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Uno de los compromisos alcanzados en el acuerdo entre el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y autoridades del gobierno de El Salvador en la primera revisión del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), que promete un desembolso de $120 millones, incluye la “aplicación adecuada y oportuna” de Ley Anticorrupción y la mejora de la “gobernanza, responsabilidad y transparencia” en el país.

«Tras la adopción de la Ley Anticorrupción, la atención se centrará en garantizar una implementación adecuada y oportuna para complementar los esfuerzos en curso encaminados a mejorar la gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia, incluidas las cuentas fiscales del sector público en general», reza el acuerdo, citado por el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, y jefe de misión para El Salvador, Sr. Torre, en una declaración publicada este martes.

En el comunicado de prensa del FMI, sobre el acuerdo de la primera revisión del SAF, el FMI señala «un progreso sustancial en la ambiciosa agenda de reformas en las áreas de gobernanza, transparencia» en El Salvador.

Uno de los compromisos de El Salvador de gobernanza y transparencia en el acuerdo con el FMI fue «promulgar una nueva Ley Anticorrupción» coherente con «principios de alto nivel del G-20» sobre «declaración de activos de funcionarios públicos» y la «publicación de las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios enumerados en el artículo 236 de la Constitución».

Otro de los acuerdos fue aprobar legislación para la colaboración de la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas de la República, y la colocación de «abogados, notarios, contadores y auditores bajo un marco de monitoreo basado en riesgos», siguiendo la Recomendación 28 del Grupo de de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La Asamblea Legislativa aprobó el 7 de febrero de 2025 una Ley Anticorrupción que obliga a funcionarios y empleados públicos a presentar «informes de activos y pasivos» cada año a partir de 2025 y que serían publicados luego de 15 días de ser presentados. Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y sus adendas fueron públicas en 2015 y 2016, pero desde 2017 se empezaron a emitir reservas hasta que en 2020 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) indicó que las adendas eran confidenciales.

La ley crea un Centro Nacional Anticorrupción (CNA) y un Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (Sinac), ambos estarían dirigidos por la Fiscalía General de la República.

El acuerdo con el FMI también requiere una legislación que requiera «la presentación y actualización» de la propiedad de todas las personas jurídicas registradas en El Salvador según los estándares del GAFI.

Así mismo, para finales de marzo de 2025, se comprometió a publicar todas las personas adjudicatarias de contratos públicos, información de los contratos y emitir una reglamentación que limite las excepciones que permiten compras de bienes y servicios sin procesos competitivos.

En su informe de marzo de 2025, el FMI señaló que en 2020 hubo retrocesos en la transparencia fiscal con la suspensión en 2020 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero también advirtió que se habían publicado saldos de la deuda de pensiones, modificaciones presupuestarias, información sobre propiedad de empresas públicas.

El acuerdo también le exige transparencia en una presentación más exhaustiva de resultados y proyecciones fiscales, incluido un Marco Fiscal de Mediano Plazo a finales de octubre de 2025; en las transacciones en bitcoin y en los estados financieros auditados de Chivo a finales de julio de 2025; y un plan para terminar con el uso de fondos públicos y participación pública en Chivo a finales de 2025.

El acuerdo del gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a nivel de personal, reiteró el compromiso de una reforma a «los sistemas de pensiones» con la finalidad de «respaldar» el ajuste fiscal después del año 2025.

El FMI anunció ayer un acuerdo de la primera revisión del programa de 40 meses del Servicio Ampliado del FMI (SAF) que aún debe ser aprobado por el directorio ejecutivo del FMI y mediante el cual el gobierno de El Salvador recibiría «aproximadamente $120 millones».

Según el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental y el jefe de misión para El Salvador del FMI, «la mayoría de objetivos del programa establecidos para la primera revisión se cumplieron con creces» y «la implementación avanza satisfactoriamente».

Uno de los acuerdos de esta primera revisión es que «la consolidación fiscal» continúe este año 2025 a través de mecanismos como la reforma a «los sistemas de pensiones», además de reducción en el gasto salarial, una reforma al servicio civil y la contención de gastos corrientes.

Las reformas se harían en función de «salvaguardar el ajuste más allá de este año». El FMI ha requerido un ajuste fiscal del 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), un 1.5 % en 2025 –0.2 % de ingresos y 1.3 % de contención del gasto–, 1 % en 2026 y 1 % en 2027.

