La Asamblea Legislativa aprobó este jueves el decreto «Disposiciones especiales para el otorgamiento de trámites y permisos para obras de infraestructura pasiva para el servicio público de telecomunicaciones y otras obras o proyectos de construcción por el Ministerio de Vivienda«, que faculta a este Ministerio como encargado de otorgar los permisos de construcción de proyectos calificados como de interés social, de construcciones de dimensión menor a 250 metros cuadrados si la municipalidad no tiene capacidades técnicas y de torres de telecomunicaciones.
El decreto fue aprobado con 56 votos a favor, de Nuevas Ideas y sus aliados.
Según el decreto, será infracción grave obstaculizar la verificación del Ministerio de Vivienda en los proyectos de construcción y será infracción muy grave realizar obras de construcción o instalar torres sin el permiso respectivo del Ministerio de Vivienda. La infracción grave implicará multas desde 1 % hasta el 5 % del valor del terreno y de la obra edificada; y la muy grave, del 6 % al 10 %.
Los permisos que serían gestionados en el Ministerio de Vivienda incluirían, por ejemplo, factibilidad de aguas lluvias, revisión vial y zonificación, permiso de parcelación, permiso de construcción y recepción de obras.
Los permisos para construcciones superiores a los 250 metros cuadrados son otorgados por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).
De acuerdo con el decreto, los trámites iniciados en las municipalidades serán asumidos por el Ministerio de Vivienda si esta cartera de Estado determina que la oficina municipal carece de capacidad técnica para otorgar los permisos.
La Asamblea Legislativa aprobó el jueves disposiciones especiales que eliminan el requisito de incluir plazas para vehículos o estacionamientos en los proyectos de construcción, salvo para personas con discapacidad, embarazadas, adultos mayores y vehículos de emergencia.
“Se prohíbe exigir como requisito para la obtención de factibilidades, calificaciones, permisos, licencias para funcionamiento, autorizaciones o cualquier otra de similar naturaleza la obligación de proyectar y construir plazas o espacios destinados para estacionamientos”, indica el artículo 3 de las aprobadas “Disposiciones especiales para la eliminación del requisito de designación de plazas o espacios para estacionamientos”.
Según el decreto, el objetivo es «simplificar los trámites» para que los inversores o constructores obtengan «calificaciones, factibilidades, licencias, permisos y autorizaciones»; la prohibición de exigir obligatoriamente la construcción de parqueos aplicará a las «distintas instituciones de gobierno, instituciones autónomas, municipalidades y oficinas de planificación».
El decreto sancionará a los funcionarios o servidores públicos que contravengan dichas prohibiciones. Según Nuevas Ideas, esto significa que la construcción de parqueos en la construcciones será «opcional». «Era un intervencionismo ineficiente. El parqueo no desaparece, lo que desaparece es la obligación irracional de construirlo donde no hace falta», indicó el diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, rechazó el decreto. “La calidad de vida de la gente que vive con el estrés día a día de no saber si va a llegar a su casa y va a encontrar parqueo para dejar su carro seguro en la noche, déjeme decirle que a esa gente sí le importa”, indicó Ortiz. La diputada agregó que se le quita a las municipalidades y a la Opamss (Oficina de Planificación del Area Metropolitana de San Salvador) “si conviene o no exigir este requisito”.
“Si se quita este requisito de forma generalizada en todo el país, incluso habría sanciones para aquellas instituciones o funcionarios que exijan este requisito, estaríamos afectando en las zonas urbanas la calidad de vida de la gente porque se genera desorden”. Claudia Ortiz (Vamos).
Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que entiende la finalidad pero cuestionó qué pasará con los proyectos habitacionales que se están construyendo en San Salvador y La Libertad. “¿Qué es lo que va a pasar? Al final van a construir y van a dejar sin parqueo, y el problema van a estar molestando a los otros vecinos, y va a ser de verdad un desorden”, indicó.
La diputada de Arena, además, pidió mejorar la redacción ya que esta ley es de “carácter especial” pero que la Ley de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) también fue aprobada con “carácter especial”. “Hay un choque de leyes”, observó.
