley del presupuesto general del Estado de 2025 para las primeras obras en el Aeropuerto del Pacífico, ubicado en el cantón Loma Larga, distrito de Conchagua, municipio de La Unión Sur, departamento de La Unión, El Salvador.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, calificó la obra como «parte de un acto de justicia» para los salvadoreños que tuvieron que dejar El Salvador y que, dijo, «están regresando no solo a hacer turismo a El Salvador, chequeos médicos, sino también a invertir sus ahorros».

Añadió que serán recordados como «aquel grupo no solo de gobernantes sino también de legisladores que transformaron el destino del departamento de La Unión para siempre».

«Si queremos dotar a los departamentos de los activos necesarios para poder hacer crecer sus economías, yo creo que es una excelente oportunidad para que todos podamos aportar nuestros votos, independientemente de la fracción que sea», afirmó.

El diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, se refirió al Aeropuerto de Ilopango: dijo que incorporan $11.3 millones para rehabilitar y construcción de hangares en la pista del Aeropuerto de Ilopango, que según el legislador tiene 400 operaciones mensuales, 5,000 vuelos anuales y 40,000 usuarios al año.

Los $157.7 millones contenidos en la reforma presupuestaria solo serían parte de la primera fase del Aeropuerto del Pacífico, que proyecta tres fases de construcción, y solo cubren obras programadas hasta diciembre de 2025.

Según el Gobierno, la tercera y última fase del proyecto sería entregada en el segundo semestre de 2027, con 18 puertas de abordaje con 3,000 metros de pista 40,000 vuelos al año y cinco millones de pasajeros al año. El presidente Nayib Bukele prometió un ingreso $300 millones en oriente solo el primer año del Aeropuerto, ya que cada pasajero internacional generaría un promedio de $1,000 y serán 300,000 pasajeros en la primera fase.

Los números proyectados del Aeropuerto del Pacífico, La Unión

Fase 1 del Aeropuerto del Pacífico: 300,00 pasajeros al año, 2,000 vuelos al año, 2,400 metros de pista, 2 puertas. La primera fase se destinaría en un inicio para vuelos comerciales y, luego de terminar la construcción de la fase 2, la fase 1 se destinará para vuelos privados. El presidente prometió que generarán más de 10,000 empleos directos indirectos en esta fase.

Fase 2 del Aeropuerto del Pacífico: 1,000,000 pasajeros al año, 8,000 vuelos al año, 3,000 metros de pista, 8 puertas adicionales.

Fase 3 del Aeropuerto del Pacífico: 5,000,000 pasajeros al año, 40,000 vuelos al año, 3,000 metros de pista, 8 puertas adicionales.