En el acuerdo financiero con el FMI publicado el 3 de marzo, que promete un financiamiento aproximado de $1,400 millones, El Salvador se comprometió a publicar una evaluación actuarial independiente «a finales de julio de 2025», diseñar una propuesta de reforma a ser publicada el 10 de febrero de 2026 y adoptada al iniciar el año 2026 para colocar el sistema «en una base sólida», según el punto 20.

Los compromisos anteriores buscarían contener «los costos fiscales» asociados a la reforma de 2022.

Según el FMI, la reforma de 2022 desvinculó los beneficios del sistema de saldos de las Cuentas de Ahorro Individuales para Pensiones (CIAP) y dispuso destinar ahorros del sistema privado a lo que queda del sistema público de reparto anterior.

Además, la reforma aumentó las pensiones por vejez, la cotización y permitió, con una rentabilidad mayor, que el Estado siguiera tomando prestados los ahorros de los cotizantes para pagar pensiones de jubilados del sistema previsional público.

Según el Fondo el Sistema Público de Pensiones (SPP) –con 88,000 beneficiarios y solo 2,300 contribuyentes– enfrenta «déficits crónicos» financiados con deuda estatal y transferencias que aumentarán del 2 % del PIB en 2025 a 2.7 % del PIB en 2027, con lo cual la deuda de pensiones alcanzaría un equivalente del 28.3 % del PIB en 2027.

El sistema público es administrado por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que desde 2022 tiene la facultad de emitir certificados para que estos sean adquiridos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con los fondos de los trabajadores de los cotizantes de las AFP para financiar pensiones del sistema público o SPP.

Por otra parte, el Sistema Privado de Pensiones –con 128,000 jubilados y 950,000 trabajadores cotizantes– que administra las Cuentas Individuales de Capitalización (CIAP) de los cotizantes y una Cuenta de Garatía Solidaria (CGS) que garantiza el pago de las pensiones mínimas a los cotizantes.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que el incremento al salario mínimo del 12 % informado ayer por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, «es positivo» pero que esa decisión debe acompañarse de medidas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y trabajo de gobierno, para que ese costo no se le traslade al final siempre a la población.

“Un aumento al salario mínimo siempre es bueno para la población, sin embargo, tiene que venir con medidas que ayuden a que el costo no se traslade a la población, esto también requiere que a la micro, pequeña y mediana empresa se le den facultades y apoyo para poder cubrir los gastos que implica esta decisión, así como revisar que los precios de los productos no aumenten. Por eso, deben hacerse medidas económicas efectivas y no sacadas bajo la manga”, señaló la diputada Villatoro.

La diputada consideró que la discusión sobre el incremento no fue a profundidad “porque fue una orden”, ya que el presidente Nayib Bukele fue quien publicó el 25 de abril que había enviado la propuesta del 12 % al Consejo. “Este día, hemos enviado la siguiente propuesta al Consejo Nacional del Salario Mínimo”, escribió el mandatario en una publicación en redes sociales donde muestra una lámina con la propuesta de un 12 % para los rubros de maquila, industria, agrícola, y comercio y servicios.

“No se revisó incluso si podía darse más”, cuestionó Villatoro.

La diputada insistió en que es necesario “apoyar a las pymes con programas especiales con la banca estatal, entre otros, porque el aumento del salario hace que, de una u otra forma, deban sacar los costos y se lo trasladan al cliente».

«Por eso deben hacerse medidas económicas que ayuden a todos, como por ejemplo eliminar el IVA a productos de la canasta básica, que es algo que no beneficia únicamente a los que ganan el salario mínimo, sino a todos”, explicó.

Por su parte, la secretaria general del partido Vamos y diputada Suplente, Cesia Rivas, hace varios cuestionamientos: en principio, si ese aumento del 12 % responde a las necesidades de la población que gana el salario mínimo.

“El aumento al salario mínimo debería responder a las necesidades de los trabajadores, ¿será que el aumento del 12 % ayudará de forma significativa al trabajador?, si bien implica un aumento al salario actual, no olvidemos que la mesa del salario mínimo pidió más, al igual que el CDC (Centro para la Defensa del Consumidor)”, expresó.

Otro de los cuestionamientos que hace Rivas es que solo faltan cinco días para que entre en vigencia el incremento.

