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Más de 13,000 empleados públicos han sido capacitados en el aula virtual del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) desde junio de 2024 hasta mayo de 2025. Los trabajadores han sido capacitados en cuatro grandes áreas.

De acuerdo a los datos de la memoria de labores del Tribunal, sos 13,179 los empleados públicos inscritos en el aula virtual del TEG, quienes han recibido capacitaciones sobre: “¿Qué es ética, valores y principios?», «Ley de Ética Gubernamental», «¿Qué es el TEG?» y sobre el «Procedimiento Administrativo Sancionador”.

Los más de 13,000 capacitados provienen de 37 instituciones públicas y autónomas. En este último año registrado se han impartido 11 ediciones de capacitaciones, de ellas, siete durante los últimos siete meses de 2024.

Las capacitaciones del aula son impartidas “completamente virtual” y abarcan 16 horas, que son distribuidas en 15 días hábiles. La plataforma permite que los usuarios puedan acceder a la información en cualquier horario.

Las instituciones atendidas en las capacitaciones son:

• Procuraduría General de la República (PGR).
• Ministerio de Salud.
• Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial.
• Universidad de El Salvador (UES).
• Superintendencia de Regulación Sanitaria.
• Corte de Cuentas de la República (CCR).
• Ministerio de la Defensa Nacional.
• Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
• Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (Inabve).
• Instituto Crecer Juntos.
• Corte Suprema de Justicia (CSJ).
• Ministerio de Hacienda.
• Centro Nacional de Registros (CNR).
• Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
• Hospital Nacional de Santa Ana.
• Policía Nacional Civil (PC).
• Banco de Desarrollo de El Salvador.
• Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.
• Registro Nacional de las Personas Naturales
• Banco de Fomento Agropecuario.
• Hospital Nacional Zacamil.
• Lotería Nacional de Beneficencia.
• Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
• Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
• Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
• Ministerio de Economía.
• Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).
• Fiscalía General de la República (FGR).
• Secretaría de Estado MINSAL.
• Ministerio de Vivienda.
• Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
• Academia Nacional de Seguridad Pública.
• Fondo Nacional de Vivienda Popular.
• Hospital El Salvador.
• Asamblea Legislativa.
• Defensoría del Consumidor.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México envió una carta a El Salvador para aclarar la información expuesta por el por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, sobre la avioneta interceptada el 3 de julio en Tecoman, Colima, la cual transportaba 428 kilos de cocaína.

Este viernes las autoridades mexicanas aseguraron en una misiva enviada a la cancillería salvadoreña que «lamenta los sucesos del día 8 de julio y precisa que no hay señalamiento que indique que el vuelo de dicha aeronave tuviese origen en El Salvador, ni que persona alguna de ese país estuviese vinculada con el incidente».

El incidente provocó una serie de declaraciones entre el presidente Nayib Bukele y el gobierno mexicano, ante el señalamiento de que la aeronave despegó de San Salvador.

El 9 de julio el mandatario salvadoreño desmintió al funcionario y pidió una aclaración «inmediata» sobre las declaraciones realizadas, en las que señalaba que el «personal del centro nacional de vigilancia y protección del espacio aéreo detectó una aeronave procedente de El Salvador.

Bukele manifestó en X que los radares nacionales no habñian detectado la avioneta, debido a que la ruta de la misma se encontraba «muy al sur de El Salvador y Nicaragua, sin proximidad al espacio aéreo nacional».

La secretaría de México confirmó en la carta que la aeronave mantuvo «una traza de interés a 200 kilómetros al sur a la altura de San Salvador».

El documento también confirmó la información revelada por Bukele, que señalaba que los tripulantes de la avioneta son de nacionalidad mexicana, «mismos que están soendo procesados por diversos delitos».

La institución mexicana señaló que buscan fortalecer «el intercambio de información que permita evitar situaciones similares en el futuro».

Agradecemos la aclaración.

