Patricio Pineda, miembro de la Mesa por una Pensión Digna y estudioso del sistema previsional salvadoreño, opinó este miércoles que la «debacle» del sistema de pensiones de El Salvador se originó desde 1969.
“Las bases actuariales del sistema no se tocan» desde ese año, advirtió Pineda en el programa Diálogo con Ernesto López de Canal 21. Pineda aseguró a El Mundo que se refiere al año 1969, el año en que nació un sistema de pensiones en El Salvador bajo un «régimen contributivo» en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Según Pineda, no es el Fondo Monetario Internacional (FMI) quien solucionará las fallas del sistema previsional salvadoreño, al referirse al acuerdo del gobierno de El Salvador con el FMI que compromete a El Salvador a realizar otra reforma de pensiones en 2026 basándose en estudios actuariales.
Los estudios actuariales proyectan obligaciones futuras en pensiones, bonos o títulos según muchas variables económicas y demográficas, entre estas la cantidad y las edades de la población trabajadora cotizante del sistema.
“Estamos hablando desde el comportamiento demográfico para sostener pago de pensiones en el tiempo, pero también otras bases actuariales como la sustentabilidad de los salarios, siguen siendo bajos; el nivel de rentabilidad que le garantizas al trabajador a la hora de emitir los títulos de inversión en cualquier mercado, siguen siendo bajos; no tocás ampliación de cobertura, no metés al sistema a sectores importantes, el bono demográfico”, enumeró.
El crítico del sistema previsional salvadoreño cree que hay que tomar en cuenta el problema del envejecimiento acelerado en El Salvador –el VII Censo de Población de 2024 confirmó que la población mayor a 50 años aumentó en 941,000 personas– y el aumento de los salvadoreños jóvenes. «El bono demográfico se está desperdiciando”, sentenció Pineda.
«Más de la mitad de la población es joven o está en los grupos de edad productiva, pero se enfrentan a un alto nivel de desempleo o desocupación», explicó.
No se acreditan certificados de traspaso «por escasez», dice Pineda
Otro problema es, según el analista, que la emisión de Certificados de Obligación Previsionales (COP) –mecanismo con que el Estado sigue tomando fondos prestados para sufragar las obligaciones previsionales– “ha comprometido las finanzas del Estado”, deuda que según el representante de la MPD debe «devolver». Son más de $10,000 millones.
Según el analista, ya hay síntomas de la escasez de recursos ante el agotamiento de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) hacia donde se dirigen parte de la cotización de cada trabajador o empleado salvadoreño. La CGS es una cuenta colectiva, distinta al ahorro individual de cada trabajador, que sirve para pagar pensiones mínimas del sistema privado y otros beneficios previsionales.
Pineda aseveró que la CGS se hizo cargo de los certificados de traspaso. “Y los síntomas están visibles: el certificado de traspaso no se le está acreditando a la gente que está yendo a tramitar su pensión, a su cuenta individual, sino que se está pasando a la Cuenta de Garantía Solidaria por la escasez de recursos”, afirmó.
El certificado de traspaso es un valor redimible en la fecha de jubilación para los trabajadores que cotizaron en el sistema público y que se trasladaron al sistema privado.
El año crucial, 2027
El analista cree que la reforma paramétrica es inevitable pero cree necesario cambiar la fórmula de cálculo de la pensión y que el gobierno debe pagar el total de la deuda de pensiones, así como tener políticas en donde los salarios mejoren, haya más empleo, los ahorros de los cotizantes tengan rentabilidades de hasta el 9 % anual y que la comisión de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) realmente disminuya.
El miembro de la Mesa por una Pensión Digna aseguró que están diseñando una nueva propuesta y convocó a trabajadores y banca privada a unirse para estudiar el tema.
El FMI realiza un resumen de la situación previsional en El Salvador:
1. El sistema público de pensiones salvadoreño tiene 88,000 beneficiarios y solo 2,300 contribuyentes (cotizantes de las AFP), por lo que enfrenta un déficit del 2 % en 2025 al 2.9 % en 2027. La deuda del Estado (ISP) alcanzará el 28.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027 aunque en 2030 se estabilizaría cuando el grupo de jubilados se reduzca.
Los cotizantes de las AFP son actualmente 950,000 trabajadores pero el sistema paga pensiones a 128,000 jubilados; en 2024, se pagaron beneficios por $1,200 millones y las contribuciones fueron $1,500 millones.
2. En el sistema privado de pensiones (AFP), «alrededor del 89 % de los activos bajo administración de las AFP se mantienen en títulos de deuda pública» directa o indirectamente. En la práctica, dice el FMI, «los ahorros del sistema privado de pensiones son la principal fuente de financiamiento del ISP».
Para el sistema de pensiones salvadoreño, el año 2027 es crucial: el Fondo confirmó que el dinero de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) se agotará en 2027, debido a que la reforma de 2022 colocó los beneficios de pensiones «por encima de los ahorros» de las cuentas individuales y las AFP ya comenzaron a «recurrir» a la CGS, creada para pagar pensiones mínimas cuando se le acaban los ahorros a los jubilados del sistema privado. Además, es en 2027 cuando se vence el periodo de gracia para que el ISP comience a amortizar capital e intereses a la deuda de pensiones, luego de un periodo de gracia de 4 años negociado con las AFP.