“¿Están preparados los patronos para realizar los aumentos? ¿Se han tomado medidas para evitar el alto costo de insumos o producción que pueden ocurrir por el aumento y que las empresas pequeñas, y medianas deben tomar en cuenta? ¿qué impacto va a tener este aumento en la economía del salvadoreño?”, cuestionó.

La secretaria general de Vamos señaló que se deben tomar las medidas necesarias para que este incremento no aumente los precios de la canasta básica y que, al final si los precios terminan subiendo, los trabajadores no perciben el beneficio.

“Los precios suben, los servicios también suben, el dinero de los trabajadores que tienen para comprar la canasta básica se reduce y esto definitivamente afecta la capacidad de los ciudadanos para cubrir sus necesidades básicas; el último aumento al salario mínimo fue en 2021 y, desde entonces, el costo de la canasta básica ha subido significativamente. Esto nos indica que el aumento del salario mínimo no ha logrado cubrir el incremento de la canasta básica y los ciudadanos cada vez más tienen menos poder adquisitivo”, señaló.

Los sindicatos habían propuesto un aumento del 40 %, sin embargo esa opción no fue tomada en cuenta. Se desconoce cómo fue la discusión del incremento dentro del Consejo. La diputada Villatoro dice que “hubiese sido pública” pues al final es a los trabajadores que menos ganan a los que se impactan.

El aumento del 12 % al salario mínimo se aplicará desde el 1 de junio, día en que se tiene previsto que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, pronuncie un discurso en la Asamblea Legislativa, por su primer año del segundo periodo de gobierno.

El concejo de San Salvador Sur acordó dispensar las multas e intereses moratorios que adeuden los contribuyentes que sean propietarios de inmuebles en los distritos que integran el municipio, que son

Panchimalco, Rosario de Mora, San Marcos, Santo Tomás y Santiago Texacuangos.

Esta dispensa se aplicará a las multas e intereses moratorios derivados de las tasas municipales por alumbrado público, aseo, servicio de pavimentación, cobro de mercados y otras en materia tributaria de ese municipio.

La ordenanza fue publicada en el Diario Oficial del 21 de mayo, por lo que inicia su vigencia este próximo 29 de mayo.

Esta ordenanza iniciará su vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial y tendrá validez hasta el 31 de agosto de este año.

Los contribuyentes tendrán ese tiempo para suscribirse a planes de pago para liquidar la deuda principal, sin multas ni intereses moratorios.

Los deudores deben tomar en cuenta que solo podrán gozar del beneficio los que realicen sus pagos de forma total y que cancelen el derecho administrativo en el tiempo oportuno, para programar sus pagos parciales, siempre y cuando estos se hagan en el plazo de seis meses.

Si el contribuyente incumple el pago, el beneficio será cesado de inmediato y se hará exigible la deuda en totalidad.

El vicepresidente ejecutivo del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), Jaime Contreras, un salvadoreño que emigró en 1988 a Estados Unidos a sus 13 años, aseguró el lunes que seguirá trayendo a El Salvador congresistas, senadores y sindicatos para reclamar por el debido proceso de las personas.

“¿Quién va a seguir?, tú, tú, en este gobierno no se sabe quién sigue, nosotros no vamos a ser silenciados como activistas, abogados, como congresistas. Yo personalmente con mi sindicato me comprometo a seguir trayendo más congresistas, más senadores, más sindicatos, para que esto no quede así por así”, afirmó.

El anuncio lo hizo luego de criticar a los gobiernos salvadoreño y estadounidense por su acuerdo que trajo deportados de Estados Unidos para ser recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) luego de acompañar al congresista demócrata Glenn Ilev, de Maryland, en su visita a El Salvador, del 23 al 26 de mayo.

“Mi sindicato, SEIU, tiene dos millones de miembros a nivel de Estados, Canadá y Puerto Rico. Mi seccional tiene 185,000 miembros y tenemos más de 100,000 miembros salvadoreños, Kilmar es un sindicalista, de sindicato de trabajadores en los metales”, explicó.

Contreras, quien sirvió en la Fuerza Naval de los Estados Unidos, aseguró que los sindicatos estadounidenses se van a “unir” y que seguirán empujando concretamente por el caso de Kilmar Ábrego García, salvadoreño deportado por error de Estados Unidos, recluido inicialmente en el Cecot y para quien la Corte Suprema estadounidense ordenó facilitar su retorno.