Esperamos que los medios y periodistas que difundieron la noticia emitan la correspondiente rectificación. pic.twitter.com/OKHYLCryhn

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 11, 2025

Un 41.4 % de la población de los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate evalúan bien la gestión municipal de los alcaldes de sus respectivos municipios, pero un 38.85 % se siente insatisfecho o muy insatisfecho con sus trabajos, y el resto es indiferente, según la encuesta del Laboratorio de Opinión Pública de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador (UES).

Las notas otorgadas por la población occidental a sus alcaldes oscilan entre un 4.51 otorgada al alcalde Jorge Castro, de Nuevas Ideas, hasta 6.01, que logró un alcalde pecenista.

El estudio fue realizado del 9 al 18 de junio de 2025 a una muestra de 1,395 personas mediante un muestreo aleatorio estratificado en los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate, con un nivel de confianza del 97 % y un error muestral de más o menos 3 %.

Así califican los salvadoreños a sus 10 alcaldes en el occidente del país (de mayor nota a peor nota):

1. Ahuachapán Centro: 6.01. Alcalde: Luis Carlos Milla (PCN).
2. Santa Ana Centro: 5.97. Alcalde: Gustavo Acevedo (Nuevas Ideas).
3. Ahuachapán Norte: 5.95. Alcalde: Darwin Regalado (Nuevas Ideas).
4. Sonsonate Centro: 5.47. Alcalde: Roberto Aquino Ruiz (PDC).
5. Sonsonate Norte: 5.35. Alcalde: Hugo Ernesto Zavaleta (Nuevas Ideas).
6. Santa Ana Norte: 5.35. Alcalde: Carlos Landaverde (Nuevas Ideas).
7. Santa Ana Este: 5.3. Alcaldesa: Carolina Escobar (Nuevas Ideas).
8. Ahuachapán Sur: 5.25. Alcalde: Hugo Torrento (Nuevas Ideas).
9. Sonsonate Este: 4.77. Alcalde: Gabriel Serrano (Nuevas Ideas).
10. Sonsonate Oeste: 4.65. Alcalde: Emerson Chris Alemán Sánchez (Nuevas Ideas).
11. Santa Ana Oeste: 4.51. Alcalde: Jorge Castro (Nuevas Ideas).

Solo el 18.49 % de los salvadoreños dice que la atención de los servicios municipales «ha mejorado», el 25.88 % cree que «ha empeorado» y un 49.82 % percibe que «está igual».

El servicio considerado como deficiente por una mayor proporción de población (39 %) es «el apoyo a emprendedores y pequeños negocios» y «contacto y acercamiento a la comunidad» (35.5 %),

Un 60.5 % de la población occidental califica el primer año de gestión municipal en recolección de desechos sólidos como «excelente», «muy buena» o «buena»; la promoción de actividades deportivas y culturales también recibe esas percepciones de un 48.45 % de la población occidental; y la limpieza y ornato de espacios públicos, un 50.33 %. Estas serían las tres áreas mejor calificadas.

Sin embargo, al evaluar el desglose, solo un 11 % de la población occidental ve el servicio de recolección de desechos sólidos como «excelente», un 21 % dice que es «bueno», pero un 23.5 % dice que es «regular» y un 16 % lo considera deficiente.

Según esta encuesta, la calificación que recibe el presidente de la República, Nayib Bukele, por parte de la población de estos tres departamentos de occidente es 7.92.

Sin detallar las razones del cambio, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) informó esta semana que el centro de servicio de Toronto, en Canadá, ha sido trasladado a una nueva ubicación.

A través de un aviso en su sitio web, la institución informó a los salvadoreños en Canadá que el centro de servicio estrena nueva ubicación en Sheppard Avenue East, unidad 610, piso 6, m2N 6Y8. El horario de atención será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Anteriormente, el centro de servicio estaba ubicado en el 151 Bloor St. West, Suit 320.Las autoridades del Registro no informaron las circunstancias que llevaron al cambio de dirección. El Registro tiene habilitados 23 centros de servicio, 18 de ellos en Estados Unidos.