“El problema más grande de que si hay parqueo o no es el desorden que hay porque no existe un buen sistema de transporte público en nuestro país, hay que orden el sistema de transporte público que dé un transporte de calidad para que las personas no tengan que estar comprando carro”. Marcela Villatoro (Arena).
“No estamos prohibiendo que construyan casas o apartamentos con parqueos”, dijo por su parte el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, quien calificó el requisito de absurdo, ya que “ha encarecido la vivienda”. Agregó que muchas veces otras personas viven otras realidades y no se ve la necesidad de la mayoría de la población.
“¿Por qué no hay más proyectos como la IVU o la Zacamil? Porque esta ley que ahora estamos cambiando ha impedidos por décadas que se construyan apartamentos de vivienda social porque siempre los obligan a incluir en el precio el costo de los parqueos”. Ernesto Castro, diputado de Nuevas Ideas.
Posteriormente, la diputada Ortiz aseguró que “el tema no lo están abordando con la seriedad que lo amerita” y sugirió “incentivos reales y oferta de vivienda social”.
Recordó que, se había reforzado a la Presidencia de la República con $16.7 millones, mientras el presupuesto del Ministerio de Vivienda asciende a $11 millones de los cuales se destinan $5 millones para inversión. “Ese es el problema, colegas, y no son los parqueos”, dijo.
El diputado Castro respondió que se busca bajar los costos de los inversionistas para que puedan ofrecer las viviendas a un precio accesible a los salvadoreños. “Y siguen hablando preocupados de qué va a pasar en la Escalón y la San Benito, nosotros estamos enfocados en la vivienda social”, reclamó.
Al final de la discusión, el decreto tuvo 57 votos a favor y un voto en contra. Las dos diputadas suplentes de Arena pidieron posteriormente que se les consignara sus votos en contra del decreto correspondiente al dictamen 17 de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial. El diputado Castro dijo que no estaban incorporadas.
La Asamblea Legislativa aprobó el jueves dos reformas presupuestarias para inyectar un total de $3.42 millones a los presupuestos de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) y al Consejo Nacional de Especialidades Médicas (Conadem) para que estas nuevas instituciones creadas por leyes el año pasado puedan empezar a funcionar.
Los diputados, sin discusión, aprobaron las reformas: la reforma para ANDRES fue aprobada con 55 votos y dos votos en contra de Arena; y la reforma para inyectar fondos al Conadem fue aprobada con 56 votos y un voto en contra de Vamos.
ANDRES fue creada a través de la Ley especial de recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos el 20 de diciembre de 2024; mientras, Conadem fue creada a través de la Ley de especialidades de las profesiones médicas aprobada el 4 de abril de 2024.
ANDRES, que se encargará de la recolección de basura enalgunos municipios como San Salvador Centro, San Salvador Este, La Libertad Costa, La Libertad Este y La Paz Este, tendrá 171 empleados.
Es una institución adscrita al Ejecutivo mediante el Ministerio de Obras Públicas y Transporte que recibirá el 50 % de las tasas municipales para el aseo y la gestión de desechos. ANDRES tiene la facultad de asumir la recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos «en sustitución de las municipalidades de forma completa o suplementaria». Podrá emitir y colocar bonos, titular activos y constituir fidecomisos.