“Este presidente de acá dice ups. No es justo lo que está sucediendo, tenemos el caso de nuestros hermanos venezolanos. A la familia de Kilmar, le quiero decir que no están solos. Los sindicatos nos vamos a unir, vamos a seguir viniendo acá, a empujar para que este muchacho inocente sea liberado, sea mandado a su familia”, indicó.

El Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (Inabve) anunció este martes la entrega de $1.1 millón en créditos a 600 excombatientes según el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, quien junto al vicepresidente del país, Félix Ulloa, presidieron el evento.

“Solamente en esta entrega el gobierno del presidente Nayib Bukele les está otorgando $1.1 millones a más de 600 personas. Con estos créditos tienen las herramientas necesarias para dar un paso en la construcción de una nueva vida”, aseguró el presidente de la Asamblea Legislativa, según publicó en sus redes sociales la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

En mayo, el Inabve llegará a los $2.3 millones en créditos entregados los veteranos y sus familias, según Castro, «que han logrado beneficios de $10 millones en total”.

Ulloa dijo que con esos recursos podrán «empezar con emprendimientos, con la asistencia técnica, el acompañamiento y la capacitación» que el Instituto «está brindando».

“Fue el Gobierno del Presidente Nayib Bukele el que realmente abrió la puerta a los veteranos excombatientes y personas con discapacidad a consecuencias del conflicto armado, y nosotros como diputados de la Asamblea Legislativa nos hemos sumado a ese proceso”, dijo Castro.

El presidente del Inabve, Juan Ortiz, elogió al gobierno de Bukele, señalando que hay “un antes y un después».

Los créditos que hoy reciben no tienen candados, pueden invertirlo en lo que ustedes quieran.”
Juan Ortiz, presidente del Inabve.

«No me van a dejar mentir, que hay una era, de dos partidos políticos que no vale la pena mencionar y esta era de nuestro presidente Nayib Bukele, antes recibían $50, hoy reciben $100, donde los créditos que ustedes tienen no tienen candado, pueden invertirlo en lo que ustedes quieran. Es un crédito común y corriente para la banca privada, para nosotros es sobrevivencia, porque muchos de ustedes ya no pueden tener crédito en la banca privada. Señores, no tienen nada que ir a hacer a la banca privada, para eso tienen el Instituto, es de ustedes”, les aseguró Ortiz.

El 11 de mayo, el Inabve también informó que entregó 273 créditos a beneficiaros de Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate cuyo monto total suma $526,756.03.

El Inabve tiene un presupuesto programado de $191.9 millones para el año 2025, de los cuales ya devengó $43.6 millones. De ese total de fondos, $170 millones están programados para “Beneficios y prestaciones económicas y sociales 2025”, de los cuales ya se ejecutaron $40.5 millones. De la línea presupuestaria “Beneficios y prestaciones económicas y sociales”, son $164 millones los programados para “transferencias corrientes al sector privado”, es decir, aproximadamente de $13 a $14 millones mensuales. El Inabve no ha informado cuánto de este monto destina a créditos.

El economista Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), aseveró este martes que la Ley de Agentes Extranjeros aprobada el 20 de mayo en El Salvador “no ayuda a consolidar la imagen de un país con certidumbre jurídica”, ya que la versión salvadoreña se parece a las versiones aprobadas en “dictaduras como Nicaragua, Cuba y Venezuela”.

“La imagen internacional es que este tipo de leyes la tienen dictaduras, eso no ayuda a la imagen que El Salvador está tratando de promover”, fueron sus palabras, en el programa “Las cosas como son”.

El analista sostuvo que “hubiera sido mejor revisar realmente quiénes están funcionando como de verdad grupos de desestabilización política y atacar ahí”, pero insistió en que la normativa afectará la marca país que el país ha construido con la seguridad. “Eso es lo triste de esto”, dijo.

Según Acevedo “es cierto que hay países democráticos” como Alemania y Canadá que “cobran un impuesto a fondos del exterior que vienen a financiar actividades políticas internas” que se regula en leyes de impuesto sobre la renta. Pero advirtió que son otros países que han usado estas leyes como “un instrumento para controlar a la oposición bajo el argumento de que desestabilizan”. Por ello, para Acevedo, la ley aprobada en El Salvador no deviene de “un referente de un país democrático ni siquiera la de Estados Unidos”.