Los centros de servicio son:

1. Los Ángeles, CA: 3250 Wilshire Blvd, Suite 550, Los Ángeles, CA 90010, EE. UU.
2. Las Vegas, NV: 765 N. Nellis Blvd Suite C-5, Las Vegas, NV 89110, EE. UU.
3. San Francisco, CA: 500 Golden Gate Ave, San Francisco, CA 94102, EE.UU.
4. Houston, TX: 8300 Bissonnet St Ste. 400, Houston, TX 77074, EE. UU.
5. Dallas, TX: 7610 N Stemmons Fwy #400, Dallas, TX 75247, EE.UU.
6. Plainview, NY: 111 Express St, Plainview, NY 11803.
7. Elizabeth, NJ: 40 Parker Road, Suite 100, Elizabeth, NJ 07208, EE. UU.
8. New York, NY: 14 W 37th St, New York, NY 10018, EE.UU.
9. Woodbridge, VA: 14572 Potomac Mills Road, Woodbridge, VA 22192, EE. UU.
10. Silver Spring, MD: 926 Philadelphia Ave, Silver Spring, MD 20910, EE. UU.
11. Charlotte, NC: 1520 West Boulevard Suite, Charlotte, NC 28208, EE. UU.
12. Duluth, GA: 3550 Corporate Way, Suite A, Duluth, GA 30096, EE.UU.
13. Boston, MA: 46 Bennington St, Boston, MA 02128, EE. UU.
14. Chicago, IL: 8605 W Bryn Mawr Ave, Suite 310, Chicago, IL 60631, EE. UU.
15. Aurora, CO: 1450 S Havana St Suite 100 Aurora, CO 80012, EE. UU.
16. Doral, FL: 8550 NW 33rd St 100, Doral, FL 33122, EE. UU.
17. Seattle, WA: The Broderick Building, 615 2nd Ave #50, Seattle, WA 98104, EE.UU.
18. Springdale, AR: 3875 W Sunset Ave, Springdale, AR 72762, EE.UU.
19. Toronto: Sheppard Avenue East, unidad 610, piso 6, M2N 6Y8, Canadá.
20. México, DF: Calle Aristóteles 221, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.
21. Milán, Italia: Piazza Santa Maria Beltrade, 2 20123, Milán, Italia.
22. Sevilla, España: Avenida Menéndez y Pelayo, No 8, piso 5 CP 41004, Sevilla, España.
23. Madrid, España: Calle de Villanueva 35, Local Bajo, 28001, Madrid, España.

El concejo municipal de La Libertad Sur se mantiene sin discutir la propuesta del partido Vamos para permitir que se reciba a los ciudadanos con quejas, problemas o propuestas para sus comunidades, en sesiones públicas.

La concejal de Vamos, Xiomara Lazo, aseveró a Diario El Mundo que la propuesta fue presentada el 24 de enero de 2025 y hasta ahora no se ha agendado ni discutido. «Solamente me la recibieron y hasta ahí quedó», afirmó la regidora.

«Ni siquiera se ha puesto en agenda para discutirlo o valorarlo. Solamente me la recibieron y hasta ahí quedó».
Xiomara Lazo, concejal de Vamos en La Libertad Sur.

La concejal de Vamos aseguró que de todas las solicitudes que han presentado «ni una ha sido ni siquiera puesta en agenda» y que «todas solo están con firma de recibido». Según Lazo, la propuesta buscaba darle «más poder» a los ciudadanos de ese municipio conformado por los distritos de Santa Tecla y Comasagua.

La regidora de oposición propuso sesiones públicas y presenciales para que los regidores lleguen al lugar donde se desarrollan las reuniones de las comunidades y que «la población pueda tener ese acercamiento y ese contacto con las autoridades municipales».