Mientras, Conadem, que se convirtió en la única entidad autorizada para certificar especialidades y subespecialidades médicas en El Salvador, tendrá 45 empleados.Estos serán los presupuestos de ANDRES y ConademPresupuesto 2025 de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) 1. Remuneraciones: $1,641,483. Remuneraciones en Dirección y administración: $545,363. Remuneraciones en Logística y recolección: $1,095,120. 2. Bienes y servicios: $513,000. Bienes y servicios en Dirección y administración: $493,000. Bienes y servicios en Logística y recolección: $20,000. 3. Gastos financieros y otros: $92,000. 4. Activos fijos: $70,000. Total: $2,316,483
Presupuesto 2025 del Consejo Nacional de Especialidades Médicas (Conadem) 1. Remuneraciones: $463,575. Remuneraciones en Dirección y administración: $396,980. Remuneraciones en Regulación y autorización de especialidades médicas: $66,595. 2. Bienes y servicios: $575,000. Bienes y servicios en Dirección y administración: $357,248. Bienes y servicios en Logística y recolección: $217,752. Gastos financieros y otros: $23,775 (seguros). Activos fijos: $50,000. Total: $1,112,350
Con 56 votos a favor y dos en contra, la Asamblea Legislativa aprobó el jueves una reforma al presupuesto 2025 para transferir $53.9 millones a siete instituciones públicas: $16.7 millones a la Presidencia de la República, $16 millones al Ministerio de Economía, $8 millones a Salud, $4 millones a Cancillería, $4 millones a Seguridad, $3 millones Turismo y $2.2 millones a Obras Públicas.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, reclamó la falta de transparencia sobre el destino de los fondos dirigidos a la Presidencia de la República.
“No dice para qué va, no se da el detalle de a qué partidas presupuestarias se van a asignar estos recursos, Presidencia de la República tiene muchas áreas, comunicaciones, prensa, verdad, ahí es donde se paga mucha publicidad también, este decreto es un ejemplo de por qué la gente les reclama y les dice puyabotones”, cuestionó en el pleno.
Después de la participación de Ortiz, el diputado Geovanni Zaldaña, de Nuevas Ideas, indicó que es una “reorientación de recursos” y que “actualmente diferentes instituciones del sector público tienen compromisos prioritarios e impostergables que requieren cobertura presupuestaria para el cumplimiento de los objetivos que ya se habían planteado para lo que resta del año”.
Luego, el diputado de Nuevas Ideas leyó la distribución de los fondos en este orden: $4 millones para Cancillería, $4 millones para Seguridad, $8 millones para Salud, $16 millones para Economía, $2.2 millones para Obras Públicas, $3 millones para Turismo y $16.7 millones para Presidencia.
Después, la diputada de Vamos, quien mencionó la “deplorable” situación del sistema de salud salvadoreño, le preguntó al diputado de Nuevas Ideas: “¿Cuáles son esas necesidades impostergables?, ¿será que los diputados de la Comisión de Hacienda tuvieron el valor de preguntarle a los funcionarios de Hacienda cuáles son las necesidades prioritarias e impostergables que se van a cubrir en la Presidencia con $16.7 millones”. La diputada preguntó si se aumentará presupuesto a Inteligencia o Comunicaciones, e insistió en preguntar en qué se van a usar esos $16.7 millones. “¿O van a callar?, la gente merece saber”, indicó.
El diputado Zaldaña volvió a pedir la palabra y respondió a Ortiz invitándola a asistir a la Comisión de Hacienda. “Veo que no entienden el tema algunos, entonces la invitación es para que puedan llegar a la Comisión. Hagamos un poquito más de esfuerzo para que puedan de verdad trabajar”, le dijo.
La diputada Claudia Ortiz volvió a pedir la palabra: “Diputado, no es mi obligación ir a la Comisión de Hacienda pero sí es la suya y es su obligación siendo parte de la Comisión indagar al máximo cuáles son los detalles de los proyectos de ley… ¿Y usted solo dice amén a todo?”. Zaldaña ya no le respondió y el dictamen se sometió a votación.
“Cerrando esta discusión que tenemos en estos momentos, no habiendo más solicitudes para el uso de la palabra, lo someteré a votación”, dijo el presidente legislativo. La votación tuvo dos votos en contra de las diputadas Marcela Villatoro y Claudia Ortiz; y 56 votos a favor.
El decreto aprobado de reforma al presupuesto 2025.
La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió este jueves modificar la agenda de la sesión plenaria con el fin de introducir la aprobación de un pronunciamiento por el «Día del médico» el 14 de julio y una segunda iniciativa a favor del ingreso de una solicitud de estudiantes de medicina para que les aprueben plazas para realizar su internado rotatorio ad honorem.