El expresidente del BCR ve consecuencias económicas de la normativa a raíz de la imagen de país. “La nueva imagen que está construyendo el país se empaña y eso tiene consecuencias en la inversión extranjera directa, yo creo que sí (se vería afectada), este tipo de leyes no lanza la señal de que haya una buena institucionalidad democrática. A la inversión extranjera la certidumbre jurídica, no ayuda a consolidar la imagen de un país con certidumbre jurídica”.

“Lo que estás haciendo con una mano, con la otra lo estás empañando”, expresó.

“Un gobierno poco tolerante a la crítica es que te dice prácticamente cualquier actividad de sociedad te desestabiliza, ese tipo de cosas no la tiene ninguna disposición en países democráticos, eso lo tiene justamente Cuba, Venezuela, Nicaragua, dictaduras”.
Carlos Acevedo, expresidente del BCR.

La Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos (FARA) de 1938 obliga a “agentes de un principal extranjero” se registren ante el Departamento de Justicia y presente informes sobre la naturaleza de sus actividades, relaciones contractuales, ingresos y gastos, y la distribución de materiales informativos, aunque no prohíbe actividad política o de lobby en nombre de extranjeros.

La Corte Suprema de Justicia y distintos despachos jurídicos anunciaron el fallecimiento del exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Dr. José Enrique Argumedo, este lunes en la tarde.

Nació en 1939, fue juez desde 1980 a 1986. En 1994 fue elegido como magistrado de la Sala de lo Constitucional, la primera conformación posterior a la Firma de los Acuerdos de Paz. Posteriormente ejerció como Superintendente de Competencia y como presidente del Centro Nacional de Registros.

El departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) externó sus condolencias al describir el legado docente que deja en ese recinto académico.

«El Dr. Argumedo fue Jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas en distintos periodos. Su vínculo con nuestro Departamento inició en 1988, convirtiéndose en uno de los pioneros en la enseñanza del Derecho en la UCA», dice la publicación que entre sus legados destaca el programa «Ventana Jurídica» que aún está al aire en la emisora universitaria.

Argumedo también se desempeñó como columnista de periódicos salvadoreños, entre ellos, Diario El Mundo.

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de El Salvador (UES) emitió la noche del lunes un comunicado en el cual rechazan la Ley de Agentes Extranjeros aprobada el 20 de mayo.

La normativa, que faculta el control de las finanzas y las actividades sobre las organizaciones que reciben fondos extranjeros, es destacada como positiva por el gobierno salvadoreño y la Asamblea Legislativa debido a que crea un impuesto del 30 % a todas las donaciones recibidas del extranjero, con ciertas exclusiones que serán decididas por el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

En el comunicado titulado «Ante el incremento de acciones punitivas por parte del Gobierno», el CSU de la UES expresó su «preocupación» sobre acontecimientos que, indica, «pueden afectar el Estado de Derecho y el ejercicio de las libertades fundamentales».

Consideró que la Ley de Agentes Extranjeros «constituye una clara restricción o limitación al derecho ciudadano a la solidaridad internacional y al de asociarse libremente» y que «impactará negativamente» a la población.

«Decreto que es constitutivo de una amenaza vedada en contra de la existencia de las mismas organizaciones, ya que su inscripción o vigencia queda a discreción de los funcionarios del gobierno», indicó en el comunicado.

La máxima autoridad de la UES agregó que en la ley «se encuentran disposiciones penales en blanco que discrecionalmente podrán activarse» en contra de las organizaciones no gubernamentales.

Puede leer: Las 5 claves de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador

La UES, que también consideró que habrá repercusiones «en las necesidades básicas de las comunidades que no son atendidas por el Estado», reiteró su preocupación por las recientes detenciones «de varios actores sociales, profesionales y empresarios» y el «cada vez más frecuente uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública» en las manifestaciones.

El 22 de mayo, la UES condenó en un comunicado las detenciones de Ruth López, el domingo 18 de mayo, y de los miembros de la cooperativa El Bosque, para quienes exigieron un «debido proceso» y «condiciones justas de acceso a una legítima defensa, congruente con el Estado de Derecho».

Esta vez, el Consejo Superior Universitario agrega la preocupación de las detenciones de «empresarios», en referencia a los 16 transportistas capturados previamente, de quienes falleció uno en bartolinas.

Comunicado oficial del Consejo Superior de la UES

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador, ante el incremento de acciones punitivas impulsadas por el Gobierno, manifiesta públicamente su posición a través del siguiente comunicado pic.twitter.com/IXygSctZbo

— Universidad de El Salvador – UES (@UESoficial) May 27, 2025