Además, solicitaba que los jefes de distrito participen activamente en las sesiones de concejo porque hasta ahora «han brillado por su ausencia» .La Ley de reestructuración municipal indica que los jefes pueden participar «cuando se considerara necesario». Los jefes de distrito son delegados nombrados por el alcalde municipal para estar al tanto de los distritos que conforman el municipio. La alcaldía de La Libertad Sur es dirigida por Nuevas Ideas con Henry Flores.

¿Te gustaría que las sesiones de concejo municipal sean públicas?

¿Te gustaría llegar a la alcaldía y que tus necesidades sean escuchadas y gestionadas?

Si tu respuesta es si, esta propuesta te interesa a vos. Una propuesta que le da más poder a los tecleños y comasaguenses. pic.twitter.com/7PAMviA43k

— Xiomara Lazo (@XiomaraLazo2025) July 7, 2025

Expertos migratorios urgen un plan integral para la atención de los salvadoreños deportados desde Estados Unidos que pertenecen a diferentes grupos poblaciones y situaciones migratorias. SOS Inmigración Internacional asegura que cualquier plan debe ejecutarse a través del gobierno salvadoreño.

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César Ríos, miembro de Agenda Internacional, opinó que El Salvador debe preparase con «planes migratorios nacionales» con «participación activa» de instituciones del gobierno central, municipalidades, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo y organizaciones de sociedad civil.

«Hay que prepararnos, hay que hacer un plan nacional migratorio, que no existe, en el que participamos organizaciones sociedad civil que hemos trabajado el tema, donde trabajen los ministerios, donde trabaje principalmente el plan los gobiernos locales que no se han pronunciado hasta hoy».
César Ríos, experto migratorio de Agenda Migrante.

Por su parte, la experta Celia Medrano coincide con Ríos en que «no se conoce de un plan integral» del gobierno salvadoreño que garantice la inserción socioeconómica para los connacionales deportados desde la nación norteamericana.

Medrano aseguró a Diario El Mundo que un plan integral debe incluir enfoques diferenciados de género y derechos humanos para grupos como:

• Menores, adolescentes y jóvenes.
• Adultos.
• Mujeres.
• Personas que requieren atención especial.
• Adultos mayores.
• Comunidad LGBTIQ+.
• Salvadoreños que se fueron huyendo por amenazas.
• Quienes requieren atención médica especializada.

Asimismo, considera que un plan debe considerar atención psicosocial y facilitar «medios de vida» para los deportados, tomando en cuenta que la mayoría de los deportados son hombres adultos, sin o con baja escolaridad, principalmente agricultores, ganaderos y trabajadores de la construcción o servicios.

«El Salvador no está en condiciones de garantizar condiciones de vida digna y segura a miles de salvadoreños migrantes retornados o deportados. Al constatar esa situación, estas personas buscarán volver al país donde ellas y sus familias construyeron arraigo».
Celia Medrano, experta migratoria.

Este año el perfil de los deportados ha cambiado en relación a años anteriores, señaló, ya que ahora se está enviado a connacionales con arraigos en Estados Unidos con algún nivel de inglés y experiencia técnica; «exigirán mejores condiciones laborales y percibir salarios» acordes a sus capacidades.

En ese contexto, considera que El Salvador «no está en condiciones de garantizar condiciones de vida digna y segura» a los deportados, por lo que advierte que los deportados podrían buscar seguir migrando hacia los Estados Unidos. «De persistir las brutales acciones antimigratorias actuales en Estados Unidos, buscarán nuevos destinos, pero quedarse en El Salvador no será una opción», opinó.

«Tiene que manejarlo a través el gobierno»

El experto migratorio de SOS Inmigración Internacional, Reynaldo Alvergue, dijo a El Mundo que el gobierno salvadoreño ha implementado el programa «Bienvenido a casa» para atender a salvadoreños deportados pero desconoce si sigue vigente.