«Atrasarse para ellos es algo delicado, ellos decían nosotros lo que queremos es trabajar gratuitamente aunque sea, pero no perder nuestro año escolar. La idea es permitirles abrirles esas plazas ad honorem, sin remuneración y así que no se atrasen», argumentó la diputada al inicio de la sesión plenaria de este jueves, casi a las 12 del mediodía.
Villatoro explicó que únicamente se han dado 84 plazas remuneradas para que los estudiantes de medicina hagan su internado rotatorio. La diputada explicó que los estudiantes le dijeron que lo que no quieren es atrasarse en sus estudios.
La propuesta, detalló, era aprobar un dictamen recomendable dirigido al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
El diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, sometió a votación la solicitud, pero no tuvo votos suficientes para ser agendada en la sesión plenaria. «Votos en contra», pidió Castro. Ningún diputado votó en contra. «Votos a favor. Tres votos a favor, no hay resolución», expresó esta mañana Castro. Solo votaron Villatoro, Francisco Lira (Arena) y Claudia Ortiz (Vamos).
César Ríos, representante de la organización Agenda Migrante, advirtió este jueves que el Estatus de Protección Temporal (TPS) podría ser cancelado para los salvadoreños tras las recientes cancelaciones a países como Nicaragua y Honduras, ya que la política del gobierno estadounidense es liberarse de este tipo de permisos.
El representante de Agenda Migrante aseguró durante una entrevista en Diálogo 21 que «es potencialmente seguro que se suspenda» el TPS, un programa de protección migratoria que protege a más de 200,000 salvadoreños que viven en los Estados Unidos y cuya vigencia vence en septiembre de 2026.
«El caso del TPS que lo tenemos aquí y que hay que aprovecharlo por el tiempo, es potencialmente seguro que se suspenda, no puede ser que ya empezó por Haití, Nicaragua, Honduras, Venezuela, y ahí hay una política migratoria de Estados Unidos de irse liberando de todos esos permisos laborales y temporales». César Ríos, miembro de la organización Agenda Migrante.
El experto migratorio preguntó cómo podría el gobierno de EE.UU. explicar «que El Salvador sea el único que se vaya a quedar» con este beneficio, cuando ya se suspendió para cuatro países y recordó que la cancelación del TPS para Nicaragua y Honduras fue justificada con que «han mejorado» la situación económica, pero, caso contrario, en Haití se mantiene una fuerte crisis social y política.
Esta semana, se conoció que el gobierno de Donald Trump decidió cancelar el TPS para Nicaragua y Honduras, beneficio que albergaba a al menos 76,000 personas originarias de esos países por considerar que «ya no continúan cumpliendo los criterios para la reasignación del TPS».
Hace unas semanas, el presidente Trump fue cuestionado sobre las razones para no cancelar el TPS para los salvadoreños si consideraba El Salvador uno de los países más seguros, a lo que respondió «echaremos un vistazo«. Se estima que son más de 230,000 los connacionales amparados a ese beneficio en la nación norteamericana.
El TPS para los salvadoreños fue prorrogado durante los últimos días de la administración de Joe Biden y se vencería en septiembre de 2026. Organizaciones como el Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI) esperan que por «la armonía» entre el gobierno salvadoreño y el estadounidense se pueda prorrogar nuevamente el próximo año.
El gobierno de El Salvador afirmó que las autoridades salvadoreñas «no han arrestado, detenido o transferido» a los venezolanos recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), según un documento oficial de las Naciones Unidas entregado por representantes de cuatro venezolanos en una demanda judicial contra el gobierno de Estados Unidos. Además, alegó que no tiene responsabilidad jurisdiccional sobre los mismos y que solo facilita la infraestructura carcelaria.