Aseguró que hay varias organizaciones que atienden a migrantes con alimentación, traslados a sus hogares y apoyo para insertarse laboralmente y que hay «muchas organizaciones» que pudieran colaborar si se implementara un nuevo plan, aunque enfatiza que «tiene que manejarlo a través del gobierno«.

Con la nueva política de la administración Trump, las deportaciones desde Estados Unidos ya incluyen a salvadoreños con hijos estadounidenses por nacimiento o incluso que solicitaban asilo.

Durante los últimos 20 años, Estados Unidos ha deportado 327,201 salvadoreños según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Solo durante 2024 se deportaron a más de 15,284 según el ICE.

El subsecretario principal de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Harry Fones, aseguró que «decenas de miles» de migrantes se han sometido a la deportación voluntaria con la aplicación CBP Home y destacó como beneficio desde junio la condonación de multas.

CBP Home es una aplicación que puede descargarse desde un teléfono y originalmente era CBP One, que servía para gestionar asilo en los Estados Unidos. «Se utilizaba para eludir nuestro sistema migratorio», señaló, en una rueda de prensa virtual.

«No tengo un desglose por país, pero decenas de miles han usado esta aplicación».
Harry Fones, subsecretario principal de la Oficina de Asuntos Públicos de Seguridad Nacional de EE.UU.

Fones destacó que desde junio «se condonarán las multas por incumplimiento de salida» voluntaria, que pueden oscilar entre $2,000 y $10,000, así como las multas por incumplimiento de una orden de expulsión definitiva, que pueden llegar hasta $998 al día.

Además, recordó que el estipendio de $1,000 que ofrece el gobierno estadounidense por cada miembro de familia autodeportado, incluidos los niños. «Esa aplicación CBP Home es una buena alternativa», concluyó.

Ante la pregunta sobre qué le recomendaría a personas sin papeles con hijos estadounidenses, respondió que CBP Home «está disponible para cualquier persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos», incluso «si tenía TPS y este ha sido cancelado» y que «puede usar la aplicación CBP Home para registrar a los niños de toda la familia» para quienes también entregarán $1,000 por cada uno.

«Cada persona que use la aplicación, es decir, toda la familia, se beneficiará. Esto incluye el estipendio de $1,000. Si se trata de una familia de digamos cuatro personas, esa familia recibiría un estipendio de $4,000», fueron las palabras del subsecretario de Asuntos Públicos de DHS.

Luego de aplicar a la autodeportación por CBP Home, un representante se pone «en contacto» con el migrante «para ayudarle a reservar su vuelo de regreso a casa y le guiará en todo el proceso». Al usarla, la persona deportada según el gobierno estadounidense podría ayudarle a preservar una vía para regresar a Estados Unidos en el futuro. Pero si es deportado no podrá regresar.

La Asamblea Legislativa aprobó el jueves dos garantías crediticias del Estado, una sirve para respaldar una emisión de títulos valores por $580 millones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), $80 millones de los cuales servirán para financiar el nuevo Fondo de Mitigación del Sector de Energía (FMSE) y el resto para reestructurar deuda de CEL.

Como era previsto, el jueves, los diputados también ratificaron en el pleno la garantía estatal para que CEL adquiera un préstamo del Banco Mundial de $150 millones para el «Proyecto de energía geotérmica para el desarrollo sostenible e inclusivo de El Salvador».

Ambos decretos facultan al Ministerio de Hacienda a que sea el garante de la CEL en ambas operaciones financieras y así pueda suscribir los respectivos contratos de garantía crediticias.

La aprobación de la garantía estatal para respaldar la emisión de títulos se dio con dispensa de trámites, con 57 votos a favor y 3 votos en contra. Mientras, la garantía estatal para el préstamo se dio mediante dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y fue aprobada con 57 votos y 1 en contra, de Vamos.

El nuevo Fondo de Mitigación del Sector de Energía (FMSE), que iniciará con $80 millones de la emisión de títulos, fue creado el pasado 3 de julio. Será administrado por el Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET) que estará bajo la Dirección General de Subsidios del Ministerio de Hacienda. Este nuevo FMSE apoyará «el cumplimiento de obligaciones en el sector eléctrico«.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa autorizó este jueves al Ministerio de Hacienda a que suscriba un segundo contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar la construcción del bypass de Apopa, que estará ubicado en los distritos de Apopa, Ciudad Delgado y Tonacatepeque,

El proyecto de $120 millones se denomina «Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador». Un primer crédito de $150 millones fue aprobado el 9 de abril de 2024.

El segundo préstamo del BIRF financiará:
-La construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros.
-Pasos subterráneos y elevados.
-Diseño, ejecución y supervisión de obras complementarias en la infraestructura existente, iluminación, señalización, control de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal.
-Un puente con una estructura atirantada de 320 metros de longitud y cuatro carriles de circulación.

El director de Crédito Público, Marlon Herrera, explicó el lunes que hay aumento de presupuesto por la «ampliación del alcance del puente», obras complementarias y fortalecimiento institucional. El financiamiento adicional también incluye «estudios de diseño de proyectos futuros», fortalecimiento institucional al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y asistencia técnica en la evaluación de impacto y auditorías.

Mencionó «estudios de ingeniería relativos diseños detallados», «la ampliación del alcance del puente, con un diseño atirantado»; «aumento en el presupuesto asignado a obras complementarias a vías de acceso en la circunvalación y sus alrededores»; y «aumento en el presupuesto asignado a actividades de fortalecimiento institucional».

Con 60 votos, la Asamblea Legislativa prorrogó hasta diciembre de 2026 las «Disposiciones transitorias para la definición de energía a facturar a usuarios finales» aprobadas hace un año, que están permitiendo fijar tarifas de energía eléctrica, gestionar fondos para absorber el aumento en el precio y «asegurar la recuperación progresiva de los montos diferidos» que deben pagar el Estado a través de las empresas de energía.

Estas disposiciones aprobadas el 15 de abril de 2024 facultaron a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) a que defina las tarifas de energía, y al Ministerio de Hacienda a que emita notas de crédito del tesoro público y gestione los recursos para absorber el aumento del precio que la energía tiene en realidad.

La prórroga seguirá permitiendo que las distribuidoras y generadoras asuman transitoriamente las diferencias luego de la fijación de las tarifas respecto al precio; y que posteriormente estos montos diferidos puedan ser recuperados gradualmente.

Estas disposiciones vencían el 14 de julio de 2025 y fueron prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2026.

El Ministerio de Economía argumenta que persisten condiciones macroeconómicas, geopolíticas y climáticas como el fenómeno El Niño y las variaciones en los precios internacionales de energía.

Actualmente, las tarifas de energía eléctrica se mantienen sin variación para el periodo del 1 de mayo al 31 de julio, pese a que el precio de la energía tuvo un aumento del 13 % de $94.58 a $106.92 por megavatio hora de febrero a marzo.

El 3 de julio pasado, la Asamblea Legislativa reformó la Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET) para que dicho Fondo se encargue de emitir subsidios al consumo de energía eléctrica bajo la Dirección General de Subsidios del Ministerio de Hacienda, que además administrará un nuevo Fondo de Mitigación del Sector de Energía (FMSE), con $80 millones emitidos en títulos valores en una emisión de $580 millones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) cuya garantía soberana estatal fue aprobada ayer. El nuevo FMSE apoyará «el cumplimiento de obligaciones en el sector eléctrico».

La reforma faculta al FINET a «otorgar cualquier otro subsidio que al efecto se determine» siempre por acuerdo de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. El FINET ya está autorizado a otorgar el subsidio al consumo de energía y a servicios de telefonía en áreas rurales de bajos ingresos o consumo residencial.