El documento, presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por los demandantes, es la respuesta del gobierno de El Salvador a la investigación sobre una demanda de cuatro familias que alegaban la desaparición de sus familiares, enviados el 15 de marzo de 2025 al Cecot, ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas (GTDI) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
«El Estado salvadoreño afirma enfáticamente que sus autoridades no han arrestado, detenido o transferido a las personas a las que se hace referencia en las comunicaciones del Grupo de Trabajo. Las acciones del Estado de El Salvador se han limitado a la implementación de un mecanismo de cooperación bilateral con otro Estado, a través de la cual ha facilitado el uso de la infraestructura penitenciaria salvadoreña para la custodia de las personas detenidas dentro del ámbito del sistema de justicia y la aplicación de la ley de ese otro Estado», respondió el gobierno de El Salvador.
La respuesta del gobierno salvadoreño, que no ha sido publicada oficialmente, indica que la responsabilidad jurisdiccional y legal «recae exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes en virtud de acuerdos internacionales firmados y de acuerdo con los principios de soberanía y cooperación internacional en el ámbito penal».
«En este sentido, las acciones atribuibles al Estado salvadoreño son limitadas a su soberanía y jurisdicción territorial, por lo que no puede ser considerado responsable de la falta de observancia del principio de no devolución respecto a las personas mencionadas». Gobierno salvadoreño ante la Oficina de la ONU.
Este jueves, fue consultado al respecto el subsecretario principal de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una conferencia virtual con periodistas latinoamericanos sobre la aplicación de autodeportación CBP Home. Únicamente respondió la pregunta sobre la aplicación, sin referirse a los venezolanos recluidos en el CECOT: «La primera parte de esta pregunta que puedo responder es que la aplicación CBP Hom está disponible para cualquier persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos».
«No quiero adelantarme a ningún anuncio sobre la pregunta secundaria», agregó, en referencia a la pregunta sobre si cree que Estados Unidos tiene jurisdicción sobre los venezolanos.
Desde el 15 de marzo, el gobierno estadounidense, usando la Ley de enemigos extranjeros de 1798, envió 252 migrantes venezolanos que fueron recluidos en el Cecot mediante un acuerdo de $6 millones anuales, alegando que eran miembros de la pandilla Tren de Aragua. El hecho es objeto de una polémica sobre la falta de debido proceso, ya que algunos son migrantes deportados bajo la ley migratorio Título 8 o no han sido llevados a audiencia ante un tribunal antes de ser recluidos en una cárcel.
El mecanismo no se ha suspendido, sin embargo, no se ha conocido de deportaciones recientes al CECOT pero la polémica sobre la jurisdicción real sobre los deportados del CECOT se mantiene.
El Ministerio de Educación, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Procuraduría General de la República (PGR) son las instituciones con más empleados investigados por infracciones éticas en el período que va de junio de 2024 a mayo de 2025 según el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).
La memoria de labores del TEG indica que solo el 18 % de los empleados públicos investigados laboran para el Ministerio de Educación. El 12 % de los investigados trabaja en la CSJ y el 10 % en la PGR. En total, son 285 los empleados que fueron investigados de al menos 68 instituciones públicas, autónomas y alcaldías.
Las cinco instituciones con más investigados son: el Ministerio de Educación, la CSJ, la PGR, la Universidad de El Salvador y el Ministerio de Salud. La entidad también reporta que 117 de los investigados son del departamento de San Salvador.
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Cuando el Tribunal recibe una denuncia o un aviso contra un empleado público, debe realizar una investigación preliminar para «determinar con precisión los hechos» de los que se acusa al trabajador, así se identifica al infractor y las circunstancias que permitan esclarecer los hechos. Durante esta investigación se solicita a la institución donde labora el empleado público que comparta un informe sobre el hecho investigado. Con el resultado de la investigación preliminar, el organismo colegiado del TEG decide si iniciar un proceso sancionatorio.
El total de investigaciones preliminares fue 111 durante el período reportado por el TEG. En el último año reportado, el Tribunal reportó: 53 resoluciones de improcedencia, 3 absolutorias, 9 de sobreseimiento, 7 de inadmisibilidad y 53 de de «sin lugar a apertura de procedimiento».
La Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (ANVEGEFMLN) pidió este miércoles que se realice una auditoría externa a los recursos del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (Inabve), luego de la captura del presidente de esta institución en Honduras por presunto lavado de dinero.
«Solicitamos a nuestras autoridades competentes del Inabve contratar una auditoría externa e independiente para verificar la exactitud e integridad de los estados financieros, asegurar el cumplimiento de normas contables y legales para rescatar la credibilidad y confianza de cara a nuestros sectores», dice el comunicado.
La misiva también exhorta a las autoridades hacer «una vigilancia rigurosa y permanente sobre el uso y destino de los recursos públicos» que son asignados al Instituto, y actuar rápido «frente a cualquier indicio de corrupción», y especialmente ante la detención del presidente del Inabve, Juan Alberto Ortiz, ocurrida la semana pasada en el paso fronterizo de El Amatillo – El Valle, en Honduras.
El viernes anterior, Ortiz fue detenido por la policía hondureña con $60,000 en efectivo ocultos en un vehículo y, al ser entrevistado sobre el origen del dinero, según las autoridades hondureñas, no pudo justificarlo. Fue remitido a un juzgado de Tegucigalpa por presunto lavado de dinero; esta semana, aunque seguiría siendo procesado en Honduras por lavado de dinero, Ortiz fue liberado bajo fianza, según trascendió en medios de comunicación.
«Este hecho responde única y exclusivamente a una decisión personal del individuo en mención y a los que pudieran estar implicados quien o quienes deberán enfrentar las consecuencias legales correspondientes», añade el comunicado de ANVEGEFMLN.
Los excombatientes del FMLN señalaron que tienen una participación activa en la junta directiva del Inabve, pero que no tienen la mayoría de los votos.
Además de ser el presidente del Inabve, Ortiz es secretario departamental del partido Nuevas Ideas en La Unión, según su perfil de la red social Facebook. Ni el partido Nuevas Ideas ni el gobierno se han pronunciado por la captura.
En enero de 2023, también fue nombrado -hasta diciembre de 2024- presidente de la junta directiva del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (Foprolyd). Este último nombramiento fue firmado por la ministra de Turismo, encargada -en ese entonces- del Despacho de Gobernación y Desarrollo Territorial.
Ortiz Hernández fue afiliado de Nuevas Ideas, inscrito para la creación de este partido político para su fundación en 2018.
El 23 de junio pasado, la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa acordó citar al presidente del Inabve para que diera su posición sobre el proyecto de Ley de desarrollo social.
Un 67.3 % de los salvadoreños –dos de cada tres– que residen en los Estados Unidos califican como «muy bueno» o «bueno» el desempeño del gobierno de El Salvador según una encuesta realizada por la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera.
El estudio indica que el 44.2 % de los salvadoreños en EE.UU. considera el desempeño del gobierno como «muy bueno» y el 23 % lo califica de «bueno», sumando un 67.3 %, aproximadamente siete de cada diez salvadoreños en EE.UU.
El resto de la población que reside en el país norteamericano, un 32.7 %, califica el desempeño del gobierno salvadoreño como regular, malo o muy malo, o no responden.
De la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, las personas mayores son las más optimistas con el gobierno de Bukele: mientras un 37.4 % de los jóvenes entre 18 y 25 años piensan que es «muy bueno» el desempeño del gobierno salvadoreño, este porcentaje sube a un 54.5 % entre los mayores de 65 años.
La calificación «regular» es más abundante en los jóvenes que en los mayores. Por ejemplo, un 23.1 % de los jóvenes entre 18 y 25 años lo califican de esa manera, mientras solo lo hacen de esa forma un 9.9 % de las personas mayores de 65 años.
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La encuesta fue realizada en línea a una muestra de 1,020 encuestas con un margen de error de 3.1 % y un nivel de confianza del 95 % con una estrategia de anuncios segmentados en redes sociales y reclutadores residentes en Estados Unidos, y por invitación en correo electrónico o redes sociales, sin control directo sobre variables demográficas.
